Ciudadanos pide reducir un 25% el consumo de energía en la Comunidad de Madrid para 2020

EFE.- Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno regional a poner en marcha una estrategia energética para reducir un 25% el consumo de energía en la Comunidad de Madrid de aquí a 2020. En la iniciativa, Ciudadanos solicita «una reducción significativa y un control del consumo energético proveniente de combustibles fósiles», fomentando el ahorro, la eficiencia energética y los edificios de cero emisiones.

El diputado Enrique Veloso, autor de la proposición, lamenta que desde 2012 la Comunidad de Madrid no tenga un plan de energía y «tan sólo cuente con planes renove«. Además, ha apuntado que la Comunidad de Madrid gasta 70 millones de euros al día en combustibles fósiles, algo que cree que «hay que intentar cambiar», para lo que ha abogado por aumentar el uso de energías renovables hasta el 25%. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, anunció el pasado septiembre su intención de aprobar un plan energético para el periodo 2015-2020 que busca reducir el consumo de energía un 10% en 2020 y aumentar el uso de energías renovables un 35%.

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso pide de nuevo al Gobierno que prohíba el fracking en toda España

Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo PP y PNV, en la que insta al Gobierno a realizar las modificaciones legislativas necesarias con «pleno respeto» a las competencias autonómicas con el fin de «prohibir el empleo de las técnicas de fractura hidráulica, también conocida como fracking, en todo el Estado, por los riesgos que supone para el medio ambiente y para las personas”.

La iniciativa fue presentada por el PSOE y logró 22 votos a favor de los socialistas, Unidos Podemos-En Comú Podem-En marea, Ciudadanos, Esquerra Republicana y el Grupo Mixto, 14 en contra (PP) y una abstención (PNV). No es la primera vez que la Cámara Baja pide al Gobierno que prohíba esta técnica, puesto que la Comisión de Industria, Energía y Turismo ya lo hizo en marzo del año pasado, entonces con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana, PNV y DiL.

Además, la proposición no de ley aprobada solicita al Ejecutivo de Mariano Rajoy que suspenda cautelarmente las prospecciones con fracking, incluso cualquier proyecto o permiso de investigación, y establezca una moratoria hasta que no se prohíba esta técnica y que incluya todos los permisos o peticiones de autorización para realizar investigaciones, prospecciones o explotaciones actualmente en trámite y las que hayan recibido la concesión pero no hayan iniciado los trabajos de fracturación hidráulica. La iniciativa también pide al Gobierno que modifique las leyes nacionales sobre sistemas eléctricos e hidrocarburos y derogue los artículos que favorezcan la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que utilicen fracking.

El portavoz del PSOE, Manuel González Ramos, defendió la proposición no de ley explicando primero que el fracking es una técnica que consiste en inyectar a alta presión fluidos compuestos por «agua, arena y aditivos químicos muy peligrosos» con el fin de fracturar las rocas y agrandar las fracturas para que los hidrocarburos que están atrapados acaben en el interior de un pozo, permitiendo así su extracción. González Ramos indicó que se trata de una técnica que «plantea graves riesgos» en lo referente a la salud pública y el medio ambiente, puesto que conlleva un riesgo de contaminación de las aguas superficiales y las subterráneas por las sustancias químicas utilizadas, así como escapes de gas metano y riesgo de seísmos.

«Permitir el fracking es perpetuar un modelo productivo dependiente de los combustibles fósiles, condenando a nuestro país a seguir siendo dependiente energéticamente», apuntó, antes de pedir a Rajoy que «sea valiente y apueste por las energías renovables«. «¿Por qué su Gobierno quiere buscar megavatios bajo tierra cuando tenemos millones de megavatios sobre ella? Alemania tiene 8 veces más energía solar fotovoltaica que España, teniendo muchas menos horas de sol. Un Ministerio que tiene en su nombre el Medio Ambiente no puede ser cómplice de este terrorismo contra el entorno», apostilló. «Los socialistas queremos preservar la salud y de su entorno», manifestó el diputado, que cree que el fracking es «una amenaza de la que protegerse».

En la comisión ha subrayado la necesidad de apostar por las energías renovables, quitar el impuesto al sol, en referencia a los peajes existentes para quienes opten por el autoconsumo con energía solar,y seguir desarrollando energías limpias. Al término de la comisión, celebró que la iniciativa haya salido adelante y confía en que el resultado será celebrado en las zonas donde hay permisos de investigación, en las que asegura que «hay mucha oposición». Entre ellos, ha destacado algunos permisos que están «en la tierra de María Dolores de Cospedal», cerca de las Lagunas de Ruidera, en Guadalajara y en Hellín, pero ha indicado que también hay permisos en País Vasco o Castilla y León.

«Esto es un éxito», ha celebrado el socialista que dice que ahora el Gobierno «hará lo que considere conveniente» pero opina que esta es una forma de decirle al Ejecutivo que no se puede «seguir por esta vía» de entretenerse en plataformas de petróleo o proyectos de fracking en vez de apostar por las energías renovables. En definitiva, con estos proyectos de combustibles fósiles España está «perdiendo una oportunidad histórica» de favorecer las renovables, especialmente la eólica y la fotovoltaica.

El PP fue el único grupo parlamentario que votó en contra. Su portavoz, Ernesto Aguiar, acusó a los socialistas de ser incoherentes porque cuando gobernaron hasta 2011 «no hicieron absolutamente nada», mientras que los populares aprobaron durante la pasada legislatura una ley que garantiza que los proyectos de fracking puedan realizarse si ofrecen «mínimas garantías». El PNV se abstuvo porque, según su portavoz, Joseba Agirretxea, la proposición no de ley incluye la «contradicción» de que pide la prohibición del fracking y «respeto» a las competencias autonómicas. «Quiero que Euskadi esté libre de fracking porque lo deciden el Parlamento Vasco o los vascos, pero no porque decidan por mí y después, además, se diga que se respetan las competencias autonómicas», arguyó.

Por otro lado, Jaume Moya (Unidos Podemos-En Comú Podem) apoyó la iniciativa del PSOE indicando que el fracking «no es más que una huida hacia delante de un modelo energético y productivo vinculado a los combustibles fósiles que nos lleva al desastre». Toni Cantó (Ciudadanos) subrayó que su partido apuesta por «otro modelo energético más sostenible más respetuoso con el medio ambiente y donde las energías renovables tengan una mayor importancia«, Toni Postius (PDeCAT) comentó que el fracking está prohibido en países de la Unión Europea como Francia, Bulgaria y Suiza, y Marta Sorlí (C-P-EUPV) comentó que esta técnica «antepone la voluntad de las multinacionales al bienestar de las personas».

El Gobierno considera que Garoña «no se puede utilizar como precedente para el resto de centrales nucleares que están funcionando»

Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para alargar la vida útil de la central nuclear de Garoña (Burgos) “en ningún caso es un precedente” para peticiones futuras de otras plantas que están abiertas y funcionando “ya que es una central singular que ya lleva cuatro años cerrada».

«La decisión que tomemos sobre Garoña no prejuzga lo que podamos hacer en otras centrales», reiteró el secretario de Estado, que citó Almaraz y Trillo. «Es radicalmente distinta a una central que está en funcionamiento», sentenció. Por otro lado, recordó que la decisión definitiva sobre si la central vuelve a operar es de Nuclenor, la empresa titular formada por Iberdrola y Endesa. «Nosotros tenemos que conceder la autorización o no y hacerlo por un plazo concreto», señaló Navia, quien añadió que «son las empresas las que tienen que valorar si esa autorización les permite continuar».

En todo caso, aseguró que «no se va a abrir sin hacer las inversiones que ha exigido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)». «Eso no supone ninguna duda y se van a cumplir todos los requisitos de seguridad», apostilló. Así, advirtió de que en cada caso que se produzca a futuro acerca de una petición de ampliar la vida útil de 40 años de una central nuclear, el debate será «las inversiones necesarias para continuar».

«Lo que se pueda hacer en otras centrales será radicalmente distinto», señaló. Navia indicó que el Ministerio de Energía cuenta ahora con un periodo de 6 meses para tomar una decisión sobre el informe del CSN respecto a Garoña y que, para ello, se abrirá un periodo de audiencia pública para «oír a todo el mundo», teniendo en cuenta las alegaciones que se puedan presentar. El Ministerio de Energía mantendrá reuniones con comunidades autónomas, organizaciones sociales y ecologistas y empresas para conocer su postura y tomar una decisión. «Todavía no está definido un calendario de reuniones y no sabemos si serán conjuntas o bilaterales», señaló.

Burgos exige el cierre definitivo

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Burgos exige al ministro de Energía que no avale la reapertura de Garoña e inicie las medidas necesarias para proceder, de manera inmediata, al cierre definitivo de las instalaciones y posterior desmantelamiento. Con los votos del PSOE, Ciudadanos, Imagina y la edil no adscrita Silvia Álvarez de Eulate, y el voto en contra del PP, y la abstención de otro concejal no adscrito, procedente del PP, el pleno municipal aprobó esta moción de urgencia presentada por C’s.

Una vez el CSN ha emitido informe favorable a la reapertura, Ciudadanos considera que es el momento de que Burgos se posicione públicamente contra la central nuclear. El aporte energético de Garoña es «marginal», ha afirmado el edil de Ciudadanos, Jesús Ortego, quien también ha incidido en que «no existe acuerdo político» sobre la reapertura de la central y además Nuclenor como empresa propietaria «tiene dudas». «El momento político es diferente y la central también está en un momento técnico diferente», así que Burgos debe exigir al Ministerio de Energía que no avale su reapertura.

La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE e Imagina, que creen que es «prácticamente imposible» que la nuclear reabra, porque ya no interesa a las eléctricas desde el punto de vista económico. En el lado contrario se ha posicionado el PP; el edil César Rico rechazó el «cierre político» de Garoña y ha apostado por que sean los propietarios los que decidan el futuro de la central nuclear.

Finalmente, el pleno del Ayuntamiento ha acordado pedir a Energía que no avale la reapertura de la central nuclear y tome las medidas necesarias para hacer posible su cierre definitivo. Al mismo tiempo, se ha instado a la recuperación y actualización del Plan de Reindustrialización de la zona de influencia, aprobado en 2010 pero paralizado tras la llegada del PP al Gobierno. El PSOE ha defendido que se aprovechen los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para incluir una partida que permita sacar nueva convocatoria del Plan Reindus este año.

PSOE, Ciudadanos y PNV critican el aval a Garoña sin acometer las medidas exigidas y piden que no se reabra

Redacción / Agencias.- El PSOE, Ciudadanos y el PNV critican que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avale la reapertura de Garoña sin que los titulares de esta instalación nuclear hayan acometido ninguna de las medidas que el propio organismo le impuso en 2015 como requisito previo para autorizar una prolongación de su vida útil. Sin embargo, los portavoces de estos partidos creen que el informe del CSN sólo busca sentar un precedente para que otras centrales nucleares españolas alarguen su vida útil.

La diputada socialista por Burgos, Esther Peña, definió como «una auténtica infamia» el informe del CSN y ha avisado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si sigue las directrices de este organismo estará «jugando con fuego» por lo que pidió a Energía impedir la reapertura. Peña denuncia que «no tiene sentido» hacer un informe positivo y a la vez prohibir la producción de electricidad en Garoña, una central que lleva tres años parada porque no se acometieron las inversiones en seguridad que se pidió a su propietaria, Nuclenor, y que por tanto «nunca va a funcionar». «No se puede jugar con la energía nuclear, la seguridad y el futuro de miles de familias de las comarcas afectadas», añadió Peña.

«No entendemos que se dé una licencia para una central que nunca va a funcionar», señalo Peña, que acusó al PP de hacer «un traje a medida de las eléctricas» ya que, a su juicio, «Garoña no importa, nunca se va a abrir, pero sí se abre una alternativa para aumentar la vida útil de las otras centrales». Los socialistas sostienen que con esta decisión del CSN se sienta un precedente y servirá para que «el campo nuclear español aumente su vida útil». Por tanto, Peña ha reclamado el cierre definitivo de Garoña y un plan de reactivación económica para el norte de Burgos, y ha dejado claro que el Gobierno tendrá en frente al PSOE si la mantiene abierta.

Peña manifestó que no es comprensible que se establezca un «precedente» en el sistema energético español de este calibre porque, según explicó, «hasta ahora las licencias a las nucleares se daban cada 10 años y en base a unos requisitos de seguridad que actualmente en Garoña no se dan». En este sentido, defendió que el debate nuclear tiene que ser «amplio y público». Dicho esto, reclamó al Gobierno y, concretamente al Departamento de Energía, que digan qué quieren hacer y expliquen si «van a anteponer los intereses de las eléctricas a los de los ciudadanos».

Ciudadanos pide no avalar reapertura

La diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha coincidido en que el informe del CSN pretende sentar un precedente para justificar el alargamiento de la vida útil de otras centrales nucleares, al que llegarán en los próximos años, por lo que pidió al Gobierno que no avale la reapertura de Garoña ni dé un «visto bueno» a ese informe. Rodríguez insiste en que Garoña no influye «nada» en el suministro energético español ya que es una central “muy pequeña”. En este sentido, según añadió, el CSN comunicó en 2015 a la empresa propietaria Nuclenor que debía realizar esas inversiones para mejorar criterios de seguridad y el presidente del CSN reiteró en noviembre que el informe estaba “congelado” hasta cumplir esas inversiones.

Por tanto, aunque ha dicho no entender el cambio de opinión del CSN, que ahora avala la reapertura de la central con condiciones, Rodríguez pidió al Gobierno que no haga caso de la recomendación del informe, al menos hasta que se cumplan esas inversiones. Pero, además, subrayó que el debate de fondo no es tanto reabrir Garoña o no, sino «que haya un precedente para el alargamiento de la vida útil de las centrales». «Le pedimos al Gobierno y a Nadal que no utilice al CSN para sentar precedente», concluyó Rodríguez, que reclama que el CSN sea un organismo realmente independiente del Gobierno que tome sus decisiones en función de criterios técnicos y no políticos.

País Vasco ve «riesgo innegable»

Por otro lado, el Gobierno autonómico del País Vasco expresó su rechazo a la decisión del CSN y advirtió de que, pese a las mejoras que puedan realizarse en la planta, el reinicio de su actividad nuclear supone un «riesgo innegable para la integridad de las miles de personas que viven en su alrededor y para el medio ambiente«. El Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo vasco considera que la decisión es «difícil de entender», y recuerda que Garoña, inaugurada en 1970 y que permanece inactiva desde 2012, «ha superado con holgura su periodo de vida útil». «Además, se trata de una central con una tecnología obsoleta, cuya aportación a la generación de energía es mínima», añadió el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno vasco ha mostrado su «respaldo» al rechazo «mayoritario» de la ciudadanía vasca al reinicio de la actividad de la nuclear de Garoña. Además, se ha adherido a los numerosos pronunciamientos en favor del cierre de la planta realizados por las instituciones vascas. El Ejecutivo autonómico ha afirmado que la opción nuclear «no es en absoluto» su modelo de producción de energía. En su lugar, se ha mostrado partidario del uso de energías procedentes de fuentes renovables, con la utilización «eficiente» del gas natural en el periodo de transición de un modelo a otro.

Por su parte, el PNV apeló a la seguridad para pedir al Gobierno que no reabra Garoña a pesar del informe favorable del CSN. La diputada del PNV Idoia Sagastizabal manifestó que están «preocupados» por la decisión del CSN y «ocupados» en activar iniciativas parlamentarias para evitar esa reapertura. A Sagastizabal le preocupa también que la decisión del CSN no se haya adoptado «por primera vez» por unanimidad, y ha coincidido en que abre la puerta al alargamiento de la vida útil de otras centrales.

Ha recordado que esa reapertura estaba además condicionada al cumplimiento de una serie de medidas de seguridad impuestas por el propio CSN; «no se han adoptado y sin embargo se autoriza la reapertura». El PNV considera que la reapertura de esa central, situada en Burgos pero muy cerca de Álava, «va en contra de la seguridad«. Sagastizabal ha advertido que contra esa reapertura está todo el arco parlamentario, excepto el PP, y ha observado que se trata de una central «muy pequeña» que no aporta «nada» al mix energético, por lo que resulta «absolutamente prescindible» desde el punto de vista de la garantía del suministro.

Facua ve “escandalosa” la decisión

Por su parte, Facua ve «escandaloso» que el CSN se vaya a «saltar» los requisitos que ellos mismos habían exigido para Garoña y que ahora autoricen o den luz verde a su reapertura. Según la organización de consumidores, la «supuesta» independencia del organismo «queda ahora en entredicho» y, «lamentablemente», todo apunta a que el Gobierno va a proceder a saltarse «la voz del Congreso». Facua advierte de que éste va a ser el punto de partida para la reapertura de otras centrales «mucho más importantes, como puede ocurrir de forma inmediata con la de Almaraz».

«Facua se opone a la reapertura de las centrales nucleares en España, forma de producción energética que no es segura ni para las personas ni para el medioambiente y que por lo tanto debe dejar de utilizarse en el sistema eléctrico español», sostiene. Así, recomiendan al Gobierno apostar por formas de generación «más baratas y sobre todo más seguras y menos perjudiciales para el medioambiente».

El CSN subraya que «no cierra ni abre centrales» y que reabrir Garoña es una decisión que corresponde al Gobierno

Europa Press / EFE.- La vicepresidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Rosario Velasco, ha señalado que el organismo no entrará a debate sobre la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) porque su misión en este proceso es «técnica», mientras que la decisión final es política. Así, esgrimió que ningún miembro del CSN «debe expresar su opinión», sino ser «neutral, transparente y eficiente», además de «estar preparado para arrojar informes técnicos que ayuden a quienes tiene que tomar decisiones».

«El CSN no abre ni cierra centrales», ha declarado Velasco a su llegada a la ponencia encargada de las Relaciones con el CSN en el Congreso. Esta comparecencia se produjo a petición de los partidos miembros de la Comisión de Energía. La presencia de la vicepresidenta en la Cámara Baja ha sido el resultado de un pleno extraordinario del CSN, después de recibir la citación en el Congreso que, en primera instancia, requería al presidente del organismo, Fernando Martí Scharfhausen.

Tanto PSOE, como Unidos Podemos y Ciudadanos han criticado esta ausencia cuando Martí está «obligado por ley» a comparecer «tantas veces como los diputados le requieran» para informar sobre los temas que interesen. En este sentido, la portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, ha recordado las evasivas de Martí a asistir a dar cuenta de los informes de su actividad en 2014 y 2015 a la Cámara Baja. Sin embargo, Velasco ha defendido la decisión del CSN y ha indicado que es un «honor» ser la elegida para informar a los diputados. «No hay cosa que más nos guste que venir a contar el trabajo que hacemos y cómo lo hacemos para ganar la confianza en nuestra actividad regulatoria», afirmó.

Sin embargo, para Ciudadanos la actitud que están teniendo los representantes del consejo no hacen más que «incrementar la sensación de desconfianza» hacia el organismo. «Rechazamos que no haya venido el presidente y ponemos en tela de juicio el informe de Garoña alargando la vida de una central que apagó voluntariamente y que supone una parte pequeña del mix energético», afirmó la portavoz de Energía de la formación naranja, Melisa Rodríguez. Para la diputada, el debate sobre Garoña no es tanto su reapertura, como que el Gobierno utilice este caso como precedente para un futuro alargamiento de otras centrales españolas y que la central arranque «sin las inversiones que el CSN le dijo en 2015 que eran imprescindibles para funcionar».

Sobre la falta de inversión en la central también habló el portavoz de Equo en esta comisión, Juan López de Uralde, quien denunció que la empresa que gestiona Garoña, Nuclenor, no ha cumplido algunas de las condiciones que se le habían impuesto para la reapertura. Por ello considera que así se invalida la línea argumental del CSN de que cualquier decisión del organismo es técnica y se basa en criterios técnicos ya que las condiciones impuestas no se han ejecutado.

Además, López de Uralde subrayó que con Garoña se está abriendo una puerta trasera para que los reactores nucleares en operación puedan solicitar seguir operando por encima del horizonte de su vida útil y que esta autorización ya no tenga que pedirse cada 10 años como ocurría hasta ahora. Por ello, este diputado reivindicó un debate social sobre la energía y sobre el futuro de las nucleares que funcionan en España, aunque también hizo un llamamiento a los partidos para unirse y redactar una ley de cierre de la central.

En este sentido, Lucio señaló que los grupos están «pidiendo que Garoña no se reabra, y el CSN está actuando al dictado de lo que le pide el Gobierno». «El grupo socialista lleva años solicitando al Gobierno que esta reapertura no se lleve a cabo«, recordó la portavoz, que vuelve a solicitar la comparecencia del presidente del CSN “para que venga a comparecer para explicar el procedimiento». Un procedimiento, ha añadido, «a todas luces irregular y no suficientemente claro con las exigencias de la ley».

Por su parte, el portavoz del PP en esta materia, Guillermo Mariscal ha acusado a la oposición de estar «presionando a un organismo regulador» y recordó a los diputados que su misión es «legislar y controlar al Gobierno» y no para interceder en los informes del CSN. En este sentido, indicó que el Gobierno actual es «respetuoso» con estos organismos y que los populares creen en el trabajo realizado por los técnicos sobre este caso.

Ciudadanos exige una auditoría y eliminar el impuesto sobre la electricidad para reducir la factura de la luz un 6%

Redacción / Agencias.– Ciudadanos presentó una iniciativa en el Congreso de los Diputados para auditar la factura de la luz y una proposición no de ley en la que exige que se elimine el impuesto especial sobre la electricidad que se mantiene desde 1997, de modo que la factura que los consumidores pagan por la luz se reduzca en algo más del 6%.

La portavoz adjunta y responsable de Energía de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, explicó que en enero el precio de la luz batió cotas que no se alcanzaban desde 2013 y su objetivo es que «los ciudadanos no sigan pagando los errores políticos que se cometen en la Cámara Baja o por los sucesivos Gobiernos», recordando que el impuesto especial de la electricidad fue creado en 1997 por José María Aznar para financiar las ayudas al carbón aunque después el de José Luis Rodríguez Zapatero lo incrementó. Más de 20 años después, esas ayudas se han reducido de 1.000 millones al año hasta apenas 25 millones en 2016, pero la recaudación del impuesto especial sigue utilizándose para financiar a las comunidades autónomas.

Por eso, Ciudadanos cree que se debe aprovechar la reforma del sistema de financiación autonómica para asegurar que las comunidades reciben el dinero que necesitan sin tener que recurrir a este tipo de fuentes de ingresos. Así se podría suprimir el impuesto especial sobre la electricidad, que grava con un 5,11% el término de potencia contratada y el consumo del período facturado. A esa cantidad se suma el IVA, lo que eleva el efecto fiscal del gravamen hasta el 6,186%. Además, Ciudadanos recuerda que incluyó en el acuerdo de investidura la exigencia de realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico, y reclamó un análisis de la factura para saber qué cargos se están repercutiendo a los ciudadanos.

Sin embargo, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, rechazó la posibilidad de eliminar este impuesto porque sería necesario incrementar otra figura impositiva para hacer frente a los compromisos de reducción del déficit público. Algo que Ciudadanos rechaza, alegando que «hay mucho dinero que no se sabe dónde está» y que podría utilizarse para compensar la pérdida de recaudación. Como ejemplos, Rodríguez ha mencionado los fondos utilizados para rescatar a las concesionarias de las autopistas radiales o las cajas de ahorros, las cantidades no exigidas a los beneficiarios de la amnistía fiscal de 2012, o los ahorros que podrían obtenerse eliminando el Senado o las Diputaciones.

Sube el mercado entre semana

Lo cierto es que después del fin de semana el precio de la electricidad en el mercado mayorista empezó la semana al alza, ya que el lunes se situó en 49,66 euros el megavatio hora (MWh), un 3,9% más que el viernes, cuando marcó una media diaria de 47,77 euros el MWh, según OMIE, el operador del mercado. Sin ir más lejos, el precio del lunes fue un 67% superior al del domingo (29,76 euros el MWh), pero no se trata de una comparación homogénea porque los fines de semana el coste de la energía suele muy inferior al de los días laborables, ya que la demanda baja al reducirse la actividad industrial y empresarial.

En cualquier caso, los precios en el mercado mayorista están ya lejos de los 91,88 euros el MWh marcados el pasado 25 de enero, un nivel que no se veía desde diciembre de 2013 y que se alcanzó en plena ola de frío y con la actividad hidroeléctrica y eólica bajo mínimos. La reciente moderación de los precios mayoristas se debe a la subida de las temperaturas y a las mejores condiciones meteorológicas. El mercado mayorista, también conocido como pool, funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto.

Los precios horarios se aplican a los consumidores domésticos que dispongan de contadores inteligentes y tarificación por horas, entre los que figuran los usuarios que tienen contratado el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y disponen de estos aparatos. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno congeló para 2017 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

Nadal rechaza «por demagogia” la propuesta de Ciudadanos para eliminar el Impuesto Especial sobre Electricidad porque habría que subir otro

Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha rechazado la eliminación del Impuesto Especial sobre Electricidad, petición realizada por Ciudadanos en una iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados con lo que calcula que se conseguiría un ahorro del 6% para las familias, porque «existe en todos los países» y habría que subir otro impuesto ante el elevado déficit de España.

Nadal afeó a Rodríguez que Ciudadanos «presume de no hacer demagogia» y sin embargo propone eliminar el Impuesto Especial sobre Electricidad cuando «no se puede decir que se baje un impuesto y no subir otros». En este sentido, recordó que este impuesto existe «en todos los países de Europa» y aclaró a Rodríguez que, en el caso de España, este gravamen recogido en la factura de la luz no procede de la época del expresidente del Gobierno, José María Aznar, sino «de mucho más atrás». Asimismo, ante la petición de Ciudadanos de eliminar el impuesto al sol para potenciar el autoconsumo, Nadal subrayó que «mi obligación es beneficiar a todos y no a unos cuantos».

Asimismo, Nadal señaló que la parte regulada del recibo de la luz, competencia del Gobierno, supone entre un 60% y un 65% de la factura y se ha mantenido «constante» en los últimos años, además de haberse congelado de nuevo este año y haber bajado un 2,8% en 2016 porque había «superávit». Esto ha permitido una bajada del precio de la factura de electricidad desde el año 2013, presumió Nadal, quien, frente a un 2016 en el que la parte del mercado del recibo fue «excepcional mente bueno» por las favorables condiciones meteorológicas y los bajos precios del petróleo, el ejercicio actual es «totalmente diferente».

«España ha marcado precios que no son buenos pero algo mejores que Suiza, Bélgica o Italia», apuntó el ministro, que ha añadido que Francia marca a España «mínimos y máximos prácticamente todos los días», porque aunque todavía no hay un nivel suficiente de interconexiones, cada vez está más interconectado. En todo caso, Nadal afirmó que el Gobierno quiere que la parte de mercado de la factura sea «más eficiente», para lo que se han implementado medidas en el ámbito del gas, lo que está permitiendo que haya un «mejor funcionamiento de un mercado que compartimos con el resto de países».

Asimismo, a otra pregunta del diputado socialista Miguel Ángel Heredia sobre el precio de la luz, Nadal ha respondido que «no se sostiene que el precio sigue subiendo», ya que en la última semana ha disminuido de los 91 euros por megavatio hora (MWh) a unos 69 euros. El titular de Energía espetó a Heredia que desde el PSOE no pueden dar «lecciones» de precios de electricidad porque durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la factura se encareció un 70% y dejaron un «pufo descomunal» de 30.000 millones de euros, en referencia al déficit de tarifa del sistema.

Si no se hubiese acometido la reforma energética, Nadal calcula que el recibo se habría encarecido un 42%, si bien ha reconocido que este año el precio «va a subir» por las condiciones meteorológicas, frente al descenso que se venía registrando desde 2013. En cualquier caso, ha defendido que «se están mejorando muchas cosas», y se está evitando que suba la electricidad «como antes». A este respecto, ha recordado que se convalidó el decreto sobre el bono social, aprobado en 2009, y que con la nueva norma habrá un desarrollo reglamentario con las comunidades autónomas y se atenderá de forma integral a las familias vulnerables.

Por otra parte, Nadal aseguró que la política social de una comunidad autónoma no puede generar costes y gastos al conjunto de consumidores eléctricos de España. «No es una postura del Gobierno, es una postura del Constitucional», señaló Nadalen respuesta a la pregunta de la diputada de Unidos Podemos, Irene Montero, sobre los motivos que han llevado al Gobierno a recurrir la Ley de Vivienda de Murcia, que establece la obligación de las suministradoras de servicios básicos (agua, luz y gas) de pedir información a los servicios sociales sobre la situación de las familias antes de proceder al corte del suministro. Según explicó, la comisión bilateral Gobierno-Región de Murcia está negociando para evitar el recurso ante el Tribunal Constitucional.

Nadal, que subrayó que esa norma no estaba recurrida por el Gobierno, afirmó que en el decreto ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, convalidado por el Congreso, «por primera vez» se enlaza esa competencia exclusiva de las comunidades autónomas con esa competencia general de energía. Así, Nadal acusó a Unidos Podemos de «no querer aportar» en la redacción del decreto, como si hicieron otros partidos políticos como PSOE y Ciudadanos. «Lo que mandaron fue un papel de hayques. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Para protestar, los primeros, pero para trabajar, no tienen ninguna capacidad», apostilló Nadal.

Por ello, en referencia a la protección de los hogares vulnerables, destacó que este decreto permitirá «atender de manera integral los problemas de corte de energía a las familias en situación de mayor vulnerabilidad». Mientras, la diputada de Unidos Podemos pidió al Gobierno que, en lugar de recurrir leyes «que garantizan derechos», se pongan a hacer una ley adecuada que permita que «no haya cortes de luz a la gente que no puede pagarla». «En definitiva, que se pongan al servicio de la gente y no de los especuladores», añadió Irene Montero, que considera que se está vulnerando «sistemáticamente» un derecho fundamental alegando que hay un conflicto de competencias entre el Estado y las autonomías.

Por su parte, el socialista Miguel Ángel Heredia denunció que hay cinco millones de españoles que «no pueden encender la calefacción», a lo que se suma que más de un millón destina hasta el 20% de sus ingresos para poder pagar la energía. «¿Cómo puede mirar a los ojos de los jubilados cuando ha anunciado que la luz va a subir este año más de 100 euros?», le preguntó a Nadal. Por ello, el diputado socialista pidió al Gobierno que realice una auditoría de costes, una reforma «en profundidad» del sector para no «condenar» al «frío y la oscuridad» a los que no pueden hacer frente al recibo. «Apriete el cinturón a las eléctricas, haga algo y hágalo ya», enfatizó.

La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha anunciado que la formación naranja va a presentar una iniciativa para suprimir el Impuesto Especial sobre Electricidad para conseguir un ahorro directo del 6% a las familias, y ha defendido que si se aplicasen medidas de mejora a la competencia se podrían ahorrar unos 400 euros por familia al año. En este sentido, ha pedido un Pacto de Estado por la Energía y que los ciudadanos no paguen «errores políticos», y ha apostillado que sí «hay dinero» para poder bajar el recibo, aludiendo a los 2.800 millones de la amnistía fiscal, los 5.000 millones del rescate de las radiales y los 41.000 millones de las cajas de ahorro.

Toda la oposición se une y pide en el Congreso una nueva Ley de autoconsumo de electricidad sin cargos

EFE / Europa Press.- Todos los partidos políticos de la oposición al Gobierno se unieron para presentar una iniciativa parlamentaria que suponga la creación de una nueva Ley que fomente el autoconsumo eléctrico sin ningún tipo de cargo. Todos los partidos políticos a excepción del PP y Foro Asturias han firmado una proposición de Ley que han registrado en el Congreso para favorecer el consumo energético compartido y colectivo, hacer posible una simplificación administrativa, modificar el actual régimen sancionador y eliminar el impuesto al sol.

Los representantes del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís, UPN, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Bildu presentaron esta iniciativa y han exigido que el Gobierno no la vete y han advertido de que esta mayoría parlamentaria podría levantar dicho veto. El director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, puntualizó que el autoconsumo eléctrico no supondría un coste presupuestario ya que al favorecerse las inversiones y eliminarse las barreras se generaría un IVA que sería superior al que se dejaría de ingresar por el recibo de la luz. Además ha explicado que el escenario máximo de autoconsumo podría llegar a los 400 Megavatios, lo que supondría una alteración de tan sólo de 12 millones de euros.

Donoso calificó de «día histórico» la jornada en la que se presenta la iniciativa porque «se inicia el camino por el que el Parlamento recupera el derecho de los ciudadanos a ejercer su derecho al autoconsumo sin barreras y el sentido común». En este sentido, considera que se trata de una ley que busca evitar las «barreras» impuestas en la normativa actual y que se basa en cuatro puntos que pasan por “que no se pague lo que no se usa», de forma que se eliminen los peajes al autoconsumo, el llamado impuesto al sol. De hecho, ha cifrado en 11 céntimos de euro al año la repercusión que supondría para el conjunto de ciudadanos.

En el mismo sentido, el director general de Geoatlanter, vicepresidente de la Fundación Renovables y miembro de la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético, Jorge Morales de Labra, asegura que el autoconsumo de electricidad supone «ahorrar en la factura de la luz y hacerlo sin ningún tipo de subvención» e incide en que habría menos exposición a las variaciones de los precios de los combustibles. Además, Morales explicó que no se contempla el balance neto, sino que fija descuentos en los excedentes a precio de mercado, de forma que al autoconsumidor se le restaría de su factura la parte que haya vertido a la red.

La energía autoconsumida estará exenta de todo tipo de cargos y peajes y los excedentes de las instalaciones de generación asociadas al autoconsumo estarán sometidos al mismo tratamiento que la energía producida por el resto de las instalaciones de producción, al igual que los déficit de energía que los autoconsumidores adquieran a través de la red de transporte o distribución estarán sometidos al mismo tratamiento que los del resto de consumidores. Podrían desarrollarse mecanismos de compensación simplificada entre déficit de los autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de producción asociadas, que en todo caso estarán limitados a potencias de éstas no superiores a 100 kW.

La portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, destacó la unión parlamentaria para que se desarrolle el autoconsumo en España, «el único país del entorno en el que no se ha desarrollado», a través de una iniciativa «fruto del sentido común y la justicia». Lucio desveló que la «voluntad» de los grupos parlamentarios que impulsan la iniciativa legislativa es aprobarlo «cuanto antes», con una previsión de iniciar su tramitación antes del mes de junio, siempre y cuando el Gobierno no presente vetos a la iniciativa con «argumentaciones peregrinas» similares a las dadas cuando presentó el veto a la iniciativa sobre autoconsumo presentada por Ciudadanos el año pasado.

En este sentido, la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, pidió al Gobierno que no vete el proyecto de ley ya que «si no es ahora, saldrá adelante dentro de unos días». Rodríguez lamenta que el Ejecutivo se preocupe más por la no recaudación que a su juicio supondría el autoconsumo que por la disminución del precio de la luz que supondría, cuando se podría recaudar «pinchando la burbuja política o eliminando duplicidades». De esta forma, abogó por un modelo de autoconsumo similar al resto de países de Europa y del mundo, y asegura no entender el «miedo» a la generación descentralizada cuando hay «infraestructuras suficientes» para ello.

De igual forma, el portavoz de Energía de Unidos Podemos, Josep Vendrell, ha manifestado su «satisfacción» porque la iniciativa de las organizaciones sociales se vea reflejada en un texto legislativo que cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios. Vendrell ha criticado que el Ejecutivo, con Álvaro Nadal como ministro de Energía, no sea «amigo» del autoconsumo al fijar una regulación «de las más restrictivas que hay en el mundo», y ha calificado de «impresentable» y «deleznable» que argumente una menor recaudación de impuestos cuando puede abaratar la factura de la luz.

El diputado de PDeCAT Ferran Bel ha recordado que en Cataluña las instalaciones de autoconsumo se han paralizado, no sólo por los costes asociados sino por el mensaje que ha transmitido el Gobierno a los usuarios, y ha reafirmado la voluntad parlamentaria de promocionarlo. También, el diputado de ERC Joan Capdevila ha señalado que se inicia el camino para hacer justicia a las pequeñas empresas y a las familias que apostaron por la energía fotovoltaica, unas 4.300 en Cataluña «al borde de la ruina», por lo que ha dicho esperar que el consenso parlamentario se mantenga y se facilite una transición energética «real y sostenible».

El diputado de Compromís en el Congreso, Ignasi Candela, también calificó de «día histórico» la jornada en la que se presenta la iniciativa porque demuestra que «el PP está absolutamente solo en materia energética«. Candela ha destacado que la proposición de ley permita avanzar en la búsqueda de alternativas al modelo energético «mientras unas cuantas empresas se llevan todo el dinero», y ha mostrado su compromiso con los «miles de arruinados» por la «estafa» fotovoltaica para que recuperen sus derechos.

Ciudadanos plantea un plan nacional para renovar edificios públicos y hacerlos eficientes

Europa Press.- Ciudadanos insta al Gobierno, a través de una proposición no de ley, a elaborar un plan nacional para aumentar en, al menos un 3% anual, la renovación de edificios públicos. En el texto registrado, firmado por la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, se hace un llamamiento al Ejecutivo para que evalúe la eficiencia energética de los edificios más sensibles como colegios, residencias de ancianos y hospitales, de manera que se prioricen las actuaciones de renovación y conversión de estos edificios hasta anular su consumo.

Se trata, según Rodríguez, de «elaborar medidas de eficiencia energética dirigidas en especial para el colectivo de consumidores vulnerables severos». El documento también sugiere una regulación de la eficiencia energética de edificios, fijando los términos que éstos deberán cumplir para llegar a ser construcciones «de consumo de energía casi nulo». La idea de la formación naranja es que el Ejecutivo desarrolle el decreto que establece la obligación de poner a disposición de compradores o usuarios un certificado de eficiencia energética. Sin embargo, los requisitos mínimos de eficiencia energética de las construcciones se establecen en el Código Técnico de la Edificación.

Ciudadanos pide en el Congreso una auditoría de los costes energéticos y de la factura de la luz

Europa Press.- Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a impulsar una auditoría de todos los costes del sistema energético y otra del coste de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué costes deben ser asumidos por los consumidores y qué conceptos determinan el volumen actual de la misma.

En su proposición no de ley, firmada por la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, la formación naranja pide impulsar una auditoría a todo los costes del sistema energético, tanto generación, transporte, distribución y comercialización, que «permita determinar con precisión los costes reales del sistema”. El objetivo es «fomentar la transparencia en el mercado eléctrico y poder emprender las reformas que fuesen necesarias para que la variación de los precios de la energía se corresponda con la de los costes reales de generación». Asimismo, pide impulsar una auditoria de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué costes deben ser asumidos por los consumidores y qué conceptos determinan el volumen actual de la misma.

De igual forma, insta al Ejecutivo a encomendar la elaboración de un informe por parte de la Agencia de Evaluación y Calidad (Aeval) sobre los resultados de las diferentes reformas del sector eléctrico llevadas a cabo por el Gobierno del PP, con «especial incidencia» en las implicaciones que las mismas han tenido para los consumidores particulares y para las industrias.

Intervención del Gobierno en 2013

La formación naranja recuerda en su iniciativa que hasta finales de 2013 el precio variable de la electricidad se fijaba a partir de las subastas Cesur. La celebrada el 19 de diciembre de ese año arrojó un incremento de los precios de la electricidad del 25,6% que, de haberse aplicado, hubiera provocado una subida de tarifa del 11%. Ante esta situación el Gobierno decidió entonces intervenir y fijar una subida media en la tarifa eléctrica del 2,3% durante el primer trimestre de 2014, y el 1 de octubre de 2015 estableció un nuevo modelo de facturación horaria, para los consumidores acogidos a la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que tuviesen ya instalado un contador inteligente y telegestionado.

De este modo, el precio del kWh varía cada hora, se calcula en función de la cotización del kilovatio cada hora, en el mercado mayorista y se traduce en 8.760 precios diferentes al año. Para Ciudadanos, estos incrementos en el precio variable de la energía, pero sobre todo, su «elevada volatilidad» como consecuencia de las sucesivas modificaciones acometidas en sus sistemas de fijación, ha terminado por provocar la «imposibilidad de conocer el grado de correlación entre su evolución y la de los costes reales de generación de la energía convencional».

Asimismo, Ciudadanos señala que durante este mes de enero los incrementos en la factura de la luz para los usuarios  registraron “una proporción desmesurada, fomentando de ese modo las situaciones de impago y dificultad económica para familias y empresas a la hora de asumir el coste de una de las facturas eléctricas más cuantiosas de Europa, según datos de Eurostat».

Por ello, dadas las «recurrentes dificultades» por las que atraviesa el sistema energético, como problemas de seguridad de suministro, recargos en la factura o dependencia internacional, que consolidan un «alza masiva» de los precios durante la última década, ve necesario conocer el conjunto del sistema y «determinar, de manera adecuada y transparente, cuáles son los costes que el funcionamiento del mismo conlleva y cómo deben ser asumidos por los consumidores».