La rentabilidad propuesta por la CNMC para las redes de distribución es menor a la europea, según la patronal Unesa

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Europa Press.- La rentabilidad propuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para las redes de distribución eléctricas es inferior a la vigente en el entorno europeo, según advierte la patronal eléctrica Unesa. La CNMC, en el ámbito de sus funciones reguladoras, ha emitido un borrador de informe en el que propone una tasa de retribución para aplicar al valor de los activos de distribución eléctrica y determinar el importe de la remuneración que deben percibir los operadores.

La CNMC aplicó la metodología habitual en otros países para la retribución de las redes aunque, en opinión de Unesa, requiere ajustes en los parámetros. Así, explica que tal y como hacen casi todos los reguladores europeos, la metodología de la CNMC para fijar la tasa de retribución se basa en el coste medio ponderado del capital (WACC en sus siglas en inglés),»lo cual supone un avance sustancial respecto a la ausencia de metodología de la tasa actual de retribución, fijada por el Gobierno en referencia al bono español a 10 años», explica Unesa.

Este borrador se somete a audiencia pública con plazo hasta septiembre. En este sentido, Unesa advierte de que una definición «inadecuada» de los parámetros que lo componen puede dar lugar a resultados que no reflejen la realidad de los mercados ni las características de la actividad en cuestión. A falta de un análisis detallado, el borrador de informe de la CNMC de la tasa de retribución arroja un diferencial con respecto al bono español a 10 años de 400 puntos básicos, inferior a la media de otros países europeos, en los que se alcanzan los 500-550 puntos básicos, explica Unesa.

Unesa resalta que la tasa que se fije para el próximo período regulatorio debe permitir afrontar el desafío de digitalizar y modernizar las redes de distribución para integrar nueva producción a partir de fuentes renovables, así como para facilitar la transición energética. «Un proceso en el que las redes de distribución jugarán un papel clave para integrar distintos recursos distribuidos, como generadores a pequeña escala o puntos de recarga de vehículos eléctricos, y todo ello manteniendo los estándares de calidad del suministro«, argumenta. De este modo, señala que la «esperada» electrificación de la economía es «inconcebible» sin el consiguiente refuerzo de las redes a las que se conectan dichas instalaciones.

Por ello, el marco regulatorio y la rentabilidad adecuada deben estar alineados, «de manera que no parece razonable fijar un diferencial con el bono español por debajodel que se aplica en los países de nuestro entorno», esgrime. Unesa recuerda que la distribución es una actividad intensiva en capital y con largos periodos de recuperación de las inversiones. «Sin una rentabilidad suficiente, capaz de atraer el capital necesario para acometer dichas inversiones en un entorno cada vez más competitivo, será más difícil afrontar con éxito los retos y oportunidades futuras para descarbonizar la economía», concluye.

El CSN aprueba por unanimidad el plan para paralizar los informes sobre la construcción del ATC en Villar de Cañas

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Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó por unanimidad el plan presentado para paralizar la emisión de los informes de evaluación relativos a la solicitud de autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado en Villar de Cañas (Cuenca), y proceder a documentar ordenadamente las actuaciones realizadas hasta ahora o en curso, de forma que se mantenga todo su valor para el mejor aprovechamiento futuro, si procede, de las mismas.

Según ha explicado el CSN, ha empleado hasta la fecha, en las evaluaciones relativas a la solicitud de autorización de construcción del ATC, unas 43.000 horas de personal técnico propio del organismo, así como otras 4.900 horas de personal externo contratado, habiéndose alcanzado un grado de avance de aproximadamente del 98% de los trabajos inicialmente planificados. El plan presentado por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear recoge y resume el estado actual de las actividades de evaluación asociadas a la autorización de construcción del ATC y establece el cronograma de acciones necesarias para documentar las tareas realizadas y para hacer efectiva la interrupción de las mismas, según indicó el CSN.

El Ministerio para la Transición Ecológica solicitó el pasado 5 de julio al CSN la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del Almacén Temporal de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC) para «analizar con cierto detalle la situación«. Así se lo trasladó por carta el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, al presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen.

En la misiva, el secretario de Estado señala que, teniendo en cuenta el reciente cambio de Gobierno, así como la pendiente tramitación y aprobación del VII Plan General de Residuos y el conjunto de nuevos factores que pueden haberse modificado desde enero de 2014, cuando se remitió la solicitud al regulador atómico, “desea” poder analizar “con cierto detalle la situación“.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron que la intención del departamento es analizar la situación primero de cara a diseñar la futura política energética. “Por todo ello, te solicito que, por el momento, dejes en suspenso la emisión del citado informe en tanto no tengamos una evaluación más detallada de la situación actual“, añade en la carta. Domínguez Abascal recuerda que el 14 de enero de 2014, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solicitó los preceptivos informes del CSN sobre la autorización previa o de emplazamiento así como la autorización de construcción de la instalación nuclear.

El regulador nuclear aprobó la autorización previa o de emplazamiento en 2015, aunque señalan que el Gobierno todavía no la ha hecho suya. Quedaba pendiente, por tanto, la aprobación de la autorización de construcción que ahora el Ejecutivo pide dejar en suspenso. La elección de la ubicación del ATC y su centro tecnológico asociado en Villar de Cañas (Cuenca) fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011. Enresa presentó las solicitudes dos años después y en 2015 el CSN dio luz verde a la solicitud de autorización previa.

Además de la solicitud ahora suspendida, el regulador atómico también tendría que pronunciarse posteriormente sobre la licencia de explotación. Paralelamente, entre los trámites necesarios, se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental, que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, y el Plan de Seguridad, que corresponde al Ministerio del Interior. No obstante, la edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción, que es la actualmente suspendida. La ubicación del ATC en Villar de Cañas ha sido fuertemente contestada por el Gobierno del PSOE de Castilla-La Mancha.

El ATC preveía albergar, entre otros, los residuos correspondientes al desmantelamiento de Vandellós I, que se encuentran en Francia y que suponen un gasto para España de 74.603,14 euros diarios desde el 1 de julio de 2017. Estas cantidades serán reembolsadas a Enresa cuando regresen a España los residuos, momento en que será facturado a Enresa el almacenamiento en Francia de dichos residuos desde el 1 de octubre de 2015.

Hacia la paralización del ATC

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, considera que el plan del CSN produce «un paso más positivo» después de la decisión del Gobierno de España de paralizar los trámites asociados al ATC. Para el delegado esto supone una «ejecución del mandato» del Gobierno de Pedro Sánchez para «hacer bien las cosas y no hacerlas improvisadas» ya que, a su juicio, el proyecto empezó «la casa por el tejado«.

De esta forma, González Ramos ha señalado que se decidió el sitio de ubicación «sin cumplir posiblemente las condiciones que debe reunir» tanto en «previsión de residuos nucleares futuros en función de la estrategia energética del Gobierno», como de la «idoneidad de los propios terrenos», algo para lo que se hacen evaluaciones de impacto ambiental «que no estaban hechas». En relación al presupuesto que iba a ser destinado para la construcción del ATC, el delegado del Gobierno central en la región ha destacado que era un presupuesto de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) «específico para gestionar residuos nucleares».

Para González Ramos «no era de recibo» que el Gobierno anterior «vendiese un presupuesto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Castilla-La Mancha multimillonario», pero que «140 millones de euros se los llevaba el ATC» y por tanto «no iba para Castilla-La Mancha» sino para «mejorar deficiencias» en la región. «Era un engaño como hemos vivido ahora. El presupuesto quitando esos 140 millones se va a quedar, desgraciadamente, en un porcentaje pésimo», ha finalizado.

El margen bruto medio del gasóleo aumentó un 12,5% en junio y el de la gasolina un 11,5%, según Competencia

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Europa Press.- El margen bruto medio del gasóleo experimentó en junio un incremento del 12,5% con respecto al mes anterior, o de 1,97 céntimos de euro por litro, mientras que el de la gasolina aumentó un 11,5%, o 1,84 céntimos de euro por litro, según el informe de distribución de carburantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Así, el margen bruto obtenido en ambos carburantes por los operadores se situó en 17,8 céntimos de euro por litro.

En junio, el precio promedio de los carburantes aumentó por tercer mes consecutivo. De esta manera, el del gasóleo creció un 0,9%, subiendo 1,13 céntimos por litro, hasta situarse en los 1,24 euros el litro, mientras que el de la gasolina se incrementó también un 0,9%, subiendo 1,22 céntimos por litro, hasta los 1,335 euros por litro. Estos movimientos al alza en los precios coincidieron con los experimentados por las cotizaciones internacionales, que llevaron así en junio al gasóleo y la gasolina a sus máximos desde 2014 y 2015, respectivamente.

Precios elevados: segundos y séptimos

España se mantuvo en el segundo puesto en el ranking de precios antes de impuestos más altos de la Unión Europea para la gasolina 95. Respecto al ranking del gasóleo A, España descendió de la quinta a la séptima posición. En lo que se refiere al ámbito provincial, las provincias del País Vasco, encabezadas por Guipúzcoa, fueron las que registraron los precios antes de impuestos más altos para ambos carburantes. Incluyendo los impuestos, Asturias fue, después de tres meses, la provincia peninsular con precios más altos en gasolina, seguida de A Coruña y Málaga, mientras que para el gasóleo, Galicia volvió a ser la comunidad autónoma con precios más caros.

En su informe, la CNMC destaca que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 introduce modificaciones en relación a la fiscalidad aplicable a los hidrocarburos líquidos, integrando, desde enero de 2019, el tramo autonómico con el tramo estatal en un único impuesto denominado tipo especial que será de aplicación por igual en toda la Península y Baleares. Así, el tramo autonómico se integrará adquiriendo su valor máximo (0,048 céntimos por litro para gasolinas, gasóleo A y querosenos; 0,012 euros por litro para gasóleos B y C y 0,002 euros por kilogramo para fuelóleos).

La CNMC investiga si detrás del «alto» precio de la energía «hay algo más» que una «situación coyuntural»

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) expresó su preocupación por el «alto» precio actual de la energía, a pesar de tratarse de una «situación coyuntural», y ha asegurado que está «preocupada por si hay algo más» detrás de este encarecimiento en la electricidad, por lo que está realizando un «análisis del comportamiento» para «garantizar que el mercado funciona correctamente«, una investigación para la que el Ministerio de Transición Ecológica ha ofrecido su «colaboración».

Así lo señaló el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. Respecto a esta investigación de la CNMC sobre el precio de la energía, Domínguez ha «celebrado» esa labor y ha asegurado que «en la medida que sea necesario», el Ministerio «acompañará» en esa tarea. «Efectivamente ha habido una alteración de los precios significativa en los últimos meses y hay que tener una explicación clara de por qué está sucediendo eso», ha apuntado el secretario de Estado de Energía.

Domínguez ha señalado que desde el Ministerio se ha dirigido a la CNMC pidiendo información sobre ello porque también están «preocupados» por ese tema. «Es nuestra obligación, pero ellos son los que tienen la labor de vigilancia. Por lo tanto, para nosotros ellos son un elemento fundamental para hacer esa tarea de vigilancia para la cual les prestamos la colaboración que por nuestra parte necesiten», ha afirmado. El precio de la electricidad en el mercado diario español, el conocido como pool, cerró el pasado junio con un precio medio de 58,6 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un incremento del 6,45% respecto a mayo y un 16,41% más caro que hace un año, según datos del grupo ASE.

Asimismo, Domínguez ha defendido en su intervención la necesidad de realizar cambios en el mercado energético para adaptarlo a la realidad actual y de dotar de una regulación para ese «mundo diferente», una tarea para la que cree que hay «buena sintonía» del actual Gobierno de España con la CNMC. «Sabemos que venimos de un tiempo en que esa sintonía no ha existido», afirmó el secretario de Estado de Energía en alusión a la anterior etapa del Gobierno del PP.

Domínguez ha asegurado que se está trabajando en que esas «discrepancias del pasado» y falta de sintonía «no vuelva a ocurrir» y ha abogado por que «el regulador y el legislador trabajen coordinadamente». También en alusión a la CNMC, ha defendido que «un país democrático necesita instituciones independientes» y «estables» porque precisamente «dan solidez» al sistema democrático y ha señalado que la relación del Gobierno con la CNMC «es parte de esa relación con las instituciones». Por su parte, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, respondió a Domínguez con un «muchas gracias».

Multas a 5 empresas energéticas

Por otro lado, la CNMC multó a 5 empresas con un total de 10.200 euros por una infracción grave de la Ley del Sector Eléctrico. En concreto, las compañías sancionadas han sido About White; Asal Energía, Empresa Municipal de Distribucio d’Energia Eléctrica de Ponts y Alpapat con 1.800 euros así como Eléctrica Vaquer Energía con 3.000 euros. Incumplieron la obligación de inscribirse en el Registro español de participantes del mercado mayorista de la electricidad (Remit).

La inscripción en este registro es fundamental para controlar las operaciones de compra y venta de energía que llevan a cabo las distintas empresas en el mercado. Además, se trata de una obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) Nº 1227/2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. El importe final de las multas se ha obtenido tras aplicar dos reducciones del 20% sobre la cuantía propuesta inicialmente, ya que las 5 compañías aceptaron su responsabilidad y pagaron en periodo voluntario, según establece la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El presidente de CNMC, Marín Quemada, se muestra «optimista» en recuperar las competencias sobre los peajes eléctricos

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Europa Press. – El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, se ha mostrado «optimista» sobre la posibilidad de recuperar las competencias sobre los peajes eléctricos que el anterior Gobierno le retiró.

Así, Marín Quemada se mostró igualmente «optimista» antes los «deseos de colaboración» mostrados durante las primeras interacciones que el organismo ha tenido con el nuevo Ejecutivo del PSOE a través de que lo que denominó «ministerios de referencia».

Durante un desayuno organizado por Editorial Prensa Ibérica, Marín Quemada sostuvo que la intención del Gobierno de devolver esas competencias coincide con la normativa europea y que ello redundará en más «transparencia» en los precios.

A este respecto, insistió en pedir para el consumidor más claridad. Para explicar el sistema actual, dividió la factura en tres partes: los impuestos, el coste y un tercer bloque donde se reúnen toda una serie de consideraciones de estabilidad del sistema, las primas a las renovables o el mantenimiento de energías de respaldo.

Dentro de este tercer bloque, (el de los peajes), dijo encontrar razonable pagar por mantener abiertas plantas con energías de soporte. Así, «si no autorizas a quitarlas tienes que pagarlo», defendió, o que el precio de la energía tienda a tener un precio similar en todos sitios.

La CNMC decidirá próximamente si obliga a las compañías eléctricas a distinguir con diferentes marcas sus actividades reguladas y liberalizadas

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidirá antes de concluir julio respecto a la medida para obligar a las grandes energéticas a distinguir sus diferentes marcas, con el fin de no «crear confusión» entre los consumidores.

El regulador abrió en marzo un procedimiento jurídicamente vinculante para estudiar la obligación de los grupos verticalmente integrados de electricidad y gas, es decir, aquellos con presencia en todas las actividades del ciclo de generación y venta de energía, a separar su imagen de marca (logotipos y denominación social) y canales de información (web y teléfonos). El documento de propuesta se encuentra actualmente en una fase final de alegaciones, según indicaron fuentes del sector. Una vez sea aprobada la propuesta, las compañías tendrán un plazo de 6 meses desde la notificación de la decisión jurídicamente vinculante para cumplir con este cambio de marca e imagen.

En noviembre de 2016, Asufin y UCE-Asturias denunciaron ante la CNMC esta situación y «trasladaron al regulador que esta confusión era aprovechada por las grandes empresas para cambiar los contratos de los consumidores al mercado libre, casi siempre más caro», según indicó la asociación de consumidores Asufin. Con esta medida, la CNMC fijará la obligación de que los distintos filiales de las grandes compañías (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Viesgo) cambien sus actuales nombres (marcas e imagen), y no solo de apellido, como ahora.

Estas compañías venden energía a un precio regulado, el conocido como PVPC, a los consumidores domésticos a través de sus comercializadoras de referencia (COR). También comercializan energía en el mercado libre a un precio libremente pactado con el consumidor. En la mayoría de los casos, las empresas incorporan el término distribución en la marca vinculada al distribuidor o comercializador de referencia o suministrador de últimos recurso en su denominación social, algo que la CNMC considera que «no elimina el riesgo de confusión de marca, si en su denominación social se incluye el nombre del grupo«.

En su propuesta de resolución, el regulador establece que las empresas no crearán confusión en la presentación de marca respecto a la identidad propia de las filiales de su mismo grupo que realicen actividades de comercialización. En concreto, esta medida está referida a la denominación social de las sociedades distribuidoras y comercializadoras de referencia en relación con la denominación social de las sociedades filiales que comercialicen electricidad y gas natural pertenecientes al mismo grupo empresarial.

Con esta medida, la CNMC dará cumplimiento con la obligación que establece la Ley del Sector Eléctrico de que las empresas distribuidoras y las empresas comercializadoras de referencia que formen parte de un grupo de sociedades que desarrolle actividades reguladas y libres «no creen confusión en su información y en la presentación de su marca e imagen de marca respecto a la identidad propia de las filiales de su mismo grupo que realicen actividades de comercialización«. En el caso del gas natural, la Ley del Sector de Hidrocarburos establece idéntica obligación para las empresas distribuidoras que formen parte de un grupo de sociedades que desarrollen actividades reguladas y no reguladas.

Según Competencia, existe una fuerte concentración en el mercado de suministro de electricidad por parte de las comercializadoras que pertenecen al mismo grupo empresarial que las distribuidoras, suponiendo el 82% de los 28,2 millones de puntos de suministro. Adicionalmente, esa concentración no se ha visto modificada significativamente en los últimos años, en los que se ha registrado un descenso medio anual del 1,6%. Por lo que se refiere al sector gasista, las comercializadoras del grupo Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, único grupo integrado verticalmente en la actualidad, suministran al 73,3% de los consumidores conectados a las redes de distribución del grupo, con casi 4 millones de los 5,4 millones de puntos conectados a sus redes de distribución en 2017.

Así, existe una inercia de cambio de comercializador, desde el comercializador de referencia al comercializador libre del mismo grupo empresarial, con casi el 70% del total en 2017, aunque este porcentaje ha disminuido en los últimos años, pasando de un 78,1% en 2013 a un 69,7% en 2017, con una reducción media anual fue el 2%, según datos del regulador.

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, valoró que con esta medida «España, al fin, sigue el camino ya iniciado por los reguladores europeos» y subrayó que «el objetivo es que las grandes energéticas separen claramente su negocio regulado y la comercialización del PVPC del negocio libre». «Con ello, se evitará la actual situación en la que las grandes energéticas han aprovechado durante estos años para cambiar a los consumidores al mercado libre, casi siempre más caro que el precio regulado y, algunos casos ya sancionados, con engaño a los clientes».

La CNMC asegura que aumentará la transparencia sobre los precios si consigue recuperar competencias de regulación de los peajes eléctricos

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Europa Press.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha destacado que la transparencia en los precios de los peajes eléctricos aumentará si el organismo retoma estas competencias, como pretende el actual Gobierno, a la vez que el precio subirán o bajarán en función de cada situación del mercado. En este sentido, Marín Quemada ha celebrado que los peajes eléctricos dejarán de ser «un instrumento de utilización política al servicio de nadie».

De esta manera, el precio de los peajes eléctricos serán resultado de un cálculo determinado en cada momento y subirá o bajará «con transparencia y absoluta visibilidad», por lo que los consumidores «sabrán si les interesa una tarifa u otra». En su opinión, el consumidor debe saber por qué suben o bajan los precios y no «estar a la sorpresa o a la negociación política de una comunidad autónoma que tenga unos peajes distintos a los de otras», ya que ese diferencial «lo pagan los consumidores», ha advertido Martín Quemada.

«Hasta ahora, han estado en una opacidad que es absolutamente contraria a las más elementales leyes de las agencias del mundo en el año 2018», ha denunciado Marín Quemada, quien ha señalado que utilizar los peajes eléctricos como instrumento político es «algo que está pasado de moda». Por ello, el presidente de la CNMC ha recordado que, en el resto de la Unión Europea, los peajes eléctricos son competencia del regulador. «La voluntad del Gobierno es devolver las competencias donde deben estar y donde están en el resto de Europa», celebró Marín Quemada, ya que considera «extraordinariamente positivo» que la agencia española «sea más parecido al resto de las europeas».

Ribera trabaja para resolver el conflicto abierto con la CNMC por el PP y devolverle sus competencias sobre los peajes

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja ya para desactivar las medidas adoptadas por el anterior Gobierno, por las que este se reservaba la fijación de los peajes eléctricos en menoscabo de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tal y como obligan las reglas europeas, según indicó el gabinete dirigido por Teresa Ribera.

En concreto, el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Energía, ha enviado sendas cartas al comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, y al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en las que expresa su intención de desactivar las medidas adoptadas por el Ministerio de Energía. Asimismo, el nuevo secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha expresado su voluntad de «resolver esta cuestión en el menor plazo posible» y, para ello, propone a la CNMC la creación de un grupo de trabajo con la finalidad de «definir un marco legal adecuado en esta materia».

El enfrentamiento entre el exministro de Energía, Álvaro Nadal, con la CNMC por las competencias del organismo en la fijación de los peajes eléctricos llevó a España a un conflicto con la Comisión Europea, que abrió un procedimiento de infracción en 2016 sin que en este tiempo el anterior Ejecutivo aportara una solución que resolviera este conflicto de intereses, incumpliendo la norma europea que obliga a dejar la fijación de precios en manos del regulador. Asimismo, las negativas del anterior Ejecutivo han provocado que dicho expediente esté a punto de ser remitido al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que podría imponer multas significativas a España.

La relación entre la CNMC y el anterior inquilino del Ministerio de Energía se judicializó después de que Álvaro Nadal respondiera con una negativa al requerimiento del regulador para que se retractara de la decisión de arrebatarle sus funciones. En diciembre, la CNMC presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite, contra el Real Decreto 903/2017 por el que el entonces Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico.

Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de euros del total de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico. Desde que se hizo cargo de la nueva cartera de Transición Ecológica, Teresa Ribera reiteró su intención de resolver el conflicto con la CNMC. Respecto a los varios expedientes que la Comisión Europea tiene abiertos contra España en materia energética, Ribera señaló que formaba parte de las «aspiraciones» del nuevo Gobierno resolver estos asuntos «cuanto antes y de la mejor manera posible».

De hecho, una de las primeras medidas adoptadas por Teresa Ribera al frente del nuevo Ministerio fue la modificación de la resolución aprobada por la anterior Secretaría de Estado de Energía sobre las nuevas reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica, que ya había provocado otra batalla judicial entre la CNMC y el anterior Ministerio de Energía al ser recurrido por el organismo presidido por José María Marín Quemada ante la Audiencia Nacional.

Bruselas ve «prudente» dar un margen de actuación al Gobierno ante el conflicto con la CNMC por los peajes eléctricos

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Europa Press / EFE.- El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que Bruselas ha preferido ser «prudente» y hablar con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez antes de tomar la decisión de denunciar o no a España por el conflicto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la fijación de los peajes de acceso a las redes de electricidad.

«La Comisión ha tenido conversaciones con el Gobierno anterior sobre la independencia de la autoridad nacional reguladora. Se había conseguido avanzar un poco pero no a la velocidad que hubiera deseado la Comisión, que desea que el regulador sea el que regule los precios. Algunas de estas infracciones estaban preparadas pero pensamos que es prudente, en un escenario de cambio de Gobierno, hablar con el nuevo Gobierno«, indicó el comisario español. «Así que visitaré España y debatiré con el nuevo Gobierno cuál es la situación, qué soluciones se podrían encontrar y a qué ritmo se podría hacer», añadió el comisario en el marco de la reunión de ministros de Energía de los Veintiocho en Luxemburgo.

El Gobierno fija las tarifas

En cualquier caso, Arias Cañete ha subrayado que se trata de una infracción que se produce ya desde hace años, así como también hay otros socios comunitarios que tienen el mismo problema. El anterior Gobierno le retiró competencias a la CNMC en 2014, limitando su capacidad de actuación sobre las tarifas eléctricas, de forma que en la actualidad, esa comisión valida la metodología y el Gobierno fija las tarifas de peaje, que suponen más de un tercio de la factura.

El comisario y el Ejecutivo español vienen discrepando abiertamente desde que Bruselas abriese en septiembre de 2015 un procedimiento de infracción a España, especialmente con el que fuera ministro de Energía del anterior Ejecutivo, Álvaro Nadal. En concreto, la Comisión Europea considera que la asunción por parte del Gobierno de la capacidad para fijar los peajes de luz, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, contraviene dos directivas comunitarias. Los precios del mercado mayorista eléctrico suponen alrededor del 35% del recibo de la luz, mientras que el 65% restante corresponde a impuestos y a los denominados peajes que fija el Gobierno.

Tras el cambio de Gobierno, Arias Cañete tendrá que establecer un diálogo con la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha asumido las competencias energéticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El objetivo de Ribera será, por tanto, convencer a Bruselas para evitar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Precisamente, respecto a los expedientes abiertos contra España en materia energética y medioambiental, Ribera ha confiado en que puedan cerrarse «cuanto antes y de la mejor manera posible».

La CNMC y el Gobierno

Por su parte, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, espera que el nuevo Gobierno no divida este organismo y le ceda las competencias para fijar los peajes eléctricos. En este sentido, Marín Quemada ha afirmado que todavía no sabe si el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene la intención de «partir» la CNMC, como había manifestado el anterior ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, pero reiteró que «ojalá no lo haga«.

Sobre los peajes eléctricos, indicó que tampoco conoce las ideas del Gobierno, aunque comentó que espera que les ceda las competencias, «como les ha conminado Bruselas». El presidente de la CNMC quiere que su institución tenga unas competencias en materia de energía «parecidas al resto de reguladores y agencias independientes de supervisión de Europa, similar a lo que hay en Francia, Alemania o Reino Unido».

Tras un primer aviso, la Comisión Europea abrió a España un procedimiento de infracción en 2016, al considerar que la fijación de los peajes debe estar en manos de organismos independientes, tal y como obligan las reglas comunitarias. Marín Quemada ha afirmado que todavía es «extraordinariamente» pronto para tomar estas decisiones, puesto que el nuevo Ejecutivo acaba de iniciar su gestión, pero ha manifestado que «la CNMC siempre está a disposición de hablar de todos estos temas porque son críticos«.

Cuatro de cada diez hogares españoles desconoce qué tarifa eléctrica tiene contratada

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EFE / Europa Press. – Un 40% de los hogares no sabe qué tipo de tarifa eléctrica tiene contratada, al tiempo que alrededor del 13% de los que cambiaron de contrato se encontraron servicios adicionales facturados sin que ellos lo supieran anticipadamente, aunque cada vez hay más usuarios que ven cumplirse las condiciones de su nuevo contrato (tres de cada cuatro).

Según los resultados del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondiente al cuarto trimestre de 2017, un 16% de los hogares españoles ha contratado una nueva oferta de electricidad en los últimos dos años, mientras que un 13% hizo lo mismo con la de gas natural.

La encuesta señala también que el 39% de los hogares dispone de electricidad y gas natural, un 23,9% de electricidad y butano, y un 20% sólo de electricidad. En el caso de la electricidad, un 40,3% de hogares dice que no sabe qué tarifa tienen contratada, mientras que un 25,6% afirma que tiene tarificación por horas, cuatro décimas más que en el segundo trimestre de 2017. Además, un 22,3% de hogares no sabe qué potencia tiene contratada.

Entre los hogares con gas natural, más de la mitad, un 50,9%, contrata el gas y la electricidad con la misma compañía. Las principales razones que alegan para hacerlo son beneficiarse de mejores precios y por la comodidad de tener sólo un suministrador energético.

Gas Natural Fenosa concentra el 41% de los clientes domésticos con luz y gas en la misma compañía, y mantiene su cuota prácticamente igual que hace un año (una décima más). A continuación se sitúan Endesa, con un 23,9%, e Iberdrola, con un 20,3% (la misma cuota que un año atrás).

Pese a que tres de cada cuatro hogares declara haber entendido los términos de la nueva oferta, un 15% no los entendió. De hecho, la CNMC ha publicado recomendaciones que pueden ayudar al consumidor a comprender las ofertas energéticas y a escoger con un mejor entendimiento la más conveniente en cada caso.

Entre los hogares que declaran tener una tarifa con discriminación horaria, un 88% tiene en cuenta la diferencia de precios en distintas horas del día en sus hábitos de consumo, por ejemplo, para poner la lavadora o encender la calefacción.