Cita política en el Congreso Eólico

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Dos días después de la resaca de la noche electoral, la cita anual con el Congreso Eólico reunía a los partidos políticos que habían competido en estas recientes elecciones españolas en una mesa ad hoc en materia energética. Evidentemente, con la cuestión de los pactos encima de la mesa, también tenía su morbo periodístico.

Los comicios pesaban en el ambiente de las intervenciones, casi como si se tratase de la prolongación de una campaña en la que la energía no pasó de un discreto segundo plano en los argumentarios electorales. Por un lado, la representante del PSOE, Pilar Lucio, utilizando un pasado cuasi nostálgico, iniciaba sus intervenciones con un manido «nosotros llevábamos en el programa…». Sorpresa y desparpajo por la representante de Ciudadanos, la canaria Melisa Rodríguez, reclamando una energía al servicio de la competitividad y con ganas de promover un pacto de Estado en energía. También estaba Juan López de Uralde, candidato de Podemos y coportavoz de Equo; voluntarioso pero previsible y desfondado, apelando a afilar la fiscalidad energética que premia y castiga.

Hasta entonces el Congreso del sector eólico discurría por las vías esperadas, sesión de CEO’s, reflexión sobre el papel de la tecnología eólica en el cumplimiento de los compromisos medioambientales españoles para 2020 y 2030, reuniones más técnicas sobre financiación de proyectos, project finance en el argot. México como monográfico dada la actualidad internacional para este sector en este país.

Como proscenio de la actualidad energética, un ambiente raro en el que ya se empiezan a producir nuevos ejercicios de declamación al «futuro Gobierno», una fórmula muy elíptica para decir «el Gobierno que venga» o el Ejecutivo que resulte y como resulte, tan abundantes durante el primer interinato de Gobierno. Fórmula que sirve para distribuir visiones ideologizadas: desde el cumplimiento de los compromisos medioambientales, según su calendario temporal y posibilidades financieras, a la mistificación dogmática de la transición energética. Todo mientras la situación de la demanda y las posibilidades de reabrir un ciclo inversor en nueva potencia en la energía en España están en duda.

Por otra parte, desde las elecciones anteriores se vienen produciendo una serie de acontecimientos que se pueden esquematizar en una legislatura llena de reclamaciones y pronunciamientos políticos referidos a la energía (del fracking a las interpretaciones sobre la pobreza energética), además de la salida del ministro Soria por los motivos ya conocidos y el embarramiento del terreno de juego en lo que se refiere a la central deSanta María de Garoña, cuestión extraída de los motivos puramente técnicos o jurídicos, para entrar en lo político e ideológicos por la poca pericia de Marti Scharfhausen.

Asimismo, continúa la energía gestionada por Nadal y provisionalmente ubicada en el Ministerio de Economía con Luis de Guindos. En el aire siguen los conflictos y arbitrajes internacionales que el futuro Gobierno, el que surja, deberá afrontar. Gas Natural reclama al Estado daño patrimonial por el efecto de las renovables en la infrautilización de sus ciclos cobminados. La guerra de las tecnologías sigue soterrada y alimentada por la acción política.

Finalmente, nota y apunte de interés: el representante del Partido Popular convocado para el encuentro político, Guillermo Mariscal, heredero in pectore de la insularidad canaria de Soria en lo referente a la energía, no apareció en el debate. El PPxit.

1.608 familias recibieron ayudas de la Comunidad de Madrid para no pagar el gas y la luz durante el invierno

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EFE.- Un total de 1.608 familias sin recursos se han acogido desde febrero a las ayudas para pagar las facturas de gas y electricidad de la Comunidad de Madrid, que suavizó recientemente los requisitos para acceder a las mismas para poder atender todas las peticiones recibidas.

El consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, hizo balance de esta medida en una comparecencia en el pleno de la Asamblea, donde ha explicado cómo se ha desarrollado el convenio que firmó el pasado mes de diciembre la Comunidad con Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa para impedir que las personas sin recursos sufrieran cortes de electricidad y gas. Durante estos meses han sido 1.608 las personas o familias que han solicitado adherirse a esta ayuda y se han atendido todas las peticiones recibidas, de manera que no han tenido que pagar las facturas energéticas durante el invierno y las empresas energéticas no les han cortado el suministro.

Izquierdo explicó que para no denegar las solicitudes que se habían rechazado inicialmente y poder abarcar todos los hogares vulnerables, el Gobierno tramitó una modificación urgente de las normas reguladoras del acuerdo para, entre otras cosas, suprimir la limitación de los términos de consumo. Izquierdo detalló que se recibieron 1.608 solicitudes: 166 de ellas relativas sólo a gas, 894 a electricidad, y 497 a ambos suministros. Las empresas recibirán a partir de ahora el importe de las facturas desde la Comunidad de Madrid, que este año presupuestó un millón de euros para esta medida. Para poder acceder a estas ayudas, se debe acreditar una situación de especial necesidad económica con un informe previo emitido por los servicios sociales del ayuntamiento.

La diputada socialista Josefa Navarro, calificó de «paripé y propaganda» la medida porque, a su entender, deja fuera a muchas personas por los requisitos pedidos, de manera que es una «protección excluyente que se transforma en desprotección». Celebró, en este sentido, que el Gobierno haya cambiado los requisitos iniciales, porque «el paraguas de cobertura estaba muy cerrado», pero aún así criticó que se queden fuera familias que lo necesitan y a los que tienen que atender los ayuntamientos, en muchos casos recurriendo a fondos de emergencia. Además, advirtió de que estos cambios «repentinos» desaniman a los ciudadanos a la hora de plantearse solicitar la ayuda.

En este mismo sentido, la diputada de Podemos Olga Abasolo apuntó que la campaña de información ha sido insuficiente e instó al Gobierno a darle más publicidad. Además, Abasolo denunció que la medida deje sin posibilidad de solicitarla a muchas personas en situación de necesidad, como los perceptores de la Renta Mínima de Inserción o que uno de los requisitos sea el impago de las facturas, penalizando así a las personas que hacen un esfuerzo en sus domicilios para consumir menos energía. También ha criticado que las ayudas se limiten a 6 meses (ampliables a 9), tiempo que no ve suficiente para que las familias salgan de la dificultad económica.

Desde Ciudadanos, Alberto Reyero, criticó la cantidad destinada a esta medida, un millón de euros para 2015 y otro para 2016, «claramente insuficiente» y «ridícula» para el problema, que afecta a miles de personas, y por eso también consideró que son pocas las solicitudes recibidas. Reyero señaló que este problema no debe abordarse sólo subvencionando facturas, sino que las familias en situación de necesidad deben ser objeto prioritario de las políticas de eficiencia energética para que su consumo sea prácticamente nulo, erradicando el problema en vez de poniendo soluciones temporales.

De diciembre a junio: continuidad del PP, concreción socialista, baño de realismo al catálogo de Podemos y pragmatismo en Ciudadanos

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A pesar de que los partidos acuden a las urnas de este domingo sabiendo que necesitarán a otro de los contendientes para formar Gobierno, pocos cambios se atisban en sus propuestas, incluidas las energéticas. Al margen de lo estético, tan sólo Ciudadanos ha buscado dar otro enfoque a su programa electoral pensando en el panorama que llegará tras las elecciones:

PP: La noticia sobre el programa electoral es… que no hay noticia más allá de la marcha de José Manuel Soria. Ni un solo punto de su programa electoral se ha modificado cuando ya el anterior programa apostaba por una línea continuista de la gestión realizada al frente del Ministerio de Industria. Únicamente ha cambiado el lema, que ahora es A favor, mientras han retirado la tonalidad azul que servía de fondo a las medidas contempladas, ya repasadas en materia energética en diciembre. Un ejercicio de coherencia en el que se reitera que reducirán los impuestos a la generación eléctrica, impulsarán las interconexiones y la eficiencia energética, y seguirán apostando por las subastas competitivas como medio para introducir más renovables.

PSOE: Los socialistas han añadido un preámbulo de 47 páginas al mismo programa de las pasadas elecciones, del que ya repasamos sus medidas energéticas, para reforzar el compromiso en realizar una transición energética “en toda regla”, en la que la apuesta por las energías renovables “será clave”. Más novedades ofrece en Compromisos para un SÍ por un Medio Ambiente Sostenible: dentro de la aprobación de una ley de transición energética y cambio climático, el PSOE se atreve a concretar objetivos del peso renovable en el sector eléctrico: (40% en 2025, 70% en 2030 y 100% en 2050), “incentivando un equilibrio entre generación distribuida y centralizada”, añaden sobre el autoconsumo y con un suministro 100% para los edificios públicos en 2025.

Asimismo, se comprometen a “facilitar el uso de energía limpia para el transporte y los consumos térmicos”, con un compromiso de “eliminar paulatinamente” el diésel mediante la fijación de un calendario que también marcará una “mejora progresiva” de los estándares de emisión exigidos a los vehículos a motor. Otro calendario planteado es el del cierre paulatino de las centrales nucleares; pero el PSOE sigue sin pronunciarse sobre qué hará para almacenar los residuos, con el ATC cuestionado desde Castilla-La Mancha. Otros puntos importantes del programa ya los presentó en la XI legislatura en el Congreso, como la derogación del decreto de autoconsumo o el apoyo al carbón nacional. No hay referencias ni a Elcogas ni a la indemnización de Castor.

Unidos Podemos: Las novedades en la coalición de izquierdas llegan en la memoria económica que acompaña al programa electoral, que hasta entonces repite las mismas propuestas de diciembre. Al igual que su propuesta de incremento del gasto público se reduce de 96.100 millones de euros a 60.000 millones en el conjunto de la legislatura, ahora disminuye de 10.000 a 4.000 millones de euros la inversión anual en el plan de transición energética, a pesar de que mantiene íntegramente las mismas propuestas que en diciembre. Además, lo que añade Unidos Podemos es que “una parte relevante de la financiación provendrá de la reforma del sector eléctrico; en particular, dela eliminación de las sobrerretribuciones a las compañías eléctricas por diversos conceptos”.

Por otra parte, el acuerdo con Izquierda Unida hace que Podemos incorpore propuestas como el cierre definitivo e inmediato de la central nuclear de Garoña así como de todas las centrales nucleares en 2024, medida que ya presentó en el Congreso después de que el PSOE fijara el cierre del parque nuclear en 2028. También son más contundentes al anunciar que prohibirán el fracking. Asimismo, el acuerdo añade las instalaciones compartidas como una modalidad permitida de autoconsumo energético y se asegura que se adoptarán medidas para la reducción del precio de la energía para la industria, especialmente las electrointensivas, y un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado al consumidor vulnerable cuya tarifa se fijará en función de la renta.

Al igual que el PSOE, Unidos Podemos marca el objetivo de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. Para ello traza una senda con 2030 como hito intermedio en el camino en la que se superan los objetivos propuestos por la Comisión Europea para ese año. De este modo, Unidos Podemos propone “objetivos ambiciosos” como una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% como mínimo, una generación con energías renovables al menos del 45% (por debajo del 70% marcado por el PSOE) y de reducción en el consumo de energía del 40% respecto al año 1990.

Ciudadanos: El partido presidido por Albert Rivera ha optado por la vía práctica. Dejando a un lado las 338 páginas que contenía su presentación en diciembre, el programa electoral para estas elecciones se ciñe en 350 medidas contenidas en 46 páginas. Una síntesis que le proporciona mayor flexibilidad a la hora de negociar pactos. En materia energética, Ciudadanos propone reformar la regulación de los mercados para que tengan el mismo nivel de competencia que en el resto de países de Europa. No concreta más pero precisa que ahorrarán a los consumidores españoles 411 euros anuales para no pagar el sobrecoste del “capitalismo de amiguetes”. También ratifica su compromiso con los objetivos pactados en Europa en 2020, sin ir más allá.

El programa mantiene la separación de las empresas de generación, distribución (con la propiedad de las redes) y comercialización, “evitando que dichas empresas continúen formando parte de un mismo grupo empresarial”. Al igual que PSOE y Podemos, Ciudadanos anuncia una auditoría y liquidación definitiva de los costes de transición a la competencia aplicados a las centrales de generación. Asegura que “se garantizarán las inversiones, ya que los plazos de amortización han finalizado y ha existido una tendencia alcista de los precios de la energía en los últimos años”. El programa también incluye medidas para luchar contra la pobreza energética reformando el bono social para asegurar que se ofrece “a todas aquellas familias con dificultades”, así como promoviendo la eficiencia energética.

Por otro lado, al mismo tiempo que se apuesta por dinamizar la economía asociada a la movilidad eléctrica, se anuncia un Plan de Reducción de la Dependencia Energética Exterior, para reducir la factura anual de importación de combustibles fósiles. Los cambios más drásticos llegarían en un Plan Estratégico de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables y el autoconsumo energético, aunque desde un primer momento proponen reformar la regulación del autoconsumo que ha hecho el Gobierno del PP.

110 días de Congreso: 11 reclamaciones energéticas de la XI legislatura

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La XI legislatura pasará a la Historia de la democracia posterior a 1978 como la legislatura fallida. Esos 110 días en el Congreso de los Diputados se recordarán como un catálogo de reclamaciones de la oposición al Gobierno desde su respectivo espectro ideológico. La tónica general ha sido la del PSOE y Podemos reclamando, Ciudadanos pactando y el PP defendiendo los últimos 4 años. Así que repasemos las votaciones que ha propiciado esta legislatura porque pueden servir para anticipar los próximos pasos de los principales partidos en materia energética.

1- Autoconsumo:

La Comisión de Industria del Congreso exigió al Ejecutivo que elimine las “trabas” administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo, incluidos los cargos por seguir conectados al sistema, y que promueva un marco regulatorio estable para la generación a pequeña escala. Aunque el texto original fue presentado por el PSOE, se aprobó una iniciativa consensuada con Podemos, Ciudadanos y nacionalistas al que sólo se opuso el PP. Según la propuesta finalmente aprobada, el Gobierno deberá impulsar esta fórmula de generación y consumo de energía, apostando por el balance neto como sistema de compensación de créditos en un periodo de tiempo tasado. Asimismo, se aprobó una propuesta de Ciudadanos para eximir a las desaladoras de Canarias del pago de peajes hasta 2020.

2- Carbón:

La Comisión de Industria aprobó una proposición presentada por Foro Asturias (FAC) para exigir medidas al Gobierno para priorizar el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas y alcanzar el 7,5% previsto en el hueco térmico contemplado en el Plan del Carbón acordado en 2013. La propuesta también pidió la bonificación del Impuesto de Hidrocarburos, el llamado céntimo verde, que ya había sido aprobado en la Comisión de Hacienda por una propuesta del PSOE. En esta iniciativa Podemos sí que se involucró, mientras que los nacionalistas catalanes mostraron su oposición mientras que se abstuvieron Ciudadanos y el PP, que planteó sus dudas de que el céntimo verde pudiera evitar ser declarado como ayuda de Estado y autorizado por Bruselas.

3- Castor:

La Comisión de Industria del Congreso aprobó una propuesta que, partiendo de un texto presentado por la confluencia catalana de Podemos, fue finalmente pactada con el PSOE y con Ciudadanos. La iniciativa cosechó el respaldo de los grupos nacionalistas y el rechazo de los diputados del PP. Podemos proponía que el Gobierno fijara un calendario de cierre y desmantelamiento del almacenamiento gasista Castor, infraestructura que se encuentra actualmente en hibernación. También pedía estudiar la posibilidad de exigir responsabilidades penales a su promotor, Escal UGS, así como buscar la fórmula de recuperar la millonaria indemnización que la empresa recibió. El PP volvió a recordar la clausula firmada por el Gobierno socialista de Zapatero que obligaba al Estado a indemnizar al promotor.

4- Cogeneración:

Resulta llamativo que la única iniciativa energética que no haya encontrado ningún voto en contra fuera la presentada por el independentismo catalán de Democracia y Libertad. Su iniciativa, aprobada en la Comisión de Industria, exigía al Gobierno que cumpla con el plan renove de instalaciones de cogeneración y residuos previsto en la Ley del Sector Eléctrico de 2013. La iniciativa de los independentistas catalanes cosechó el respaldo del PSOE, Podemos y Ciudadanos, con la abstención de PP y Foro Asturias (FAC). Su objetivo era impulsar de una vez el plan renove previsto en la normativa de 2013 y que más de dos años después aún no se materializó en ninguna convocatoria ni aprobación de programas para renovar instalaciones de cogeneración.

5- CSN:

La lentitud que rodea a procesos como el desarrollo del ATC o la posible reapertura de Garoña ha sido crítica para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en combinación con un Gobierno en funciones. En este sentido, todos los grupos de la Comisión de Industria, salvo el PP y Foro Asturias, firmaron una petición para pedir el cese del presidente del CSN, Fernando Marti, por su negativa a comparecer ante la Cámara para informar sobre la planta nuclear burgalesa y sobre el ATC. Asimismo, fueron continuas las peticiones de los partidos de la oposición para que no se tomara ninguna decisión hasta constituirse un Gobierno.

6- Fracking:

La Comisión de Industria aprobó una iniciativa planteada por ERC y pactada con PSOE, Podemos y los nacionalistas. La iniciativa reclamaba al Ejecutivo que llevara a cabo las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el fracking en toda España y para que suspendiera los permisos ya concedidos durante la pasada legislatura. También se pedía derogar los artículos de la ley de hidrocarburos que establecían incentivos económicos para favorecer la implantación de esta técnica en España. El PP votó en contra alegando que “cualquier país serio debe saber los recursos energéticos de los que dispone” mientras que Ciudadanos se abstuvo ya que se mostró en contra de apoyar una prohibición total de la técnica por “no tener la información suficiente” para ello.

7- Garoña:

La Comisión de Industria respaldó una proposición impulsada por Podemos-Equo, con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y los nacionalistas, que “aboga por el cierre definitivo de la central nuclear burgalesa y que se elabore un plan de reactivación económica de la zona, así como una comisión de seguimiento de su desmantelamiento”. Podemos-Equo señaló que Garoña es la planta más antigua del parque español y que lleva cerrada 3 años “sin que haya habido ningún tipo de problema de abastecimiento energético”, argumento que compartieron Ciudadanos y el PSOE. El PP reivindicó que es necesaria la continuidad de la energía nuclear en España dadas las circunstancias económicas actuales y teniendo en cuenta que el país mantiene una dependencia energética exterior del 76%.

8- Interrumpibilidad:

La Comisión de Industria aprobó una propuesta de En Marea, la confluencia gallega de Podemos, para exigir al Gobierno que lleve a cabo las reformas necesarias para crear un nuevo sistema de suministro eléctrico que garantice precios “competitivos, estables y predecibles” a la industria electrointensiva. La propuesta original de En Marea reclamaba un nuevo sistema de subastas de interrumpibilidad, pero finalmente la redacción de la propuesta fue mucho más genérica después de la negociación con PSOE y Ciudadanos, que apoyaron la iniciativa. El PP se opuso a la iniciativa y repasó las medidas que impulsó el Gobierno para garantizar la estabilidad del sector energético así como los beneficios fiscales que estableció para las empresas electrointensivas.

9- Nuclear:

La última Comisión de Industria de esta legislatura aprobó una proposición del PSOE que planteaba el cierre progresivo de las 8 plantas atómicas españolas a los 40 años de su funcionamiento, lo que culminaría en 2028. Esta iniciativa salió adelante con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y Democracia y Libertad, el voto en contra de PP, que resaltó que defenderán que estas decisiones las tome el CSN, y la abstención de Podemos, que había presentado otra iniciativa, que no salió adelante, para urgir al Gobierno a poner en marcha un apagón nuclear para 2024, es decir, no esperar a que las centrales cumplieran los 40 años de funcionamiento y que se cerraran cuando les toque renovar su permiso de explotación.

10- Pobreza energética:

Aunque no avanzó en su tramitación parlamentaria por el final de la legislatura, la llamada ley 25 de emergencia social de Podemos fue admitida a trámite tras contar con el apoyo del PSOE y la abstención de Ciudadanos y los nacionalistas. Eso sí, todos criticaron duramente la forma en la que está elaborada la iniciativa y su «pésima técnica legislativa». La iniciativa planteaba un nuevo bono social para la electricidad y el gas, financiado por las empresas del sector, que sería de cuantía progresiva en función de la vulnerabilidad de cada familia a partir de un Consumo Mínimo Vital mensual por hogar, con el objetivo de evitar cortes de suministro. El PP se opuso y calificó la iniciativa de populista.

11- Prospecciones:

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó una proposición del PSOE para instar al Gobierno a declarar al Mediterráneo como zona libre de prospección de hidrocarburos y, por otro lado, aplicar una moratoria de efecto inmediato sobre nuevas solicitudes. La iniciativa salió adelante con los votos a favor de PSOE, Podemos y los nacionalistas frente a los votos en contra del PP, que criticó que el Gobierno de Zapatero aprobara prospecciones en el Mediterráneo y ahora el PSOE las quiera prohibir, y la abstención de Ciudadanos, que recordó que España es dependiente del petróleo, “actualmente insustituible”.

PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos reiteran al sector que restablecerán la seguridad jurídica a las renovables

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Europa Press.- PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos reiteraron en una reunión con las principales asociaciones empresariales del sector de energías renovables, organizaciones medioambientales y entidades de la sociedad civil su intención de restablecer la seguridad jurídica de las renovables a través de un diálogo constructivo. En la reunión, en la que declinó participar el PP, los partidos políticos presentaron sus propuestas y medidas en el ámbito de la energía y la lucha contra el cambio climático recogidas en sus programas electorales para las elecciones del 26-J.

Las tres fuerzas políticas coincidieron en los objetivos para el sector de la energía a largo plazo, identificando el proceso de transición energética basado en las energías renovables como principal respuesta al cambio climático así como la necesidad y oportunidad de abrir a la ciudadanía la posibilidad de ser parte de la transición energética entrando en el sector energético en paridad de condiciones con las grandes empresas. A este respecto, y según los acuerdos de la COP21, confirmaron su apuesta por alcanzar el 100% de renovables en el sector eléctrico y el 70-80% en el resto de los sectores, mientras que Ciudadanos ha señalado el 50% de energías renovables como objetivo viable, considerando el 100% como objetivo ideal y deseable.

Asimismo, PSOE y Unidos Podemos señalaron, por una parte, la necesidad de llevar a cabo una auditoría de costes del sistema eléctrico como punto de partida para iniciar cualquier reforma del sector. Por otra parte, reiteraron su plan de cierre de las centrales nucleares y coincidieron en los objetivos a corto y medio plazo, como la revisión del modelo de las subastas renovables y el fomento del autoconsumo, “modalidad de producción de energía sostenible y solidaria con el medio ambiente”.

PP, Podemos e Izquierda Unida no firman el acuerdo en defensa del carbón nacional de PSOE, Ciudadanos, patronal y sindicatos

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Redacción / Agencias.- Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida no han firmado el Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, al que sí se han unido el PSOE, Ciudadanos, partidos de las zonas mineras como Foro Asturias o el Partido Aragonesista. El acuerdo fue promovido por la patronal del Carbón (Carbunión), la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA-UGT), y la Federación de Industria de Comisiones Obreras para salvar al carbón nacional.

Izquierda Unida sí que acudió al acto: «Es más un acto electoral que un compromiso serio», aseguró la integrante de la formación, Sol Sánchez, quien indicó que la decisión del partido «es lo más coherente» al acudir junto a Podemos a las elecciones y que a partir del próximo 27 de junio Izquierda Unida «va a seguir estando con los mineros». El frente común sí que tuvo el respaldo y rúbrica de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euracom).

El secretario general de Industria de CCOO, José Luis Villares, señaló que este acuerdo es «necesario e imprescindible» para mantener la viabilidad del carbón en un futuro inmediato. Además, lamentó la «situación crítica» que vive el sector y las empresas mineras, que «están al borde del desahucio». Por lo tanto, exigió al próximo gobierno que tenga en cuenta lo que ahora se ha visualizado y firmado y pidió que cumplan «sí o sí con el marco de actuación» firmado el 1 de octubre de 2013.

Respecto a la ausencia de algunos partidos, Villares comentó que mantuvieron una ronda de contactos con distintas formaciones y con todas las comunidades autónomas afectadas. «Todos estuvieron de acuerdo en que había que defender las comarcas mineras, todos estuvieron de acuerdo en el incumplimiento de actuación para la mina y el carbón», apuntó. Pero, «si no vienen a firmar, lo que está claro es que querían la foto, querían lo fácil, pero lo que hacen es rehusar el compromiso de apoyar a la minería», concluyó. Por ello lamentó “la inquina” del PP al carbón y la negativa a sumarse al acuerdo de los «nuevos partidos», en alusión a Podemos, que «con discursos vacíos y huecos no saben lo que dicen».

Por su parte, el secretario sectorial minero de FICA-UGT, Víctor Fernández, apuntó que las ausencias las tendrán que valorar los propios partidos políticos que «no han cumplido su palabra». «Aseguran que querían que la minería de carbón siguiera adelante», aseveró. Fernández comentó que Podemos «no solo quiere cerrar el carbón, sino que tampoco quieren el carbón de importación, con lo cual tendrán que decirle a los trabajadores de las centrales térmicas que usan carbón de importación dónde les vamos a meter porque dependen más trabajadores que en el carbón nacional». «No saben lo que dicen, usan la demagogia, porque eso significaría subir el precio de la electricidad y apartar el carbón, lo que nos haría depender del gas natural«, señaló.

Futuro para después de 2018

Fernández quiso agradecer la presencia de empresarios, sindicatos, consejeros de las comunidades autónomas y a los partidos políticos «que han cumplido con su palabra» y mostró su confianza en que este acuerdo sirva para que «entre todos se empuje para que el carbón nacional tenga el reconocimiento que merece». «Los demás tendrán el resultado que merezcan en las comarcas mineras a las que han engañado», auguró. Por último, tildó de «cobardes» a alguno de esos partidos, que «esperaron a última hora para anunciar que no venían», y denunció que «el PP presiona a través de sus diputados a los empresarios».

Por su parte, el presidente de la patronal minera Carbunion, Óscar Lapastora, indicó que han querido «poner el broche» a la rueda de contactos que han mantenido los últimos meses y tener un documento que les sirva para que en cuanto se forme un nuevo Gobierno después de las elecciones «podamos ir con este acuerdo para urgirles a que tomen medidas para revitalizar este sector que ahora mismo está agonizando». Asimismo subrayó que el acto «no se planteó en contra de nada ni de nadie» y pidió a todas las partes «buscar no solo los puntos de discrepancia, sino los puntos de acuerdo» para ser capaces de «en la mayor brevedad posible» darle «un futuro a la minería del carbón».

En concreto, el acuerdo trata de reivindicar el papel del carbón nacional, como “único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética exterior y de garantizar la seguridad de suministro en momentos críticos”, en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. Así, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón de 2013-2018.

Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Asimismo, se reclama la tramitación urgente de la orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2.

El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

Rivera (Ciudadanos) promete acabar con los cargos al autoconsumo mientras las renovables piden voluntad política para cumplir con la COP21

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Redacción / Agencias.- Las principales asociaciones empresariales del sector de energías renovables, organizaciones medioambientales y entidades de la sociedad civil han reclamado a los candidatos en las próximas elecciones «voluntad política» para cumplir con los compromisos adquiridos en la última Cumbre del Clima celebrada en París (COP21) al tiempo que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, comprometía que su primera propuesta en materia energética si llega al Gobierno es «suprimir el Impuesto al sol» para «apostar por una transición a las energías limpias».

Rivera aseguró que Ciudadanos «suprimirá un impuesto injusto que nadie entendería ni en Alemania ni en ningún otro país europeo» ya que «no tiene sentido que pongan más impuestos y más dificultades a los que van a contaminar menos». En este sentido, el líder de Ciudadanos reiteró la apuesta de su formación por una transición a las energías renovables, como ocurre en otros países donde «ya son una realidad y una cuestión de país, no ideológica». Rivera insistió en que España «es un país con mucho recorrido en las renovables y en los puestos de trabajo que generan», por lo que Ciudadanos «aliviará la fiscalidad a los que lo hacen bien y proporcionan energía limpia».

Renovables piden compromiso con París

En un comunicado firmado por UNEF, Protermosolar, Anpier, Nuevo Modelo Energético, Greenpeace y Amigos de la Tierra, entre otras, las asociaciones consideran que «la única forma de crear un sistema eficiente, inteligente y basado totalmente en energía renovable es el abandono de las energías fósiles y nucleares para antes de 2050 y así frenar el calentamiento del planeta», de manera que toda la energía utilizada en España sea “limpia” en 2050. Además, recuerdan que las energías renovables y el autoconsumo desarrollan un papel «fundamental» no sólo en el cambio de modelo energético, sino en la democratización y descentralización del sistema.

Asimismo, ponen como ejemplo el reciente caso de Portugal, que se abasteció durante cuatro días solamente con energías renovables, «evidenciando la viabilidad de este sistema». El próximo 21 junio, UNEF, Anpier, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y otras organizaciones que representan al sector renovable y la sociedad, acudirán a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para defender las energías renovables, “denunciar su maltrato en España” y pedir la mediación de las autoridades europeas ante el Gobierno español.

Ciudadanos insiste en que se avance en la comisión de investigación sobre la trama eólica de Castilla y León

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EFE.- El procurador de Ciudadanos en Castilla y León y miembro de la comisión de investigación de la trama eólica, José Ignacio Delgado, obvia las acciones legales realizadas por Rafael Delgado para que rectifique las declaraciones vertidas contra él, y pidió que «se avance» en una Comisión que «el PP ha obstruido».

En este sentido, el político de Ciudadano ha explicado que está citado para el próximo 25 de mayo a un acto de conciliación solicitado por el que fuera viceconsejero de Economía durante 8 años, quien previamente había solicitado al procurador de Ciudadanos que rectificara unas declaraciones en las que afirmaba que «estaba huido». Según el representante de Ciudadanos, «cada uno hace lo que considera que debe hacer» y, en su caso, se limitó a hablar de la «desaparición» de uno de los protagonistas de la trama eólica, diciendo que «hasta su entorno familiar estaba preocupado porque no sabían dónde estaba».

En ese momento, los abogados de Rafael Delgado pidieron al procuradorde Ciudadanos que rectificara, lo que «ni ha hecho ni piensa hacer, ya que hay otras cosas mucho más importantes, cómo es saber dónde están los 110 millones de euros de la trama eólica«. Por este motivo, el exviceconsejero ha continuado con el proceso legal «previo a una querella por un delito contra el honor, injurias y calumnias», tal y como ha señalado Delgado.

«Estoy sin dormir por esta situación», ha ironizado Delgado, quien ha confesado sentirse «ansioso», ante la convocatoria de la comisión de investigación de la trama eólica, prevista para el 24 de mayo «después de que haya estado paralizada desde febrero». Además aseguró que, si así se «consigue que la gente implicada en la trama aparezca», se congratula por ello y, en este sentido, reclamó que sea el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el que comparezca en la Comisión. «Lo único que nos preocupa es que la comisión siga adelante, que prevalezca la verdad, se den las correspondientes explicaciones y se asuman responsabilidades», concluyó.

El Congreso pide al Gobierno que bonifique el impuesto sobre el carbón nacional

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Europa Press.- La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado una proposición no de ley del PSOE para pedir al Gobierno que bonifique el Impuesto sobre el Carbón para la producción nacional en aras a proteger el empleo en las comarcas mineras.

En concreto, el texto de los socialistas pasa por pedir un cambio en la Ley de Impuestos Especiales, de 1992, para establecer «con carácter transitorio y sin menoscabo del cumplimiento de la normativa europea vigente» una bonificación sobre el Impuesto del Carbón.

La propuesta salió adelante con los votos de los diputados socialistas, de Podemos y de Foro Asturias (FAC), y gracias a la abstención de PP y Ciudadanos, mientras que tanto Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) como Democracia y Libertad (DL) han votado en contra del texto.

Situación «dramática»

Durante el debate, la socialista Adriana Lastra ha alertado de la «dramática situación» del carbón nacional y el «oscuro futuro que se cierne sobre las comarcas mineras», afectadas por despidos en diversas empresas, a las que les resulta más rentable utilizar carbón procedente de otros países.

«Es obligado rebajar el coste y el precio final de la energía generada con el carbón autóctono», ha reclamado, señalando que «la única medida viable» es bonificar el ‘céntimo verde’, bajo ciertos requisitos medioambientales, para «acercar el precio del carbón nacional al del importado».

Por Podemos, Segundo González ha reconocido que la situación de la industria del carbón es «dramática» y que hace falta tomar medidas, aunque a su juicio lo necesario es aprobar un Plan de Transición Energética a favor de las renovables. «Pero mientras se queme carbón, debe ser nacional», ha admitido.

Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, cree que renunciar al único recurso energético propio que tiene España supondría más dependencia energética y mayor gasto público, y por eso coincide en que hay que «salir en auxilio de la crítica situación» del sector para hacer el carbón nacional «competitivo» y evitar la pérdida de empleos.

Sería una ayuda de Estado

El ‘popular’ Juan Bravo ha asegurado compartir la preocupación del PSOE sobre el carbón, pero cree que la medida «no es posible» porque «discrimina» a terceros países, podría suponer un «conflicto directo» con la política comercial de la UE y las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), supondría una ayuda de Estado que la Comisión Europea no autorizaría e impactaría en los precios de la energía que pagan los consumidores.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Virginia Millán ha recordado que el sector lleva años recibiendo «enormes ayudas» económicas que han resultado «ineficaces» y ha advertido de que mantener esta línea de actuación podría ser «incompatible» con la normativa comunitaria. «Estas propuestas proteccionistas no van sino a seguir ahondando en el problema», ha insistido, acusando al PSOE de tratar de «disfrazar la realidad» del sector sin tener en cuenta su impacto presupuestario.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar el Mediterráneo como zona libre de prospección de hidrocarburos

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley del PSOE cuyo objetivo es instar al Gobierno a declarar al Mar Mediterráneo como zona libre de prospección de hidrocarburos, y por otro lado, aplicar una moratoria de efecto inmediato sobre nuevas solicitudes de permisos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos que se hagan en el mar Mediterráneo y archivar los expedientes en marcha.

La iniciativa ha salido adelante con los 23 votos a favor de PSOE, Podemos, Democracia y Libertad, ERC y PNV; con los 15 votos en contra del PP; y las 5 abstenciones de Ciudadanos. El PSOE recuerda que Francia ya tomó medidas en su momento declarando el Mar Mediterráneo francés libre de prospecciones. «Desde hace años, la sociedad civil se manifiesta en contra de las mencionadas actividades en el Mediterráneo, dando lugar a multitud de iniciativas impulsadas por organizaciones ecologistas, instituciones locales y autonómicas», argumentó la diputada socialista Sofía Herranz.

Hernanz indicó que «el peligro de prospecciones no ha desaparecido del mar Mediterráneo» pese a que hace unos meses la petrolera Cairn Energy renunció a un proyecto en el golfo de Valencia, frente a la costa oeste de Ibiza y de Formentera. «Existen otras compañías con proyectos de prospecciones petrolíferas en diferente estado de tramitación que afectarían a las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares», añadió. La diputada socialista calificó de «justicia poética» que José Manuel Soria, «el principal valedor de las prospecciones», haya dimitido hace pocos días como ministro de Industria, Energía y Turismo. «En Baleares no vamos a llorar la pérdida del señor Soria», apuntó.

En este sentido, indicó que la iniciativa aprobada puede suponer un «viaje necesario en materia de política energética y de protección de nuestra biodiversidad y patrimonio natural». «Soria ya no está, pero el peligro de prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo sigue presente mientras este Gobierno a la deriva no cambie su rumbo», apostilló. A su juicio, la exploración de hidrocarburos representa «una seria amenaza para los ecosistemas y la fauna y flora marina” y representan «una gran amenaza» para la industria turística del Mediterráneo, «una actividad dependiente del mar y poco compatible con que se extraiga petróleo en el mismo hábitat donde se hallan ubicadas sus puertos y playas».

En este sentido, el PSOE alerta en su iniciativa de que se trata de «peligros y amenazas» que en un mar cerrado, como el Mediterráneo, se agravan ya que los efectos negativos pueden trasladarse con facilidad de una zona a otra. «Máxime cuando los citados permisos o autorizaciones son tramitados, a menudo, encadenados unos a otros, o solapándose espacialmente entre sí, sin tener en cuenta los efectos sinérgicos que significa todo ello, ni en cuanto al conjunto del Mediterráneo, ni en cuanto a cada una de las zonas afectadas», sostuvo.

Además, Herranz señaló también que “muchas de estas actividades de exploración petrolífera se hallan muy cerca o solapadas con zonas protegidas o con zonas en las que existen estudios que solicitan su protección, atendiendo su alto valor natural”. Desde Podemos apoyaron la iniciativa, si bien su portavoz, Sofía Castañón, planteó no sólo declarar al Mediterráneo como zona libre de prospecciones, sino a todo el litoral español. «Continuar con las prospecciones es mantener la constante amenaza de mareas negras», advirtió. A su juicio es una «vergüenza que se permitan proyectos de prospecciones» en espacios marinos por su «altísimo riesgo de vertidos». «No confiamos en las supuestas medidas correctoras y preventivas que proponen las petroleras porque sabemos que no son eficaces», sentenció.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, José Antonio Calle, explicó que su grupo se abstuvo en la votación porque aunque su formación está a favor de preservar el medio ambiente y de favorecer las renovables, España en la actualidad es dependiente del petróleo, puesto que sólo produce un 0,5% de lo que consume, y es “insustituible”. “Pensar lo contrario sería autoengañarnos”, agregó. A su vez, apostó por que cada investigación que se realice en búsqueda de hidrocarburos debe respetar «siempre» el medio ambiente. Sobre Francia, ha dicho que no es comparable la situación del país galo con la de España, porque estos no son dependientes energéticamente como España, dado el peso que la energía nuclear tiene en el país.

Calle señaló que España gastó 37.000 millones de euros en importar 59 millones de toneladas de petróleo en 2014, aproximadamente un 77% de los ingresos por turismo, por lo que abogó por aumentar la capacidad de producción petrolífera, que ese año ascendió a 305.000 toneladas. «Paralizar sin más cualquier actividad dirigida a la investigación de nuestros potenciales yacimientos es un sinsentido, equivalente a lo que supondría en su día el enfrentamiento al ferrocarril, la automoción y cualquier actividad de progreso de nuestra sociedad», dijo, antes de añadir que los sondeos de hidrocarburos deben mantenerse «como actividades de interés estratégico nacional.

Por otro lado, María Teresa de Lara, del PP, criticó que la declaración es «una petición demagógica de una figura jurídica que no existe en el ordenamiento español» y argumentó que el PP modificó en 2013 la legislación de impacto ambiental y estableció que los proyectos de exploración mediante sísmica marina debían someterse «siempre» a una evaluación ambiental. Además, criticó «la demagogia y la desinformación» que encierra la proposición no de ley por varios motivos, entre ellos que el segundo gobierno de Rodríguez Zapatero concedió permisos de investigación de hidrocarburos, “una actividad de innegable interés estratégico para España» y no hubo ninguna contestación de los socialistas.  «Solicito al PSOE una mayor coherencia en sus iniciativas y en sus actuaciones», sentenció.