El Tribunal Supremo difundirá esta semana el auto que levanta la suspensión de la opa de Gas Natural sobre Endesa

La Sala Tercera del Tribunal Supremo dará a conocer esta semana el auto y los votos particulares sobre el levantamiento de la suspensión cautelar de la opa de Gas Natural sobre Endesa, lo que dejará el futuro de la eléctrica en manos de sus accionistas.

Una vez difundido el escrito del Alto Tribunal, que anunció su decisión el pasado 10 de enero, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) reanudará el procedimiento de la operación y, en particular, la fase de mejora de ofertas en sobre cerrado por parte de Gas Natural y E.ON.

En el auto que se difundirá en los próximos días, el Supremo debe explicar los argumentos por los que ha decidido levantar la suspensión acordada el 21 de abril del año pasado, cuando estimó que la operación podría causar un «grave perjuicio» para el mantenimiento de la competencia en los mercados energéticos de gas y electricidad. Al mismo tiempo, se darán a conocer los votos particulares de los componentes de la Sala que se opusieron al levantamiento, 15 magistrados frente a 16.

El camino de la opa quedó libre esta semana de las trabas judiciales que la paralizaban con la decisión adoptada por la Audiencia Provincial de Madrid, que revocó la suspensión cautelar dictada por el Juzgado Mercantil número 3 de Madrid.

La Audiencia estimó los recursos presentados por Gas Natural e Iberdrola contra la medida cautelar, al no apreciar un comportamiento colusorio (concertación previa) entre ambas, tal como denunciaba Endesa. Una vez conocida la decisión de la Audiencia, el Comité Ejecutivo de la CNMV señaló que el supervisor bursátil no iniciará el proceso hasta la difusión del auto del Supremo.

Endesa había solicitado a las dos instancias judiciales que eliminaran la suspensión el pasado mes de noviembre, después de que la CNMV aprobara la opa de E.ON, último trámite administrativo que la operación tenía pendiente. La suspensión de la opa de Gas Natural paralizó también la de E.ON, ya que se trata de ofertas su plazo de aceptación debe comenzar y terminar en las mismas fechas.

Sábado, 20 de enero de 2007

LA OPA DE E.ON EN ESPAÑA Y EN LA COMISIÓN EUROPEA

La pugna del Gobierno y Bruselas por la opa de Eon, a los tribunales (CINCO DIAS)

«España puede y debe legislar», insiste Clos (LA RAZON)

El PP advierte de que el Gobierno «no se puede permitir un fallo más» en la OPA de E.ON (EL PERIODISTA DIGITAL)

Bruselas expedientará a España por no retirar las nuevas condiciones a E.ON (LA RAZON)

El Gobierno no retira las condiciones a E.ON y la UE amenaza con expedientar y recurrir ante la Justicia (EL PERIODISTA DIGITAL)

Endesa dice a la CNMV que ha dado trato informativo de favor a la eléctrica alemana (CINCO DIAS)

Endesa, Acciona, Gas Natural y E.ON multiplican sus pulsos ante la CNMV
(LA RAZON)

Bernotat tiene problemas para mejorar su oferta: por debajo de 45 euros por acción la OPA puede fracasar (HISPANIDAD)

RED ELÉCTRICA, ENAGÁS Y LA SALIDAD DE GONZÁLEZ-ADALID

Luis Atienza asegura que ‘tiene sentido’ la integración de Red Eléctrica y Enagás (CINCO DIAS)

Antonio González-Adalid negocia una fuerte indemnización para dejar Enagás el miércoles (LA RAZON)

OTROS

Repsol YPF renegocia su proyecto ‘estrella’ en Argelia (EXPANSION)

El crudo de la OPEP con tendencia a la baja atizó nuevamente el debate sobre los recortes (EL PERIODISTA DIGITAL)

La confianza de los americanos se dispara por la mejora del empleo y del precio de la energía (CINCO DIAS)

El Partido Popular advierte al Gobierno que no se puede permitir un fallo más en la política económica

El Secretario de Política Económica del PP, Miguel Arias Cañete, advirtió hoy al Gobierno de que, tras su decisión de no retirar las condiciones a la opa de E.ON sobre Endesa, no se puede permitir «un fallo más» en política económica.

El Ejecutivo decidió ayer, día en que finalizaba el plazo dado por la Comisión Europea para eliminar algunas condiciones impuestas a esa operación, no retirarlas.

En un comunicado, Cañete avisa al Gobierno de que esa decisión va a suponer que el caso llegue hasta el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo.

Esto, en su opinión, podría dañar la imagen y credibilidad exterior de España, así como significar «graves» responsabilidades económicas.

Al respecto, se pregunta qué inversores extranjeros vendrían a un país europeo que no cumple los requisitos de la Comisión Europea sobre libertad de establecimiento y libre circulación de capitales y mercancías.

En cuanto al titular de la cartera de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, Cañete afirma que «recibió una malísima herencia del señor José Montilla -su antecesor en el cargo- y, por lo visto, está empeñado en empeorarla, aunque ello resulte difícil».

La Comisión Europea dice que hará cumplir la ley comunitaria y que tiene la opción de acudir a Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La Comisión Europea (CE) señaló hoy que hará cumplir las normas comunitarias y que tiene la «opción» de acudir al Tribunal de Justicia de la UE si España no retira las nuevas condiciones a la opa de E.ON sobre Endesa. «Si el Gobierno español no retira las medidas, la Comisión está obligada a hacer respetar la legislación comunitaria», afirmó Jonathan Todd, el portavoz de Competencia de la CE.

Todd añadió que el Ejecutivo comunitario no había pedido a España una respuesta a su decisión de retirada de las condiciones, sino que las «medidas consideradas ilegales por la Comisión eran retiradas hoy como muy tarde». El portavoz explicó que la CE «tiene la opción de abrir un procedimiento de infracción» contra España, como ya hizo en septiembre pasado con el primer bloque de condiciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la opa de E.ON. Sin embargo, eludió avanzar si la Comisión Europea podría tomar esa decisión en su reunión de la próxima semana o si podría pedir al Tribunal de Justicia que siga un eventual caso por el procedimiento acelerado.

Todd señaló que la Comisión aún no ha recibido la carta con la respuesta oficial española, aunque han leído informaciones de prensa con su contenido. Ese documento manifiesta, según fuentes diplomáticas, el desacuerdo con la decisión de la CE del pasado 20 de diciembre en la que se pedía a España derogar las medidas con un plazo máximo que concluye hoy.

Los requisitos que la Comisión considera «ilegales» son los que obligan al grupo alemán a mantener la marca Endesa durante cinco años y la prohibición de vender en ese plazo activos eléctricos fuera de la España peninsular.

Bruselas asegura que contravienen la normativa comunitaria el requisito de utilizar carbón nacional para la producción de electricidad y la obligación de que E.ON no adopte decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro y que sean contrarias al ordenamiento legal español.

Endesa niega que facilitara información privilegiada a E.ON

Endesa aseguró que E.ON ha accedido a datos que «en su integridad» son conocidos por el mercado y negó que el grupo alemán haya tenido acceso a información privilegiada, tal como afirma Gas Natural, comunicó la eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa que preside Manuel Pizarro afirma que su actuación en este aspecto se ha ajustado a la normativa bursátil vigente en España y la Unión Europa y que su actitud responde a las prácticas habituales en procesos de opa. Endesa señala que Gas Natural ha tenido acceso «a toda la información proporcionada a E.ON» en el marco de la demanda presentada por la gasista ante un juzgado de Nueva York. La eléctrica se refiere a la demanda presentada por Gas Natural contra E.ON en Nueva York que, aunque no prosperó, ha permitido a la gasista acceder a la información que Endesa facilitó al grupo alemán antes de que anunciase el lanzamiento de la opa.

El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, recordó ayer que los directivos del grupo alemán y de la eléctrica se han reunido en varias ocasiones para intercambiar datos, mientras que la compañía gasista sólo puede utilizar la información pública disponible sobre Endesa, por lo que no puede competir sobre bases equilibradas. Repsol YPF es accionista de Gas Natural y Brufau es vicepresidente del Consejo de Administración de la gasista.

En el comunicado Endesa recuerda que Gas Natural «no se ha dirigido en ningún momento» a la eléctrica para solicitar información, a pesar de que el Consejo de Administración se ha ofrecido a facilitar datos con el compromiso de confidencialidad a cualquiera que pretenda competir en el proceso de opas. No obstante, señala que «la única petición cursada por Gas Natural» se refiere a unos estados financieros intermedios de la eléctrica conciliados con la normativa estadounidense y la autorización para incorporar al folleto de la opa el informe de auditoría, solicitud que Endesa no atendió amparándose en cuestiones legales. Por último, Endesa reitera su disposición a suministrar información a cualquiera de los oferentes que quieran pujar en el procedimiento de subasta en sobre cerrado que se abrirá previsiblemente en los próximos días.

España no retirará las medidas y Bruselas amenaza con un proceso sancionador

El Gobierno español ha dejado claro a la Comisión Europea que no va a retirar los requisitos a la opa de E.ON sobre Endesa, y Bruselas respondió recordando su obligación de hacer cumplir la legislación comunitaria y con la amenaza de abrir a España un nuevo proceso de infracción por esta cuestión.

Madrid tenía hasta el viernes para retirar las condiciones consideradas «ilegales» por la Comisión pero, en vez de hacerlo, se ha limitado a enviar a Bruselas una misiva en la que muestra su desacuerdo con ese dictamen.

El Ejecutivo de la UE cree que España ha violado el artículo 21 del Reglamento europeo de concentraciones -según el cual las fusiones de dimensión comunitaria son competencia exclusiva de Bruselas– al imponer a E.ON una serie de restricciones para permitirle hacerse con Endesa.

Las medidas controvertidas son: mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español. Las autoridades españolas creen que el problema es de interpretación del derecho comunitario y argumentan que en un sector clave como la energía «hay que buscar un punto intermedio» entre los principios de libertad de movimientos de capitales y de establecimiento, con la obligación de los Estados de garantizar la seguridad del suministro. A la vista de las divergencias, Madrid ve ya casi inevitable que el asunto acabe llegando hasta el Tribunal de Justicia de la UE.

Tras conocer la postura española, desde el Ejecutivo comunitario, el portavoz de Competencia, Jonathan Todd, insistió en que su deber es hacer cumplir la normativa europea y recordó que Bruselas tiene la «opción» de abrir un procedimiento de infracción a España por no cumplir sus requerimientos.

Todd subrayó que el Ejecutivo comunitario no había pedido a Madrid que respondiera por carta a su petición de suprimir las condiciones, sino que las «medidas consideradas ilegales fueran retiradas». Fuentes de la Comisión acusaron al Gobierno español de «desacato» a la legislación comunitaria y recalcaron que, cuando un Estado miembro actúa de este modo, no puede esperar que otros países respeten las normas en casos que también le afectan. Las fuentes descartaron, no obstante, que Bruselas vaya a anunciar ya la próxima semana la apertura de un procedimiento de infracción a España, y reseñaron que los plazos en este tipo de procesos dependen totalmente de la Comisión.

El Ejecutivo comunitario ya inició en septiembre un proceso sancionador contra España por las condiciones fijadas inicialmente por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para autorizar la opa del grupo alemán sobre Endesa. Todavía no está claro si Bruselas mantendrá separados los dos asuntos -por el primer paquete de medidas y por las medidas ya modificadas, que E.ON aceptó- o si los unirá en un solo proceso sancionador.

Madrid ya se enfrenta a otro procedimiento de infracción, en el ámbito de Mercado Interior, por la ampliación de competencias de la CNE, que fue aprobada de urgencia tras conocerse las intenciones de E.ON de adquirir Endesa y que le permitió pronunciarse sobre la operación.

En septiembre pasado, Bruselas exigió al Gobierno español la revisión de esos cambios legislativos, pero dado que Madrid ha reafirmado su validez, previsiblemente el asunto también acabará llegando al Tribunal de Justicia comunitario.

Viernes, 19 de enero de 2007

ESPAÑA NO RETIRA LAS CONDICIONES IMPUESTAS A E.ON

Bruselas amenaza con llevar a España ante la justicia si no retira las condiciones a la OPA de E.ON (EL PAIS)

Bruselas amenaza con llevar a España al Tribunal Europeo de Justicia si no retira las nuevas condiciones a la OPA de E.ON (CINCO DIAS)

El Gobierno español sigue en sus trece: no retirará las condiciones impuestas a E.ON en la opa a Endesa (EL ECONOMISTA)

El Gobierno español contesta a Bruselas que no retira las condiciones impuestas a la opa de E.ON (EL PERIODICO DE CATALUNYA)

El Gobierno español contesta a Bruselas que no retira las condiciones impuestas a la opa de E.ON (EL PERIODICO DE CATALUNYA)

El Gobierno contesta a Bruselas que no retirará las condiciones a la opa de E.ON sobre Endesa (EL MUNDO)

España comunica a Bruselas su rechazo a la decisión comunitaria sobre la opa de E.ON (EXPANSION)

Bruselas vuelve a lanzar advertencias a España (LA RAZON)

El Gobierno rechaza retirar las condiciones impuestas a la OPA de E.ON y la CE amenaza con acudir a Estrasburgo (LA VANGUARDIA)

España no retirará las condiciones impuestas a E.ON y Bruselas amenaza con sanciones (ESTRELLA DIGITAL)

Bruselas avisa si el Gobierno de ZP «se mantiene en sus trece» (EL SEMANAL DIGITAL)

El Gobierno mantiene el pulso con la CE por las condiciones ilegales a E.On y deja la decisión al Tribunal de Luxemburgo (LIBERTAD DIGITAL)

La CE exige que España no imponga condiciones a Eon (CINCO DIAS)

EN EL ENTORNO DE LA OPA A ENDESA NO CESAN LOS MOVIMIENTOS

Bernotat tiene problemas para mejorar su oferta: por debajo de 45 euros por acción la OPA puede fracasar (HISPANIDAD)

Gas Natural explora sus opciones para mantener viva la opa sobre Endesa (LA RAZON)

Endesa asegura que Gas Natural no le ha pedido información para mejorar su OPA (EL PERIODISTA DIGITAL)

OPA SOBRE SUEZ

Pinault renuncia lanzar una OPA sobre Suez debido a que el ambiente no está “sereno” (ESTRELLA DIGITAL)

Pinault desiste de su pretensión de lanzar una OPA por Suez (EL PERIODISTA DIGITAL)

Suez dice que Artemis no ha aclarado si le lanzará una opa (EL ECONOMISTA)

OTROS

Abbott planea vender dos de sus unidades de diagnóstico a General Electric
(CINCO DIAS)

Los títulos de la eléctrica alcanzan los 37,9 euros (CINCO DIAS)

ECUADOR descarta nacionalización del sector petrolero (EL ECONOMISTA)

Argelia y Rusia negocian un reparto del mercado de gas europeo (EL MUNDO)

El petróleo experimenta una nueva caída y se sitúa en niveles de 2005 (LA RAZON)

Las patronales de las gasolineras presentarán su propuesta de servicios mínimos el próximo martes (ESTRELLA DIGITAL)

Almunia afirma que la interconexión energética entre España y Francia se logrará en cinco años (ESTRELLA DIGITAL)

Pelotazos eólicos. Por el momento, CEASA se lleva la palma (HISPANIDAD)

La Comisión Nacional de la Energía da diez días para presentar alegaciones al expediente ACS-Iberdrola

El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha abierto el plazo de diez días para que presenten sus alegaciones las partes interesadas en el expediente sobre la petición de la constructora ACS de que no se limiten sus derechos políticos al 3% en Iberdrola.

El Consejo ha acordado hoy comunicar a las tres compañías que tienen reconocida la condición de parte interesada (ACS, Iberdrola y Unión Fenosa) la apertura del periodo de alegaciones. A partir de ahora las empresas cuentan con diez días para exponer su posición sobre la solicitud de la constructora, periodo durante el cual no se interrumpirá el plazo de cuatro meses con que cuenta la CNE para resolver el expediente y que termina el 13 febrero.

Los servicios técnicos de la CNE han elaborado ya su informe sobre la solicitud de la constructora presidida por Florentino Pérez, que pidió poder ejercer derechos políticos en Iberdrola según su participación accionarial.

El Real Decreto 6/2000 limita al tres por ciento los derechos políticos que puede ejercer una sociedad que participe en dos empresas consideradas operadores principales en el sector energético, requisito que cumple ACS, que está presente en Unión Fenosa (40,47 por ciento) y en Iberdrola (11,88 por ciento). No obstante, la CNE está capacitada para levantar esta restricción bajo ciertas condiciones y siempre que no se favorezca el intercambio de información estratégica entre los dos operadores.

En un expediente previo, la CNE ya autorizó a ACS a elevar su participación en Iberdrola hasta el 24,9 por ciento, el máximo legal que no exige lanzar una opa. El resto de los asuntos vistos por el máximo órgano del regulador energético fueron «de trámite», según las fuentes consultadas.

España contestará mañana a Bruselas sobre las condiciones impuestas a E.ON

El Gobierno entregará mañana a la Comisión Europea (CE) la carta de contestación al requerimiento cursado por Bruselas en diciembre pasado en el que solicitaba a España que retirara las condiciones impuestas al grupo alemán E.ON para comprar Endesa, informaron fuentes gubernamentales.

La contestación del Ejecutivo español previsiblemente reiterará que los requisitos exigidos al grupo energético alemán se ajustan a la normativa europea, argumento que han defendido tanto el Ministerio de Industria como el titular de Economía, Pedro Solbes, en las últimas semanas.

El pasado 20 de diciembre, el Ejecutivo comunitario pidió que se retiraran las nuevas condiciones impuestas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a la opa de E.ON sobre Endesa y le dio de plazo hasta el próximo viernes, día 19, para responder.

Tras conocer la posición de Bruselas, Industria reiteró que las condiciones no suponían limitación de los derechos y libertades reconocidos en el derecho comunitario y recordaba a la CE que la opa de E.ON ha sido autorizada de acuerdo con la normativa energética y bursátil. Unos días después, el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, en una entrevista dijo que España tiene «buenos argumentos» para defender ante las autoridades comunitarias las condiciones exigidas a E.ON y la ampliación de funciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). «En ambos temas creemos que tenemos buenos argumentos porque, desde nuestro punto de vista, la propia legislación (europea) lo reconoce, por razones de seguridad», dijo.

La CE considera que los requisitos fijados por Industria para autorizar la opa de E.ON -que el grupo alemán aceptó- violan el artículo 21 del Reglamento comunitario de concentraciones, según el cual las fusiones de dimensión comunitaria son competencia exclusiva de Bruselas.

Los requisitos que la Comisión considera «ilegales» son los que obligan al grupo alemán a mantener la marca Endesa durante cinco años y la prohibición de vender en ese plazo activos eléctricos fuera de la España peninsular. Asimismo, Bruselas asegura que contravienen la normativa comunitaria el requisito de utilizar carbón nacional para la producción de electricidad y la obligación de que E.ON no adopte decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro y que sean contrarias al ordenamiento legal español.

Según Bruselas, las nuevas condiciones impuestas por Industria, que modificaron otros requisitos más duros dictados por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), son incompatibles con las normas comunitarias que garantizan la libertad de movimiento de capitales, de establecimiento y la libre circulación de mercancías.

España tiene también abierto otro procedimiento sancionador por la ampliación de funciones de la CNE aprobada por el Gobierno en marzo del año pasado.

El PP pide la comparecencia de Clos para explicar la nueva retribución de renovables

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia del ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, para explicar la nueva retribución de las energías renovables y el posible relevo del presidente de Enagás, Antonio González-Adalid. Además, el PP ha registrado otra solicitud para que la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Maite Costa, acuda a la Comisión de Industria del Congreso para explicar la modificación del régimen interno del regulador energético.

El Gobierno ha enviado ya un borrador a la CNE con la propuesta sobre la nueva retribución de las energías renovables y el organismo regulador tiene previsto analizarla las próximas semanas. Según Industria, la nueva normativa asegura una rentabilidad del 7 por ciento para las instalaciones eólicas e hidráulicas que opten por la tarifa regulada y de entre el 5 y el 9 por ciento para las que participen en el mercado de producción de energía eléctrica.

Además, para la eólica que vaya al mercado se introduce un nuevo sistema de primas con un tope máximo y mínimo que varía en función del precio del megavatio. Otras tecnologías que requieren un mayor impulso por su limitado desarrollo, como la biomasa, el biogás, o la energía solar termoeléctrica, verán elevar su rentabilidad al 8 por ciento en la opción de tarifa regulada y entre el 7 y el 11 por ciento en la de mercado.

Estos cambios han sido muy criticados por las asociaciones del sector, fundamentalmente por las novedades en la eólica, que han acusado al Ministerio de hacer una normativa retroactiva y reclaman que se mantenga el actual nivel de las primas.

Por otro lado, el PP ha pedido que Clos explique en el Congreso el eventual cambio en la presidencia de Enagás, empresa que actúa como gestor técnico del sistema gasista. Según fuentes del sector es posible que el Consejo de Administración de la compañía aborde el relevo de González-Adalid por el actual presidente de la patronal gasista, Antoni Llardén.

Además de la dirección de Sedigás, Llardén es miembro del Comité de Dirección de Gas Natural, compañía que tiene un 5 por ciento de Enagás, y consejero de Enagás desde abril del año pasado. Clos ha señalado recientemente que los cambios en la dirección de la compañía son una decisión que corresponde a su Consejo de Administración y no al Gobierno.

Por último, los populares quieren que Maite Costa vaya a explicar ante la Comisión de Industria la modificación en el reglamento interno de la CNE que reforzaron el papel de la presidencia del organismo. Los cambios en la organización y funcionamiento de la CNE han sido criticados por el PP y han generado malestar entre los miembros de su Consejo de Administración, que en diciembre enviaron una carta al ministro para expresar sus quejas además de la presentación de un recurso al Tribunal supremo por parte de tres consejeros.