OIEA recomienda a España actualizar el plan de residuos y asegurar que el retraso del ATC no disminuya la seguridad

Europa Press.- El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha recomendado al Gobierno de España que asegure que el retraso en la instalación del almacén temporal centralizado (ATC) no afecte de forma negativa a la seguridad de los residuos nucleares y combustible gastado y considera también que el Gobierno debería dar «pasos inmediatos» para actualizar el plan general de residuos radiactivos.

Son las conclusiones de una doble misión internacional que ha examinado el marco regulatorio español para la seguridad nuclear y radiológica, del que se encarga el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), así como la gestión de los residuos y el combustible gastado, que gestiona Enresa, representantes de la OIEA han subrayado que España tiene un «fuerte compromiso» con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

El director de la misión de la OIEA, Victor McCree, ha explicado que el organismo ha trasladado al Gobierno, al CSN y a ENRESA un total de 17 recomendaciones y 22 sugerencias, al tiempo que ha detectado 2 buenas prácticas de estas entidades que podrían replicarse en otros países. McCree ha destacado que entre las principales recomendaciones al Gobierno, la OIEA considera que debe asegurarse de que el retraso en el establecimiento del ATC no genera un impacto negativo en la seguridad de la gestión de los residuos de alta actividad y el combustible gastado.

De momento, ha dicho que el equipo no ha identificado «ningún riesgo» asociado precisamente a la falta de un ATC pero ha reflexionado que la instalación se previó vinculada a las actividades de desmantelamiento y clausura de las centrales y valora que en su diseño se incluya la investigación en materia de gestión de residuos y mejora de la instalación. En concreto, ha indicado que se recomienda a España que actualice las previsiones de residuos nucleares para asegurar que los recursos económicos consignados sean suficientes, aunque ha aclarado que no detectó carencias a este respecto.

Además, la misión de revisión, en la que han participado 24 expertos internacionales, urge a España a dar «pasos inmediatos» para realizar la actualización del Plan General de Residuos Radioactivos. A este respecto, el presidente de ENRESA, José Luis Navarro, defiende que el OIEA valora como «integral y robusto» el sistema de gestión de los residuos radiactivos aunque pueda mejorarse.

Además, ha recordado que según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a principios de 2019 tendrá listo un borrador del plan y que ENRESA ya ha iniciado los trabajos previos para actualizar el plan general de residuos radioactivos, cuya aprobación podría demorarse hasta 24 meses, de acuerdo con los plazos que marca la legislación de evaluación ambiental, hasta 2021. Por otro lado, McCree ha añadido que la misión ha recomendado también que el Gobierno, el CSN y ENRESA comiencen a desarrollar las regulaciones, los requerimientos técnicos y a implantar un plan para lograr una instalación geológica profunda para almacenar de forma definitiva los residuos y el combustible.

Asimismo, la misión recomienda reforzar la coordinación entre los diferentes operadores de centrales nucleares en materia de organización de respuesta y con el regulador durante una emergencia radiológica y nuclear. En ese sentido, McCree comentó que no ha podido concretar cómo se comunicarían la autoridades con la sociedad durante la respuesta a una emergencia, o si se requeriría institucionalmente una coordinación con los explotadores. Si bien, ha recordado que, según las normas de la OIEA, la coordinación con los medios de información debería realizarla el responsable de la seguridad nuclear, en este caso el CSN.

Una estructura regulatoria “muy fuerte”

Otra de las conclusiones estima que el CSN debería reforzar también sus procedimientos para mejorar la revisión sistemática de la regulación nuclear, es decir las guías y directrices, de modo que se adapten «mejor» a los estándares de seguridad de la OIEA. Para el director de la misión, las conclusiones y recomendaciones efectuadas, si se implantan, podrían «reforzar aún más» la estructura reguladora en España que «ya es muy fuerte».

«Al invitar a la OIEA a dirigir esta misión única, el Gobierno español ha demostrado un fuerte compromiso con los principios básicos para la excelencia en la seguridad nuclear y radiológica dirigida a una mejora continua», elogió McCree, ex director ejecutivo de operaciones de la Comisión Reguladora de Estados Unidos. Estas conclusiones serán compartidas con el resto de países miembro de la OIEA así como las dos buenas prácticas que la misión ha reconocido a España, una del CSN y otra de ENRESA y que serán promocionadas a nivel internacional.

En concreto, del CSN ha destacado una innovadora herramienta de gestión de datos para asegurar el transporte de los materiales radiactivos, mientras que de ENRESA ha valorado el «diseño vanguardista» del ATC como parte de una estrategia de gestión del combustible gastado. En este contexto, el presidente del CSN, Fernando Martí, ha informado de que es la primera vez que un país acoge dos misiones de la OIEA y ha calificado la acción de «éxito» porque «lo importante» es que se emitan recomendaciones y sugerencias para detectar áreas de mejora.

«Es una oportunidad para que España mejore en todos los aspectos posibles y estamos satisfechos por las recomendaciones y sugerencias», apreció Martí que cree que cuantas más sugerencias emita la OIEA mejor, porque siempre hay un margen de mejora que realizar «paso a paso», sobre todo después de Fukushima que supuso «un antes y un después» que ha enseñado que «no hay que dormirse en los laureles» con la seguridad.

El presidente del CSN se ha referido a la recomendación de la OIEA respecto al almacén geológico profundo y ha dicho que «hay que empezar en serio a buscar ubicación» para poder realizar todo el proceso de aquí a los próximos 20 o 30 años, con transparencia y comunicación a la sociedad. No obstante, ha afirmado que «muchas» de las cuestiones recomendadas o sugeridas por la OIEA ya estaban en el plan de acción y se incorporarán en los próximos años, antes de que se vuelvan a evaluar. En ese contexto, reclamó «más independencia» para el CSN, tanto a nivel financiero como de las decisiones de su ámbito de aplicación.

Por su parte, el presidente de ENRESA ha defendido el sistema de residuos español y ha insistido en transmitir a la sociedad que las instituciones trabajan y permiten a los ciudadanos estar tranquilos sobre estas cuestiones y valora los consejos dados por la OIEA que han sido realizados desde miembros de la misión de países con «las mismas preocupaciones». Por último, el director de la división de seguridad nuclear de instalaciones nucleares del OIEA, Greg Rzentkowski, ha valorado que el marco regulador en protección radiológica y seguridad nuclear está «perfectamente alineado» con las directrices de la OIEA y considera que en materia de transparencia la misión no ha observado «nada» que haga cuestionar al CSN.

El Gobierno, cerca de acordar con la CNMC la devolución de las competencias sobre los peajes eléctricos arrebatadas en 2014

Europa Press.- El Gobierno está cerca de acordar con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) el traspaso de las competencias para fijar los precios de los peajes del sistema eléctrico, una atribución en manos del Ejecutivo desde 2014. Así lo ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su intervención ante el Pleno del Congreso para defender el decreto ley aprobado con medidas dirigidas a combatir la escalada de precios de la tarifa energética.

Entre las medidas incluidas en este decreto ley, hay cambios en las tarifas de acceso, en línea con lo dispuesto en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, como parte del acuerdo del anterior Gobierno con el PNV. Sin embargo, Ribera ha avanzado que «estas competencias van a serlo del regulador», de acuerdo con lo dispuesto en la normativa comunitaria.

«Estas competencias van a dejar de ser una atribución del Gobierno para serlo de la CNMC, con la que estamos a punto de culminar un acuerdo en este sentido», explicó la ministra, que avanzó al Congreso que remitirá este cambio normativo a la Cámara Baja próximamente como modificación de la Ley del Sector Eléctrico. La ministra ha subrayado que «no deben existir agravios comparativos» en el acceso al sistema eléctrico, pues el coste de la energía es «clave» tanto para el consumidor doméstico como para la competitividad del tejido industrial.

La CNMC lanza una consulta pública para modificar la regulación «obsoleta» de las plantas regasificadoras y mejorar su competitividad

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado una consulta pública para modificar la regulación de las plantas regasificadoras de gas natural licuado (GNL) en España, al considerar que se ha quedado «obsoleta» y necesita cambiarse para adaptarse «al mercado de gas actual«, así como para mejorar su funcionamiento y la competitividad.

En la actualidad, España es el mayor importador de GNL de Europa (34%) y el país con más plantas regasificadoras, con 7 (6 activas y 1 hibernada), y con mayor capacidad de almacenamiento. Estas infraestructuras permiten realizar las operaciones de carga, descarga y almacenamiento del GNL, procedente de barcos metaneros, que, posteriormente, se introduce en el sistema de gasoductos como gas natural o se transporta como GNL en camiones cisterna. Sin embargo, la CNMC considera que «la mayor parte están infrautilizadas», ya que la utilización media de su capacidad es del 25%. Además, el 47% de las transacciones en 2017 se concentró en la regasificadora de Barcelona, mientras que otras plantas del Mediterráneo registraron muy poca actividad, añade el regulador.

Por ello, el organismo considera que el modelo vigente que regula el acceso a las plantas en España presenta «deficiencias» y resalta la pérdida de demanda en favor de regasificadoras de países vecinos. También subraya que existe una alta concentración en determinadas plantas mientras otras registran poca actividad, lo que genera dificultades operativas para los operadores y limita las oportunidades de trading a los comercializadores.

Asimismo, señala que otra de las situaciones que se observa es que descargar en una planta regasificadora del sur de la Península, como la de Sagunto, puede llegar a ser un 50% más caro que hacerlo en la de Barcelona. Este hecho lleva a que, mientras Sagunto puede no tener ninguna descarga en varios meses, en Barcelona existe dificultad para acomodar todas las peticiones recibidas.

La CNMC propone en su consulta pública, que se prolongará este mes, un nuevo modelo de acceso a las plantas, que potencia los productos y servicios de GNL más atractivos para el mercado y el acceso a estas infraestructuras. El organismo destaca que la implementación de este modelo está sujeta, particularmente, a las modificaciones normativas necesarias para asignar la competencia relativa al acceso a las instalaciones de GNL prevista en la Directiva Europea de Gas.

La CNMC pide revisar la retribución del transporte de gas natural para el periodo regulatorio que comenzará en 2021

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que se debe revisar la retribución del transporte de gas para el próximo periodo regulatorio, que comenzará en 2021. En la actualidad la retribución financiera sobre el valor neto de los activos de transporte es superior al 11% y representa, aproximadamente, un 28% de los costes regulados del sector gasista.

La CNMC hace estas consideraciones en el informe de análisis económico-financiero de las principales empresas de transporte del sector gasista del periodo 2013-2016. Competencia analiza las 5 principales empresas de transporte de gas (Enagás Transporte, Enagás Transporte del Norte, Gas Extremadura Transportista, Gas Natural Transporte SDG, y Redexis Infraestructuras), que representan casi el 92% de la retribución reconocida a la actividad (826 millones de euros).

El informe permite valorar el impacto en las cuentas anuales de las empresas de transporte de los cambios introducidos en el marco retributivo de la actividad por el Real Decreto-ley 8/2014 y la Ley 18/2014. Durante el periodo 2013-2016 el activo total de estas empresas se incrementó ligeramente, con un aumento anual promedio del 2% y un crecimiento global del 4,3%. El importe neto de la cifra de negocios se redujo en estos años y los gastos de explotación bajaron un 16,1%. El resultado neto del ejercicio se mantuvo prácticamente constante para el conjunto de empresas, si bien aumentó en el caso de Enagás Transporte.

En general, Competencia observa una evolución favorable de las ratios de endeudamiento durante este periodo. Asimismo, y a pesar de la revisión a la baja de la retribución regulada del transporte que tuvo lugar en 2014, la CNMC entiende que los ratios para la actividad y en particular para Enagás Transporte son «holgados» para una actividad considerada de bajo riesgo y, adicionalmente, «superiores a los de otras actividades reguladas comparables». Por ello, la CNMC recomienda el establecimiento normativo de límites de apalancamiento adecuados para las actividades reguladas y revisar el marco retributivo de la actividad de transporte de gas natural.

La CNMC obliga a las compañías energéticas a diferenciar sus marcas que ofrecen tarifas reguladas de las del mercado libre

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una decisión jurídicamente vinculante por la que obliga a varias sociedades de los principales grupos energéticos integrados presentes en España a que cambien su imagen de marca con el fin de hacerlos más fácilmente identificables para los consumidores, que podrán identificar correctamente en sus facturas qué comercializadora les ofrece el servicio y saber si están en el mercado libre o en el regulado.

Según Competencia, esta medida se centra en las empresas distribuidoras de gas y electricidad de más de 100.000 clientes y comercializadores de referencia o de último recurso, que tendrán que realizar cambios en la información y presentación de su marca respecto a la filial del mismo grupo empresarial que comercializa en el mercado libre. El regulador ha tomado esta decisión después de observar que, en la actualidad, un mismo grupo empresarial puede comercializar el gas y la electricidad a sus clientes a través de dos empresas distintas que facturan distintos precios, a las que se les denomina como comercializadoras de referencia, o de último recurso en el caso del gas.

El cliente de estas comercializadoras paga un precio regulado por su consumo (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) en luz y TUR en gas), mientras que si tiene su suministro con una comercializadora del mercado libre, pagará el precio que acuerde con la empresa por la energía consumida. Ante esta situación, el organismo ya emitió varios informes y guías en los que alerta de la confusión que existe entre los consumidores a la hora de identificar quién es su suministrador y si está en el mercado regulado o libre. Según sus datos, 8 de cada 10 hogares es incapaz de distinguir en qué mercado están.

La resolución de la CNMC obligará a las empresas a modificar la denominación social para evitar confusión entre distribuidoras y comercializadoras, para lo que no será suficiente sólo con incorporar los términos «distribuidor» o «comercializador de referencia» o «comercializador de último recurso«. En segundo lugar, tendrán que cambiar el logotipo, de forma que su comparación gráfica, fonética o conceptual no induzca a ningún error, advirtiendo que utilizar los mismos símbolos para las comercializadoras o distribuidoras podría confundir a los clientes. También se obliga a diferenciar claramente las empresas en la información enviada a los clientes.

Las empresas tendrán 3 meses para aportar a la CNMC las medidas que van a realizar para que se valore si se ajustan a los cambios requeridos y 6 meses para ejecutarlas. Los grupos afectados son Iberdrola, Endesa, Viesgo, EDP y CHC, que deberán modificar el nombre de sus filiales. Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, ya se adelantó a esta resolución al cambiar recientemente su denominación y al diferenciar claramente sus distribuidoras (Unión Fenosa Distribución y Nedgia) y comercializadoras.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), esta medida está motivada por las denuncias realizadas por la organización en 2016 ante la CNMV al observar que los grupos energéticos no diferenciaban claramente sus actividades en el mercado libre y en el regulado. Para la OCU, se trata de una estrategia de estas compañías para confundir a los clientes con marcas similares «de forma consciente», de forma que se dificulta la entrada de nuevas y menos conocidas comercializadoras y se facilita que los clientes sean traspasados del mercado regulado al libre creyendo que se trata de la misma compañía, cuando, en realidad, se trata de una nueva, con sus propias tarifas y condiciones de contratación.

La Comisión Europea insta a los países vecinos a coordinarse para dejar de aplicar el cambio de hora en 2019

EFE.- La Comisión Europea propuso a los países de la Unión Europea coordinarse entre los que son vecinos para poner fin al cambio de hora bianual para que pueda aplicarse ya el año próximo.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, confirmó durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el pleno de la Eurocámara una propuesta para poner fin a los cambios de hora, tras la encuesta pública que recabó un número récord de respuestas (4,6 millones) y que reveló que mayoritariamente (un 84%) los ciudadanos europeos quieren terminar con esa práctica.

Una mayoría (el 56%) se decantó por mantener todo el año el horario de verano, frente al 36% que prefirió el de invierno y un 8% que dijo no tener una opinión sobre el asunto.

En su propuesta legislativa, la Comisión ofrece a los Estados miembros la libertad de decidir si se regirán de manera permanente por la hora de verano o la de invierno, pero insta a que lo acuerden «de manera coordinada entre países vecinos».

Para evitar fragmentación en el funcionamiento del mercado interior, todos ellos deberán obligatoriamente suprimir el cambio de hora.

La propuesta de la Comisión elimina el cambio de hora bianual en el conjunto de la Unión Europea a partir del año que viene, fija un calendario «breve y claro» para que los cambios entren en vigor, y anima a «realizar consultas en los ámbitos nacional y europeo» para lograr un «enfoque coordinado» entre Estados miembros.

Así, según la Comisión Europea, el último cambio obligatorio a la hora de verano tendría lugar el domingo 31 de marzo de 2019, momento a partir del cual los Estados miembros que quisieran volver a la hora de invierno podrían efectuar un último cambio de hora el domingo 27 de octubre de 2019.

A partir de esa fecha no se podrían realizar más cambios, de acuerdo a la propuesta de la Comisión, que recordó que ese calendario está supeditado a la adopción de la propuesta de la Comisión a más tardar en marzo de 2019 por parte del Parlamento Europeo y el Consejo (los países).

Diferentes estudios en 2018 indicaron que el ahorro de energía por esta medida es mínimo mientras que aumentaban las quejas de los ciudadanos por efectos negativos para la salud.

Por todo ello, la Comisión Europea concluyó que «no tiene sentido» seguir regulando el cambio de hora bianual y que son los Estados miembros quienes deben tener la libertad de elegir si prefieren mantener la hora de verano o la de invierno y gestionarlo a nivel nacional.

En su turno de palabra, la eurodiputada española del BNG, Ana Miranda, pidió que Galicia y Portugal cambien de uso horario, al entender «el desfase entre la hora oficial y la hora solar es de dos horas y media en Galicia» y que esto tiene consecuencias perniciosas en la salud y el trabajo.

«Es un horario propuesto por el franquismo para adaptar la hora a la Alemania nazi», indicó Miranda.

La CNMC abre expediente sancionador a Repsol por un posible incumplimiento en los compromisos adquiridos en la compra de Petrocat

EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos por un posible incumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la compra de Petrocat. Concretamente, según el organismo, existen indicios de que Repsol habría incumplido varios compromisos recogidos en la resolución del Consejo de la CNMC de abril de 2014, cuando Repsol adquirió el control exclusivo de Societat Catalana de Petrolis (Petrocat).

Concretamente, la CNMC se refiere a los compromisos de la Sección C, que establecían una obligación de aprovisionamiento mínimo por parte de Repsol de producto (gasolinas y gasóleos) procedente de terceros operadores para la actividad de distribución de combustibles a través de las gasolineras gestionadas por Petrocat en régimen de venta en firme y para la actividad de ventas directas. Además, el organismo subraya que los compromisos de la Sección E obligaban a Repsol a enviar a la CNMC un informe con carácter anual sobre el grado de cumplimiento del compromiso de la Sección C.

La CNMC señala además que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. En 2014 Competencia autorizó la propuesta de venta a terceros de la red de gasolineras de Petrocat hecha por Repsol, excepto en el caso de una estación de servicio. La CNMC detalló las condiciones impuestas para tomar el control de la compañía.

Repsol debía desprenderse de 23 gasolineras, 17 en la provincia de Barcelona, 4 en la de Tarragona, una en la de Lérida y otra en Madrid, en cumplimiento de la ley de cuotas de mercado por provincias, así como permutar la de Font Freda con el objetivo de que se mantenga la presencia de un tercero con imagen propia. La exigencia de compromiso de aprovisionamiento por otras empresas distintas de Repsol exigido por la CNMC trataba de evitar que la petrolera, con su refinería en Tarragona, reforzase su integración vertical y se produjera un cierre de mercados a otros suministradores.

Enresa investiga cómo se ha filtrado agua de lluvia en una celda del almacén de residuos nucleares de El Cabril

EFE.- La Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa) está investigando cómo se ha filtrado agua de lluvia dentro de una de las celdas de almacenamiento del cementerio de El Cabril en Hornachuelos (Córdoba), según refleja un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Dicho informe, que se entrega anualmente al Congreso de los Diputados, recoge que los análisis realizados hasta el momento descartan riesgos, dado que «los resultados obtenidos son inferiores al límite inferior de detección».

El hallazgo de esta anomalía se produjo en diciembre de 2017, en una comprobación periódica de la cantidad de agua acumulada en los depósitos de agua de lixiviados de la celda 29. En ese momento, según revela el informe, se constata que la cantidad recogida fue superior al 100% de la definida como cantidad nominal media establecida en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, y se estima que «estas cantidades anómalas se deben a la entrada de agua de lluvia en la estructura de la celda».

«El agua recogida en el depósito ha sido analizada específicamente para la identificación de radionucleidos emisores alfa. Los resultados obtenidos son inferiores al límite inferior de detección. El titular emitió un informe al CSN que está en evaluación», concluye el informe del regulador, que informa de que a finales del 2017 el almacén temporal de residuos de baja y media radiactividad de El Cabril estaba al 76% de su capacidad.

Piden explicaciones a la Junta

Por su parte, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, pedirá a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía información sobre la filtración de agua. En este sentido, Maíllo expresó su «preocupación» por el informe del CSN y adelanta que Izquierda Unida pedirá información sobre «cómo se ha podido producir esa filtración y cómo no se han activado mecanismos de seguridad y de prevención sobre un hecho que ocurrió en 2017».

A su juicio, el hecho de que se haya producido una filtración en una celda que se supone debe estar «absolutamente blindada», lanza un mensaje de falta «de previsión o de blindaje». «También se podría producir una filtración así hacia afuera», ha sugerido el coordinador andaluz de Izquierda Unida, quien ha considerado este hecho como «muy grave» al ser una «filtración que no se contemplaba» en el protocolo de seguridad.

El déficit provisional del sistema eléctrico asciende a 1.815 millones de euros hasta junio, 554 millones menos de lo previsto

Europa Press / EFE.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.815 millones de euros hasta junio, 554 millones menos de lo previsto, según la sexta liquidación de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El regulador señaló que este resultado se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional de los sistemas extrapeninsulares en 287 millones de euros, a la menor retribución del sistema peninsular en 55 millones de euros, y a la menor retribución de la actividad de distribución en 147 millones de euros, así como a una mayor facturación por peajes de acceso con 30 millones de euros más. Los ingresos por peajes de acceso ascendieron a 6.045,8 millones, mientras los costes regulados se elevaron a 8.119,6 millones.

Por otra parte, la demanda en consumo registrada (103.914 GWh) fue un 2,5% superior al valor promedio observado en años anteriores. Asimismo, la CNMC advierte de «la escasa relevancia» de esta liquidación debido al desfase existente entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de coste. En cuanto a las energías renovables, se liquidaron 63.611 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada hasta junio ascendió a 3.553 millones de euros antes de impuestos.

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, con lo que los ingresos no son suficientes para cubrir los costes reconocidos, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura del 74,69% a cada coste a pagar con cargo a la liquidación, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 425 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente.

Además, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado ascendió a 36,455 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente. Según la CNMC, a la fecha del cierre de la liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 6,3 millones de euros, antes de impuestos.

Respecto al sector gasista, el déficit provisional del sistema fue de 78 millones de euros, frente a los 175 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de la liquidación, se ha calculado un índice de cobertura del 94,6% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados fue de 1.505 millones de euros, un 5,1% superior a los ingresos previstos para la liquidación, y un 8,6% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior.

En esta sexta liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas ascendió a 1.444 millones de euros, que es un 0,6% superior a la del año anterior. Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la orden ETU/1283/2017, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén de gas Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional.

Competencia propone bajar la retribución a las redes de transporte y distribución al 5,47% y a las renovables al 7,04%

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sacado a consulta pública las propuestas de metodología de cálculo de la retribución financiera o rentabilidad razonable para las actividades del sistema eléctrico y propone una retribución financiera del 5,47% para el transporte y distribución de electricidad para el periodo regulatorio 2020-2025, y del 7,04% para la producción con energías renovables, cogeneración y residuos, lo que supone rebajas del 1,033% y del 0,463%, respectivamente.

Para el primer periodo regulatorio, el decreto de 2013 estableció una tasa de retribución financiera del 6,503% para el transporte y distribución. En esa ocasión, se tomaron los valores de las cotizaciones del bono del Tesoro a 10 años de los meses de abril a junio de 2013, incrementada con un diferencial de 200 puntos básicos, «sin referencia a ninguna metodología de cálculo», precisó la CNMC. Para las renovables, se calculó como la media del bono español a 10 años durante los 24 meses previos al mes de mayo del año anterior, más un diferencial de 300 puntos básicos, lo que arrojó una tasa de retribución financiera del 7,503% para ese periodo que acaba el 31 de diciembre de 2019.

La CNMC propone utilizar ya para el segundo periodo la metodología WACC (coste medio ponderado de capital) para calcular la rentabilidad razonable. Según Competencia, el WACC refleja la realidad de los mercados de capital donde encuentran su financiación las empresas reguladas y minimiza la incertidumbre regulatoria. En este sentido, recuerda que las empresas de transporte y distribución eléctrica deben financiar elevados volúmenes de inversiones en inmovilizado, que tienen periodos largos de recuperación, de hasta 40 años, y señala que todas las propuestas recibidas por parte de compañías consideran necesario que el cálculo de la tasa de retribución se realice con una metodología basada en el reseñado WACC de la actividad.

Competencia ya avisó en varios informes que era necesario revisar la tasa de retribución para el periodo que arranca en 2020 de la distribución de electricidad para adecuarla a los costes de las compañías, que habían evolucionado a la baja en los últimos años. En el caso de las renovables, la CNMC argumenta que están sujetas a una serie de riesgos que no tienen las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica o gas natural, por lo que propone para ellas un diferencial adicional que se sumaría al cálculo del WACC. A la CNMC le parece razonable considerar un diferencial de 50 puntos básicos.

La propuesta de la CNMC analiza, además, la aplicabilidad de esta metodología al cálculo de la tasa de retribución financiera en las actividades de redes del sector gasista, y en la producción de energía eléctrica en los sistemas eléctricos no peninsulares. Competencia considera también que la metodología propuesta para el transporte y distribución eléctrica sería aplicable al cálculo de la retribución para el transporte y almacenamiento de gas y actividades de regasificación, que hasta el 31 de diciembre de 2020 es del 5,09% y que se estableció a partir del bono del Estado a 10 años más 50 puntos básicos.

El plazo para remitir observaciones a las dos propuestas que Competencia somete a consulta pública finaliza el 15 de septiembre y, tras analizar esas alegaciones, elevará un informe definitivo. El anterior ministro de Energía,Álvaro Nadal, era partidario de aplicar en la revisión de la rentabilidad razonable la misma fórmula utilizada para el primer periodo regulatorio, lo que a la actual cotización del bono, recortaría a la mitad la retribución.