El Congreso acuerda pedir una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para cumplir los compromisos con la Unión Europea

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Europa Press / Servimedia.- El PP y la oposición llegaron a un acuerdo en el Congreso para pedir al Gobierno una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con la que España pueda «integrar y armonizar la legislación» y llegar a cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en estas materias. De este modo se consensuó un texto transaccional a la iniciativa original del PP, que contó con el apoyo de PSOE, Ciudadano y Podemos.

El texto cuenta con una docena de puntos, entre los que destacan las propuestas de promover políticas nacionales para reducir emisiones, crear un Plan Nacional de Energía y Clima, concienciar sobre el problema del cambio climático y dotar al sector de la financiación adecuada para llevar a cabo todas estas iniciativas. El documento también insta al Ejecutivo a establecer un marco de ecoeficiencia en la gestión energética; mejorar la retención natural de carbono con el desarrollo de técnicas de captura y almacenamiento en sumideros que disminuyan la concentración atmosférica de CO2; y promover una política de movilidad y transporte sostenible así como actuaciones de eficiencia energética en el sector residencial.

Además, los partidos piden al Ejecutivo que impulse la adaptación eficiente de España al cambio climático, promoviendo la explotación y el escalamiento hacia estilos de vida más sostenibles y menos dependientes del carbono. En este sentido, el texto recuerda que España se ha comprometido a reducir, el 20% de sus emisiones para el 2020 y el 40% para el 2030, con respecto a los valores registrados en 1990. En la propuesta se especifica que son objetivos «ambiciosos» pero también «realistas».

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se mostró «satisfecho con el acuerdo» que, a su juicio, muestra «la evolución del trabajo en esta Cámara» de cara a «combatir el fenómeno del cambio climático». Desde Podemos y, a pesar de haber firmado este acuerdo, su portavoz Iñigo Errejón, subrayó la necesidad de tomar más medidas adicionales, como «abolir el impuesto al Sol y cambiar el modelo energético del país a uno más sostenible».

Desde la tribuna del Congreso, la diputada del PP, María Luz Bajo, ha celebrado el «espíritu de consenso» de todas las formaciones políticas en esta materia para intentar poner en marcha una ley que, a su juicio, «llega en el momento idóneo», cuando se ha ratificado el Acuerdo del Clima de París. La popular, se ha mostrado segura de que, para elaborar la proposición de Ley, el Gobierno va a plantear «un proceso abierto y participativo» que implicará de manera transversal a diversos ministerios, así como a las administraciones autonómicas y locales. Del mismo modo, ha señalado que se contará con los «actores relevantes en la lucha contra el cambio climático, como el colectivo investigador, el empresarial y las ONGs.

También el PSOE ha valorado positivamente el «contexto de unanimidad» que se ha reflejado en esta propuesta y espera que la futura norma «promueva un modelo de crecimiento verde» que sea «más sostenible y menos dependiente de la quema de combustible fósil» de lo que es ahora. Más crítica ha sido la representante de Unidos Podemos, Rosa Martínez, quien ha acusado al PP de tener «poca memoria» a la hora de redactar la transaccional y exponer los datos conseguidos por España en reducción de emisiones. Así, la diputada ha explicado que si las emisiones bajaron en los últimos años es «consecuencia de la desaceleración económica de la crisis» y ha apuntado que en 2015 las emisiones han registrado un repunte.

Para Martínez, la nueva norma deberá servir para que el Gobierno «se tome en serio la lucha» contra el cambio climático y para ayudar a transformar el modelo productivo del país. «Pongan recursos y voluntad política para cambiar de rumbo» señaló Martínez, quien definió la situación ambiental como «la violación masiva más grande de la historia» y uno de los «mayores retos de la humanidad».

También reclamó «voluntad política» el diputado de Ciudadanos, José Luis Martínez, que recordó que España es el país peor situado de Europa en cuanto a renovables y pidió la anulación del impuesto al Sol. A su juicio, si se quiere lograr una mejora en esta materia, España debería liderar la acción europea. Finalmente, los representantes de PNV, Esquerra Republicana (ERC), la antigua Convergència y Bildu han decidido abstenerse después de mostrar su contrariedad en el debate porque el texto transaccionado no especifica en su totalidad el ámbito competencial que, en esta materia, tienen algunas autonomías.

Piden objetivo 2050: 100% renovable

La Alianza por el Clima, formada por más de 400 organizaciones ecologistas, sindicales y de cooperación al desarrollo, entre otras, difundió un documento de propuestas para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que elaborará el Gobierno, en el que fija como objetivo para 2050 que el 100% de la energía proceda de fuentes renovables. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió el pasado noviembre en la Cumbre del Clima de Marrakech (Marruecos) a poner en marcha una ley de cambio climático para que la economía española sea menos contaminante, algo que ya anunció en diciembre de 2015 durante la cumbre climática mundial celebrada en París (Francia).

Esta coalición se pondrá en contacto en los próximos días con representantes de la Oficina Española de Cambio Climático y de los principales partidos políticos para dialogar sobre la futura ley prometida por Rajoy. El documento que difundieron propone como objetivo de mitigación que la norma sea «lo suficientemente ambiciosa para avanzar hacia un futuro energético descarbonizado en 2050», es decir, que la totalidad de la energía provenga de fuentes renovables y no de combustibles fósiles (petróleo, gas o carbón).

La oposición critica en la Comisión de Industria la “opacidad y politización” del CSN

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Europa Press / EFE.- Durante la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Marti, todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, recordaron que la Comisión aprobó en la pasada legislatura su cese y que el Gobierno no lo llevo a cabo. Han criticado también las actuaciones del órgano respecto a las decisiones en torno a la central de Garoña así como al ATC. Igualmente, lamentan que se esté impulsando, a juicio de los parlamentarios, una regulación para extender la vida útil de las nucleares hasta los 60 años.

«Es un órgano más opaco y menos independiente desde que usted está en el cargo», le indicó la diputada del PSOE, Pilar Lucio, que insistió en que es «chocante» que sea el máximo responsable del CSN después de haber sido secretario de Estado de Energía. A su juicio, su actividad al frente del mismo ha supuesto «una captura del órgano regulador«. Asimismo, Lucio lamentó que Marti vaya a la Cámara Baja a responder a los técnicos, en lugar de responder a los parlamentarios sobre cómo va a resolver la situación.

Desde Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha advertido del «deterioro» de la seguridad nuclear en los últimos años. «Hoy estamos más expuestos», ha avisado al tiempo que ha recalcado que este deterioro se refiere tanto a la situación de las centrales como a la realidad interna del CSN, «consecuencia de la ocupación por parte del PP de este organismo». Su compañero de filas, Josep Vendrell, ha insistido en la «escasa credibilidad» de un presidente que viene de ser secretario de Estado, además de denunciar falta de transparencia y el «clima interno» en el CSN.

Uralde también ha tachado de «tomadura de pelo» la comparecencia de Martí. «No es de recibo que las discrepancias se sustancien poniendo a caldo a quienes han apuntado las críticas», afirmó, al tiempo que advirtió de que el suceso notificado por Almaraz calificado como 0 y denunciado por la asociación ha pasado a calificarse como 1. «Les da la razón a ellos y le quita la razón a usted. Lo mejor es que usted dimita y que el Consejo de Seguridad recupere su credibilidad», sentenció.

Mientras, Melisa Hernández, de Ciudadanos, ha manifestado la voluntad de su grupo de confiar en el organismo regulador, pero ha precisado que no de esa manera y ha avisado de la «politización» del sistema. En este sentido, también ha criticado la ausencia de Marti en la pasada legislatura y le ha reprochado que la razón que se dio a la Cámara Baja es que tenía «muchos viajes». Por ello, le ha recordado que su grupo también apoyó la petición de dimisión. Hernández ha anunciado que su grupo presentara una iniciativa para que los plenos del CSN se retransmitan en directo.

Por su parte, Pedro Azpiazu, por el PNV, que se centró en la central nuclear de Garoña, ha confesado estar un poco cansado de este tema. «Ya vale, tomen una decisión, hagan el informe técnico que corresponde. ¿A qué esperan para no conceder la autorización a Garoña? Pusieron un calendario hasta septiembre de 2015 y no han cumplido ¿A qué esperan? A mí me gustaría que, por fin, Garoña se cerrase, sería hacer lo que exige el sentido común», proclamó.

El Congreso apoya, con el voto en contra del PP, la paralización del almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados apoyó la proposición no de ley, iniciativa de Unidos Podemos, por la que se insta al Gobierno a paralizar el proyecto industrial de Gas Natural Fenosa que se ha comenzado a llevar a cabo en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva). La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE, Ciudadanos, ERC, Compromís y la antigua Convèrgencia, el voto en contra del PP y la abstención del PNV.

La iniciativa apremia al Gobierno a «luchar por la preservación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y rechazar el proyecto de almacén de gas en el marco de la lucha contra el cambio climático y la sustitución de los combustibles fósiles y la energía sucia por energías limpias», así como a «paralizar inmediatamente las obras hasta que se realice la evaluación de los potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto industrial de Gas Natural en su conjunto». Eva García Sempere, de Unidos Podemos, solicitó la protección de Doñana por ser «uno de los parques referentes mundiales» y pedir que esté a salvo de «los intereses especulativos» de Gas Natural, que aboga por «un modelo energético caduco y depredador».

García Sempere indicó que Doñana lleva «30 años de impacto debido a la extracción de gas del subsuelo», pese a lo cual «se quieren hacer nuevos pozos, emplazamientos y gasoductos» para convertir este espacio verde en «una verdadera bombona», después de que el Gobierno emitiera una declaración de impacto ambiental favorable para iniciar el proyecto denominado Marisma Occidental sin valorar, a su juicio, «los graves impactos» de las obras. Un proyecto, explicó, que afecta a dos zonas en el interior del parque nacional y a otras tantas en su entorno.

En este sentido, desde Podemos criticaron que Gas Natural y el Gobierno dividieron en 4 un macro-proyecto impidiendo, de este modo, que se puedan analizar los impactos medioambientales sobre Doñana de manera global. Según García Sempere, esta actuación ha permitido al Ejecutivo aprobar el proyecto «por la puerta de atrás», sin aceptar los informes geológicos que solicitan la Junta de Andalucía o las asociaciones ecologistas.

La respuesta del portavoz popular, Ernesto Aguiar, es que la autoridad competente para aprobar este proyecto es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que su única voluntad ha sido cumplir la ley. Por ello, subrayó que la política medioambiental del Gobierno se sustenta en compatibilizar el desarrollo sostenible con la prevención de los recursos naturales y apuntó que el proyecto Marisma Occidental cuenta con «todas las formalidades establecidas» para ponerse en marcha. Así, ha desmentido que no haya informes sobre el impacto medioambiental de este almacenamiento de gas y criticó que algunos «duden de informes de expertos porque no se corresponde con lo que creen que deben decir».

Toda la oposición quiere paralizarlo

Desde el PSOE, su diputada Josefa González ha defendido su apoyo a la propuesta de Unidos Podemos señalando que «la conservación de Doñana no es negociable«, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador, ha remarcado la necesidad de preservar de un entorno hostil uno de los parques de los que el país está más orgulloso como «ecosistema de biodiversidad»

Por su parte, el portavoz de ERC, Francesc Eritja y los representantes del Grupo Mixto en la comisión, Antoni Postius (CDC) y Enric Bataller (Compromís) han declarado su desconfianza hacia el Gobierno al ver similitudes entre este proyecto y el del almacén Castor, paralizado tras detectarse centenares de seísmos en la zona. «Esa iniciativa terminó con seísmos, indemnizaciones y cero responsabilidades del Gobierno. Hemos pagado entre todos el fiasco de Castor, por lo que no nos fiamos del Ejecutivo en este tipo de proyectos», ha declarado Postius. En este sentido, Bataller recordó que, en total, se entregaron 1.300 millones de euros a la empresa concesionaria. Eritja también ha señalado que existe «mucho riesgo» en intervenir en espacios de protección ambiental.

Cadiz contra Soria por Doñana

Por otro lado, el pleno de la Diputación de Cádiz aprobó nombrar persona non grata al exministro de Industria, José Manuel Soria, por haber firmado la declaración de utilidad pública del proyecto de almacén en Doñana de Gas Natural Fenosa. La petición, propuesta por Izquierda Unida, salió adelante con el voto a favor de PSOE, Ganemos Jerez y Por Cádiz Sí se Puede, la abstención del Partido Andalucista y el voto en contra del PP.

Para Izquierda Unida, el inicio de las obras ha sido posible «por una maniobra por la que el proyecto queda troceado en cuatro subproyectos (Marismas Oriental, Marisma Occidental, Saladillo y Aznalcázar), lo que permitió pasar el corte del Ministerio de Medio Ambiente». «La autorización que ha permitido que Gas Natural comience a trabajar en Doñana fue una de las últimas gestiones llevadas a cabo por José Manuel Soria como ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España», ha argumentado Izquierda Unida, por lo que el Pleno aprobó nombrar persona non grata en la provincia de Cádiz al exministro.

El presidente del CSN rendirá cuentas el próximo 19 de octubre ante el Congreso tras acordarlo todos los grupos

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Europa Press / EFE.- Todos los grupos parlamentarios acordaron la comparecencia para el próximo 19 de octubre del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y explique otras cuestiones relativas a seguridad nuclear. Martí no ha rendido cuentas ante el Parlamento desde finales de 2014. Los informes están disponibles en la web del organismo regulador.

El PSOE pedía la presencia de Martí para presentar la actividad del organismo, alegando que no se presenta en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, a pesar de que debería hacerlo anualmente. Por su lado, Ciudadanos y Podemos reclamaban su comparecencia tras conocer informaciones sobre problemas internos en el CSN e irregularidades en la seguridad de algunas centrales nucleares. Entre los temas de seguridad nuclear que tendrá que tocar en su comparecencia estarán el proceso de renovación y explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos)  o la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).

El portavoz popular en la citada comisión, Guillermo Mariscal, se ha mostrado «totalmente de acuerdo» con las solicitudes de comparecencia de Martí y, de hecho, ha disculpado la ausencia del presidente del CSN en la anterior legislatura porque, según explicó, entonces «tuvo el tiempo que tuvo». En todo caso, considera necesaria su presencia en sede parlamentaria porque, según esgrimió, en materia de seguridad nuclear «es preferible no esgrimir argumentos que puedan alarmar a la sociedad».

Desde el PSOE, Pilar Lucio recordó que la falta de comparecencias de Martí en la última legislatura han dado lugar a «desplantes» que han provocado que «todos los grupos de la Comisión menos el PP hayan pedido su dimisión«, un hecho que, sin embargo, quedó sin efecto por la finalización de la misma. Ahora pide de nuevo que Martí «cumpla con su obligación» y acuda a «dar explicaciones, no sólo ordinarias, sino también de todas las irregularidades que se han conocido» en los últimos meses.

En este sentido, el diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, denunció que existen informaciones «relevantes y alarmantes» por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, recordó una carta emitida por técnicos del CSN en el que denuncian «hechos graves» en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de «dossieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña» o problemas de seguridad en la de Almaraz. «Es necesario que estas cosas se clarifiquen«, sentenció. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, el representante de ERC, Joan Capdevilla, y el de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, expresaron también su «apoyo» a las peticiones de comparecencia presentadas.

Greenpeace pide su cese inmediato

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace exigió el cese del presidente del CSN por considerar que «ha perdido la confianza y la imparcialidad que su cargo requiere». Para la ONG es «muy grave» que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente. A su juicio, Greenpeace cree que debe responder ante el Congreso a cuestiones como la «política del miedo denunciada por técnicos del CSN» y las posibles consecuencias de esto en la seguridad nuclear o la «falta de respeto» al Parlamento, donde lleva sin comparecer desde finales de 2014.

También cuestiona la ONG su falta de independencia, puesto que con anterioridad ejerció como secretario de Estado de Energía, entre cuyas tareas estuvo revocar la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, un asunto que ahora está tramitando el regulador que preside. Del mismo modo, le acusan de falta de transparencia y opacidad en la toma de decisiones y en el funcionamiento del regulador. «Sobran motivos para cesar a Marti, pero si además el CSN quiere continuar con la renovación de Garoña, con un Gobierno en funciones y en contra de la opinión del Parlamento, la Comisión de Industria debería actuar en consecuencia», consideró la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

El Gobierno trabaja en una normativa de seguridad en las gasolineras desatendidas mientras Castilla y León exige que haya empleados

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Redacción / Agencias.- Las Cortes de Castilla y León, con el voto en contra de Ciudadanos, han respaldado la Ley por la que todas las gasolineras deberán contar con al menos un trabajador en el tiempo que permanezcan abiertas para garantizar así la atención a personas con discapacidad y mejorar la cifra de empleos en el sector, una norma que excluye a las cooperativas agrarias siempre que atiendan a sus asociados y no ofrezcan combustible al público general.

Mientras tanto, en el Congreso, el Gobierno en funciones está trabajando en un proyecto de decreto sobre las medidas de seguridad en las llamadas estaciones de servicio desatendidas, es decir, aquellas en las que no hay personal. Según señaló en la Comisión de Industria el diputado del PP, Juan Manuel Juncal, el Gobierno, pese a estar en funciones, trabaja sobre la necesidad de revisar una instrucción técnica complementaria, denominada IP04, relativa a estaciones de servicio.

Aprobada la propuesta del PSOE

Se trata de los puntos de la proposición no de ley (PnL) que llevó a la Comisión de Industria el PSOE y que ha salido adelante. Esa instrucción técnica, según el texto de la PnL, debe «aclarar y hacer más concretas y rigurosas las medidas de seguridad de las estaciones de servicio desatendidas». Junto a este punto, la propuesta del PSOE insta al Gobierno a que se modifiquen, en coordinación con las autonomías, las normas necesarias para obligar a que haya al menos un empleado para atender en horario diurno.

También han pedido «desarrollar y clarificar» los requisitos de seguridad industrial y garantizar la unidad de mercado para que no se produzcan agravios comparativos en los requisitos de acceso de seguridad básicos en las diferentes comunidades autónomas. En definitiva, concluye el texto, se trata de articular e implantar una normativa que «aclare la posición jurídica de las gasolineras desatendidas y garantice la seguridad de estas instalaciones y el cumplimiento de los derechos de los consumidores».

En nombre del PSOE, Begoña Tundidor, explicó que estas medidas, junto a otras, son necesarias para evitar las dificultades que pueden tener las personas con discapacidad para utilizar gasolineras que no cuentan con personal, además de los riesgos a los que pueden estar expuestos. Además, Tundidor advirtió sobre el impacto en el empleo que puede tener la expansión de este tipo de gasolineras desatendidas en un sector que actualmente da trabajo a unas 40.000 personas.

PP y Ciudadanos en contra

Por su parte, Ángela Ballester, portavoz de Podemos, otro grupo que apoyó la exigencia de que haya personal en las gasolineras, destacó la importancia de que «se respeten los derechos de todos los consumidores y en particular el de las personas con discapacidad al acceso a este servicio». Entre los grupos que se opusieron o se abstuvieron, los portavoces del PP, Juan Manuel Juncal; de Ciudadanos, José Luis Martínez, y de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, defendieron la existencia de estas gasolineras por la necesidad de que exista una mayor competencia, lo que redunda en unos menores precios, en la línea de lo defendido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó recientemente un informe en el que pedía que se eliminaran las trabas normativas al desarrollo de estas gasolineras que, a su juicio, aseguran una mayor competencia y unos mejores precios que «benefician» al consumidor final. El informe provocó reacciones de sindicatos y algunos grupos políticos, que criticaban la pérdida de empleo que puede conllevar este tipo de gasolineras, así como problemas de seguridad o de atención a determinados colectivos.

En cuanto al efecto en los discapacitados, Juncal defendió que hay muchas de ellas que sí pueden utilizar este tipo de gasolineras gracias a las innovaciones en los aparatos de expedición y en los dispositivos que utilizan y Martínez apuntó que los problemas de acceso se pueden subsanar con mejoras en los diseños arquitectónicos. Asimismo, el portavoz del PP señaló que en Suecia, país que se puede considerar referente en la atención a personas con discapacidad, actualmente hay un 60% de sus gasolineras sin trabajadores.

Castilla y León las prohíbe

La nueva normativa de Castilla y León modifica la Ley por la que se aprobó el Estatuto del Consumidor y se ha impulsado a instancias del grupo parlamentario popular con el objetivo, como expuso el procurador Salvador Cruz, de establecer garantías, «mejorar» la protección de los usuarios y la accesibilidad, además de actuar de forma «responsable» con el empleo. Cruz ha explicado que las estaciones de servicio deberán tener al menos a un responsable de las instalaciones debidamente formado durante todo el horario en el que permanezcan abiertas, así, ha recordado que la norma establece una moratoria de tres meses para que todos los centros se adapten a la misma.

La exención de las cooperativas agrarias es algo que, a juicio del procurador de UPL, Luis Mariano Santos, no queda claro en esta Ley por lo que «dañará», a su juicio, al mundo rural, motivo por el que finalmente se abstuvo en la votación. Por su parte, el procurador de Ciudadanos, David Castaño, ha incidido en que su grupo no puede apoyar una Ley que, según su lectura, es «contraria a derecho», ya que la normativa estatal básica establece tres tipo de instalaciones de hidrocarburos que son «las atendidas, autoservicio y desatendidas«. Así, ha considerado que con esta normativa las nuevas gasolineras denominadas low cost pierden «su razón de ser».

Sector en Castilla y León

En concreto, se estima que en torno a 60 estaciones de servicio de 1.305 no están atendidas por ningún personal, por lo que esta obligación incluye como beneficio «mayores garantías de seguridad y de protección del medio ambiente», como ha destacado la procuradora popular Irene Cortes, desde el convencimiento de que la presencia de al menos un empleado ayuda a garantizar el correcto suministro de unos «productos peligrosos y contaminantes».

El Congreso de los Diputados reclama una tregua invernal y un fondo público-privado de protección para paliar la pobreza energética

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo aprobó una moción en la que se insta al Gobierno a crear un fondo de protección con participaciones de comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas con el objetivo de paliar los efectos de la pobreza energética. Esta medida se incluye dentro de la enmienda transaccional acordada por PP, PSOE y Ciudadanos, y que contó con el apoyo de todos los grupos políticos con la salvedad de Podemos y ERC, que optaron finalmente por abstenerse.

El texto aprobado por la comisión, con 26 votos a favor y 8 abstenciones, recogía los tres primeros puntos de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos con distintas medidas para paliar los efectos de la pobreza energética y pidiendo que este problema sea una prioridad de la política energética española. Finalmente, tanto el PP como el PSOE han realizado varias aportaciones. Concretamente, la participación de las empresas energéticas en estos fondos ha sido propuesta por los populares, si bien Ciudadanos ya incluía en su iniciativa acuerdos con las compañías suministradoras de energía para evitar estos cortes de luz.

Así, se insta a establecer la obligatoriedad de avisar por parte de las compañías antes de interrumpir el servicio con el fin de que los servicios sociales puedan valorar la situación de los afectados, así como se pide limitar los cortes de electricidad y de gas para personas reconocidas como «vulnerables» en período invernal. La moción también solicita que se regule un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano para todos los hogares con poder adquisitivo reducido, en el que «se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente».

Además, plantea la necesidad de introducir criterios de renta a la hora de acceder al bono social, una rebaja del 25% en la factura que pueden solicitar algunos colectivos. Asimismo, pide que los servicios sociales puedan gestionar directamente la solicitud de dicho bono social por parte de las familias en situación de vulnerabilidad. Por último, la enmienda recoge la necesidad de mejorar la eficiencia energética e incorporar «servicios energéticos avanzados» a estas personas en situación de dificultad dentro de los planes de rehabilitación de edificios.

Según los datos ofrecidos por Ciudadanos durante el debate de la iniciativa, en los últimos dos años se han encarecido en un 22% el precio del gas, un 23% la bombona de butano, un 34% del precio de la luz y un 8,5% el agua. «Creo que todos entendemos que la pobreza energética es un problema real que hay que paliar», aseveró la diputada Melissa Rodríguez, que criticó que se estén produciendo cortes en el suministro energético «sin tener en cuenta su condición social, su renta o que es invierno».

Ciudadanos recordó que en España hay 4,5 millones de personas «pobres desde el punto de vista energético», sin dinero suficiente para mantener en invierno su casa por encima de los 18 grados centígrados. En todo caso, lamentan, la norma no garantiza que no se interrumpa el suministro energético, «sino que incluso permite a las compañías suministradoras la posibilidad de interrumpirlo a aquellos servicios esenciales que acumulen seis meses de impago«.

Por su parte, el diputado socialista, Gonzalo Palacín, destacó la necesidad de profundizar con iniciativas como esta los beneficios del bono social con el que, a su juicio, existe un «problema de indefinición» de las personas que pueden acogerse a él. Asimismo, ha mostrado su satisfacción por tener la posibilidad de aprobar esta iniciativa, pues su grupo presentó otras medidas al respecto en el pasado y, a pesar de contar con el apoyo de otros grupos parlamentarios, fueron tumbadas por la mayoría absoluta del PP.

Teresa Palmer, diputada popular, reivindicó que el Gobierno del PP «ha sido el primero que ha afrontado el problema heredero del déficit tarifario, de unos 26.000 millones de euros«, cuantificando el ahorro gracias a las reformas llevadas a cabo en unos 10.000 millones. Por el contrario, el único grupo de los cuatro grandes partidos que no apoyó la medida fue Podemos, pese a compartir, según indicó Rafael Mayoral, diputado de la formación morada, las ideas y el diagnóstico de la iniciativa. Sin embargo, ha pedido «no mirar la pobreza energética como si fuera un fenómeno de la naturaleza». Sus enmiendas referidas al cobro de los Costes de Transición a la Competencia y a una tarifa progresiva no han sido aceptadas.

Ricardo Sixto (Unidos Podemos) es el nuevo presidente de la Comisión de Industria del Congreso mientras apenas cambian los portavoces

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Javier Angulo / Europa Press.- Izquierda Unida logró situar a uno de los ocho diputados que tiene en el Congreso como presidente de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, un puesto para el que el parlamentario de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Ricardo Sixto, fue elegido sin votación, por simple asentimiento del resto de grupos. Se trata de un puesto que en la anterior legislatura correspondió al PP y ejerció Fernando Martínez Maillo, que pasa a presidir la Comisión del Tribunal de Cuentas.

En el reparto de presidencias de las distintas comisiones parlamentarias pactado por los grupos, a Unidos Podemos se le reservó las de Industria, Energía y Turismo, Empleo y Seguridad Social y la de nueva creación que, a instancias del partido morado, se ocupará de los asuntos relativos a la infancia y la adolescencia. El reparto de portavocías de comisión en el grupo de Unidos Podemos generó tensiones internas porque ninguno de los diputados de IU logró una portavocía titular. Al final, tras denunciarlo públicamente, se decidió dar al coordinador federal de IU, Alberto Garzón, la de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por tanto, con el nuevo reparto, Sixto presidirá la comisión de Industria, Energía y Turismo, en la que ejercerá como portavoz de Unidos Podemos la diputada de En Marea y dirigente de IU, Yolanda Díaz. Es previsible de todas formas una rotación en las voces parlamentarias de Unidos Podemos para los temas relativos a la energía, por lo que se espera que el parlamentario de En Comú Podem, Josep Vendrell, y los representantes de Equo también jueguen un papel importante.

Sixto es junto con Garzón el diputado con más experiencia parlamentaria de Unidos Podemos, porque ya tuvo escaño entre 2011 y las elecciones generales del pasado mes de diciembre. Entonces, volvió a concurrir pero no logró revalidar su acta, lo que sí consiguió el pasado 26 de junio, tras integrarse EUPV en la candidatura A la valenciana, con la que Compromís y Podemos concurrieron a aquellos comicios. El cargo de presidente de comisión está remunerado con 4.245,18 euros al mes, los que suman los 2.813,87 de la asignación que perciben todas sus señorías, y el complemento para gastos de representación fijado en 1.431,31 euros. Además, al ser de fuera de Madrid, Sixto también cobra una indemnización de 1.823,86 al mes.

Sin cambios en otros partidos

En el resto de los principales partidos políticos no se han producido cambios en lo que respecta a sus portavoces en materia de Energía en la Comisión de Industria del Congreso. Al frente de la portavocía de Energía del PSOE seguirá la diputada por Cáceres, Pilar Lucio, que es también la secretaria federal de cambio climático y sostenibilidad del partido.

Por otro lado, el acento canario de esta comisión se mantiene en las figuras de Guillermo Mariscal y Melisa Rodríguez, que repiten nuevamente como portavoces de Energía en la Comisión. De hecho, el diputado popular ha ejercido esta función desde el último trimestre de 2014, momento en el que heredó el puesto del exdiputado gallego Antonio Erias, que abandonó su acta de diputado para presidir MibGas. Continúa así el toque insular aportado por el anterior presidente, Pablo Matos, y el experimentado portavoz socialista, José Segura.

Los cogeneradores celebran el apoyo de la Comisión Europea a su actividad

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Europa Press.- La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) mostró su satisfacción con la respuesta emitida por la Comisión Europea acerca de la actividad de cogeneración, a la que el Ejecutivo comunitario reconoce su contribución a la eficiencia energética y a la productividad de la industria. A comienzos de julio, los eurodiputados de ALDE, Carolina Punset, Javier Nart y María Teresa Giménez Barbat preguntaron a la Comisión Europea sobre la contribución y evolución de la cogeneración al ahorro de energía en la Unión Europea, explica Acogen.

La pregunta ya ha sido respondida por el comisario Miguel Arias Cañete, en unos términos que tanto el sector europeo de la cogeneración como sus industrias asociadas valoran «positivamente, tanto por la información incluida como por sus directrices de acción política». La pregunta de los europarlamentarios señalaba el papel clave de la cogeneración para lograr el objetivo de ahorrar el 20% de la energía para el año 2020, establecido en la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, y se interesaba por su evolución en la Unión Europea, mencionando la situación en España, donde 350 de las 1.000 instalaciones existentes han parado.

Retroceso progresivo de la cogeneración

«La respuesta ha puesto de manifiesto la importancia de los ahorros de energía primaria y de la cogeneración, así como el seguimiento que está haciendo la Comisión Europea, que ha detectado un retroceso del 1% anual de la cogeneración en la Unión Europea en el periodo 2005-2013″, señala Acogen. La Comisión, explica, insta a revertir esta situación de retroceso, dadas las aportaciones de la cogeneración a la eficiencia y a la productividad industrial. Asimismo, la Comisión confirma estar analizando los estudios de Potenciales de Cogeneración de alta eficiencia que exige la normativa y que le han remitido los Estados miembros.

Lecturas de otro pacto prescindible

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Es más que probable que el pacto suscrito ayer por los representantes de Ciudadanos y Partido Popular, no sirva para garantizar una investidura o un programa de Gobierno, a la vista de los acontecimientos, por lo que la virtualidad del acuerdo está condicionada por la propia dinámica de los partidos. Por otra parte, es cierto que, en nuestro país, estamos en una situación política insostenible e inaudita por su petrificación que, por otra parte, no tiene solución fácil. El caso de lo que se recoge en dicho Pacto en lo que se refiere a energía así lo acredita.

El pacto, en este ámbito, pivota en tres niveles: una trasposición casi palabra por palabra del Pacto suscrito PSOE-Ciudadanos en la materia, un cierto aire de programa electoral destinado a satisfacer lo que son los supuestos ‘marcos mentales’ de la sociedad española en materia de energía, expurgando los titulares más reconocibles de la comunicación política (la abolición del mal llamado “impuesto al sol”, el más evidente y llamativo) y, consecuentemente, la voluntad de que la energía sea uno de esos ámbitos dónde pueda acampar la presión a los socialistas dada la identidad de postulados de este Acuerdo con el precedente.

Por tanto, en estas 150 medidas, de las cuales 100 estaban pactadas anteriormente con los socialistas, se percibe el síndrome del copiar y pegar del pacto suscrito entre Ciudadanos y los socialistas en energía, poniendo más acento en éste recién presentado en la unidad de mercado, dado que el PSOE buscaba elementos de distinción federalista en su concepción.

El pacto contiene una enmienda a la totalidad respecto a una cuestión que fue una de las actuaciones más vergonzantes de la última legislatura popular, que fue el diseño y configuración de la actual CNMC, causante de que este organismo no tenga correlato en los países occidentales con economía de mercado y además que el organismo esté sumido en una crisis de gobernabilidad salvaje. El ensañamiento en desmontar el sistema de órganos reguladores independientes en la última legislatura popular (después del desmadre final socialista) fue evidente y, además, ya había sido criticado de forma muy severa por las autoridades europeas, a la vez que vapuleado desde el Ejecutivo durante la ejecutoria Soria/Nadal. Abandonar, al menos nominalmente, por la vía del Pacto, el verticalismo popular en esta materia, puede servir para positivizar los cuestionamientos recibidos desde Bruselas y que el Gobierno absorbía impasible al ademán.

Por la propia traslación del acuerdo precedente, se aprecian dos apartados en que el influjo del colectivo retroprogresivo de la energía ha transmutado en el acuerdo: la reverberación de los CTC’s y la tarifa eléctrica. En lo que se refiere a los CTC’s, cuestión casi calificable como la “memoria histérica” del sector eléctrico, una vez deshauciada en el ámbito legal y jurídico, se reverberan las voces que reclaman la revisión de los mismos desde la política politizada.

Respecto a la tarifa eléctrica continua sin apreciarse, en este caso ni por PP, ni por PSOE, ni por Ciudadanos, el dimensionamiento correcto del impacto de los costes regulados y de los costes impropios que absorbe la tarifa, verdadero causante de las diferencias de precios con la UEM y que conllevan la articulación de un sistema muy tupido de subsidios cruzados. Un desenfoque completo en esta cuestión. A cambio, se recoge el postulado retroprogresivo de correlacionar costes y precios en el sector energético, de forma que paradójicamente, en un acuerdo no aparece nunca la palabra “mercado”. Ciudadanos, un partido supuestamente liberal, de la mano de los populares, escoran así la palabra “liberalización” y otras cuestiones, muy peligrosas como “seguridad jurídica” (¿para qué es necesario dos autoridades independientes de mercados o de competencia con esas ideas?).

En estos dos casos, dichas medidas también son una enmienda a la totalidad de la actuación de los sucesivos gobiernos populares, no se sabe si ha sido producto de la factoría de Jorge Fabra padre (por su inclusión en el pacto con el PSOE y su inspiración de los ideólogos de Podemos) o de Natalia Fabra (y sus relaciones con los economistas de Ciudadanos).
Otra coincidencia respecto a los dos pactos, son las ausencias de los mismos: ningún elemento respecto de la gobernanza de los TSO españoles, Red Eléctrica y Enagás. Tampoco de la participación de todos los sectores energéticos en la denominada y vaporosa “transición energética” sin concreción. Y, debajo de las alfombras, un silencio estruendoso en ambos acuerdos respecto a las consecuencias, conflictos jurídicos y arbitrajes en que está inmerso el sector tras el ajuste contable del déficit tarifario (otra expresión tabú del Pacto).

Finalmente, como se anunciaba, en una enmienda a la totalidad, Partido Popular y Ciudadanos abominan del mal llamado “impuesto al sol”, cuando lo que sería razonable sería comprometerse a la elaboración de un cálculo de los costes reales de utilización de los servicios de la red de forma transparente, auditada, sin penalizaciones, ni sobrecargos para los autoconsumidores, pero tampoco subsidiando los mismos por el resto de los consumidores, cargando la exoneración pactada como incentivos a los PGE.

Sea lo que sea, el pacto presentado tiene poco recorrido, y lo demuestra, que el Partido Popular, por cálculo o indiferencia, haya accedido a incluir todos estos, quien sabe si conscientes de que una vez conseguida la investidura se puede resistir y continuar ejerciendo el poder con los mismos formatos políticos. Por su parte, la casta del colectivo retroprogresivo frotándose las manos al haber intercalado sus papeles en los dos pactos en todas las formaciones políticas, del PSOE a Podemos, pasando por Ciudadanos, llegando al PP, desde el sol hasta el ocaso. Y, por su parte, Ciudadanos evidencia notables carencias en la energía traspapelando de forma textual el Acuerdo pasado en éste.

Quizá por esto (o en parte el síntoma sea esto) estemos así.

Encuentro Rivera Rajoy

El Pacto PP-Ciudadanos en materia de energía

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Reproducimos a continuación, las medidas relacionadas con el sector energético que se contienen en el pacto PP-Ciudadanos, conocido hoy. Se pueden resumir en tres:
– En lo que se refiere a los efectos de la gobernanza sectorial el pacto establece la separación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en dos organismos diferenciados (uno de mercados y otro de competencia)
– Promover un Pacto de Estado por la Energía.
– Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, medida a la que se asocia al ajuste de la tarifa a los costes para fomentar la competitividad de los precios eléctricos, a la realización de una auditoria y liquidación definitiva de los CTC’s y a la eliminación de las barreras al autoconsumo eléctrico.
A nivel general también busca promover el reforzamiento de la unidad de mercado reduciendo las diferencias en las regulaciones de las Comunidades Autónomas, reduciendo las barreras existentes en las mismas en los ámbitos medioambientales, culturales, o de seguridad e higiene, y promoviendo el reconocimiento mutuo entre Comunidades Autónomas.
Textualmente estas son las medidas incorporadas en el texto del acuerdo:
13. Separar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos entidades independientes, siguiendo el modelo vigente en la mayoría de países de nuestro entorno:
– Una Autoridad Independiente de los Mercados (AIReM) que asumirá las funciones de supervisión y control de los sectores económicos regulados (en especial, el sector energético, telecomunicaciones y audiovisual, transportes, y servicios postales, a los que se sumará el juego) y de resolución de conflictos entre operadores económicos.

– Una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo) que asumirá las funciones de promoción de la competencia, de aplicación de la normativa española y europea de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de mercado. La AIDeCo asumirá además las funciones de protección y defensa de los consumidores y usuarios, siguiendo el modelo imperante en la Unión Europea, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas.

14.Reformar la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para incorporar mecanismos de colaboración entre diferentes Administraciones basados en la lealtad institucional. Se avanzará decididamente en la armonización de licencias y permisos en todo el país, eliminando las excepciones y barreras regulatorias injustificadas, incluyendo las medioambientales, culturales, o de seguridad e higiene, y promoviendo el reconocimiento mutuo entre CCAA. Crearemos la Secretaría General de Unidad de Mercado, con la finalidad de fortalecer los medios destinados a atender las demandas de los operadores económicos, y de que las empresas puedan desarrollar su actividad en un mercado interior más amplio e integrado.
18.Impulsar un Pacto de Estado por la Energía, conciliando una planificación de objetivos a corto, medio y largo plazo, siempre en sintonía con las políticas energéticas europeas y apostando por la innovación. Este Pacto ha de dotar al sistema de seguridad jurídica, fomentar la competencia y apoyar la estrategia española de interconexiones internacionales.
19.Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que regule de forma coherente y estable las políticas que afectan al clima, que incorpore objetivos ambiciosos y realistas para 2030 y 2050, además de los recogidos en la Agenda Europea 2020 y los adoptados en la Cumbre Mundial del Clima COP21. Se elaborará un Plan de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética, y para reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se apostará por la movilidad eléctrica con la finalidad de reducir el nivel de las emisiones y seguir trabajando para cumplir los diferentes objetivos europeos marcados para 2030-2050.
20.Avanzar en la reforma del sector eléctrico para conseguir tener precios competitivos (“tarifa eléctrica”) ajustados a los costes. De esa forma los precios españoles se irán aproximando a los precios medios de la UEM. La política energética se realizará en función de los compromisos europeos, favorecerá la penetración de energías renovables, manteniendo la competitividad de la economía española y el poder adquisitivo de los hogares. Se llevará a cabo una auditoría y liquidación definitiva de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), así como todos los costes del sistema. Se eliminarán las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico eficiente (coloquialmente conocido como “impuesto al sol”) con el fin de promover un marco regulatorio estable y propicio para la generación a pequeña escala, promoviendo la reducción de precios. Se tendrán en cuenta particularidades adicionales de los sistemas extra-peninsulares, tratándolas de manera específica atendiendo a sus condiciones especiales y siempre con el objetivo de reducir los costes y contribuir a la estabilidad del sistema.