Ordenan la paralización de la instalación de tendidos eléctricos de Endesa en Almería

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería ha ordenado la paralización cautelar de las obras de instalación de tendidos eléctricos por parte de Endesa en municipios del levante de Almería al considerar que podrían ocasionar «perjuicios para el interés general».

Según el auto judicial emitido por el magistrado Jesús Rivera, al que tuvo acceso Efe, los tramos de línea pública de tendido eléctrico sobre los que se ordenó la paralización son los de Naranjos-Vera, con final en la subestación de Mojácar. Según el fallo judicial, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa concedió a Endesa licencia de obras para la instalación de tendidos eléctricos sobre localidades del levante almeriense como Vera, Turre o Mojácar, «sin advertir» los perjuicios para el interés general que éstas ocasionarían, «como demuestra» que el letrado de la Junta «manifestara que no se opone» a la paralización.

La decisión del juez Rivera se produce a la espera de que se resuelvan las tres querellas criminales admitidas a trámite en el mes de septiembre por el Juzgado de Vera (Almería) contra el delegado provincial de Sevillana Endesa, Julián Lacalle, y su jefe de explotación, Juan Soriano. Los demandantes, la plataforma ciudadana Levante sin Cables, acusaron a los responsables de Endesa de delitos de coacciones, amenazas, trato degradante, menoscabo de la integridad moral, falsedad en documento público y expropiación irregular, según la querella a la que tuvo acceso Efe. En la misma, los afectados por el trazado de los tendidos señalaron que, con anterioridad al inicio de las obras, «fueron engañados» por trabajadores de Sevillana Endesa para firmar documentos de expropiación «contra su voluntad» y desconociendo el contenido de los mismos, «sobre el que los trabajadores nunca informaron».

Sobre el trazado del tendido aéreo de la línea de alta tensión, el tercero después de que fueran rechazados dos proyectos previos «técnicamente correctos», la querella apuntó que estos cambios podrían responder a «delitos de mucho mayor calado como prevaricación y cohecho» por parte de la compañía.