España contestará mañana a Bruselas sobre las condiciones impuestas a E.ON

El Gobierno entregará mañana a la Comisión Europea (CE) la carta de contestación al requerimiento cursado por Bruselas en diciembre pasado en el que solicitaba a España que retirara las condiciones impuestas al grupo alemán E.ON para comprar Endesa, informaron fuentes gubernamentales.

La contestación del Ejecutivo español previsiblemente reiterará que los requisitos exigidos al grupo energético alemán se ajustan a la normativa europea, argumento que han defendido tanto el Ministerio de Industria como el titular de Economía, Pedro Solbes, en las últimas semanas.

El pasado 20 de diciembre, el Ejecutivo comunitario pidió que se retiraran las nuevas condiciones impuestas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a la opa de E.ON sobre Endesa y le dio de plazo hasta el próximo viernes, día 19, para responder.

Tras conocer la posición de Bruselas, Industria reiteró que las condiciones no suponían limitación de los derechos y libertades reconocidos en el derecho comunitario y recordaba a la CE que la opa de E.ON ha sido autorizada de acuerdo con la normativa energética y bursátil. Unos días después, el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, en una entrevista dijo que España tiene «buenos argumentos» para defender ante las autoridades comunitarias las condiciones exigidas a E.ON y la ampliación de funciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). «En ambos temas creemos que tenemos buenos argumentos porque, desde nuestro punto de vista, la propia legislación (europea) lo reconoce, por razones de seguridad», dijo.

La CE considera que los requisitos fijados por Industria para autorizar la opa de E.ON -que el grupo alemán aceptó- violan el artículo 21 del Reglamento comunitario de concentraciones, según el cual las fusiones de dimensión comunitaria son competencia exclusiva de Bruselas.

Los requisitos que la Comisión considera «ilegales» son los que obligan al grupo alemán a mantener la marca Endesa durante cinco años y la prohibición de vender en ese plazo activos eléctricos fuera de la España peninsular. Asimismo, Bruselas asegura que contravienen la normativa comunitaria el requisito de utilizar carbón nacional para la producción de electricidad y la obligación de que E.ON no adopte decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro y que sean contrarias al ordenamiento legal español.

Según Bruselas, las nuevas condiciones impuestas por Industria, que modificaron otros requisitos más duros dictados por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), son incompatibles con las normas comunitarias que garantizan la libertad de movimiento de capitales, de establecimiento y la libre circulación de mercancías.

España tiene también abierto otro procedimiento sancionador por la ampliación de funciones de la CNE aprobada por el Gobierno en marzo del año pasado.