Gas Natural, Iberdrola y la Abogacía del Estado pidieron hoy al Tribunal Supremo el levantamiento de las medidas cautelares que paralizan la OPA de la gasista sobre Endesa y rechazaron la solicitud de la eléctrica de sustituirlas por la suspensión de los derechos políticos.

Gas Natural e Iberdrola solicitaron el jueves al Tribunal Supremo que levante las medidas cautelares que mantienen paralizada su oferta de compra sobre Endesa y que, a su vez, bloquean la OPA competidora del grupo alemán EON. Estas peticiones, a las que también se suma la de la Abogacía del Estado, están recogidas en las alegaciones presentadas por las partes a solicitud de Endesa al Alto Tribunal para que levantara o modificara las cautelares.

En su conjunto, las partes personadas consideran necesario levantar las cautelares en beneficio de los accionistas, para que éstos puedan elegir entre las dos ofertas en liza: la de Gas Natural y la OPA competidora formulada por E.ON.

Gas Natural e Iberdrola entienden que nunca debieron aceptarse las medidas cautelares que han paralizado la OPA de Gas Natural y señalan que no hay razones para ello. Además, critican la justificación de Endesa para pedir el levantamiento de las cautelares, puesto que afirman que el escenario ‘no ha cambiado’.

La vista oral del juicio, que debía comenzar mañana, ha sido suspendida. Según fuentes de Gas Natural, la decisión de recusar a la juez se debe, en su caso, a determinadas actuaciones durante el procedimiento y a ciertas circunstancias personales que arrojan «dudas sobre su independencia e imparcialidad».

Gas Natural e Iberdrola presentaron hoy sendos escritos de recusación contra la titular del juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid, Miriam Iglesias, que investiga la demanda presentada por Endesa contra ellas por presunto pacto colusorio (concertación previa), informaron hoy las dos empresas.

La recusación, que ha obligado a suspender la vista oral del juicio por presunta concertación, que debía comenzar mañana, se debe a la supuesta falta de imparcialidad de la juez.

La iniciativa de recusar a Miriam Iglesias, que suspendió cautelarmente la opa de Gas Natural el pasado mes de marzo, ha partido de la compañía gasista e Iberdrola ha decidido adherirse a ella, según fuentes de la eléctrica.

La recusación deberá ser resuelta por la Audiencia Provincial de Madrid, instancia a la que la juez tendrá que remitir ahora los escritos presentados por Gas Natural e Iberdrola.

Según Gas Natural, la recusación responde a determinadas actuaciones que la juez ha desarrollado a lo largo del procedimiento y a ciertas circunstancias personales que arrojan «serias dudas sobre su independencia de criterio para juzgar con la necesaria imparcialidad los hechos».

La compañía gasista hace hincapié en su profundo respeto por el sistema judicial español, pero subraya que debe actuar así para defender sus derechos y los de sus accionistas.

Gas Natural entiende que la acusación lanzada por Endesa (pacto colusorio) es suficientemente grave para hacer necesaria esta actuación, sobre todo teniendo en cuenta que las últimas decisiones de la juez están dejando a la compañía en un estado de «completa indefensión».

Según la empresa gasista, la falta de imparcialidad de Miriam Iglesias «se ha demostrado tanto por su conducta personal a lo largo del proceso como por diversas circunstancias que hacen sospechar fundadamente de la existencia de una injustificada diferencia de trato».

Gas Natural ha decidido ejercer ahora su derecho a recusar a la juez, y no anteriormente, por una «sucesión de comportamientos injustificadamente parciales» A juicio de la compañía gasista, Miriam Iglesias «ha mostrado un continuo desprecio» por las pruebas solicitadas por Gas Natural e Iberdrola, que «ha rechazado de forma sistemática». Esta actitud, añade, «contrasta claramente con la comprensión, o incluso simpatía, que muestra por las peticiones de todo tipo que hace la demandante».

La semana pasada, la juez volvió a rechazar la comparecencia como testigos del consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, y del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. La juez también ha rechazado la petición de Iberdrola de que un experto de la Comisión Europea (CE) opine sobre el acuerdo de compraventa de activos y que se pueda solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un informe con las comprobaciones ordinarias acerca de este compromiso.

Gas Natural considera que concurren «determinadas circunstancias personales en la juez que inciden en la posible falta de la debida imparcialidad». En concreto, la compañía gasista menciona la «estrecha relación personal y profesional» entre Francisco Prada, marido de la juez, y Borja Acha, director de la Asesoría Jurídica de Endesa.

Según fuentes de Iberdrola, la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán tuvo conocimiento esta mañana, vía procuradores, de la recusación planteada por Gas Natural y decidió adherirse a ella, en vista de sus argumentos, que considera «graves», y «en aras de la transparencia», estas fuentes recalcan que todas las actuaciones de la compañía se han ajustado a las leyes vigentes y que el acuerdo de compraventa de activos firmado con Gas Natural respeta la legislación española y comunitaria.

El pasado 21 de marzo, la juez Iglesias ordenó suspender de forma cautelar la opa formulada por Gas Natural sobre Endesa en tanto se resuelve la demanda por presunta concertación presentada por la eléctrica. No obstante, la suspensión ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid por Gas Natural e Iberdrola, y Endesa ha solicitado su levantamiento al propio juzgado mercantil.

El juzgado de lo mercantil número tres de Madrid lleva otras dos causas relacionadas con el proceso de opas: una contra Gas Natural e Iberdrola por presunta asistencia financiera y otra contra Endesa por no haber respetado supuestamente su deber de pasividad

La opa de la compañía gasista también está paralizada por decisión del Tribunal Supremo, que suspendió cautelarmente la autorización con condiciones otorgada por el Consejo de Ministros. En este caso, Endesa ha pedido al Supremo la modificación o el levantamiento de las medidas cautelares.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería ha ordenado la paralización cautelar de las obras de instalación de tendidos eléctricos por parte de Endesa en municipios del levante de Almería al considerar que podrían ocasionar «perjuicios para el interés general».

Según el auto judicial emitido por el magistrado Jesús Rivera, al que tuvo acceso Efe, los tramos de línea pública de tendido eléctrico sobre los que se ordenó la paralización son los de Naranjos-Vera, con final en la subestación de Mojácar. Según el fallo judicial, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa concedió a Endesa licencia de obras para la instalación de tendidos eléctricos sobre localidades del levante almeriense como Vera, Turre o Mojácar, «sin advertir» los perjuicios para el interés general que éstas ocasionarían, «como demuestra» que el letrado de la Junta «manifestara que no se opone» a la paralización.

La decisión del juez Rivera se produce a la espera de que se resuelvan las tres querellas criminales admitidas a trámite en el mes de septiembre por el Juzgado de Vera (Almería) contra el delegado provincial de Sevillana Endesa, Julián Lacalle, y su jefe de explotación, Juan Soriano. Los demandantes, la plataforma ciudadana Levante sin Cables, acusaron a los responsables de Endesa de delitos de coacciones, amenazas, trato degradante, menoscabo de la integridad moral, falsedad en documento público y expropiación irregular, según la querella a la que tuvo acceso Efe. En la misma, los afectados por el trazado de los tendidos señalaron que, con anterioridad al inicio de las obras, «fueron engañados» por trabajadores de Sevillana Endesa para firmar documentos de expropiación «contra su voluntad» y desconociendo el contenido de los mismos, «sobre el que los trabajadores nunca informaron».

Sobre el trazado del tendido aéreo de la línea de alta tensión, el tercero después de que fueran rechazados dos proyectos previos «técnicamente correctos», la querella apuntó que estos cambios podrían responder a «delitos de mucho mayor calado como prevaricación y cohecho» por parte de la compañía.