El Gobierno español quiere que sea el Tribunal de Justicia de la UE el que dirima la discrepancia que mantiene con Bruselas sobre el concepto de seguridad de abastecimiento, al que España se aferra para defender los requisitos impuestos por la CNE a la opa de E.ON sobre Endesa. Así lo indicó hoy el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, tras conocer que la Comisión Europea unificará mañana en un solo expediente sancionador sus dos decisiones de declarar «ilegales» tanto el primer conjunto de medidas de la CNE (18 de las 19) como las modificadas por el Ministerio de Industria posteriormente y que E.ON aceptó.

Solbes recordó que, según el artículo 21 del Reglamento comunitario sobre concentraciones -el que establece la competencia exclusiva de Bruselas en las fusiones de dimensión comunitaria-, los países miembros pueden condicionar una operación si es para proteger intereses distintos a la competencia y si las medidas son necesarias y proporcionadas, además de compatibles con la legislación de la UE. Los únicos intereses considerados legítimos por la Comisión son la seguridad pública, la pluralidad de los medios y las reglas prudenciales.

En rueda de prensa en una pausa de la reunión del Ecofin (ministros de Finanzas de la UE), Solbes explicó que la tesis del Gobierno es que las medidas de la CNE «venían a garantizar la seguridad del suministro», frente a la Comisión, que considera que «prácticamente ninguna de esas medidas es útil» para acogerse a la citada excepción de la seguridad pública. «Eso nos plantea la duda», agregó el vicepresidente, de cuáles son los elementos de que disponen los Estados miembros para defender la seguridad pública o si realmente esa excepción «no existe».

Solbes reseñó que «lo que queremos dirimir ante el Tribunal de Justicia es si existe o no esa disposición y cuál es su contenido». No obstante, la decisión que planea tomar mañana la Comisión está todavía lejos de la denuncia ante la corte europea, ya que sólo enviará a Madrid una carta de emplazamiento complementaria a la que envió en octubre por el primer paquete de medidas y que supuso la apertura del procedimiento. El segundo paso del procedimiento, que Bruselas puede adoptar en cualquier momento, consiste en el envío de un «dictamen motivado», a lo que seguiría la denuncia ante el Tribunal de Justicia si persiste la supuesta infracción de la legislación europea.

Por otra parte, respecto al informe que esta tarde presentará el Ejecutivo de la UE sobre las causas del apagón que el pasado noviembre afectó a varios países europeos y que en parte culpa a E.ON del suceso, Solbes consideró que «es uno de esos ejemplos importantes» sobre la cuestión de la seguridad de abastecimiento.

Por último, sobre los rumores de que Gas Natural planea retirar su opa sobre Endesa, competidora a la de E.ON, el vicepresidente reseñó que seguir adelante con la operación «es una decisión de una empresa privada que corresponde a su Consejo de Administración».

El informe definitivo de la Comisión Europea sobre el apagón que se extendió el pasado 4 de noviembre por nueve países europeos, entre ellos España, señala a la empresa alemana E.ON como principal responsable del fallo que dejó sin electricidad a más de diez millones de personas.

El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, presentó hoy el estudio que la Comisión encargó a la Unión para la coordinación del transporte de electricidad (UCTE), y que a su juicio demuestra «la urgencia de una actuación común europea» para elaborar normas más rigurosas de seguridad para la red.

De la investigación realizada por la UCTE se desprende que los principales motivos del incidente son tres: para empezar, E.ON Netz, gestor del sistema de transporte de electricidad donde se originó el fallo, no aplicó el procedimiento de seguridad y ni siquiera contaba con el conjunto de instrumentos técnicos para comprobar la operación del sistema dentro de los límites de seguridad. Además, otros gestores del sistema de transporte europeos no recibieron información sobre la actuación del gestor alemán.

En tercer lugar, según la UCTE, también hay que achacar parte de la responsabilidad a lo «insuficiente de las inversiones tanto en el plano de la fiabilidad como en el de la gestión de la red en sí».

A preguntas de los periodistas españoles sobre la confianza que puede depositarse en la compañía que pretende convertirse en uno de los principales proveedores energéticos del país, el comisario recordó que E.ON «ha reconocido que metió la pata hasta el fondo» y «va a pagar por el error que ha cometido», pero aseguró que «no hay que conectar esto con la fiabilidad de la empresa». Sobre cómo «pagará» E.ON por su actuación en estos acontecimientos, el comisario Piebalgs afirmó que podría iniciarse un procedimiento judicial contra la empresa, aunque reconoció que desconocía si se ha incoado este procedimiento. A su juicio, no obstante, «la cuestión no es señalar con el dedo, sino mirar más allá para ver cómo evitar errores como éste en el futuro».

Por su parte, el presidente de la (UCTE), José Penedós, pidió el apoyo de la Comisión para se sienten las bases mínimas para armonizar las reglas operativas en las conexiones eléctricas europeas. «Las redes sufren, están bajo presión porque no se diseñaron hace treinta o cuarenta años para soportar tal cantidad de transmisiones transfronterizas y de energía eólica», explicó el portugués.

El fallo se produjo en el norte de Alemania cuando una línea de alta tensión hubo de ser desconectada para abrir paso a un buque. Ello produjo la sobrecarga de las líneas y finalmente la división de la Unión de Coordinación de la Red de transporte de electricidad en tres zonas: oeste, este y sudeste. En la zona oeste se registró falta de potencia mientras que en la este hubo un aumento excesivo. Para hacer frente a la falta de potencia en la zona oeste, se cortó durante media hora, mediante dispositivos automáticos, el suministro a los usuarios de los países afectados. La zona más afectada fue Francia, donde 5 millones de usuarios quedaron desabastecidos.

En Alemania, millones de usuarios se vieron perjudicados y en Bélgica, Holanda, Italia y España algunos cientos de miles de abonados se quedaron sin electricidad.

E.ON no comenta el informe

La compañía alemana E.ON rehusó hoy comentar el informe de la Comisión Europea (CE) que le responsabiliza del apagón que se extendió el pasado 4 de noviembre por nueve países europeos, entre ellos España. Tanto E.ON como su filial E.ON Netz optaron por no hacer ningún tipo de comentario sobre el informe de la CE al ser preguntados por EFE.

El apagón dejó sin electricidad a más de diez millones de personas. De la investigación realizada por la Unión para la coordinación del transporte de electricidad (UCTE) se desprenden tres principales motivos del incidente.

E.ON Netz, gestor del sistema de transporte de electricidad donde se originó el fallo, no aplicó el procedimiento de seguridad y ni siquiera contaba con el conjunto de instrumentos técnicos para comprobar la operación del sistema dentro de los límites de seguridad. Además, otros gestores del sistema de transporte europeos no recibieron información sobre la actuación del gestor alemán.

En tercer lugar, según la UCTE, también hay que achacar parte de la responsabilidad a lo «insuficiente de las inversiones tanto en el plano de la fiabilidad como en el de la gestión de la red en sí».

La Comisión Europea tratará mañana en su reunión semanal la propuesta de la responsable de Competencia, Neelie Kroes, para extender el proceso de infracción abierto a España por las condiciones de la CNE a la opa de E.ON sobre Endesa a las medidas modificadas por el Ministerio de Industria.

Fuentes de la Comisión Europea indicaron que la intención de Kroes es enviar al Gobierno español una carta de emplazamiento (el primer paso del procedimiento de infracción comunitario) complementaria a la que le envió en octubre por el primer paquete de medidas y que supuso la apertura del procedimiento. De esta manera, Bruselas unificará en un solo expediente sus dos decisiones de declarar «ilegales» tanto el primer conjunto de medidas establecidas por la CNE (18 de las 19) como varias de las que adoptó Industria posteriormente, que rebajaban considerablemente las exigencias a E.ON y que fueron aceptadas por el grupo alemán.

A pesar de que las autoridades españolas han dejado ya claro que no están dispuestas a retirar las medidas que Bruselas considera incompatibles con la legislación comunitaria, la Comisión no va a avanzar por el momento en este proceso sancionador, aunque puede hacerlo en el futuro, recalcaron las fuentes.

El expediente que tramita la autoridad europea de competencia contra España persigue una infracción del artículo 21 del Reglamento de concentraciones de la UE, según el cual las fusiones de dimensión comunitaria -como la de E.ON y Endesa– son competencia exclusiva de la Comisión, que es la única que puede imponerles condiciones.

Las exigencias que suscitan más preocupación al Ejecutivo comunitario son: la obligación de mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español.

Las autoridades españolas creen que el problema es de interpretación del derecho comunitario e insisten en que esas condiciones son clave para garantizar la seguridad del aprovisionamiento. Madrid ya tiene abierto otro procedimiento de infracción en Bruselas por el caso E.ON, en el ámbito de Mercado Interior, por la ampliación de las competencias de la CNE que le permitió pronunciarse sobre la opa e imponerle condiciones.

La semana pasada, el Ejecutivo comunitario presentó una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE por este motivo, el último paso del procedimiento, pues considera que determinadas disposiciones del decreto que extendió las funciones del regulador energético español constituyen «restricciones injustificadas» de la libre circulación de capitales y del derecho de establecimiento.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) podrá dictar circulares, que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para recabar de las compañías eléctricas la información necesaria para supervisar el funcionamiento del mercado y garantizar la competencia.

Esta nueva facultad está recogida en una enmienda del Grupo Socialista al proyecto de reforma de la Ley del Sector Eléctrico, cuyo objetivo es adaptar la legislación española a la Directiva europea sobre el mercado interior de la electricidad.

El propósito de la enmienda es dotar a la CNE de «los instrumentos necesarios» para desarrollar las nuevas funciones que se le otorgan en el Proyecto de Ley que ha elaborado el Gobierno para modificar la Ley del Sector Eléctrico. Por ello, si la enmienda es aprobada, la CNE «podrá dictar circulares, que deberán ser publicadas en el BOE, para recabar de los sujetos que actúan en el mercado de producción de energía eléctrica cuanta información requiera para efectuar la supervisión».

Las nuevas funciones asignadas al regulador energético persiguen «garantizar la ausencia de discriminación, una auténtica competencia y un funcionamiento eficaz del mercado» eléctrico. De acuerdo con estas nuevas funciones, la CNE deberá supervisar, entre otros aspectos, la separación efectiva de las distintas actividades dentro de los grupos empresariales para evitar «subvenciones cruzadas» entre los negocios de generación y distribución.

El organismo regulador tendrá que supervisar también las condiciones y tarifas de conexión aplicables a los nuevos productores de electricidad y garantizar que se publica la información adecuada sobre la utilización de la red y la asignación de capacidades a las partes interesadas. Otras cuestiones sobre las que tendrá competencias la CNE son la asignación de la capacidad de interconexión, los mecanismos para solucionar la congestión en las redes y la actuación de los gestores de las redes de transporte y distribución.

La CNE deberá estar pendiente también de la actividad de la Oficina de Cambios de Suministrador, una de las novedades introducidas por el Gobierno en el proyecto de reforma de la Ley del Sector Eléctrico. En este capítulo, el Grupo Socialista ha presentado otra enmienda que limita al 20 por ciento la participación de cada grupo empresarial en la Oficina de Cambios de Suministrador.

El capital de esta entidad, que deberá ser una sociedad mercantil, se repartirá entre distribuidores de energía eléctrica (15 por ciento), distribuidores de gas natural (15 por ciento), comercializadores de electricidad (35 por ciento) y comercializadores de gas (35 por ciento). Dentro de cada apartado, la participación de las distintas empresas se determinará en función de la energía que circule a través de sus instalaciones, en el caso de los distribuidores, y de la energía vendida, en el de los comercializadores. No obstante, cada grupo empresarial no podrá sumar una participación superior al 20 por ciento. Si se sobrepasa este porcentaje, el exceso se repartirá entre los restantes operadores.
La participación de las empresas se revisará, al menos, cada dos años y el Gobierno garantizará la representación de los nuevos entrantes.