La Comisión Europea prepara la hoja de ruta para una Unión Europea sin CO2 en el horizonte 2050

EFE.– La Comisión Europea espera cerrar en este ejercicio las negociaciones legislativas pendientes sobre la lucha contra el cambio climático en el horizonte de 2030 y presentar antes de finales de año su hoja de ruta para una transición energética hacia un 2050 libre de dióxido de carbono (CO2). Así lo indicó el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, en el marco de la Semana de la Energía Sostenible organizada por la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario se afana por cerrar los diferentes capítulos del llamado paquete de energía limpia, que recientemente vio aprobada la nueva Directiva sobre el rendimiento energético de los edificios, a los que se atribuye el 40% del consumo eléctrico de la Unión Europea. Bruselas quiere forjar ahora un consenso entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea en otros aspectos, como la eficiencia energética, renovables y gobernanza. «Estamos en un momento crucial. Tendremos las reuniones finales en las próximas dos semanas para ponernos de acuerdo sobre las nuevas normas», aseveró Arias Cañete. Esos dossieres serán debatidos por los ministros de Energía de la Unión Europea el próximo lunes en Luxemburgo.

Habrá tarifa para el autoconsumo

Entre los aspectos que quedan por cerrar se encuentra el autoconsumo eléctrico, que la Comisión Europea quiere impulsar, pero teniendo en cuenta que «algunos países han tenido buenas experiencias con el autoconsumo, otros no tanto», apuntó la directora de Renovables de la Comisión Europea, Mechthild Wörsdörfer. «La idea es que aquellos que hacen autoconsumo pero que están conectados a la red, paguen algún tipo de tarifa«, precisó Wörsdörfer, quien señaló que el objetivo es fomentar que los usuarios produzcan parte de su propia energía, pero es necesario «mirar los detalles».

El siguiente paso al cierre de esas negociaciones será trasladar la ambición europea del horizonte de 2030 al de 2050. La Comisión espera tener preparada una estrategia para «octubre o noviembre», tras lanzar una consulta pública y tratar con académicos, organizaciones internacionales y otros agentes medioambientales. «El propósito de ese documento será proveer a la Unión Europea de una sólida base para un debate amplio y para definir la estrategia a largo plazo«, señaló Wörsdörfer.

Wörsdörfer indicó que el objetivo es acercarse lo más posible a una economía sin carbono, pero evitando un proceso de desindustrialización hacia terceros países y apoyándose en sectores como el transporte, la agricultura, la energía, la industria, la bioeconomía o la captura y almacenamiento geológico de CO2. «Cero emisiones, cerca de cero, emisiones netas… lo tendrá que decidir la Comisión. La idea es llegar lo más lejos posible», apuntó Wörsdörfer, quien reconoció que ni siquiera existe una definición común entre los expertos medioambientales sobre qué significa «neutro en emisiones». Bruselas explorará «todas las opciones» a través de «modelos» que reflejen cuáles son los costes, los beneficios y las posibilidades, y tendrá que «seguir gastando mucho dinero en investigación e innovación».

La CNMC presenta un nuevo recurso contra el Gobierno por una norma que le arrebata competencias relativas al mercado eléctrico

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una nueva batalla judicial contra una de las normas aprobadas por el Gobierno, al presentar un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se aprobaron las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica.

Los mercados diarios de electricidad europeos están acoplados y funcionan con un sistema común de cálculo de precio y, de acuerdo con un reglamento europeo de 2015, son los reguladores europeos los encargados de diseñar la metodología para realizar esta actividad. La CNMC y ERSE, la autoridad reguladora portuguesa, habían acordado por esta razón la metodología de las subastas regionales intradiarias complementarias entre España y Portugal para que el sistema estuviera preparado para el próximo 12 de junio, fecha en que está previsto el lanzamiento del mercado intradiario continuo europeo.

Según la CNMC, la normativa fue aprobada el pasado 9 de mayo, y ha decidido recurrirla al entender que vulnera las competencias de la Comisión. El recurso supone un paso más en el frente que se abrió entre el organismo presidido por José María Marín Quemada y el exministro de Energía, Álvaro Nadal, en la pugna entre regulador y Gobierno por las competencias para fijar, entre otros aspectos, la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos. Ya en diciembre, el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la CNMC contra el Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico.

En este nuevo recurso ante la Audiencia Nacional, la CNMC denuncia la apropiación por el Gobierno de unas reglas para fijar el mercado intradiario eléctrico, que sirve para ajustar las ofertas al consumo en cada una de las horas y que supone un volumen de entre un 3% y 5% de la energía. A partir del 12 de junio este mercado intradiario debe acoplarse con los del resto de Europa y operar como la Bolsa, aceptando ofertas de manera continua y a precios diferenciados. No obstante, la CNMC defiende que había negociado con el regulador portugués un sistema transitorio por el que se mantendría durante al menos dos años un modelo de subasta parecido al actual para este mercado intradiario.

Inseguridad jurídica la próxima semana

El acuerdo entre estos dos reguladores fue puesto en conocimiento de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ARCE) y del Ministerio de Energía, que lo recibió el pasado abril, aunque posteriormente cambió la regulación. Por eso, la CNMC ha presentado el recurso contencioso-administrativo y ha solicitado a la Audiencia Nacional una medida cautelarísima que suspenda la norma de forma inmediata, a fin de evitar la inseguridad jurídica a los participantes del mercado intradiario a partir del 12 de junio. Asimismo, fuentes conocedoras del proceso indicaron que, ante el cambio de Gobierno producido tras prosperar la moción de censura, hay lugar a una desestimación de este recurso si hubiera por parte del nuevo Ejecutivo algún cambio.

La relación entre la CNMC y el anterior inquilino del Ministerio de Energía se judicializó después de que el gabinete dirigido por Álvaro Nadal respondiera con una negativa al requerimiento de la CNMC para que se retractara de la decisión de arrebatarle sus funciones. En concreto, la CNMC recurrió los artículos 3.1 d), 3.1 m), 3.1 ñ), 3.1 q), 4.1 d), 4.1 i), 4.1 s) y 4.1 w), así como la disposición adicional segunda, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta de la normativa.

El Real Decreto 903/2017, aprobado el pasado octubre, desarrolla adaptaciones en la estructura orgánica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que contemplan que el Ministerio pase a asumir funciones que hasta la fecha correspondían a la CNMC. Entre esas funciones que pasa a desempeñar el Ministerio se encuentran las inspecciones y las liquidaciones, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones.

En septiembre de 2016, Bruselas abrió un procedimiento sancionador al Reino de España, todavía sin cerrar, por las competencias en esta materia. Como solución, el Gobierno planteó a Bruselas un modelo análogo ya en otros países europeos, como en Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno. Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de euros de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico.

La penúltima liquidación del sector eléctrico refleja un superávit provisional de 117 millones de euros en 2017, según la CNMC

Europa Press / EFE.– La penúltima liquidación del año del sector eléctrico arroja un superávit de 117 millones de euros, 107,6 millones más de lo previsto, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo publicará a finales de año la liquidación definitiva (la número 15), en la que se conocerá la distribución definitiva de ingresos y costes de los distintos sistemas y si finalmente incurren en superávit o déficit de ingresos.

Dado que en la liquidación 14 los ingresos son superiores a los costes reconocidos, no es necesario aplicar coeficiente de cobertura. La demanda registrada en la liquidación 14 fue de 243.005 GWh, un 2% superior a la prevista según la memoria de la orden de peajes de acceso de 2016 (230.288 GWh) y un 1,4% superior a la demanda prevista para el cierre del ejercicio en la orden de peajes de acceso de 2017 (239.567 GWh). Este hecho ha posibilitado un superávit de 117 millones de euros, frente a los previstos de 9,4 millones de euros y de 3,8 millones en las órdenes de peajes del año 2016 y 2017.

El consumo por periodo horario fue superior al previsto para el ejercicio, excepto en el caso de los pequeños consumidores con peajes 2.0 A, 2.1 A y, con carácter general, los conectados en media y alta tensión. Sin embargo, la potencia por periodo horario registrada fue inferior a la prevista inicialmente para 2017, excepto para los consumidores de alta tensión.

Los ingresos regulados fueron inferiores a los previstos tanto en la facturación por el término de energía, como en la facturación por el término de potencia. Así, en los peajes de acceso se registraron 58,9 millones de euros menos con respecto a las previsiones. Las causas fueron la diferente estructura de consumo por grupo tarifario y por periodo horario, y la evolución negativa de la potencia contratada por los clientes conectados en baja tensión con potencia contratada superior a 15 kW y en media tensión.

Por otra parte, los ingresos tributarios derivados de la Ley 15/2012 también fueron inferiores a los previstos y alcanzaron los 2.829 millones de euros, un 10,3% (325,5 millones de euros) inferiores a los ingresos previstos para el ejercicio. Los costes regulados en la liquidación (17.433 millones de euros) han resultado 445 millones de euros inferiores a los previstos para el ejercicio debido fundamentalmente a que la retribución adicional y especifica de los sistemas extrapeninsulares ha sido inferior a la prevista.

En cuanto a las energías renovables, en la liquidación 14 se han realizado reliquidaciones según la metodología de retribución establecida en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. La liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, asciende a 68,622 millones, antes de IVA o impuesto equivalente. Al cierre de esta liquidación se han recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares.

En cuanto al sector gasista, el déficit del gas fue de 12 millones de euros, nueve veces inferior al de 108 millones en el mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos declarados ascendió a 2.977 millones de euros, cantidad un 4,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos netos liquidables ascendió a 2.712 millones de euros, un 1,3% superior al de la misma liquidación del ejercicio anterior.

La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 2.694 millones de euros, cifra que incluye las retribuciones aprobadas en la Orden ETU/1977/2016 pero que descuenta la retribución por operación y mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló varios artículos del decreto que fijó las indemnizaciones, y las aprobadas mediante resoluciones de la DGPEM en el 2017. Por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques se acredita en esta liquidación una retribución variable de 31 millones de euros. Como resultado se tiene una retribución total acreditada de 2.725 millones de euros, que es un 2,2% inferior a la del año anterior.

En esta liquidación se obtiene un déficit en términos de caja de 12 millones de euros, frente al déficit de 108 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. El índice de cobertura fue del 99,5% de la retribución acreditada. La demanda nacional de gas en 2017 facturada hasta el 28 de febrero de 2018, ascendió a 348,4 TWh incluida carga de cisternas desde plantas. Esta cantidad es 28,6 TWh superior a la del ejercicio 2016, lo que supone un aumento del 8,9%.

Acciona consigue la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para la venta de sus termosolares en España

Europa Press. – Acciona ha logrado la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la venta de su cartera de plantas termosolares en España.

Esto se traduce en la transacción de cinco instalaciones en operación, que suman un total de 250 megavatios (MW) de potencia, a la firma ContourGlobal, una operación acordada el pasado mes de febrero por un importe de entre 1.093 y 1.120 millones de euros.

El grupo que preside José Manuel Entrecanales destinará a reducir 760 millones de euros de deuda el importe que obtenga en la transacción, que se enmarca en su estrategia de rotación de activos maduros.

Específicamente, Acciona ha vendido cinco plantas de generación de energía termosolar, cada una de ellas de 50 MW de potencia, repartidas por las provincias de Badajoz, Cáceres y Córdoba.

Estas cinco plantas españolas han supuesto una inversión conjunta de más de 1.200 millones de euros y actualmente producen energía limpia equivalente al consumo de más de 200.000 hogares, evitando la emisión de más de medio millón de toneladas de CO2.

En cuanto al comprador, se trata de un operador independiente de plantas de generación de energía con sede en Londres y con instalaciones repartidas en 19 países de Europa, América Latina y África, que suman aproximadamente 4.100 MW de potencia.

El cierre de esta desinversión quedó condicionado a la consecución de la correspondiente autorización de las autoridades de competencia españolas, que ahora otorga la CNMC.

Varias empresas recurrirán al Tribunal Supremo la subasta de interrumpibilidad

EFE / Europa Press. – El Grupo Gallardo Balboa (Extremadura), Sidenor (País Vasco) y Siderúrgica Sevillana (Andalucía) recurrirán ante del Tribunal Supremo la nueva orden ministerial que regula la próxima subasta de interrumpibilidad, por considerar que se trata de un mecanismo «no competitivo» que sólo beneficia a unos pocos.

La interrumpibilidad es un sistema por el que las empresas que más electricidad consumen están dispuestas a reducir o suspender su consumo energético en momentos de mayor demanda eléctrica, o para aportar una reducción puntual del coste de la electricidad.

Según un comunicado conjunto, la nueva orden, ETU/362/2018, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 6 de abril, sustituye los bloques de 90 MW por otros de 40 MW, «en teoría accesibles para un mayor número de empresas«.  Sin embargo, al mantener la misma exigencia de disponibilidad de dicha potencia interrumpible durante al menos el 91 % de las horas de cada mes, a juicio de estas siderúrgicas «sigue beneficiando» a las empresas que antes optaban a los bloques de 90 MW (cinco en la última subasta), ya que prácticamente ninguna otra compañía podrá cumplir esa exigencia.

Finalmente, por ello, han asegurado que el requerimiento de la Comisión Europea de aumentar la competitividad de la subasta seguirá sin cumplirse.

Para las empresas, «Esta nueva regulación daña seriamente los intereses de las siderúrgicas de Extremadura, Andalucía y País Vasco denunciantes que, fabricando los mismos productos, no pueden competir con industrias del mismo sector que estarán incentivadas por este servicio de interrumpibilidad«.

Por este motivo, han reclamado al Ministerio de Energía y a Red Eléctrica de España (REE) reducir la exigencia de disponibilidad en los bloques de 40 MW, suavizar el régimen sancionador y, para los bloques de 5 MW, aumentar el volumen de potencia interrumpible comprada, aproximándola a la ofertada.

La nueva subasta hará más difícil que las siderúrgicas denunciantes puedan acceder a los bloques que les permitan seguir siendo competitivas en los mercados nacionales, europeos e internacionales, por lo que han anunciado que se están planteando no participar.

El Grupo Gallardo Balboa, Sidenor y Siderúrgica Sevillana también elevarán su denuncia ante la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), que supervisa esta subasta y que ya ha exigido al Gobierno de España en reiteradas ocasiones, según han destacado estas empresas, la mejora en la competitividad del sistema de subasta de los bloques de 90 MW.

 

UGT también muestra su oposición

UGT Fica ha manifestado «su total oposición» al informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la propuesta de orden que regula el mecanismo de interrumpibilidad, por entender que «soslaya las partes del actual sistema que garantizan la libre competencia del sistema de asignación».

Así, en un comunicado, el sindicato manifiesta «su preocupación» por las consideraciones y conclusiones emitidas por el regulador y afirma desconocer «las razones por las que se ha elegido este momento para verter y publicitar este informe, en el que se cuestiona un modelo vigente desde hace cuatro años que, siendo imperfecto, como se ha manifestado públicamente en numerosas ocasiones al no garantizar la competitividad de las empresas españolas, es la única medida compensatoria de las empresas electrointensivas del país».

UGT Fica recuerda que «importantes empresas» del sector no han podido acceder a esta tarifa desde su primera subasta por no ofertarse todos los paquetes de megavatios (MW) necesarios para cubrir todas las demandas y necesidades o por no poder cumplir «los fuertes requisitos de consumo mínimo mensual marcados por la administración publica».

La CNMC critica que Energía no introduzca ninguna novedad en el mecanismo de interrumpibilidad para cumplir con la Unión Europea

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no haya aprovechado para llevar a cabo una revisión del mecanismo de interrumpibilidad para adaptarlo a la normativa europea, de cara a la nueva subasta que se realizará para el periodo comprendido de junio a diciembre de este año, después de la primera, destinada a cubrir el periodo enero-mayo, que se celebró en diciembre.

La CNMC ha recordado que en la anterior orden de esa subasta ya expuso que el Ministerio de Energía debería haberla planificado mejor, de forma que cubriese todo el año. En su informe sobre la propuesta de orden del Gobierno para subastar potencia interrumpible durante los 7 últimos meses del año, la CNMC señala que el Ministerio justificó la existencia de dos subastas este año por necesitar más tiempo para adaptar el servicio de interrumpibilidad a las exigencias de Bruselas y los cambios que introducirá el nuevo marco regulatorio europeo, cuya entrada en vigor está prevista a finales de 2018. Sin embargo, el organismo señala que no aprecia en la propuesta del Ministerio «ninguna de las reformas regulatorias prometidas anteriormente».

Asimismo, al igual que en noviembre en su informe sobre la primera subasta de potencia interrumpible para 2018, la CNMC advierte del elevado coste que implica el mecanismo y considera que estas subastas «son complejas y que sus costes triplican a las del gas y electricidad». A este respecto, indica que el sistema de subastas de interrumpibilidad tuvo un coste de 1,3 millones en 2015 y de entre 500.000 y 600.000 euros cada año a partir de entonces, muy superiores al coste de organización de las subastas eléctricas y gasistas celebradas en España, con costes entre 75.000 y 205.000 euros.

Dos cambios para la subasta

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país. Respecto a las novedades introducidas por el Ministerio de Energía, la CNMC considera que la sustitución del producto de 90 megavatios (MW) por otro de 40 MW podría «ser insuficiente» para aumentar el número de empresas en la subasta, por lo que recomienda considerar adicionalmente otras alternativas, como permitir agregaciones de los proveedores de 5 MW.

Asimismo, comparte que se impida la participación en la próxima subasta a aquellas empresas con deudas pendientes con el operador del sistema, Red Eléctrica, en relación con el servicio de gestión de la interrumpibilidad en los cuatro años naturales anteriores a la temporada en la que desea participar. A este respecto, señala que en el primer trimestre de este año, el servicio se ha activado 35 horas, con un total de potencia interrumpida de 16.749 megavatios (MW), según Red Eléctrica.

Energía publicó en noviembre pasado una orden para que la interrumpibilidad pudiera ser usada no sólo como un mecanismo de ajuste del sistema cuando falta potencia, sino también como herramienta para la contención del precio de la electricidad. En los dos primeros meses de 2018, la interrumpibilidad se utilizó en 27 ocasiones por motivos económicos, según indicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

En la subasta que se hizo para el periodo entre enero y mayo de 2018, se adjudicaron un total de 384 lotes de potencia interrumpible a 117 pujadores de los 128 que se presentaron. El precio medio de asignación fue de 108.245 euros por megavatio y año en los bloques de 5 MW y de 235.167 euros por megavatio y año en los de 90 MW, mientras que la media ponderada se situó en 143.393 euros por megavatio y año.

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC, considera «un error» dividir el organismo regulador al enfrentar un «mundo poliédrico»

EFE.– El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha recalcado en el Senado que dividir este organismo supervisor sería «un error» porque vivimos en un «mundo poliédrico» y las respuestas necesarias no son sectoriales. Durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad de la Cámara Alta, Marín ha vuelto a reclamar competencias para la CNMC en sectores como la energía o las telecomunicaciones.

«Es público que no soy partidario de la división de la CNMC», ha explicado Marín, quien ha pedido a los senadores que «se lo piensen dos veces» antes de respaldar esa opción. Marín ha apuntado que dividir el organismo cuando hay una situación de tensión con el Gobierno «es muy poco meritorio«. Según Marín, para que la CNMC «ponga todo su potencial al servicio de los ciudadanos, es imprescindible que disponga de los recursos, las competencias y la independencia necesarias».

Como ejemplo, el presidente de la CNMC ha dicho que este organismo trabaja «con una mano atada a la espalda» en el sector energético porque es la única autoridad independiente de Europa que carece de las competencias sobre peajes fijadas en las directivas europeas. Marín expresó su «sorpresa» por la pretensión del Gobierno de «fijar esas competencias» en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuando es probable que se abra un procedimiento de infracción contra España por este motivo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El presidente de la CNMC recordó que el organismo recurrió ante el Tribunal Supremo el real decreto que concedía esas competencias a Energía, recurso que se admitió a trámite en diciembre del año pasado. El nuevo ministro de Economía, Román Escolano, ha manifestado en varias ocasiones su intención de reactivar el proyecto de ley de racionalización y reordenación de los organismos supervisores de los mercados. La reforma supondrá la división de la CNMC en dos organismos, uno para la competencia y otro para los mercados.

La CNMC recomienda a Energía recalcular la retribución de las plantas de purines para cumplir las sentencias del Tribunal Supremo

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó al Ministerio de Energía retirar a las plantas de purines (plantas de residuos de origen orgánico) de su propuesta para actualizar la retribución de las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos para 2018, a la espera de una nueva propuesta que dé cumplimiento a varios autos del Tribunal Supremo.

En su informe sobre la propuesta del Ministerio de retribución, la CNMC considera que el gabinete dirigido por Álvaro Nadal debería recalcular esa retribución teniendo en cuenta los autos del Supremo que anularon parcialmente la orden ETU/555/2017, en particular en lo que se refiere a la vida útil regulatoria de estas plantas, que, tanto la orden ETU/1046/2017, como la presente propuesta retributiva que ha hecho el Ministerio para el primer semestre de 2018, limitan dicha vida útil a 15 años.

La propuesta del Ministerio establece los valores de la retribución que se aplicarán durante el primer semestre natural de 2018, y tendrán efectos desde pasado enero, por el funcionamiento de las instalaciones tipo correspondientes a las tecnologías de cogeneración, biomasa, residuos y tratamiento de residuos cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible. La retribución de estas instalaciones se actualiza cada 6 meses e incluye también las instalaciones dedicadas al tratamiento de los purines de cerdo, sus excrementos sólidos y líquidos. En el caso de las primeras instalaciones, la CNMC no incluye comentarios en su informe sobre la actualización de esa retribución, mientras que para el caso de los purines recomienda su actualización.

A finales del año pasado, el Tribunal Supremo restableció los 25 años de vida útil regulatoria para las plantas de tratamiento de purines para generar electricidad a partir de deyecciones ganaderas. En concreto, el alto tribunal declaró nula la decisión del Ministerio de Energía de limitar a 15 años las ayudas a las plantas de cogeneración, tal y como recoge la sentencia del pasado 8 de noviembre. De esta forma, esa sentencia permitía reabrir todas las plantas que tuvieron que cerrar en 2014 por el recorte del Estado a las energías renovables y la cogeneración, restableciendo el plazo con derecho a ayudas a 25 años.

El Ministerio ya hizo antes una orden que establecía los parámetros retributivos de las instalaciones de tratamiento y reducción de purines, con su actualización para el período 2017-2019. La CNMC, en su informe sobre esa nueva propuesta, ya advirtió que si se rebajaban de 25 a 15 años la vida de las plantas de purines para poder recibir retribución, se excluiría a más de la mitad de las 33 existentes, que alcanzarían o superarían ese tiempo antes de finalizar 2017. Sin embargo, el Ministerio de Energía consideró que la decisión de reducir la vida útil de las plantas de purines para poder recibir la retribución estaba suficientemente justificada, pues las propias plantas de purines amortizaban sus activos a 15 años.

La nuclear de Trillo comunica al CSN la activación automática de un generador diésel de emergencia por una falsa alerta

Europa Press / EFE.- La central nuclear de Trillo (Guadalajara) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que uno de los generadores diesel ha arrancado por una señal de baja tensión en una barra de suministro eléctrico de emergencia, provocada por la apertura de los interruptores de salida del transformador que la alimenta. Trillo opera ya con total normalidad al 100% de potencia.

De acuerdo con el diseño, automáticamente la señal de baja tensión activa el sistema de protección del reactor e inicia el arranque del generador diésel que suministra así la energía necesaria a la barra de emergencia, que ha perdido la tensión. El titular estudia ahora las causas que han generado la alerta de alta temperatura del transformador porque han comprobado que la temperatura era la correcta. El suceso no tuvo impacto para los trabajadores, el público ni en el medioambiente y se ha clasificado de manera preliminar con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES). El CSN, según se establece en sus procedimientos, informó a través de su web de la recepción de esta notificación.

La CNMC incoó un total de 104 expedientes sancionadores relacionados con el mercado energético en 2017

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) incoó un total de 104 expedientes sancionadores relacionados con infracciones de la Ley del Sector Eléctrico y del Sector de Hidrocarburos en 2017, según indicó el organismo. Durante ese periodo, el organismo presidido por José María Marín Quemada resolvió un total de 43 expedientes e impuso las correspondientes sanciones.

Los motivos que suscitaron la apertura de estos expedientes fueron muy diversos. Entre otros, la CNMC inició un sancionador por una posible alteración de precios en las ofertas de mercado de generación entre 2016 y 2017. Además, detectó que algunas empresas no estaban respetando las reglas del mercado a la hora de producir, comprar y vender energía (5 expedientes), e incluso que no se encontraban inscritas en el registro español de productores de energía (18).

En todo caso, la CNMC destacó que este tipo de infracciones descendió considerablemente con respecto a otros ejercicios, gracias a su «eficacia para sancionar esas prácticas«. Además, el Ministerio de Energía agilizó los procedimientos para inhabilitar a las compañías infractoras y traspasar a los clientes afectados a otras comercializadoras. Asimismo, durante el año pasado la CNMC inició 15 expedientes sancionadores contra diversas empresas energéticas que habían cambiado de compañía (luz y/o gas) a clientes sin su consentimiento. En algunos casos, Competencia incluso investiga el traspaso masivo de clientes entre comercializadoras.

Por otra parte, inició 7 expedientes sancionadores contra empresas que incumplieron la normativa de de publicar los precios de combustibles y carburantes, y aprobó la resolución de 23 expedientes de este tipo. Otras infracciones afectaron a empresas que incumplieron el Plan Nacional de Sustitución de Contadores, por lo que la CNMC finalizó la instrucción de 9 expedientes. La CNMC también investigó el incumplimiento de Reglamentos europeos, concretamente del Artículo 110 u) de la Ley de Hidrocarburos, con la incoación de 2 expedientes contra comercializadoras gasistas.

Por otra parte, la CNMC instruyó un total de 115 procedimientos sancionadores, cuya resolución corresponde al Ministerio de Energía o al Consejo de Ministros. Las infracciones más destacadas están relacionadas con el mantenimiento de las existencias mínimas de seguridad exigidas de productos petrolíferos y de gas natural (24 sancionadores); el impago de los peajes de acceso a las redes (5 expedientes) y liquidaciones (3); incumplimientos de envío de datos de lectura de contadores inteligentes (10).