Equo pide a Nadal que exija a Enagás la retribución abonada por el mantenimiento de la regasificadora de El Musel

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Europa Press.- Equo reclama al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que deje de pagar a Enagás el mantenimiento de la regasificadora de El Musel (Gijón) y que exija los pagos abonados hasta el momento, pues señala que estaban condicionados a una autorización válida que ya no existe.

La formación ecologista, integrada en el Congreso dentro del grupo confederal de Unidos Podemos, recuerda que la Justicia anuló la autorización de esta planta, por lo que creen que el Gobierno debe recuperar los 120 millones de euros que, aproximadamente, ha abonado a la gasística por los costes de operación y mantenimiento en la instalación. En este sentido, aseguran que estas retribuciones estaban condicionadas a la validez de una autorización que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a instancias de Los Verdes, en una decisión confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo. Esto hace que, según denuncia Equo, deba tramitarse de nuevo una autorización desde el inicio.

Todo ello tras recibir respuesta por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ante la que el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, solicitó que informara al Gobierno de que no debía abonar las retribuciones previstas a Enagás y que reclamara las ya abonadas. El macrorregulador se remitió a la opinión ya dada sobre la retribución de los costes de operación y mantenimiento para los años 2013-2015 y recuerda que es competencia del Ministerio establecer o modificar las retribuciones al titular de cada instalación.

Equo señala que en ese informe la CNMC condiciona los pagos a Enagas a la existencia de una autorización válida algo que, señalan, «a día de hoy no existe». Por ello, reclaman al ministro Nadal que «asuma las decisiones judiciales y actúe en consecuencia», reclamando a la gasística el reintegro de pagos provisionales que hasta ahora ha recibido. «En el caso de que no actúe en este sentido», abundan, «sus responsables podrían incurrir en responsabilidades contables por alcance en razón del perjuicio causado al sistema».

Jorge Fabra destaca la neutralidad, la transparencia y el rigor técnico del CSN en su toma de posesión como consejero

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Europa Press.- Jorge Fabra Utray ha destacado la neutralidad, la transparencia y el rigor técnico como los tres aspectos «fundamentales» que deben estar en su opinión en la labor diaria del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), donde tomó posesión de su cargo como consejero de pleno, en sustitución de Cristina Narbona, quien cesó el pasado verano para asumir la presidencia del PSOE.

En su toma de posesión, ha manifestado que la neutralidad e independencia en la toma de decisiones, la transparencia para generar confianza, dentro y fuera del CSN, y rigor técnico en el desempeño de las funciones de supervisión y regulación, son aspectos fundamentales en ese cargo. Fabra Utray fue nombrado consejero el 7 de diciembre pasado por el Consejo de Ministros. Al acto asistieron el resto de miembros del pleno, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, representantes del Congreso de los Diputados y del sector eléctrico nacional, así como numerosos técnicos del CSN.

El presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhaussen ha leído el real decreto de nombramiento del nuevo consejero y, a continuación, el secretario de Estado ha destacado la «importante» labor del CSN en materia de seguridad nuclear y protección radiológica y, en ese contexto, ha destacado que la trayectoria profesional de Fabra refuerza la capacidad técnica y la independencia del CSN.

Fabra, en su intervención, ha subrayado la responsabilidad que supone velar por el uso adecuado de las radiaciones ionizantes y los retos ante los que se enfrenta el CSN como son la gestión del parque nuclear español y sus residuos radiactivos. Asimismo, ha hecho una mención especial al personal técnico y administrativo del CSN así como a su predecesora, Cristina Narbona, quien ha asistido también a la toma de posesión. Según el Estatuto del CSN, el pleno del CSN está formado por un presidente y por 4 consejeros. En este momento, los consejeros son Rosario Velasco (PSOE), que ocupa a su vez la vicepresidencia; Fernando Castelló (PP) y Javier Dies.

Fabra es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid; doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, fue presidente del Colegio de Economistas de Madrid (1980-1983) y ha ocupado diversos cargos vinculados al sector de la energía. En la actualidad es presidente de Economistas Frente a la Crisis y patrono de la Fundación Estudio. Entre ellos, fue delegado del Gobierno en la explotación del sistema eléctrico de 1983 a 1988; consejero de Babcock, Wilcox y Endesa entre 1984 y 1988; ocupó la presidencia de Red Eléctrica de España (REE) desde 1988 a 1997 y desde 2005 a 2011 fue consejero de la Comisión Nacional de Energía.

Durante su comparecencia para defender su propuesta como candidato ante la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, Fabra expresó su preocupación por la posibilidad de que la seguridad nuclear en España se relaje ante intereses económicos y, en este sentido, precisó que estos intereses pueden ir tanto a favor como en contra del cierre de las centrales nucleares.

Fabra señaló que uno de sus objetivos será conseguir un regulador «blindado frente a las presiones exteriores» que, según ha indicado, «son muchas«. «En la Comisión Nacional de la Energía un estornudo o un guiño movía 100 millones de un sitio a otro», bromeó para insistir en que «los intereses económicos que se juegan» en este sector son «enormes» y que de ellos «tienen que prescindir los dictámenes del CSN».

Junto con este objetivo, Fabra se marcó también el propósito de lograr la transparencia en las actividades y decisiones del CSN. «Transparencia toda la del mundo, me parece fundamental«, declaró en su intervención, en la que manifestó su opinión de que «con la opacidad se produce un cierto sentimiento de impunidad» que es «la peor de las situaciones para cualquiera que desarrolle una representación pública».

Nadal vaticina una enorme litigiosidad con la banca al paralizarse el pago de la deuda contraída por el almacén Castor

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha paralizado los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén gasista  Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, vaticinó una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la indemnización de 1.350 millones de euros con que se resolvió la hibernación de Castor.

Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como hizo en la liquidación correspondiente a noviembre. «Ahora mismo tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que vaya a aplicar la sentencia», explicó Nadal, quien no concretó nada más respecto a una posible solución por parte del Gobierno a la situación planteada tras el fallo del Constitucional.

Posteriormente, Nadal precisó que «ahora mismo ese coste no se está pagando». Por ello, consideró que al tratarse de «una situación de impago», es previsible que «la gente acuda a los tribunales». «Sería la primera vez si no ocurre así. Lo lógico es que los actores aquí implicados intenten unos a otros hacerse responsables», añadió al respecto. La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros que se abonaron a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años.

De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales, a razón de 6,7 millones de euros mensuales, y se incluían en el sistema gasista. Asimismo, Nadal puntualizó que la competencia «para pagar» no es del Gobierno, sino de la CNMC, «y lo que está aplicando es decir que no se hagan los pagos por Castor«. Así sucede después de que el Tribunal Constitucional declarara «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del decreto en el que se reconocía la compensación a Escal UGS.

Se anuló el real decreto

En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización, a través de la aprobación de un real decreto de urgencia. A este respecto, Nadal consideró que el Constitucional no pone en duda ni la hibernación ni la asignación a Enagás de la instalación, pero que lo que sí contradice es que la asignación del pago se lleve al sistema gasista.

En 2014, el Gobierno aprobó un decreto ley en el que se establecía la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas. En lo que respecta a esta decisión del anterior Gobierno, Nadal la defendió ya que, de no haber sido así, se habría producido la quiebra de la entidad, el impago al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y «habría corrido como la pólvora a la prima de riesgo española«.

La CNMC paraliza el pago

El regulador indicó que, en aplicación de la sentencia del pasado mes de diciembre del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro «dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones». Además, la CNMC señala que «se eliminan del procedimiento de liquidación del ejercicio en curso, los costes de operación y mantenimiento reconocidos con cargo al sistema gasista». Por tanto, la decisión de la CNMC también afecta a Enagás, encargada del mantenimiento de Castor, aunque en este caso su retribución por ello es anual.

Asimismo, los pagos de las liquidaciones recibidos en 2017 por la banca por los derechos de cobro por Castor ascienden a 67,21 millones de euros en los meses anteriores a noviembre. En lo que se refiere a los pagos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016 por Castor, ya fueron liquidados, por lo que habrá que decidir ahora si corresponde a la CNMC o al propio Gobierno su reclamación, según indicaron fuentes conocedoras del procedimiento.

El déficit eléctrico provisional de 2017 asciende a 1.234 millones de euros hasta noviembre, 453,9 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico en el 2017, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son mayores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.233,9 millones de euros en los once primeros meses del año, 453,9 millones menos de lo previsto, según indicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El consumo registrado en la liquidación ascendió a 205.833 gigavatios hora (GWh), un 2% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores (11.770,0 millones de euros) fueron un 0,6% superiores al valor promedio histórico. Por el contrario, los ingresos registrados por peajes de acceso de generadores resultaron un 1,3% inferiores (1,4 millones de euros) al valor promedio histórico.

En lo que se refiere a los costes regulados, fueron 359,1 millones de euros inferiores a los previstos, debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución adicional y específica de los sistemas extrapeninsulares. Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, el coeficiente de cobertura registrado en la liquidación se situó en un 90,771%, frente al 88,036% en la anterior, y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. Así, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación asciende a 685,116 millones de euros, antes de IVA o equivalente.

En cuanto a las renovables, en la liquidación del pasado mes de noviembre, la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.605 instalaciones del total de las inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y que tienen derecho a retribución específica. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde enero y hasta el pasado 30 de noviembre con cargo a las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico se elevó hasta los 6.531,24 millones euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado a cierre de noviembre fue de 434 millones de euros, frente a los 482 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. Así, teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 82,6% de la retribución acreditada. Como consecuencia de la sentencia del Constitucional sobre el almacenamiento del Castor, se han paralizado los pagos destinados a materializar el derecho de cobro (6,7 millones mensuales).

El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.298 millones de euros, un 3,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, destacando el incremento del 30% de los ingresos por peaje de regasificación y del 16% por reserva de capacidad. Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 41 millones de euros, un 25,5% superiores a los del mismo periodo del ejercicio anterior debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación en el Mercado Organizado de Gas (Mibgas). Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos existentes, se han obtenido unos ingresos netos declarados de 2.257 millones de euros, indicó la CNMC.

La retribución total fija acreditada a las empresas asciende a 2.462 millones de euros. Esta cifra incluye las retribuciones aprobadas en la Orden ETU/1977/2016, habiéndose descontado la retribución por operación y mantenimiento del almacenamiento subterráneo Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional y las aprobadas mediante resoluciones de la DGPEM en el 2017. La demanda nacional de gas en 2017 facturada hasta noviembre, ascendió a 278,5 teravaios hora (TWh). Esta cantidad es 8,7 TWh superior a la del mismo periodo de 2016, lo que supone un aumento del 3,2%.

Los sindicatos respaldan al Gobierno frente al informe de la CNMC sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica

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Europa Press.- Mientras los sindicatos y el Ministerio de Energía han acordado fijar una agenda «más intensiva» para conseguir el cierre «social» de las centrales de carbón, los representantes de los trabajadores han respaldado la regulación del Gobierno sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica ante el informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, según el secretario de minería de UGT, Víctor Fernández, «permite no dar pie» a los cierres de las térmicas.

«La CNMC se tiene que dedicar a hablar de los mercados y la competencia, no de sistemas productivos», ha apuntado Fernández, sosteniendo que a la hora de «pedir el cierre de una central hay legislación vigente actual para impedirlo». Esta legislación, subrayó, «dice cómo no se debe cerrar una central». Por su parte, el coordinador industrial de CCOO, Jesús Ignacio Crespo, ha subrayado que el Gobierno tiene una ley que «define que para el cierre de centrales eléctricas hacen falta unos dictámenes y, a partir de ahí, tienen que desarrollar un escrito para esa central». También dice que “si es necesaria para el suministro, no se puede cerrar», ha zanjado.

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales en noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En su informe, la CNMC considera que el decreto introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico». El organismo estima que el decreto introduce nuevos criterios para denegar el cierre de las centrales adicionales al de seguridad de suministro, como son que no afecte negativamente a los precios o a la competencia.

El Ministerio de Energía plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación. La CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al Mercado Interior.

Cierre «social» de las térmicas

Por otro lado, la sesión de seguimiento sobre el Plan del Carbón ha finalizado con la disposición por parte de CCOO, UGT y el Ministerio de Energía, de reunirse «con mucha más frecuencia» a partir del próximo 28 de febrero. «La idea es juntarnos con mucha más frecuencia y, cuando sea, plantear las cuestiones a la Unión Europea o a las fuerzas parlamentarias, donde corresponda», ha destacado el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

Desde CCOO, Jesús Crespo ha destacado que «los incumplimientos» del plan «están provocando un cierre totalmente desordenado» de las centrales de carbón, por lo que «los primeros afectados han sido los trabajadores». «Con reuniones cada 6 meses no se soluciona el problema que tenemos», ha destacado, por lo que ha expuesto la intención por parte de los sindicatos de crear un grupo de trabajo «para explorar mecanismos y sinergias» de cara a los próximos meses. Desde UGT, Víctor Fernández ha apostado por hablar con Bruselas al tiempo que tienen lugar las reuniones «para que esto que pedimos no nos lo pongan difícil», según ha apostillado.

Greenpeace celebra la coincidencia de la CNMC con sus críticas al decreto del Gobierno para dificultar el cierre de centrales

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Europa Press.- Greenpeace ha pedido la retirada del proyecto de real decreto del Gobierno para dificultar el cierre de las centrales eléctricas, anunciado tras la decisión de Iberdrola de poner fin a sus plantas de carbón en España, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) coincida con los argumentos ya expresados en las alegaciones presentadas de la organización ecologista al respecto.

Greenpeace considera que «no hay razones» que permitan mantener a la fuerza centrales «sucias y peligrosas» para las personas y el medio ambiente y señala que el informe del regulador deja en evidencia el aislamiento del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Greenpeace considera que el informe de la CNMC es un «mazazo» al ministro Nadal, al que «no le queda más alternativa» que retirar el borrador «inmediatamente» y retomar una planificación ordenada del cierre de todas las centrales «innecesarias, costosas, contaminantes y peligrosas para las personas y el medio ambiente» y que además dificultan la transición hacia un sistema 100% renovable.

El responsable del programa de cambio climático de Greenpeace, José Luis García Ortega, ha destacado que la CNMC da la razón a sus argumentos y evidencia el aislamiento del ministro Nadal, que «está empeñado en entorpecer contra natura el cierre de centrales de carbón y nucleares”. Greenpeace ha alegado que el proyecto supondría bloquear la transición energética hacia un modelo basado en energías renovables y en manos de los ciudadanos porque solo sería una herramienta para «impedir el cierre de las centrales térmicas» contaminantes y peligrosas e incumplir el Acuerdo de París y el paquete de medidas de energía limpia.

Además, Greenpeace denuncia que cualquier retribución de las que propone el Real Decreto podría ser considerada ayuda de Estado por la Comisión Europea y destaca que la CNMC señala la incompatibilidad de la propuesta de Nadal con el paquete de invierno al tiempo que el proyecto supone una intervención estatal no admitida en el mercado de generación de la electricidad.

Energía insiste en regular la clausura de centrales eléctricas ya que «teme» que pueda haber cierres que encarezcan la luz

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Europa Press.- El Gobierno seguirá trabajando en sacar adelante la normativa para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica ya que, a pesar del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que rebate la propuesta de decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cree que existe «un problema económico de fondo» que requiere una solución y «teme» que pueda haber cierres que suban los precios de la electricidad.

A este respecto, el Ministerio de Energía muestra su especial «preocupación» por el tema de las centrales nucleares, cuya renovación de la licencia de vida útil para el parque español hay que afrontar próximamente con Almaraz (2020) y posteriormente con Ascó I (2022), Ascó II (2025), Cofrentes (2024), Trillo (2027) y Vandellós II (2027), después de que en 2017 se decidiera el cierre de Garoña.

Fuentes del Ministerio advierten de que las dudas mostradas por los operadores de las centrales nucleares, especialmente Iberdrola, respecto a la posibilidad de no solicitar la renovación de estas licencias, representan una preocupación «desde el punto de vista económico y medioambiental». «Nos preocupan las nucleares y el impacto que tienen sobre el precio que pagan los consumidores», añadieron al respecto.

Defienden que después de 40 años invirtiendo en tecnología nuclear la decisión de su posible cierre «no puede ser solo el resultado de que mañana una operadora decida cerrar» y subrayan que la explotación de estas centrales puede tener interés para posibles operadores internacionales. «Es un tema de precio. A un precio adecuado y operarla a tres años es una inversión más que razonable», apuntan. De esta manera, ven necesario que se regule el cierre de cualquier tipo de central incorporando, al actual motivo de garantizar la seguridad de suministro, las causas económicas y medioambientales.

Además, defienden la retroactividad de la normativa y la urgencia para aprobarla en el hecho de que la actual situación representa «una ventana de oportunidad» para que los operadores de las centrales tomen decisiones de cierre aprovechando la ausencia de una regulación que establezca estas normas. Energía, que considera que la CNMC coincide también en «el tema de fondo» de que no se debe seguir valorando los cierres de centrales solo basándose en la seguridad de suministro, trabajará así en concretar los parámetros para definir los ceses de las plantas.

A este respecto, abre la puerta a simplificar el tema del mecanismo de subasta para ceder la central a terceros en caso de que el titular no quiera continuar con su operación o a abordar la hibernación y los mecanismos de pagos por capacidad, aunque siempre desde el principio de «asegurar la seguridad de suministro y al mejor precio«. Por otra parte, no comparte la opinión del organismo regulador de que los nuevos criterios que quiere plantear Energía para el cierre de centrales introducen inseguridad jurídica, y considera que la propuesta sí que tiene «enganche suficiente en la legalidad vigente».

No obstante, insiste en que les gustaría que la normativa gozara del consenso político para gozar del rango de ley. En lo que se refiere al ámbito europeo, el Ministerio «no tiene ninguna duda» de que la normativa se ajusta también a la legalidad, ya que no consideran que pueda ser contraria al objetivo de la Propuesta de Reglamento relativo al mercado interior, según el cual, las normas del mercado deben permitir la entrada y salida de empresas de generación. «No es un valor sacrosanto, es un principio que hay que respetar», añaden al respecto.

La CNMC se opone al decreto que dificulta el cierre de centrales eléctricas porque introduce excesiva discrecionalidad e inseguridad jurídica

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado el proyecto de decreto del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que endurece las condiciones para autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica al considerar que introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico».

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales el pasado mes de noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En su informe sobre la propuesta de normativa, el organismo presidido por José María Marín Quemada subraya que el real decreto introduce nuevos criterios adicionales al de seguridad de suministro para denegar el cierre de las centrales como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación, exigencias que ni la Ley del Sector Eléctrico ni la normativa europea contemplan.

El Ministerio plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación. Así, la CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al mercado interior planteado en el Paquete de Invierno.

Propone ayudas de Estado ilegales

En lo que se refiere al mecanismo de subasta que propone el Ministerio, la CNMC cree que es «muy complejo» y considera que la compensación a un tercero por mantener una central si la subasta queda desierta sería una ayuda de Estado conforme a la normativa europea, «lo cual aconseja que se notifique previamente la propuesta a la Comisión Europea«.

Asimismo, la CNMC recuerda que el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo, sino todo lo contrario. Así, en el peor escenario (punta de demanda de 46.000 megavatios (MW) y baja generación), se podría prescindir sin riesgo de casi 3.000 MW hasta 2020, es decir, cerca de un 30% del parque de carbón existente. Esta cifra llega a alcanzar los 5.000 MW (el 50% del parque de carbón) si se considera el escenario más favorable, según el informe. A estos cálculos habría que sumar 3.000 MW de potencia interrumpible. En el caso de las dos centrales térmicas para las que Iberdrola ha solicitado su cierre, suman una potencia de 874 MW.

En un análisis de más largo plazo, en el horizonte 2020-2030, en su informe la CNMC señala que no resultaría necesario incorporar nueva capacidad de producción hasta el año 2021, dando por supuesto el mantenimiento del parque operativo actual. Posteriormente, se requerirá capacidad adicional en función de la senda que siga la retirada de tecnologías convencionales, en particular la tecnología nuclear y las centrales de carbón, y el crecimiento de la demanda. Así, por ejemplo, en un escenario en el que la demanda creciera en el entorno de un 1% anual, y el parque de generación actual, excepto la mitad de las centrales de carbón, se mantuviera operativo, no resultaría necesaria nueva capacidad hasta 2028.

La CNMC pide no facilitar el dato de la comercializadora eléctrica vigente, ya que da ventaja a las principales compañías

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido al Ministerio de Energía que las comercializadoras eléctricas no tengan acceso al dato que revela la comercializadora vigente del consumidor ya que «existe un riesgo» de que su conocimiento beneficie a las grandes comercializadoras y tenga «efectos anticompetitivos«.

La CNMC considera que el conocimiento de este dato puede plantear problemas para «la dinámica competitiva del mercado» puesto que se trata de una información que es más útil para las grandes comercializadoras, que pertenecen a los 5 grandes grupos de compañías distribuidoras de España (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo), que para las pequeñas. De hecho, el organismo señala que las comercializadoras alternativas ya saben por defecto que su principal rival en una zona es la comercializadora del grupo distribuidor eléctrico que opera en dicho lugar.

Rectifica su criterio la CNMC

Así, la CNMC subraya que publicar el dato del comercializador vigente del usuario perjudica a los nuevos entrantes que no pueden hacer ofertas concretas. Sin embargo, sus estrategias de expansión quedan reveladas ante otras empresas ya instaladas. De esta manera, el organismo, que había planteado anteriormente que se incluyera el dato del comercializador vigente considerando que el sistema era así más transparente y facilitaba su supervisión, cree ahora que «únicamente» la CNMC debería tener acceso a este dato. De esta manera, el regulador da respuesta a la consulta que realizó la Asociación de Comercializadores Independientes (ACIE), en la que solicitaba cambios en la información sobre la compañía comercializadora del usuario para que no se pusiera en riesgo su posición competitiva.

Las compañías comercializadoras de electricidad utilizan una base de datos conjunta que se conoce como SIPS (Sistema de información de puntos de suministro de gas natural y electricidad). A través de ella, pueden acceder a información sobre los clientes del mercado eléctrico para elaborar sus ofertas y atraer clientes mediante condiciones más ventajosas. De hecho, esta base de datos ha jugado un papel muy relevante en la introducción de competencia en el mercado minorista de electricidad en España, destaca la CNMC. Las características de esta base de datos (SIPS) quedaron establecidas a través del Real Decreto 1074/2015, en el que ya se modificaron determinadas disposiciones en el sector eléctrico elaborado por el Ministerio de Energía.

La CNMC ve necesario revisar la tasa de retribución financiera de la distribución eléctrica para el período regulatorio post-2020

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera necesario revisar, de cara al siguiente periodo regulatorio que comenzará el 1 de enero de 2020, la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica «mediante una metodología que la adecúe al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio».

El marco retributivo actual establece una tasa de retribución financiera del 6,503%, que aplica sobre el valor neto de los activos en servicio a 31 de diciembre de 2014, valorados a coste de reposición. Adicionalmente, esta tasa se aplica a los activos puestos en servicio desde el 1 de enero de 2015 valorados como la semisuma del valor auditado y el valor calculado aplicando los valores unitarios de inversión vigentes.

En su informe sobre el análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución del sector eléctrico (Endesa Distribución Eléctrica, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidrocantábrico Distribución, y Viesgo Distribución Eléctrica), la CNMC apunta a un incremento de la rentabilidad económica, pasando su ROI (retorno sobre la inversión) del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. Así, la rentabilidad financiera se incrementa también durante el periodo pasando el ROE del 8,84% en 2013 al 12,32% en 2016, situándose todas las distribuidoras por encima del 10%.

La CNMC señala que las inversiones anuales en inmovilizado material se mantienen en valores superiores a los 1.000 millones de euros durante el periodo. De esta manera, el importe neto de la cifra de negocios se ha incrementado de 5.214 millones de euros en 2013 a 5.471 millones en 2016, un 4,9% más en el periodo, motivado, principalmente, por el incremento de los ingresos regulados de la distribución eléctrica. Por otra parte, el regulador destaca que estas empresas han reducido su personal en un 9%, pasando de 9.877 a 8.990 empleados. Además, se produjo un descenso significativo de los gastos de explotación, pasando de 1.348 a 1.139 millones de euros.