España no retirará las medidas y Bruselas amenaza con un proceso sancionador

El Gobierno español ha dejado claro a la Comisión Europea que no va a retirar los requisitos a la opa de E.ON sobre Endesa, y Bruselas respondió recordando su obligación de hacer cumplir la legislación comunitaria y con la amenaza de abrir a España un nuevo proceso de infracción por esta cuestión.

Madrid tenía hasta el viernes para retirar las condiciones consideradas «ilegales» por la Comisión pero, en vez de hacerlo, se ha limitado a enviar a Bruselas una misiva en la que muestra su desacuerdo con ese dictamen.

El Ejecutivo de la UE cree que España ha violado el artículo 21 del Reglamento europeo de concentraciones -según el cual las fusiones de dimensión comunitaria son competencia exclusiva de Bruselas– al imponer a E.ON una serie de restricciones para permitirle hacerse con Endesa.

Las medidas controvertidas son: mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español. Las autoridades españolas creen que el problema es de interpretación del derecho comunitario y argumentan que en un sector clave como la energía «hay que buscar un punto intermedio» entre los principios de libertad de movimientos de capitales y de establecimiento, con la obligación de los Estados de garantizar la seguridad del suministro. A la vista de las divergencias, Madrid ve ya casi inevitable que el asunto acabe llegando hasta el Tribunal de Justicia de la UE.

Tras conocer la postura española, desde el Ejecutivo comunitario, el portavoz de Competencia, Jonathan Todd, insistió en que su deber es hacer cumplir la normativa europea y recordó que Bruselas tiene la «opción» de abrir un procedimiento de infracción a España por no cumplir sus requerimientos.

Todd subrayó que el Ejecutivo comunitario no había pedido a Madrid que respondiera por carta a su petición de suprimir las condiciones, sino que las «medidas consideradas ilegales fueran retiradas». Fuentes de la Comisión acusaron al Gobierno español de «desacato» a la legislación comunitaria y recalcaron que, cuando un Estado miembro actúa de este modo, no puede esperar que otros países respeten las normas en casos que también le afectan. Las fuentes descartaron, no obstante, que Bruselas vaya a anunciar ya la próxima semana la apertura de un procedimiento de infracción a España, y reseñaron que los plazos en este tipo de procesos dependen totalmente de la Comisión.

El Ejecutivo comunitario ya inició en septiembre un proceso sancionador contra España por las condiciones fijadas inicialmente por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para autorizar la opa del grupo alemán sobre Endesa. Todavía no está claro si Bruselas mantendrá separados los dos asuntos -por el primer paquete de medidas y por las medidas ya modificadas, que E.ON aceptó- o si los unirá en un solo proceso sancionador.

Madrid ya se enfrenta a otro procedimiento de infracción, en el ámbito de Mercado Interior, por la ampliación de competencias de la CNE, que fue aprobada de urgencia tras conocerse las intenciones de E.ON de adquirir Endesa y que le permitió pronunciarse sobre la operación.

En septiembre pasado, Bruselas exigió al Gobierno español la revisión de esos cambios legislativos, pero dado que Madrid ha reafirmado su validez, previsiblemente el asunto también acabará llegando al Tribunal de Justicia comunitario.