La industria nuclear señala que el concepto de vida útil no tiene significado legal ante el acuerdo de PSOE-C’s

Europa Press.- El Foro de la Industria Nuclear ha defendido la operación a largo plazo de las centrales nucleares en España y ha recordado que el término «vida útil» no tiene un significado legal explícito. La industria se pronuncia así después del acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Ciudadanos (C’s), que incluye establecer el cierre de las plantas atómicas al cumplir los 40 años de “vida útil”.

Así, el Foro Nuclear ha recordado que el periodo de funcionamiento de las centrales españolas «no tiene plazo fijo establecido» por la legislación española. Es decir, que no se determina por ley el tiempo de funcionamiento máximo de las centrales. En este contexto, ha indicado que en la actualidad, las autorizaciones de operación se conceden «habitualmente» con plazos de validez de 10 años y se renuevan periódicamente tras la evaluación del organismo regulador, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la aprobación y permiso del Ministerio de Industria. En la actualidad España cuenta con 7 reactores nucleares operativos y uno más, el de Garoña (Burgos) en situación de cese de actividad pero con una solicitud de renovación pedida hasta 2031.

La que más electricidad genera

El Foro de la Industria Nuclear defiende también que esta tecnología es la que más electricidad genera y que en 2015 proporcionó el 20,8% de la electricidad en España, con un 7,26% del total de la potencia instalada en España. Por ello, valora que resultan «esenciales para la estabilidad del sistema eléctrico» e incide en que no emiten gases contaminantes. En este contexto, subraya que la operación a largo plazo es el «funcionamiento continuado» de una central nuclear manteniendo su nivel de seguridad. Se trata de una estrategia energética habitual en países como Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Hungría, Rusia y Suiza. De los 442 reactores nucleares que hay en el mundo, 105 tienen autorización para operar más de 40 años.

Según las cuentas del Acuerdo de Progreso entre PSOE y C’s, el parque nuclear español quedaría cerrado en torno a 2028, cuando la central de Trillo (Guadalaja) y Vandellós II celebren su 40 aniversario. El calendario atómico quedaría así: Almaraz I (Cáceres), que comenzó su actividad en 1981, cerraría en 2021; Almaraz II en 1983, generaría electricidad hasta 2023; Ascó I (Tarragona) se acopló a la red en 1983 y Ascó II en 1985, por lo que estarían operando hasta 2023 y 2025 respectivamente; Cofrentes (Valencia), que opera desde 1984 finalizaría su actividad en 2024 y, por último, las más jóvenes, Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona) se conectaron a la red en 1988, por lo que cerrarían en 2028.

PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida presentan en el Congreso una iniciativa conjunta para evitar el cierre de Elcogas

Redacción / Agencias.- Mientras los trabajadores de Elcogas se manifestaban en Madrid y entregaban el plan de viabilidad de la empresa al Ministerio de Industria, el PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida-Unidad Popular registraron en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley conjunta para exigir a Industria que «reconsidere su posición» y solucione el conflicto de Elcogas aprobando un plan de viabilidad que garantice el futuro de la térmica de Puertollano (Ciudad Real) y evite el cierre previsto para este domingo.

La petición al Ministerio de Industria de que apueste por un plan de viabilidad para Elcogas ha logrado la primera iniciativa conjunta de los principales partidos políticos a excepción del PP en esta nueva legislatura. En este sentido, las cuatro formaciones, acompañadas por representantes de los trabajadores de Elcogas, presentaron un texto en el que se reclama a Industria y a la dirección que garantice el futuro de la empresa con un plan de viabilidad que «garantice su continuidad potenciando su actividad en la hibridación con biomasa y como proyecto de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías«. También instan al Ejecutivo a que trabaje en un plan específico de reindustrialización para Puertollano y su comarca.

La diputada castellano-manchega y número tres del PSOE en el Congreso, Isabel Rodríguez, subrayó el «esfuerzo colectivo» plasmado en la iniciativa, con la unión de la oposición, recogiendo un «amplio apoyo social y político» a los trabajadores de Elcogas. Además, aseguró que la solución a este conflicto es «fácil» porque sólo depende de una «decisión política» y criticó al Gobierno del PP que no tenga «la más mínima voluntad política de sacar adelante el proyecto». Por eso, pidió a los populares que «sean al menos capaces de reconocer que están en la recta final de su Gobierno» y que «mantengan todas las posibilidades de viabilidad hasta que haya un nuevo Gobierno con una sensibilidad diferente«.

Por su parte, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y diputado de Podemos, Rafael Mayoral, hizo hincapié en que su formación pretende ser «vehículo de las reivindicaciones de los trabajadores» porque «las instituciones se tienen que poner al servicio de la mayoría social», y exigió a Industria que «reconsidere su posición» y acabe con el proceso de desindustrialización del país, del que Elcogas no es más que un ejemplo. «Es necesario poner en valor los intereses del país y acabar con este proceso. La obligación de los representantes políticos es estar con los trabajadores. No se puede mirar a otra parte, el empleo es prioritario para poder afrontar el futuro del país», insistió.

También la alcaldesa de Puertollano, la socialista Mayte Fernández, exigió al Ministerio que «dé una respuesta cuanto antes» a las reivindicaciones de los trabajadores para que Elcogas no cierre, matizando en coordinación con la empresa lo que sea necesario del plan de viabilidad que se presentó el pasado mes de diciembre y que ha sido rechazado. En este sentido, recordó que el PP ya no puede justificar sus decisiones en una mayoría absoluta que «ha perdido» pero que Puertollano tampoco puede esperar al cambio de Gobierno, por lo que debe ser el actual Ministerio el que resuelva el conflicto «inmediatamente«, tal y como está haciendo con otras empresas y como exige todo el Ayuntamiento puertollanero.

La unión de las principales fuerzas políticas al margen del PP fue agradecida por Agustín Pérez, representante de UGT de Castilla-La Mancha, quien espera que la apuesta por Elcogas sea una «realidad» y se logre un «plan específico que apoye la quema de carbón limpia y las inversiones que necesita Elcogas para seguir siendo una empresa puntera en innovación». Asimismo, Ángel León, de CCOO en Castilla-La Mancha, resaltó la iniciativa y señaló que la ausencia del PP es un «síntoma muy importe, porque cada uno se está retratando». Esperan que Industria escuche sus peticiones y que esta semana haga pública una resolución «positiva» dado que el cierre inaplazable de Elcogas está fijado para el domingo.

Entregan el plan a Industria

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, explicó que se reunió con la directora general de Política Energética y Minas, Teresa Baquedano, a la que entregó el plan de viabilidad para evitar el cierre de la central. Una reunión que se produjo en el marco de la manifestación frente al Ministerio de Industria que algo más de 100 trabajadores de la termoeléctrica de Puertollano realizaron contra su desconexión. Por otro lado, los sindicatos confirmaron que este miércoles se reunirán con el presidente de Elcogas y consejero delegado de Endesa, José Damián Bogas, y que han solicitado una «reunión urgente tripartita» entre Ministerio, trabajadores y empresa «antes del viernes«.

Sobre el plan de viabilidad elaborado por la empresa, el representante de los trabajadores de la planta lamentó que los problemas con el marco regulatorio no tengan una solución rápida. «Hay que buscar alternativas para garantizar que la planta no se desmantele y evitar la desconexión», apuntó Alcaide. Asimismo, reiteró que «el 100% de la plantilla» seguirá encerrada en las instalaciones hasta que se logre solucionar el conflicto y también se mantendrán las movilizaciones «hasta el último minuto». Por su parte, el secretario del comité de empresa de Elcogas, Jesús Crespo, aseguró que la solución es «reunirse todos los implicados», después de dos años «luchando».

Ignacio Aguado (Ciudadanos): «Planteamos separar la propiedad de las actividades de generación, distribución y comercialización de las energéticas»

Ignacio Aguado (Madrid, 1983) es portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid desde las elecciones del pasado mes de mayo, en las que cosechó un 12% de los votos. Licenciado en 3 titulaciones como Derecho, Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias Políticas y de la Administración, trabajaba desde 2008 en el área de regulación de Unión Fenosa Gas. Aguado ha sido el responsable de elaborar el programa energético del partido para las elecciones generales, al que acude sin prejuicios para alcanzar con el resto de fuerzas políticas un gran pacto de Estado.

-¿Qué balance hace de la legislatura en materia energética?

El Gobierno se encontró con un problema muy importante que era el déficit de tarifa y han centrado toda la legislatura en frenar este problema, algo ciertamente inaplazable, pero también es evidente que se han olvidado de otras muchas cosas e incluso han aprobado medidas con las que no estamos de acuerdo, que no contribuyen a nuestra idea de lo que tiene que ser el futuro energético de España, especialmente con la restricción al autoconsumo.

Podría decirme algo bueno que se haya hecho esta legislatura en el área de energía.

Diría que con la reforma energética han conseguido, desde mi punto de vista y sacrificando a las empresas y al consumidor, poner rumbo a acabar con ese déficit de tarifa. No obstante, la deuda acumulada de más de 20.000 millones de euros sigue ahí, pero es positivo que el déficit estructural no vuelva a producirse.

-¿Qué quiere aportar Ciudadanos al sector energético?

En España hace falta trasladar el concepto de la importancia de las empresas, de unas empresas responsables, en un mercado con muchos agentes. De competencia perfecta en la medida de lo posible, que es lo que mejor funciona; un mercado con un buen marco regulatorio, que se toque lo menos posible, con seguridad jurídica y donde la energía no sea un tema de derechas o de izquierdas. En Ciudadanos entendemos la energía como una necesidad de la sociedad y queremos que sea lo más sostenible, barata y accesible posible. La energía no es de derechas o de izquierdas; hay que despolitizar el concepto energético. No me gusta hablar de pronuclear o prorenovable.

SECTOR ELÉCTRICO

-¿Cómo dibuja su partido el mix energético de generación? ¿ A qué plazo? ¿Cómo sería la transición al mismo?

Todas las energías tienen sus pros y sus contras. Por tanto, todas las energías pueden aportar y pueden sumar, y lo que hay que hacer es buscar el mejor mix energético teniendo en cuenta que vamos a un modelo en el que las renovables van a tener un peso fundamental en España, en Europa y en el mundo. Teniendo esa visión a largo plazo en la mente, lo importante es tener un plan energético que nos garantice en los próximos años unas energías de tránsito hacia las renovables, de forma que sea lo más sostenible y barato posible y que haya seguridad en el suministro.

-¿Qué plantea su partido sobre las centrales nucleares? ¿Abogaría por aumentar su vida útil hasta los 60 años o cierre a los 40?

Condicionaremos nuestra decisión a un informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al que preguntaremos si existe la posibilidad de ampliar la vida de las plantas nucleares durante más años, como pasa en Estados Unidos, dónde se han ampliado ya muchas centrales a los 60 años. Si el informe es favorable, valoraremos si interesa mantener esa planta nuclear o no, también en función de si es necesaria su aportación energética, si hay capacidad de respaldo en caso de prescindir de esa planta nuclear. Es un tema técnico que hay que dejar en manos de profesionales expertos, básicamente el CSN. Con el informe en la mano, analizaremos si merece la pena ampliar la vida útil de la planta o no.

-La Ley del Sector Eléctrico indica que cualquier superávit del sistema eléctrico debería destinarse a enjugar la deuda acumulada. Sin embargo, el Gobierno no pierde oportunidad de anunciar bajadas de la tarifa antes de las elecciones gracias a los superávit. ¿Qué propone hacer su partido con el superávit?

Estamos en año electoral y no interesan las malas noticias para los usuarios, que ya estamos bastante penalizados a nivel eléctrico y a nivel gasista, con unas facturas por encima de la media europea. En Ciudadanos creemos que tiene más sentido dedicar el superávit a reducir deuda e intentar ver por otro lado la manera de reducir los peajes sacando costes que no tienen que estar en la factura eléctrica.

Estamos hablando, por ejemplo, de los costes extrapeninsulares o cualquier coste que tiene más que ver con políticas energéticas que con las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización. Entendemos que esos costes tienen que ir al margen de la factura. Es un cambio importante que hay que analizar entre todos los grupos políticos y decidir qué partidas de esa factura eléctrica tienen que ir a Presupuestos Generales del Estado y cuáles siguen siendo soportadas por los usuarios.

-¿Contemplan sacar la retribución a las renovables de la factura y ubicarla en los Presupuestos?

Habría que ver hasta qué punto el coste de las primas a las renovables hay que sacarlo o no de la factura eléctrica. Es un tema de mucho calado, por eso lo valoraríamos con todos los grupos políticos. Buscamos un pacto energético a nivel nacional para determinar el mix energético que queremos para los próximos 15/20 años en España. Diseñar cómo es el tránsito hacia las energías renovables y cómo vamos a conseguir un mix energético equilibrado. No tenemos por tanto, una postura clara con las primas a las renovables y hasta qué porcentaje debería ir en los Presupuestos y cuánto en la factura eléctrica.

-Ciudadanos plantea en su programa electoral impedir que las actividades de generación, distribución y comercialización continúen formando parte del mismo grupo empresarial. ¿Por qué consideran necesaria esta medida?

Así reduciríamos las posiciones de poder de determinadas empresas que hasta hace pocos años mantenían el control vertical de toda la cadena de suministro, lo que les permitía controlar el precio y reducir la competencia aumentando las barreras de entrada al sector. Creo que siendo capaces de trocear la tarta energética, con menor capacidad de los agentes para influir en el mercado y en los precios, favoreceremos la competencia, el mercado y la llegada de nuevos agentes. Aparte de que creemos en ello viene marcado por la Unión Europea. El modelo más exigente de la Unión Europea es el que exige la separación, no sólo del funcionamiento sino también de la propiedad, de las actividades de generación, distribución y comercialización.

GOBERNANZA

-¿Qué posición mantiene respecto a los operadores de mercado y sistema del sector eléctrico y gasista (Red Eléctrica (REE) y Enagás)? ¿Considera que hay excesos de inversiones (y/o retribución) en sus actividades ? ¿Creen que ejercen demasiada influencia, en su beneficio, en la planificación de instalaciones energéticas? ¿Se debería tener hacia un modelo de separación de funciones entre operación y transporte?

Hay unas directivas europeas que obligan a la separación de actividades. En otros países como Francia y Alemania han sido más reticentes, pero en España se ha hecho bastante bien con los TSO (operador de transporte y de gestión del sistema). Actualmente la operación y el transporte son dos empresas distintas que dependen de una misma matriz. Hay una separación no del todo efectiva, pues siguen siendo los mismos grupos los que controlan ambas actividades. La separación funcional existe, y se está haciendo bastante bien, pero hay que seguir trabajando y profundizando en la separación real y total de la operación y el transporte, por lo que somos partidarios en profundizar en esa separación hasta llegar al modelo independiente total.

-Siendo críticos con el hecho de que haya políticos que terminan en los consejos de administración de las empresas privadas. ¿Qué piensa Ciudadanos de lo que ocurre en REE y Enagás, empresas en las que además hay una participación mayoritaria pública con la SEPI y que lleva en la práctica a un modelo de turnos de PP y PSOE en estas empresas?

Es un tema que tiene mucho que ver con las puertas giratorias, con cómo se establece un régimen de incompatibilidades a los políticos que luego terminan en los consejos de administración; tiene que ver con los organismos reguladores y su independencia respecto al sector, que a día de hoy es muy deficiente y habría que mejorar. Hay que garantizar la independencia de los organismos reguladores y establecer mejores y mayores criterios de incompatibilidades para evitar ese tipo de puertas giratorias.

-¿Cómo valoran el cambio de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC)? ¿Qué cambios propugnan para el regulador independiente?

Esta fusión fue una decisión del Gobierno para tener todos los órganos controlados bajo un único órgano. O bien se vuelve otra vez a la situación inicial de que cada regulador controla su sector o bien se respeta esta fórmula pero garantizando su independencia, incluso su independencia entre Mercados y Competencia. Es algo que no se ha logrado y nuestro objetivo es que el regulador sea independiente, pero no tenemos preferencia por un modelo u otro siempre que se den esos requisitos.

¿Cómo abordarían el requerimiento de la Unión Europea de que las tarifas se fijen en este organismo?

La Ley dice que el regulador tiene que tener cada vez más competencia para al menos definir la metodología. Definir las tarifas concretas es algo que debe ser competencia del Gobierno. Otra cosa es que también hay que simplificar las tarifas y revisar completamente las tarifas y los peajes en España. Hay tantos temas a nivel energético que tocar que nosotros queremos llegar con pies de plomo, porque es muy técnico y complicado. Queremos tener toda la información, reunirnos con todos los colectivos, y ser sensatos.

-¿Qué opinan sobre que la estructura de la tarifa para consumidores industriales haya sido modificada de tal forma que la estructura tarifaria para las industrias del País Vasco o Navarra se haya beneficiado con respecto a otros territorios?

Forma parte de la política encaminada a beneficiar a determinados sectores e intentar llevar la competitividad a las empresas, no tanto facilitándoles su crecimiento en innovación sino apostando por reducciones concretas de sus costes energéticos. En Ciudadanos creemos que hay que apostar por la industria pero existen otros mecanismos, menos arbitrarios desde mi punto de vista, donde se puede poner en valor la capacidad de las empresas para generar riqueza y no solamente con este tipo de incentivos que generan inequidad entre las distintas industrias.

El objetivo fundamental a medio plazo tiene que ser conseguir la misma factura para todos, incluido para la industria. Apostamos por la cogeneración como una herramienta clave para contribuir con la competitividad. Esto no tiene que ver con tantos niveles de peajes o tarifas distintas, que al final generan distorsiones innecesarias entre unos sectores y otros.

FISCALIDAD ENERGÉTICA

-Tanto la electricidad como los carburantes soportan una carga fiscal importante en España debido a la inelasticidad de su demanda y consumo. ¿Qué piensan hacer con la carga impositiva que hay sobre la energía?

Entendemos que la fiscalidad es importante y que, en primer lugar, debe mantenerse armonizada en toda España. Queremos que los impuestos que graven la electricidad sean los mismos en toda España. No siempre sucede así porque las comunidades autónomas tienen competencias en este sentido. En los demás aspectos habrá que trabajar con otros grupos parlamentarios. Es un tema delicado que hay que abordar con calma, sobre el que no tenemos una receta mágica, pero sí que entendemos que cualquier reforma fiscal debe ser global, no sólo de los impuestos especiales e impuestos a la energía sino también de IRPF, Sociedades… Una reforma fiscal global, no sólo de la fiscalidad energética.

Lo que tampoco podemos hacer es trasladar todo el peso de los impuestos únicamente al consumidor final. Tiene que haber un reparto equilibrado dentro de la energía. En España hay un peso muy importante, especialmente en el sector de los hidrocarburos, pagando muchos impuestos en el litro de gasolina que suponen una recaudación muy importante para las arcas públicas. Pero hay que ser cautos porque cada céntimo que subas a nivel impositivo, estás gravando la actividad de los transportistas, que son los que dependen del hidrocarburo para su negocio, y cada céntimo que restas lo haces sobre las arcas públicas.

-La Agencia Internacional de la Energía (AIE) consideró en su última visita a España que, en aras de cumplir los objetivos medioambientales, habría que elevar los impuestos a los carburantes que son, por otro lado, de los más reducidos de la Unión Europea, para financiar así el apoyo a las renovables. ¿Qué piensan al respecto?

Hay que valorar la posibilidad de gravar más fiscalmente aquellas energías que más contaminen, que es algo que parece que va en la línea de las directrices europeas y que tiene sentido. Algo que se haría sin ahogar a los sectores de la noche a la mañana pero sí que habría que ir introduciendo criterios fiscales para que las energías más contaminantes tengan un mayor coste, una mayor penalización fiscal, que las que son renovables y contribuyen a alcanzar los objetivos de reducción de contaminación marcados por la Unión Europea. ¿Cuánto o en qué porcentaje? No lo tenemos todavía definido.

RENOVABLES

-Esta legislatura ha supuesto un cambio radical para las energías renovables. ¿Cuál es el sistema retributivo que proponen?

Desde Ciudadanos pretendemos un marco de competencia perfecta a medio plazo, que entren todos en el mercado. En un mercado energético liberalizado, que funcione, en el que se eliminen barreras de entrada y salida para los agentes, donde se compita en libertad dentro de un pool con reglas claras, transparentes, no discriminatorias. Todo diseñado de forma que si hay que potenciar alguna energía a nivel de Estado, por política energética nacional o medioambiental, siempre que se haga con un sistema de retribución que vaya acorde con la curva de aprendizaje de esa energía, con primas decrecientes y tendentes a desembocar en un pool en el que se compita en igualdad de oportunidades y de condiciones con el resto de energías.

-¿Estáis de acuerdo con las críticas al pool que se realiza desde algunos sectores, a pesar de que los precios son bastante semejantes a lo marcado por otros mercados europeos?

Sinceramente creo que no está funcionando adecuadamente. Hay una duplicidad: por un lado hay unas tecnologías que parece que funcionan en libre mercado en el pool junto a una serie de tecnologías que tienen una rentabilidad garantizada por su  régimen retributivo que les permite entrar a cero y, en definitiva, que están distorsionando el precio real del pool. El pool no está reflejando exactamente el coste de generación. Incluso las propias empresas pueden jugar con el pool. Hay que pulirlo y trabajar en un mecanismo más sencillo. Sabemos que es complicado, pero desde Ciudadanos pretendemos un mercado que refleje exactamente el coste de generación de la energía y en el que entren todas las tecnologías en igualdad de oportunidades.

-Volviendo a las renovables, ¿Cómo valoran todo lo acontecido durante esta legislatura para este sector?

Se derogó el régimen especial pero persisten determinadas primas, rentabilidades garantizadas, condiciones ventajosas de unas energías frente a otras. Si vamos a ese modelo de potenciar determinadas energías como el impulso a la biomasa, que está entrando muy fuerte, o fotovoltaica o eólica con un determinado nivel de rentabilidad garantizada, hay que elaborarlo de otra manera. No podemos volver a caer en los errores de 2004-2005. Se diseñó un sistema de primas que en lugar de ser decrecientes fueron planas. Lo que hemos hecho es pagar toda la curva de aprendizaje de las renovables a nivel mundial sin que la prima fijada para esos proyectos, que están diseñados a 20-30 años, fuera cayendo en consonancia con la curva de aprendizaje.

-¿Qué valor da Ciudadanos a la seguridad jurídica?

Tenemos que reconocer que el Gobierno del PP no ha tenido más remedio que sacrificar la seguridad jurídica para controlar el déficit de tarifa. No se me ocurre una solución mejor a quebrantar la seguridad jurídica, aún reconociendo que para nosotros la seguridad jurídica es un pilar fundamental. Se habían hecho las cosas tan mal con las primas a las renovables que era la opción menos mala. En Ciudadanos somos defensores de la seguridad jurídica y lo que proponemos lo queremos respetar al 100%. Queremos dar seguridad jurídica a los inversores y que sepan que si vamos a poner unas reglas de juego, su proyecto terminará exactamente igual que empezó.

Lo que no se puede hacer es como hizo el Gobierno de Zapatero, poner primas permanentes con curvas de desarrollo tecnológico que aumentaban su eficiencia, al mismo nivel hasta el final de su vida útil de las renovables, porque eso te lleva a lo que ha hecho el Gobierno del PP. Coartar la seguridad jurídica y recortar las primas, lo que genera una espantada a los inversores internacionales o nacionales.

-¿Pero creen que las formas del Gobierno de hacerlo han sido las adecuadas?

No sé el grado de interlocución que ha habido con el sector. Lo cierto es que está bastante recurrido por todos y el Estado va a tener que soportar sentencias millonarias en contra por haber quebrado la seguridad jurídica. Creo que el Estado lo entendió como un mal menor. Posiblemente se podía haber llegado a algunos acuerdos y haber evitado algunas de las sentencias que están por venir. Creo que lo que se ha hecho para corregir el déficit era necesario, que se sacrificó mucho a la industria eléctrica, desde las multinacionales a los productores solares, y que todo debe servir para aprender de los errores del pasado y diseñar, entre todos, un modelo retributivo que no se pueda tocar.

CARBÓN

-¿Cómo abordaréis la cuestión del carbón nacional?

Avanzamos a un modelo en el que el carbón, para poder estar presente en el mix energético, tiene que ser económicamente viable para entrar en el pool sin ayudas, sin subvenciones y sin aportaciones por parte del Estado. Hay dos realidades: la primera es que únicamente pueden llegar a ser rentables las minas a cielo abierto. En segundo lugar, tiene que haber una renovación importante del parque de centrales térmicas en España. Actualmente están obsoletas, no cumplen los requisitos medioambientales de la Unión Europea, para lo que precisan llevar a cabo unas inversiones muy importantes para cumplirlos. Así podríamos mantener el carbón como una energía de transición durante unos años. Si no lo hacen, no habrá más remedio que cerrarlas.

-Se acerca 2018 y la Unión Europea no permitirá más subvenciones a la minería del carbón. ¿Qué debe hacer el próximo Gobierno en este ámbito?

No es un tema únicamente de la Administración sino del sector. No es un tema de ayudas: el sector lleva años con un plan de reconversión industrial de las minas en España. Actualmente la apuesta medioambiental es muy potente. Existen mecanismos que permiten reducir la contaminación del carbón de una forma notable. La pelota está en el tejado de la industria carbonera y de la industria de generación eléctrica, que son los que tienen que decidir si llevan cabo unas inversiones muy importantes en las plantas térmicas. Es verdad que la industria tomará la decisión en función de cuál sea la seguridad jurídica en España; si se les garantiza unas reglas de juego estables seguramente apostarán por renovar las plantas.

20 claves energéticas de Ciudadanos para el 20-D: En busca del pacto de Estado

Albert Rivera llega a sus primeras elecciones generales con un proyecto que aspira a desbancar el bipartidismo en la próxima cita con las urnas. En materia energética, Ciudadanos presenta algunas propuestas novedosas así como la voluntad de sentarse a negociar, desde el primer día de la próxima legislatura, un pacto de Estado en Energía al que acudirán sin prejuicios ideológicos hacia las diversas fuentes de energía sino, más bien, con una calculadora en la mano que permita calibrar las distintas opciones.

Así afronta el programa de Ciudadanos para las elecciones las 20 claves de Energía Diario:

Ahorro energético: Ciudadanos propone fomentar estrategias para cambiar hábitos de uso hacia la contención y la sobriedad en el consumo de energía «para alcanzar un sistema energético sostenible». En este sentido, anuncian planes específicos de concienciación y sensibilización social sobre el ahorro y el uso racional de la energía eléctrica. Para ello apuestan por una gestión «óptima» de la demanda.

ATC: En el programa electoral no hay mención a los residuos nucleares, pero la directriz del partido es ceñir las decisiones a lo que dictamine el Consejo de Seguridad Nuclear.

Autoconsumo: Ciudadanos apuesta por no poner «trabas» al desarrollo del autoconsumo energético y la generación distribuida, incentivando asimismo el autoabastecimiento abriendo el mercado nacional a tecnologías de almacenamiento de energía. También abogan por regular un balance neto en el que la energía excedentaria sí que pague un cargo de red.

Bono social: El actual bono social es, a juicio de Ciudadanos, «solo una medida paliativa con importantes defectos de diseño», como su aplicación a todo tipo de familias numerosas «con independencia de su renta». Por ello, pretenden que sea necesario un informe favorable de servicios sociales para acceder al bono social en función de la renta. Además, proponen que el bono social se cargue a los Presupuestos Generales del Estado.

Carburantes: Proponen «incrementar la competencia entre operadores». Para ello pretenden obligar a los operadores existentes a vender a operadores extranjeros parte de su red, «con elevadas multas por prácticas anticompetitivas», para introducir después una fiscalidad más progresiva sobre los hidrocarburos, en aras de desincentivar su consumo como consecuencia de la lucha contra el cambio climático.

Centrales nucleares: No hay referencias en el programa al papel que pueden jugar las nucleares en una transición hacia un modelo renovable. El responsable del programa en materia energética, Ignacio Aguado, apunta que se escuchará al Consejo de Seguridad Nuclear.

Cogeneración: El programa indica que se mantendrá el «impulso» a la implantación de la cogeneración en la industria para obtener energía eléctrica y térmica simultáneamente.

Consumidor: Ciudadanos se compromete a favorecer «sistemas inteligentes de medida, monitorización y control de consumos energéticos que permitan una gestión óptima de la demanda energética», como una de las vías fundamentales para reducir el consumo. También destaca su propuesta de solidaridad entre consumidores, ante lo que denominan como una situación «de emergencia social», al proponer que una parte de los excedentes del autoconsumo se destinen gratuitamente al suministro de las familias acogidas al bono social.

Deuda eléctrica: El programa se compromete a modificar el sistema de formación de precios «para disminuir los altos costes eléctricos para pymes y familias y acabar con el déficit tarifario».

Eficiencia energética: Como solución para erradicar la pobreza energética, se propone subvencionar a los consumidores vulnerables una instalación solar fotovoltaica de unos 2.000 euros, para avanzar hacia el autoabastecimiento y conseguir unas viviendas que tengan un consumo de energía casi nulo. También se impulsará la eficiencia energética en la envolvente de los edificios, cerramientos o calderas, al modo de las empresas de servicios energéticos. En caso de salir de la situación vulnerable, los consumidores tendrían que hacer frente a una parte de la financiación pública.

Fiscalidad: Sin ningún punto más en lo relacionado al ámbito energético que lo reseñado en el apartado de los carburantes.

Fracking: Ciudadanos descarta la técnica del fracking por diversos motivos: «riesgos medioambientales, escasez de yacimientos en España y la baja rentabilidad económica de las posibles explotaciones con las técnicas actuales».

Impulso a las renovables: El compromiso es transformar el modelo energético actual en un modelo basado en las energías renovables en el horizonte 2050. Se habla de impulsar fundamentalmente las tecnologías eólica terrestre, incluida la minieóloica, eólica marina y solar fotovoltaica para generar electricidad, así como la energía geotérmica donde hay recurso suficiente. Precisamente fomentarán la energía solar y la geotermia para usos térmicos industriales y del sector primario y para la calefacción y producción de agua caliente sanitaria en los edificios y servicios. También prometen reducir los trámites administrativos para instalaciones de plantas renovables.

Mercados energéticos: El programa de Ciudadanos asegura que «impedirá» que las empresas de generación, distribución y comercialización, «provenientes de los antiguos monopolios», continúen formando parte de un mismo grupo empresarial. «Con más liberalización y competencia se da verdadero cumplimiento a la directiva europea que pretendía un aumento de la eficiencia, reducción de precios, mejora de la calidad del servicio y aumento de la competencia», aseveran. Asimismo, plantean acabar con el sistema marginalista de formación de precios para acercarlo más a los costes de producción de cada tecnología del mix energético.

Minería del carbón: Seguirán las directrices marcadas por la Unión Europea, que impedirá las ayudas a partir del año 2018-

Mix energético: El objetivo de Ciudadanos es una transición gradual hacia un nuevo modelo energético basado en energías renovables, el autoabastecimiento, el ahorro y la eficiencia así como en un modelo de producción descentralizado. Así aspiran a «crear un mix energético sostenible y equilibrado que garantice el suministro energético y que suponga un ahorro de costes para empresas y consumidores».

Movilidad: Promete el fomento de la electrificación del transporte así como del uso de otras fuentes de energía como el gas natural, el hidrógeno y los biocombustibles derivados de materias no alimentarias. En este sentido, indican que impulsarán el coche eléctrico facilitando la recarga al menos coste posible para todos los usuarios y haciendo que los distribuidores, como gestores de infraestructuras, «jueguen un papel fundamental».

Respaldo térmico: Sin novedades en este punto, todo indica que las plantas nucleares y, sobre todo, las centrales  térmicas y los ciclos combinados de gas, seguirán acompañando a las renovables en la generación de electricidad.

Seguridad jurídica: Resulta capital en el programa de Ciudadanos ya que consideran la incertidumbre jurídica como «el peor enemigo» para las inversiones, por lo que ven «imprescindible» la protección de los inversores mediante el cumplimiento de los contratos acordados con la Administración. «No es positivo para España establecer cambios normativos con efectos retroactivos que dinamitan nuestra credibilidad como país y merman el potencial inversor», indican.

Unión Europea: Se compromete aumentar la interconexión eléctrica de España con los países de la Unión Europea e impulsar la conexión de transporte de gas natural de España con Francia «como infraestructura para incorporarnos a la Europeam Gas Single Market.

Ciudadanos plantea invertir 20 millones en las cuencas mineras en cuatro años

EFE.- Ciudadanos ha propuesto hoy invertir 20 millones de euros en la próxima legislatura en un Plan de Dinamización para las cuencas mineras de Castilla y León que de verdad sirva para ofrecer un futuro a los vecinos de estas comarcas.

Así lo ha dicho hoy en Ponferrada (León) el portavoz de la formación en las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, donde ha presentado las líneas básicas de este plan, que quiere consensuar con el resto de fuerzas políticas.

Para empezar, pide al PP que incluya cada año en los presupuestos de la Comunidad 5 millones de euros para estos municipios, que sólo en León son 31. Pero Fuentes quiere que este dinero sirva para «dinamizar a las personas» ya que hasta ahora sólo se ha buscado el beneficio de las empresas.

Con este dinero Ciudadanos quieren crear las «condiciones propicias» para atraer proyectos que generan empleo y también para formar a los ciudadanos. «Proyectos tanto de la gente de aquí, como de gente de fuera que creen y fijen empleo», ha explicado Fuentes. «Hay que facilitar que el sector de la minería haga sus propios proyectos de dinamización y aprovechar todos los potenciales», ha añadido.

Y es que hasta el momento todos los planes de reconversión han fallado, según Fuentes, porque «se han hecho y planteado única y exclusivamente para salvar a ciertas empresas o una minería que todos sabemos que a partir de 2017 tiene los problemas que tiene por parte de Europa».

Ciudadanos recuerda que Europa quiere que las minas se vayan cerrando para conseguir una energía limpia y renovable a partir de 2020.

«Ha habido gobiernos que se han intentado amparar en promesas que sabían que no se podían cumplir y lo que querían esa salvarse. Nosotros queremos que este plan sitúe de verdad al ciudadano en el centro de la acción», ha recalcado.

«Tenemos que acabar con la quema de carbón porque el objetivo 2020 es reducir el 20 por ciento la emisión de gases contaminantes y tenemos que ir a energías limpias. Por eso no podemos llegar a 2017 sin un plan para estos municipios», ha explicado.

En este sentido, Fuentes se pronunció también sobre el proyecto de la Ciudad de la Energía, que asegura que apoyan pero aclara que las investigaciones del laboratorio de Cubillos del Sil van enfocadas sólo a la reducción y captura del CO2 que produce la quema de carbón y Europa exige mucho más.

«Es un proyecto que todavía no ha dado los frutos que se habían planteado. Nosotros estamos a favor de todo lo que sea reindustrialización de estas zonas y por supuesto apoyamos la Ciuden. De todos modos hay que ver qué consecuencias tiene la quema de carbón y qué plantea Kioto, porque no es sólo la reducción de CO2 sino también otros gases contaminantes», finalizó.

El PP, PSOE, Ciudadanos, Convergència y Unió coinciden en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado en materia energética

Europa Press / EFE.- El PP, el PSOE, Ciudadanos, Convergència y Unió coincidieron en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado de la energía y se comprometieron a impulsar medidas de eficiencia energética durante una mesa redonda en la asamblea general de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen).

La diputada del PP presente en el debate, Encarnación Jiménez, se mostró «optimista» en relación con la posibilidad de alcanzar un pacto de Estado en materia de energía, que «sería lo deseable». «Tenemos que pensar que no hay energías de derechas y de izquierdas», apuntó Jiménez, que se comprometió a «consolidar las reformas», que «se siga generando certidumbre en el sector», que se favorezca la competitividad de las empresas, que la recuperación económica sea un hecho y que el crecimiento se traduzca en generación de empleo. Además, la representante popular hizo hincapié en las interconexiones, un tema «fundamental de ahora en adelante» para el futuro de España y de la Unión Europea, así como en avanzar en la eficiencia energética.

También se ha mostrado optimista de cara a un pacto de Estado el coordinador de Medio Ambiente y Energía de Ciudadanos, David López, para quien se aproxima una época «en la que los pactos van a tomar protagonismo». El representante de Ciudadanos se ha comprometido a realizar una auditoría completa del sistema eléctrico español para determinar todos los costes asociados, a «modificar o, incluso, derogar» el real decreto de autoconsumo y a desarrollar un plan estratégico de transición energética. «El plan renove, por supuesto, lo tendremos en mente para la cogeneración; una apuesta decidida», apuntó.

La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del Grupo Socialista, Pilar Lucio, señaló que «se puede llegar a un pacto», pero que para ello «hay que tener una trayectoria previa de confianza con el sector y respeto mutuo entre quienes forman parte del sector y quienes tienen que legislar«, algo que, en su opinión, no ha ocurrido en los últimos cuatro años. Desde el PSOE, defendió la necesidad de rediseñar la estrategia energética española «escuchando a todas las partes» tras unos años centrados solo en acabar con el déficit de tarifa sin medir los «efectos colaterales«. PSOE y Ciudadanos coincidieron en la importancia de intentar alcanzar un pacto de estado en materia energética aunque cada partido tiene sus «líneas rojas».

PSOE: comisión de transición energética

Preguntada por medidas concretas para los 100 primeros días de Gobierno, la representante del PSOE ha propuesto la creación de una comisión de transición energética con el objetivo de diseñar un modelo «que trascienda los periodos de Gobierno de un color u otro». Además, ha manifestado que, si el PSOE llega al Gobierno, se modificará el real decreto de autoconsumo y se llevará a cabo una «trasposición efectiva» de la directiva europea sobre eficiencia energética.

El diputado de Unió Democràtica de Catalunya, Antoni Picó, indicó que «sin lugar a dudas» es necesario este pacto y ha marcado como puntos clave en materia de energía asegurar el suministro y tener precios competitivos, así como alcanzar una estabilidad normativa y económica. Respecto a la cogeneración ha señalado que, de cara a la nueva legislatura, su partido apuesta por «hacer efectivo el plan renove«, así como «hacer efectiva la totalidad de la retribución específica hasta alcanzar los 2.400 millones comprometidos en la última reforma» y «recuperar aquellos proyectos de plantas afectadas por la suspensión del procedimiento de asignación».

Por su parte, la representante de Convergència, Mercé Rius, apuntó que un pacto nacional de energía es «un escenario deseable», pero que «no es probable» en estos momentos, ya que las medidas aplicadas por el Gobierno «han generado consenso en contra«. Como medidas concretas, Rius apostó por el plan renove, la trasposición de la directiva europea sobre eficiencia energética, la derogación o modificación del decreto de autoconsumo y la territorialización de las ayudas del fondo de eficiencia energética. También insistió en la necesidad de recuperar seguridad jurídica y la confianza de inversores, un punto en el que coincidieron con Ciudadanos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Industria y Energía de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Guillermo Ulacia, demandó recuperar «con sentido de urgencia» un precio de energía industrial competitivo y una revisión del modelo fiscal. «Hay bases suficientes para abordar un pacto de Estado de energía», concluyó. Acogen entregó también sus galardones «cogeneradores de honor 2015» a los periodistas económicos Carmen Monforte y Rubén Esteller.

Albert Rivera cree que hacer incompatibles renovables y nuclear «queda bien» en campaña pero no en el Gobierno

EFE.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que «eso de hacer incompatible la energía renovable con la nuclear o con otras es muy dogmático, queda muy bien en el programa o en un mitin, pero luego hay que sostenerlo cuando se llega al Gobierno». Rivera considera que España debe seguir avanzando en energías renovables, pero «no puede prescindir de energía nuclear» si no se garantiza el suministro energético y que no crezca el coste de la energía.

Según su opinión, hay que invertir en innovación y avanzar en energías renovables en el futuro, pero «no tanto por la vía de la subvención», sino de la innovación y desarrollo que permita tener una energía renovable «competitiva«. «No tenemos intención de dejar de avanzar en ese mix energético», ha asegurado Rivera. Respecto al carbón, abogó por «planes de reconversión» para las zonas mineras e intentar crear empleo en otros sectores para que los trabajadores mineros «puedan tener otras salidas profesionales», pero «eso necesita tiempo».

Rivera indicó que desde Europa ya se ha advertido del cierre «20 veces» y es necesario «reconvertir esas zonas con otro tipo de economía», pero la «vía de la subvención a las empresas como vía sine die no es una buena idea». Sin embargo, considera también que «cortar eso de golpe» puede generar más desempleo y más problemas sociales, por lo que propuso un plan de reconversión a medio plazo.

Una veintena de partidos se reafirma en que prohibirán el fracking en sus programas electorales

Redacción / Agencias.- Más de una veintena de partidos ratificó en el Congreso su compromiso de vetar en sus próximos programas electorales la técnica de la fractura hidráulica y prohibirla en el Estado, a excepción de PP, PNV, UPyD y CiU. Entre las formaciones que lo prohibirán, algunas sin representación parlamentaria, figuran Podemos, Ciudadanos, PSOE, Izquierda Plural, Coalición Canaria, Equo, Amaiur, CHA, el Partido Animalista (Pacma), Los Verdes y Esquerra Republicana. De igual modo, plataformas y colectivos reactivan la iniciativa Stopfracking 2015 para impedir esta técnica en España.

A tres meses de las elecciones generales, estos partidos y unos 200 grupos y asociaciones sociales y medioambientales contrarias al fracking renovaron el Compromiso para la prohibición de la fractura hidráulica en el Estado español, que firmaron en 2014. La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, indicó que su partido no varió «un ápice» su postura sobre este tema y las prospecciones petrolíferas. Por contra, «estamos a favor de que las renovables sean las protagonistas del modelo energético español y estamos convencidos de que la fracturación hidráulica se puede paralizar«, apuntó Lucio, que se mostró partidaria de ir reduciendo la generación nuclear y los combustibles fósiles.

El diputado de Izquierda Unida, José Luis Centella, hizo un llamamiento a «desenmascarar» a quienes se escandalizan cuando ocurren desastres naturales, en referencia al Gobierno popular, pero al mismo tiempo apoyan técnicas como el fracking, considerada a su juicio de alto riesgo. Asimismo, Juan López de Uralde (Equo) aseguró que no habrá fractura hidráulica si el próximo Gobierno cambia de signo político. Según el compromiso firmado, también paralizarán cualquier proyecto que utilice fracking de investigación o explotación de hidrocarburos no convencionales autorizados. El fracking consiste en inyectar grandes volúmenes de agua y productos químicos a gran profundidad para romper la roca de pizarra que alberga gas de esquisto o petróleo.

En el documento firmado advierten de la «creciente preocupación» de los ciudadanos por la proliferación de este tipo de proyectos y los «riesgos» asociados a los mismos, como la contaminación de acuíferos y atmosférica, la modificación paisajística o terremotos. Además, más de 200 colectivos sociales se han sumado a la iniciativa StopFracking2015 con el objetivo de paralizar el avance de la fractura hidráulica en toda España, según informó la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Esta iniciativa, impulsada por un total de 27 plataformas antifracking, ha cosechado apoyos de numerosos colectivos sociales de diferentes ámbitos.

Precisamente, los representantes de los alrededor de 200 grupos contrarios a la fractura hidráulica se manifestaron previamente ante el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para denunciar los impactos ambientales, sociales y económicos de esta técnica y exigir su inmediata prohibición así como protestar contra las concesiones ambientales que dicho Ministerio otorgó o puede otorgar a los proyectos de fractura hidráulica. Hasta la fecha, cinco comunidades autónomas, La Rioja, Navarra, Cataluña y Cantabria y Andalucía, legislaron contra el fracking, si bien el Constitucional ya anuló las normas cántabra y riojana.

Reactivan la iniciativa Stopfracking 2015

Según el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, el Gobierno debería tener una actitud «mucho más crítica» con respecto a esta técnica, ya que sólo la ha facilitado. Por ello, desde Stopfracking 2015 han buscado el compromiso político de que, en el caso de que uno de esos partidos gobierne, se prohíba la técnica del fracking. La reactivación de esta iniciativa se debe a la cercanía del próximo periodo electoral y persigue que esos partidos firmantes del acuerdo, que según el coordinador de la ONG son «prácticamente toda la oposición», reflejen su compromiso en sus propios programas electorales.

Ante los políticos intervinieron los representantes de cada plataforma contra el fracking, entre ellas, Merindades de Burgos, donde están más avanzados los proyectos que, aunque no se han iniciado aún, empezarán a funcionar 8 pozos en 2016, según indicó Segura. También participaron las plataformas de todos los territorios donde, según Segura, hay «amenazas» de explotaciones de fracking, como las plataformas de Murcia, Cádiz, Jaén, Cantabria, Cataluña, entre otras, que expusieron sus demandas y sus motivos de oposición a esta técnica.

Asimismo, se celebró la jornada StopFracking2015, donde se analizaron aspectos relacionados con la fractura hidráulica, como la viabilidad económica de estos proyectos, los daños al medioambiente y a la salud humana, las alternativas energéticas, y las posibles vías jurídicas con el fin de paralizar esta técnica de extracción. Los denominados expertos dejaron en «entredicho» la viabilidad del fracking para el desarrollo energético del Estado, según Amigos de la Tierra. «Es necesario que la mayoría de reservas de combustibles fósiles que quedan en el subsuelo se queden ahí para siempre. Seguir extrayéndolos es incompatible con cualquier tipo de acción ambiciosa de lucha contra el cambio climático«, señaló Amigos de la Tierra.

PSOE, Podemos y Ciudadanos se comprometen a derogar el real decreto de autoconsumo si el Gobierno lo llega a aprobar

Redacción / Agencias.- 18 partidos políticos, entre los que figuran PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPyD, entre otros, han firmado su compromiso con el desarrollo del autoconsumo energético «sin barreras discriminatorias» y se han comprometido a derogar durante la próxima legislatura el real decreto actualmente en tramitación por el Gobierno y que puede ser aprobado el próximo septiembre.

Además, el manifiesto presentado por los partidos está firmado por una amplia representación de la sociedad civil entre los que figuran asociaciones de consumidores (Adicae, Asgeco, Facua u OCU), sindicatos (CCOO y UGT), asociaciones empresariales (ACER, Aifoc, Anpier, APPA Fotovoltaica, UNEF o Pimec), ecologistas, como Greenpeace, SEO/BirdLife o WWF España, y movimientos sociales como Ingenieros sin Fronteras o la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, en defensa, según expusieron en el manifiesto, «del derecho reconocido por la Comisión Europea a la democratización de la energía«.

Asimismo, tanto los partidos políticos como las diversas asociaciones han firmado un manifiesto por el que reconocen «los beneficios económicos, sociales y ambientales del autoconsumo, solicitan la retirada de la propuesta del Gobierno de real decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo para que sea modificado íntegramente considerando las mejores prácticas disponibles«. Los firmantes de este manifiesto señalaron que «cualquier normativa reguladora del autoconsumo debería tener como objetivo favorecerlo«, pues «crea empleo y fomenta la economía local».

Adicionalmente, en caso de ser aprobado en sus términos actuales, en los que el Gobierno propone imponer peajes al autoconsumo, los partidos políticos se comprometen a contribuir a derogar el real decreto y a crear «con la máxima urgencia una normativa realmente favorable» al desarrollo del autoconsumo. En este sentido, se comprometen a eliminar el conocido como impuesto al sol, reconociendo la idoneidad del ahorro y eficiencia energética que supone el autoconsumo energético de fuentes renovables y comprometiéndose a eliminar cualquier cargo adicional a estos consumidores que resulte discriminatorio con respecto a otras medidas incluidas.

Asimismo, las fuerzas políticas denunciaron que la propuesta del Gobierno es parte de «una clara política de penalización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética», junto a muchas otras medidas «disuasorias» de un uso más eficiente de la energía como el incremento «abrupto» del término fijo de la tarifa eléctrica. Además, destacan que la propuesta del Gobierno «va en contra de la democratización energética, viola la normativa europea en materia de energías renovables y eficiencia energética y carga de manera innecesaria al autoconsumidor con cargos y dificultades administrativas que impiden de facto el desarrollo de este derecho».

Según la Fundación Renovables, los políticos mostraron su apoyo al manifiesto, que pretende modificar la normativa para fomentar el autoconsumo. La representante de Ciudadanos en la presentación del manifiestoy portavoz del partido en el Parlamento valenciano, Carolina Punset, afirmó que «se está legislando en favor de una minoría privilegiada, que es la del oligopolio de las eléctricas», y agregó sobre el autoconsumo energético que supone «la única posibilidad de ahorro de las familias en un momento de emergencia social«.

Por su parte, Pilar Lucio, secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, se mostró «en contra de cualquier tipo de peaje al autoconsumo», y resaltó la necesidad de «eliminar las puertas giratorias en sectores estratégicos», como es el de la energía. Para el PSOE «porque lo sabemos, hemos tomado esta decisión», señaló en referencia a la presencia de algunos ex dirigentes socialistas en consejos de administración de empresas energéticas.

El ministro Soria defendió el real decreto anunciando que los autoconsumidores «tendrán que contribuir a financiar los costes del sistema y otras infraestructuras porque se están beneficiando de ello». Juan López Uralde, co-portavoz de Equo y ex director de Greenpeace en España, apuntó la paradoja de que «estando en el país del sol, éste no se pueda aprovechar». Asimismo, Uralde señaló que «si en vez de energía pensamos en tomates, esto parece abusivo», al plantear la situación de que una persona que plantara tomates en su balcón tuviera que pagar por la red de transporte de tomates a nivel nacional.

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, afirmó que «el PP hace el kamikaze al ir en contra de todos», y criticó duramente la iniciativa del Gobierno por tener a toda la oposición en contra de este proyecto de real decreto. Al finalizar la lectura del manifiesto, los representantes de la oposición al completo, salvando a Unió, que no se adhirió a la iniciativa a diferencia de Convergéncia, se fotografiaron junto a los leones del congreso. También se adhirieron al manifiesto Amaiur, BNG, CHA, Coalición Canaria, UPyD, entre otras formaciones.