Ciudadanos propone dar más competencias a los reguladores en su nueva ley para restar control político a las tarifas energéticas

Europa Press.- Ciudadanos cree que la próxima reordenación de los organismos reguladores y supervisores que prepara el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad es una oportunidad para dotarles de un mayor poder como, por ejemplo, que se le devuelva a la comisión oportuna la competencia de fijar las tarifas de la luz.

Así lo ha manifestado el portavoz económico de la formación naranja en el Congreso, Toni Roldán, que recuerda que la disgregación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que contempla el anteproyecto de ley en el que trabaja el Gobierno, ya se acordó en el acuerdo entre PP y Cs para la investidura de Mariano Rajoy. La potestad de fijar tarifas de electricidad y gas fue una de las competencias que el Gobierno pasó a asumir en la creación de la CNMC; precisamente por esta cuestión la Comisión Europea mantiene abierto un procedimiento de infracción del que podría derivarse una sanción.

Roldán reconoce que en el pacto no se incluyó la devolución de competencias pero cree que tendría sentido hacerlo con la creación de una autoridad independiente para supervisar y controlar los mercados regulados, como sí refleja el acuerdo. «Creo que está claro que tiene que ser un organismo independiente. Hasta ahora, el Ministerio de Energía ha tenido el control. No es parte del acuerdo, pero es parte de las funciones que debería tener un regulador independiente», manifiesta el diputado barcelonés.

En este sentido, Roldán reconoce las dificultades que encuentran en el PP para poner en marcha los acuerdos alcanzados. «Ya sabemos que les cuesta poner en marcha reformas», asevera Roldán, que también atribuye esta situación a las limitaciones que se encuentran en la aritmética parlamentaria. «Lo que falta básicamente para que el Gobierno apruebe su proyecto y lo remita a las Cortes es que el PSOE se sume», asegura, considerando que el partido que ahora dirige Pedro Sánchez «tiene mucho más interés en señalar que están en la izquierda que en llegar a acuerdos sensatos en reformas«. «Parece que no ha dado demasiado feedback«, apostilla.

Según el anteproyecto elaborado por el Gobierno, la reestructuración de los reguladores y supervisores dará como fruto dos organismos a raíz de la división de la CNMC, además de otros dos: uno dedicado a la supervisión de seguros y planes de pensiones, y otro para la protección de inversores y de usuarios de servicios financieros. Asimismo, también está previsto y acordado entre PP y Cs, el establecimiento de un nuevo sistema de nombramientos, con el fin de evitar una «politización» que, considera Roldán, «tiene un coste gigantesco para la economía».

«Lo importante es encontrar un sistema en el que en vez de elegir a dedo unos políticos, tengas un procedimiento de hearing (audiencia) en el que haya un grupo de personas que hagan una preselección y que después se aprueben con mayoría suficiente», explica. Roldán cree que una mayoría clara aseguraría «un filtro clarísimo y despolitización». «De esta manera no tienes a un amigo del ministro arreglando precios de un sector, o a uno poniendo unas multas muy bajas porque, en realidad, está capturado por las grandes empresas del país.

Sin embargo, desde el inicio del segundo Gobierno de Rajoy se han producido renovaciones de cargos e incluso nuevos nombramientos sin un procedimiento así. Concretamente, el del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Santiago Albella, su vicepresidenta, Ana María Martínez-Pina, y, recientemente, tres consejeros de la CNMC: María Ortiz, Pilar Canedo y Mariano Bacigalupo. Roldán escuda esos nombramientos, elegidos a la vieja usanza a través de pactos políticos, en la ausencia de la esperada norma y en la necesidad por cubrir tales plazas. «Eran plazas que tenían que llenarse desde hace meses, y está bien que se llenen y que funcionen con normalidad las instituciones», justifica.

Nombrados los 14 expertos de la comisión sobre transición energética con las críticas de Ciudadanos y el ausente sector gasista

EFE / Europa Press.- El Ministerio de Energía aprobó la designación de los 14 expertos que compondrán la comisión encargada de elaborar un informe sobre los diferentes escenarios de transición energética y las alternativas de combinación de las distintas fuentes de energía. Estos expertos son Jorge Aragón, Javier Arana, Luis Atienza, Jose Luis de la Fuente O’Connor, Miguel Duvison, Cristóbal José Gallego Castillo, Ignacio Grangel, Oscar Lapastora, Pedro Linares, Diego Rodríguez, Txetxu Sáenz de Ormijana, Josep Sala i Prat, Jorge Sanz y Guillermo Ulacia.

La comisión de expertos «independientes y de reconocido prestigio», que será presidida por Sanz, fue nombrada tras consultar al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales. El objetivo de este grupo es analizar las posibles alternativas de política energética, para lo cual tendrán en consideración su impacto medioambiental y económico, así como que permitan cumplir con los objetivos establecidos. Su informe recogerá alternativas sobre la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) para que se pueda llevar a cabo «una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono«, según explicó el Ministerio.

El Gobierno aprobó en julio la creación de este grupo para elaborar un informe en 6 meses. El Gobierno enviará el informe al Congreso para que este se pronuncie sobre el mismo. También evaluará el objetivo de penetración de renovables en función de diferentes niveles de interconexión con el continente europeo y la contribución de las políticas de eficiencia energética.

Ciudadanos denuncia falta de independencia

La portavoz de Energía del grupo parlamentario Ciudadanos, Melisa Rodríguez, envió una carta al ministro Álvaro Nadal en la que lamenta la «falta de independencia» de los integrantes del grupo de expertos. En su opinión, la composición del grupo cuenta con un peso «notablemente político», en lugar de caracterizarse por la independencia de sus miembros, como exigen los requisitos aprobados en el Congreso. «Dudamos de que con la composición propuesta por el Ejecutivo se pueda consolidar esa imparcialidad», ha apuntado.

Melisa Rodríguez ha apostillado que la iniciativa aprobada en el Congreso exige que este grupo esté compuestos por «especialistas de reconocido prestigio» que aseguren la independencia y la pluralidad de opiniones. Por ello, ha instado al Gobierno a que asegure «la mayor independencia y rigor posibles» en la elaboración del grupo de expertos y en el conjunto del proceso normativo para el cambio climático y la transición energética, con el fin de garantizar que las decisiones que se tomen en política energética estén avaladas de manera suficientemente objetiva e informada.

De los 14 miembros que conforman esta comisión, 4 debían ser designados por el Gobierno, (7) uno por cada grupo parlamentario y 3 por los agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE). Ante las objeciones de Ciudadanos, cabe recordar que son Luis Atienza, exministro de Agricultura durante el último Gobierno de Felipe González y expresidente de Red Eléctrica de España; el actual director general de Operación de REE, Miguel Duvison; el expresidente de Carbunión, Oscar Lapastora; y el actual presidente de la Comisión de Industria y Energía de la CEOE y expresidente de Gamesa, Guillermo Ulacia.

Junto a Atienza, Ulacia, Duvison y Lapastora, también forman parte del grupo Jorge Aragón Medina, elegido por CCOO; Pedro Linares, profesor de Organización Industrial de la Escuela Técnica de Ingeniería ICAI y de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad y propuesto por Ciudadanos; Cristóbal José Gallego, investigador en energía eólica, miembro del Observatorio de la Energía y elegido por Podemos; Txetxu Sáenz de Ormijana, director del Ente Vasco de la Energía y opción del PNV; y Josep Sala i Prat, empresario del sector de renovables y propuesto por ERC.

Además, figuran Javier Arana, exsubdirector general de Energía Nuclear; Ignacio Grangel, exjefe de gabinete de la secretaría de Energía en la época de Alberto Nadal y actual director de la Asesoría Jurídica de REE; Jorge Sanz Oliva, exdirector general de Política Energética y Minas; José Luis de la Fuente O’Connor, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid y responsable de Vigilancia Estratégica e Inteligencia Tecnológica de Iberdrola; y Diego Rodríguez, exconsejero de la CNMC.

Ausencia del sector del gas

Por su parte, el sector gasista ha lamentado su ausencia del grupo de expertos. En este sentido, fuentes del sector indicaron que su presencia en esta comisión de expertos es «fundamental» con el fin de «poder trasmitir su conocimiento en esta fase preparatoria de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética». Por ello, subrayaron que es «esencial» contar con la visión de expertos «en todas aquellas energías limpias que van a ocupar, ineludiblemente, un papel importante en la futura Ley». «Y el gas es una de ellas», añadieron.

Así, lamentaron que el sector del gas no esté representado en un grupo donde sí que tienen presencia a través de sus miembros otros sectores implicados en la transición energética, como el carbón, la electricidad, el petróleo o la nuclear. De esta manera, consideran que el sector podría aportar para ese comité a expertos como María Sicilia, directora de Estrategia de Enagás y que anteriormente trabajó en el Ministerio de Energía, en Iberdrola Renovables o en la Agencia Internacional de la Energía; o Marta Margarit, que ocupa desde hace 10 años el cargo de secretaria general de la patronal Sedigas.

Ciudadanos urge al Gobierno un plan para acabar con el fraude fiscal en las gasolineras

Europa Press.- Ciudadanos quiere saber qué plan de actuación tiene el Gobierno para acabar con el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos, que según los últimos informes ronda cada año los 540 millones de euros por no pagar el IVA «y otros mecanismos». Por ello, su diputado Vicente Ten Oliver ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en las que muestra su preocupación por esta cifra, conocida a través de la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), y que supondría un 6% del mercado.

Esto coincide, señala, con un aumento récord del número de gasolineras en España que cerró 2016 con un total de 11.188 estaciones de servicio, 241 más que en 2015. «El principal aumento de surtidores proviene sobre todo por las marcas blancas, las gasolineras low cost y otro tipo de surtidores automáticos», explica Ten Oliver. Por todo ello, pregunta por cuál es el total de impuestos que dejan de recaudarse «por culpa del fraude en gasolineras» y el número de inspecciones que se han llevado a cabo en el último año en dicho sector, ante el número de situaciones fraudulentas detectadas.

Ciudadanos pide que Nadal explique al Congreso el retraso en la construcción del ATC nuclear de Villar de Cañas (Cuenca)

Europa Press.- Ciudadanos ha registrado en el Congreso una solicitud de comparecencia para que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, explique cuál es la situación actual del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), que debía estar listo en 2016. La formación naranja ha registrado, además, una pregunta sobre este mismo tema.

Ciudadanos recuerda en el documento que la decisión de llevar a cabo este almacén se aprobó el 30 de diciembre de 2011. Sin embargo, la iniciativa se ha ido retrasando a lo largo de los años entre concesiones de permisos estatales y autonómicos y el estudio de informes por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para dar el visto bueno a la localización. Ha sido en abril de este año cuando el órgano regulador ha dado el visto bueno.

La empresa pública responsable de gestionar los residuos nucleares en España, ENRESA, adquirió terrenos en la localidad conquense con unas dimensiones totales de 55 hectáreas. Según su planificación, los trabajos para la construcción de ATC debían iniciarse alrededor de 2014 y deberían estar terminados en dos años. Este retraso origina un «sobrecoste», según denunció el pasado mes de abril el presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, ya que la situación está obligando a las centrales nucleares a construir almacenes temporales individualizados (ATI) junto a cada planta.

Ciudadanos pide al Gobierno cambiar la elección de los miembros del CSN para que sean votados en el Congreso

Europa Press.- Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a realizar las modificaciones necesarias para cambiar el sistema de elección de los miembros del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y tomar medidas para mejorar la transparencia del organismo.

Concretamente, piden realizar los cambios legales oportunos tanto en el decreto por el que se aprueba el Estatuto del CSN, como sobre la Ley que regula su creación, para establecer el nuevo modelo de elección de los miembros. Según apunta el texto, el Gobierno deberá presentar sus candidatos y serán examinados por una Comisión Técnica según su «capacitación, idoneidad, independencia e imparcialidad». Los candidatos propuestos comparecerán ante la Comisión de Energía del Congreso, cuyos miembros ratificarán su designación por votación de la mayoría de sus miembros, según apunta la iniciativa. Ciudadanos propone que, en caso de que el informe de la Comisión Técnica fuese favorable, la mayoría requerida será simple, en caso opuesto; se requerirá mayoría absoluta para su aprobación.

Proponen mejoras en la transparencia

Ciudadanos incluye en esta proposición sugerencias relacionadas con la mejora de la transparencia del CSN. Así, pide que se modifique el decreto por el que se aprueba el Estatuto del CSN, de forma que se incluya en su articulado la retransmisión pública y en directo de las reuniones del pleno del Consejo, así como la publicación de los diarios de sesiones de las reuniones. Además, piden que se establezca como obligatorio que la presidencia del organismo emita un informe de actividad al término de su mandato y proponen que se lleve a cabo una autoevaluación en la institución como buzones de incidencias, sugerencias o quejas.

Ciudadanos pide al Gobierno que negocie acuerdos de interconexión de electricidad y de gas con países del norte de África

Europa Press.- Ciudadanos quiere que el Gobierno potencie la interconexión energética con los países del norte de África, lo que permitiría diversificar el suministro energético y reducir la dependencia del exterior. Según señalan, esta reducción de la dependencia energética permitiría garantizar, en el ámbito de la Unión Europea, “una mayor independencia de su posición diplomática». Además, destacan que España sería el socio que impulsara esta expansión, «dada su posición privilegiada a nivel geoestratégico», permitiendo al país «ofrecer beneficios al resto de socios«.

Así consta en una proposición no de ley que Ciudadanos registró en el Congreso, firmada por su portavoz de Energía, Melisa Rodríguez. En ella, insta además al Gobierno a que establezca el incremento de la interconexión energética, tanto eléctrica como gasística, como «eje de su política energética y diplomática». Ciudadanos recuerda que los objetivos del país en interconexión eléctrica pasa por alcanzar un 10% del consumo total antes de 2020 y elevar dicho porcentaje hasta el 15% para 2030. Sin embargo, según remarcan, esta capacidad se sitúa actualmente en el 2,8% «y ello tras haberse duplicado dicha capacidad con la inauguración en 2015 de la nueva interconexión de los Pirineos«.

«Del mismo modo, resulta alarmante el enorme coste de oportunidad en el que se está incurriendo al orientar los trabajos de interconexión, de manera casi exclusiva, al norte de la Península Ibérica», manifiesta Rodríguezen su exposición de motivos. La portavoz de Energía considera que «las potencialidades que ofrece la parte norte del continente africano en esta materia son enormes».

Ciudadanos recuerda que las interconexiones contribuyen a cumplir con los objetivos de sostenibilidad medioambiental, y la competitividad del sector energético. Así, destaca que este sistema permite «el aprovechamiento mutuo de la generación de energía renovable en el ámbito eléctrico a través de su exportación dando salida a excesos puntuales» y que, respecto a la garantía de un suministro suficiente, provee «de una red de seguridad en momentos de menor producción».

Por último, subraya que contribuye a crear «un mercado más grande y, por ende, facilita a los intercambios comerciales de energía al incrementar el grado de oferta y demanda del mismo«. «De hecho, es así como esta necesidad se entiende en el seno de las instituciones europeas de cara a la estrategia del Mercado Interior de la Energía», concluye Ciudadanos.

Energía afirma que una auditoría de las centrales nucleares «podría ser el contexto» donde valorar la rentabilidad que cuestiona Iberdrola

Europa Press / EFE.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que una auditoría de costes de la energía nuclear y la hidráulica, prevista en el pacto de investidura de PP y Ciudadanos, «podría ser el contexto» donde valorar la rentabilidad o no de estas tecnologías en el actual marco regulatorio.

Así se pronunció Navia sobre las manifestaciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, respecto a su voluntad de no reabrir Garoña debido a la falta de rentabilidad del negocio nuclear. En este sentido, Navia aseguró que «responder a esta cuestión sobre la base de la declaración de una empresa, que es una empresa de las muchas que hay y hay otras que no están diciendo lo mismo, no tendría sentido». «Es una cosa que hay que echar cuentas», añadió al respecto. Así, consideró que hay que cumplir el pacto con Ciudadanos y hacer esa auditoría de las energías no replicables (nuclear e hidráulica). «Esa es la vía que nosotros vemos para resolver esto», indicó.

Navia considera que el cierre definitivo de Garoña «no supondría un cambio respecto a la situación actual», ya que está parada desde hace años. «Esa decisión está por tomar y pensamos que corresponde oír a todo el mundo, pedir opinión a agentes externos, hacer evaluaciones y llegar a un consenso sobre cuál es la mejor fórmula. En Garoña y, con carácter general, en lo nuclear», añadió al respecto. Asimismo, Navia aseguró no tener conocimiento de que Nuclenor haya remitido ningún informe al Ministerio sobre la inviabilidad de Garoña ni de que la empresa haya solicitado la retirada de la licencia.

En lo que se refiere al bono social, el secretario de Estado afirmó que, una vez que se remitió a las comunidades autónomas el borrador del reglamento, espera que próximamente se pueda dar el siguiente paso, su remisión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pueda llevar a cabo su informe y, posteriormente, al Consejo de Estado y, «en paralelo, a Europa». Así, prevé que a principios de verano esté en vigor el reglamento del bono social, aunque dependerá de si se mantiene abierto más tiempo el plazo de aportaciones de las distintas partes.

No obstante, cree que superado el trámite con las comunidades autónomas, a las que corresponden en gran parte la gestión del bono social y con las que hay que discutir los umbrales de ingresos de las diferentes clases de beneficiarios, ya que muchas de ellas cuentan también con sistemas propios de ayuda al consumidor vulnerable, despejará la parte más importante para sacar adelante el reglamento.

El presidente del CSN defiende la transparencia del organismo ante Podemos y Ciudadanos: asegura no percibir «desencanto» en los trabajadores

Redacción / Agencias.- Los portavoces de Energía de los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Podemos reprocharon al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, «falta de transparencia» en el organismo regulador y la ausencia en su presupuesto de más fondos dedicados a esta materia. En este sentido, Martí reivindicó la transparencia del organismo y señaló que, aunque es «mejorable», son muchos los avances realizados en los últimos años en este aspecto hasta ser «referencia para otras instituciones» que han pedido asesoramiento.

Durante su comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, Martí fue preguntado por los portavoces de Unidos Podemos y Ciudadanos en esta materia, Josep Vendrell y Vicente Ten, sobre la forma en que el CSN rinde cuentas de su actividad ya que consideran que el presidente del CSN «hace un flaco favor a la transparencia» cuando «no acude a dar explicaciones al Congreso, o cuando no se hacen públicas las deliberaciones en el seno del consejo». Es un tema sobre el que Martí cree que «se han hecho esfuerzos» últimamente, sobre todo con la web en la que se informa sobre incidentes de seguridad o se publican las actas de las reuniones del pleno del CSN, entre otros contenidos.

«Su actitud produce desconfianza en las instituciones y rechazo social», le ha espetado Ten, quien ha dicho que España necesita un CSN «independiente, despolizado y técnico». De los cinco consejeros del CSN, tres fueron nombrados a propuesta del PP y dos a petición del PSOE. Ambos diputados han urgido también «un debate sobre el futuro de la energía nuclear en España, para no seguir improvisando en las decisiones en esta materia». «Yo no veo esa falta de transparencia ni de confianza», les ha contestado Martí, que aún así se comprometió a mejorar la política de transparencia del organismo en términos de voluntariedad para incrementar el 3,75 sobre 10 que le ha otorgado el Consejo de la Transparencia en esta materia.

Además, en su intervención, el presidente del regulador ha señalado que está dispuesto a publicar el kilometraje o los gastos que se le requieran de los habituales viajes que realizan los técnicos y consejeros tras detectar «cierta incredulidad» de los diputados sobre ellos. En este sentido, también ha indicado que existen «muchas garantías» sobre la transparencia de estos viajes ya que conviven las 24 horas con un interventor que da constancia al Ministerio de todos estos movimientos, además de la fiscalización que, posteriormente, realiza el Tribunal de Cuentas. Aún así, Martín ha señalado que no les costará nada incluir en la web el kilometraje de los viajes y los datos que se requieran sobre ellos.

Vendrell también le ha cuestionado sobre el «ambiente de desencanto» denunciado por trabajadores del CSN que no ven reconocido su trabajo y que ha denunciado ASTECSN. Sobre este tema, Martí aseveró que no percibe esa situación y ha llamado a los diputados a «buscar información» a través de los miembros del pleno del consejo, elegidos por ellos mismos y que son los responsables de dar cuentas en la Cámara Baja. «Me duele que digan eso, que es una situación que trasladan unas personas interesadas», afirmó.

El presidente del organismo negó también una «relajación de la cultura de la seguridad» de la que le ha acusado la portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, apuntando que «la cultura de la seguridad se va incrementando gracias al trabajo de control de todos». Finalmente, Martí señaló que la bajada de las partidas de formación para los trabajadores, de más de la mitad desde 2013, se debe a que nunca se ejecutaba la totalidad de los presupuestos destinados, por lo que se decidió ir adaptando la cifra al gasto real. El presupuesto del CSN para 2017 se mantiene en la misma cifra que el año anterior: 46,1 millones de euros.

PSOE y Podemos piden cerrar las nucleares a los 40 años mientras el PP descarta alternativas porque subirían los precios

Europa Press.– PSOE y Podemos defienden el cierre progresivo de las centrales nucleares cuando éstas cumplan su vida útil de diseño, es decir, a los 40 años de vida, mientras que el PP asegura que, actualmente, no existe ninguna alternativa a la energía nuclear en España que permita “mantener la seguridad del suministro, la fiabilidad del mismo y con precios razonables«. Así lo expresaron durante su participación en un debate en el Congreso sobre El futuro de la energía nuclear en España.

El posicionamiento del portavoz de Energía del PP, Alberto Herrero, se ha centrado en el «lastre económico» que el cierre de las nucleares puede suponer para el país y señaló que esta situación llevaría a España a «un escenario negativo de incertidumbre y de improvisación» cuando, a su juicio, lo que se necesita es «seguridad y confianza» en el sistema eléctrico para el fortalecimiento de la industria. El popular recordó las actuales fuentes de energía que se utilizan para cumplir con el suministro, como la hidráulica, eólica, carbón, ciclos combinados y nuclear, un despliegue de opciones que, para Herrero, son «todas imprescindibles» para «caminar hacia la transición energética», a pesar de que algunas tengan «inconvenientes».

Tanto PSOE como Unidos Podemos se han mostrado contrarios a esta postura ya que, aunque reconocen que no se puede prescindir actualmente de la energía nuclear, no creen que sea «imprescindible» en un futuro próximo. En ambos casos abogan porque las centrales se cierren cuando los permisos de vida útil que están en vigor actualmente se terminen, es decir, que se vayan cerrando según vayan caducando sus licencias de actividad.

El portavoz de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde, defiende el cierre de las plantas «a través de planes ambiciosos de eficiencia energética» que, según ha señalado, también «pueden generar decenas de miles de empleos«. En contraposición a la postura del PP, para Uralde «no todo puede convivir» y, aunque reconoce que su propuesta de un plan energético basado al 100% en renovables «no es fácil», cree que se debería «empezar ya a trabajar para lograr llegar hasta ahí cuanto antes».

También el diputado del PSOE, Álvaro Abril, ha criticado el estancamiento en el que, a su juicio, se encuentra desde hace años el debate sobre la transición energética. «Son posiciones complicadas, pero hay que tomar una decisión en el Congreso teniendo en cuenta a la parte social, ecologistas y sindicatos, y decidir cuál es el modelo energético que se quiere«, ha apuntado el portavoz socialista.

Finalmente, el portavoz en la Comisión de Energía de Ciudadanos, Vicente Ten, considera que estas medidas que se están reclamando para avanzar en la transición energética del país se lleven a cabo ahora, «cuando el arco parlamentario es propicio» a que se puedan llevar a cabo acuerdos ante la falta de mayorías absolutas que, en su momento, «limitaron las decisiones». «Es bueno que la llegada de nuevos partidos al arco parlamentario dé estabilidad a la democracia interna», aseveró Ten, para llamar a lograr un Pacto de Estado en esta materia.

Asimismo, y aunque el diputado de Ciudadanos no se pronunció acerca de un calendario de cierre de las nucleares, sí que ha señalado que su postura en esta materia es confiar en los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Para ello, reclama una despolitización de este organismo público cuya imagen, a su juicio, no transmite confianza a la población.

El debate ha sido organizado a iniciativa del presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, el diputado de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, que, además, estará acompañado del presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Portugués, Pedro Soares. Ambos políticos han estado trabajando en los últimos meses sobre este tema debido a la preocupación del país vecino por la construcción del Almacén nuclear Temporal Individual (ATI) previsto junto a la central nuclear de Almaraz (Cáceres), a unos 140 kilómetros de Portugal.

En los últimos meses la energía nuclear ha estado presente en la actualidad del Congreso. El Gobierno comunicaba a la Cámara Baja su veto a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú para el cierre progresivo de las centrales nucleares, argumentando que su aplicación tendría importantes efectos presupuestarios. Del mismo modo, la Mesa del Congreso vetaba en marzo una visita de la Comisión de Energía al Parlamento de Portugal para tratar el tema de Almaraz.

Ciudadanos y PSOE reprochan al Gobierno que no actúe contra la contaminación del aire a pesar del ultimátum de Bruselas

Europa Press.- La portavoz de Energía de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha reprochado al Gobierno que no actúe contra la contaminación a pesar del «ultimátum» de dos meses que Bruselas ha dado a España en materia de calidad del aire el pasado mes de febrero.

«Luego pedirán responsabilidad a la Cámara cuando lleguen a última hora para hacer algo, sin consenso, para que votemos porque si no es responsabilidad de todos que nos multen», criticó la diputada. Rodríguez se refirió así durante su intervención en la sesión de control del Congreso, a las advertencias realizadas por la Comisión Europea. En ellas apuntaba que si España no cumplía en dos meses con objetivos en esta materia acudiría al Tribunal de Justicia Europeo y se podría multar al país por esta situación.

«Madrid, por 7 años consecutivos, no cumple los límites legales y la Comisión Europea mantiene abierto un expediente de infracción», ha apuntado Rodríguez, para pedirle a la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, «responsabilidad» y «trabajo» y elaborar «un Plan Nacional» que «evite que haya políticas de improvisación en ayuntamientos que, en lugar de trabajar por el clima, acaben en caos, como ocurrió en Madrid». Sin embargo, Tejerina ha recordado a Rodríguez que esta materia es competencia de las autonomías y ayuntamientos y que la labor desde el ministerio es dictar la normativa básica y apoyar a los ejecutivos regionales y locales. «Nos hemos dirigido a las administraciones responsables que están fuera de los cumplimientos», ha asegurado.

En su intervención también ha defendido el trabajo del Ministerio y ha asegurado que la calidad del aire es una «prioridad» en las políticas de su departamento y ha recordado que se aprobó el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 para actuar sobre las fuentes de emisión contaminantes, entre ellas el transporte. En este sentido, ha explicado que, actualmente, se «trabaja en la evaluación de los resultados» de esta iniciativa y en la preparación del segundo plan del aire.

Respecto a la misma cuestión, la diputada socialista Pilar Lucio, ha interpelado a la ministra sobre la calidad del aire y las medidas para reducir la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético y ha criticado los «escasos» avances de España para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a otros países. Por ello, ha reclamado al Gobierno un «mayor esfuerzo» en esta materia, con medidas, por ejemplo para el fomento del vehículo eléctrico a través del impulso a la fiscalidad ambiental que graven a quien más contamine. «Hay que remangarse», apostilló.

En su respuesta, la ministra incidió en que el Gobierno está preparando un nuevo Plan nacional de Calidad del Aire para el periodo 2017-2019 y ha asegurado que es una de las «prioridades» del Ejecutivo. Así, citó medidas en el marco del plan actual como el etiquetado de vehículos según contaminen, los planes PIMA y el Plan Clima, entre otras actuaciones que suman un importe de 172 millones de euros para impulsar iniciativas de mejora de la calidad del aire.

También ha indicado se establecerán otros planes y programas que estarán listos en 2019. La ministra ha garantizado que «este es uno de los compromisos más significativos del Gobierno para esta legislatura» y ha puesto como muestra de ello la anunciada Ley de Cambio Climático y para la transición energética. Finalmente, ha relatado las medidas dirigidas a la revisión del modelo energético entre las que destaca la apuesta por la eficiencia energética, con 255 millones de euros desde 2012, y la interconexión eléctrica con el resto de Europa para promover la integración del mercado energético que permita ajustar y estabilizar los precios porque insiste en que para el Ejecutivo «proteger la salud y el medio ambiente es un objetivo irrenunciable».