Durante una conferencia con analistas para presentar los resultados semestrales de la compañía, Sánchez Galán dijo que el cambio normativo pone fin a un «largo periodo de incertidumbre y de regulaciones parciales» pero con un paquete de medidas para eliminar el déficit de tarifa que, a su juicio tiene una serie de «limitaciones».
No obstante, Sánchez Galán confió en que las «definiciones» que puedan mejorarse se corrijan durante el proceso de alegaciones, abierto hasta el próximo día 31.
De no ser así, espera que se puedan «mejorar aquellas cosas que consideramos que no son totalmente eficientes» con «enmiendas y modificaciones» a lo largo de la tramitación parlamentaria.
En cualquier caso, el presidente de Iberdrola aseguró que defenderá «el interés» de sus accionistas y que, una vez que se tengan confirmadas las medidas y si ven que no son justas y razonables, combatirán «aquellas cosas que veamos que no son justas o razonables» con todos los medios jurídicos disponibles con los que cuenta la compañía para garantizar una «justicia retributiva», mediante la presentación de todo tipo de alegaciones y recomendaciones.
Sánchez Galán reiteró sus críticas al elevado pago que se realiza a energías renovables «inmaduras» como la solar y remarcó que el «principal causante del déficit es el crecimiento exponencial de primas a tecnologías inmaduras que sólo aportan el 4% de la energía y encarecen en 30% el coste de producción del sistema». Además, aseguró que la solución no puede ser la transferencia de rentas de los sectores más eficientes a los más ineficientes.
También remarcó que desde el inicio del déficit de tarifa, Iberdrola aportó 5.300 millones de euros para reducirlo y que al cierre del semestre, el déficit de tarifa correspondiente a Iberdrola asciende a 2.153 millones de euros.
Además, remarcó el «impacto de fuerte incremento de tributos» es una de las principales consecuencias de que la compañía, en los seis primeros meses de 2013, tenga un beneficio neto de 1.728 millones de euros, lo que supone un 2% menos que en el mismo periodo anterior. Así como que las nuevas medidas fijan rentabilidades para los negocios regulados son «insuficientes e inferiores» al coste.
Respecto a la política de reparto de dividendo, el presidente de Iberdrola afirmó que «todo hace confiar en la capacidad de la compañía para seguir manteniendo su política de retribución al accionista al cierre del ejercicio». Si bien dejó claro que hasta el mes de octubre, aproximadamente, no se decidirá sobre el asunto a la espera de que se tenga «claridad de los impactos», al tiempo que subrayó que mantiene el actual plan de desinversiones.
Por su parte, el número dos de la compañía, el consejero y director general José Luis San Pedro, afirmó que los dos aspectos más «negativos» de la norma son la limitación del 50% de la transferencia de costes regulados de los sistemas extrapeninsulares a los Presupuestos Generales del Estado (900 millones de euros) y la falta de una guía de una política energética.
En este sentido, San Pedro dijo tajantemente que el responsable «fundamental» de este déficit es el Gobierno, que fue el «inductor» de la introducción de políticas sociales e «incentivos excesivos a tecnologías renovables no maduras» en la tarifa, por lo que su aportación a la resolución debería ser superior a la establecida, por las consecuencias derivadas de la «mala política del pasado».
Además, denunció que «claramente, se penalizó a los consumidores y sobre todo a las empresas del sector que cargan con una parte desproporcionada de las mismas».
Según los cálculos de Iberdrola, la Administración asumirá un 9% del ajuste para la solución del déficit; los consumidores, un 19%, y las empresas, un 72%, un reparto que «está muy alejado del un tercio anunciado por el Gobierno».
Por ello, consideró que se «ha perdido la oportunidad de lograr una regulación coherente que permita afrontar con garantías los retos del sector» y detalló una larga lista de aspectos mejorables recordando que ahora se inicia el periodo de tramitación.
No obstante, el consejero-director general de la eléctrica alabó algunos aspectos de la reforma, como que el objetivo de acabar con el déficit tarifario «está conseguido» y que, si vuelve a producirse, Iberdrola financiará un 13% del total en lugar del 35% actual.
El director general de la eléctrica dijo que con el único objetivo de atajar el déficit eléctrico se tomaron medidas con «aspectos puramente de ajuste económico aplicados más por criterios de cobertura legal que por racionalidad». Denunció que se diseñó la reforma sin la «necesaria colaboración» de los expertos del sector.
En cuanto a lo que afectará a la compañía, San Pedro aseguró que en una primera estimación, la reforma tendrá un impacto en las cuentas de Iberdrola de 170 millones de euros para 2013, cifra que aumentará en otros 90 millones de euros en 2014, en ambos casos antes de impuestos y sin el efecto que tendrá el cambio en el marco de retribución de las renovables, que todavía no calculó.
San Pedro denunció que con la limitación a la distribución, el Gobierno busca que «no se invierta en los próximos seis años» porque «no se encuentra razones» de que se aplique en España la «mínima remuneración» a los capitales empleados. Si bien advirtió que «paralizar la actividad de distribución durante tanto tiempo puede tener consecuencias nefastas en el país, que requerirá mucho tiempo para que de nuevo puedan normalizarse», lo cual también va a «incidir negativamente en los fabricantes españoles de equipos y servicios».
En este sentido, dijo que no logra «comprender cómo se han medido los riesgos» de una actividad que tiene que afrontar un cambio tecnológico para adaptarse a las redes inteligentes y resolver posibles «tormentas e inundaciones». En su opinión, ligar la retribución al bono soberano «es un grave fallo regulatorio, sobre todo en un negocio que está obligado, por ser un servicio público, a invertir de forma permanente».
Respecto a la reducción de los pagos por capacidad, el director general de Iberdrola indicó que la medida «va en contra» de lo que están adoptando otros países. Agregó que esta medida afectará a Iberdrola en 40 millones de euros en 2013 y 50 millones de euros más en 2014.
En cuanto a los cambios en la regulación del bono social, dijo que se adoptan medidas «insuficientemente justificadas» y que el cambio tendrá un impacto de 15 millones para Iberdrola en 2013 y de otros 40 millones de euros en 2014.
Finalmente, el consejero-director general también subrayó que la normativa de renovables es «extremadamente complicada» e impide realizar estimaciones «ni siquiera aproximadas» de la retribución futura.
Iberdrola ganó 1.728 millones hasta junio, un 2% menos
Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 1.728 millones de euros en el primer semestre del año, cifra inferior en un 2% a la del mismo periodo de 2012, según ha informado la eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía achacó este retroceso a los efectos de «distinto signo» que han tenido los saneamientos que ha realizado y a la actualización de balances.
En concreto, la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán ha efectuado saneamientos de activos por importe de 1.657 millones de euros, correspondientes a la revisión de la cartera de proyectos tanto de gas y renovables en Estados Unidos, como de gas en Canadá.
El grupo ha destacado que su gestión le ha permitido absorber el efecto del «fuerte incremento» de los tributos, que durante los seis primeros meses del año crecieron un 79%, hasta situarse en 863 millones de euros, frente a los 481 millones de euros correspondientes al primer semestre de 2012.
Esta cifra incluye las tasas aplicadas a la generación en España, que para Iberdrola han supuesto un impacto negativo de 252 millones de euros, y el efecto de los programas de eficiencia energética en Reino Unido, que asciende a 95 millones de euros.
Por su parte, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) de la compañía alcanzó los 4.051 millones de euros en el primer semestre, un 0,9% menos, al tiempo que el beneficio neto recurrente alcanzó los 1.402 millones de euros, un 2,8% más.
Durante el semestre, el margen bruto mejoró un 5,8%, hasta alcanzar los 6.676,4 millones, con crecimientos en todos los negocios y países con operaciones, salvo en Brasil, donde el grupo se ha visto afectado negativamente por la revisión de tarifas en Elektro, con un impacto negativo de 70 millones, y el sobrecoste energético, cifrado en 43 millones, a causa de las condiciones climatológicas, que se prevé recuperar a través de las revisiones de tarifas.
El gasto operativo neto se redujo un 2,2%, hasta los 1.762 millones de euros, gracias a los planes de reducción de costes puestos en marcha por la compañía. El beneficio neto de explotación (Ebit) se situó en 881,7 millones, un 65% menos
Como parte de la ley 16/2012, algunas de las sociedades del grupo se han acogido a la posibilidad de revaluar activos a efectos fiscales conforme a unos coeficientes prefijados que pretenden incluir el efecto de la inflación. Como consecuencia de esta actualización de balances, el grupo ha incrementado en 6.323 millones el valor a efectos fiscales de ciertos activos en España. La amortización deducible fiscalmente resultante de la actualización de balances asciende a 1.854 millones, mientras que el importe del gravamen del 5% supone 316 millones.
Al cierre del primer semestre, la liquidez disponible ascendía a 11.945 millones de euros, cantidad suficiente para afrontar las necesidades de financiación correspondientes a 36 meses.
La deuda neta ajustada se sitúa en 28.800 millones, lo que supone una reducción de 3.225 millones con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Esta cifra no incluye los 2.153 millones pendientes de cobro del déficit de tarifa.
En cuanto al plan de desinversión de activos no estratégicos, el importe de los activos enajenados supera los 1.200 millones, de los que 800 millones ya han sido cobrados.
El apalancamiento, incluido el déficit de tarifa, se sitúa a 30 de junio en el 45%, frente al 48,3% registrado en el mismo período de 2012. Sin incluir el déficit de tarifa, el apalancamiento del grupo al cierre del semestre es del 43,1%, frente al 46,1% correspondiente al primer semestre del ejercicio 2012.
Dentro del área de generación, el Ebitda ascendió a 1.172 millones, un 6,1% menos. La evolución del negocio ha estado marcada por el fuerte impacto de los tributos, que han aumentado en 327 millones, o en un 144,8%, hasta alcanzar 552,7 millones.
En renovables, el ebitda se situó en 937,5 millones de euros, un 10,5% más que en el mismo periodo del año anterior.
Respecto a la producción neta, la eléctrica produjo 70.989 GWh, lo que supone un 3% más que en los primeros seis meses de 2012, debido principalmente al ascenso del 83,3% de la producción hidráulica. En contra, la mayor caída se produce en el carbón (20,5%). En detalle, la producción se divide en 30.775 GWh generados en España (+8,5%), 10.845 GWh (+4,9%) en el Reino Unido, 9.297 GWh en los Estados Unidos (-0,2%), 18.704 GWh en Latinoamérica (-4,6%) y los restantes 1.017 GWh en diversos países mediante energías renovables (-21,6%).
Iberdrola asegura que en el negocio de generación en España, por los nuevos tributos, tiene un «importante efecto en la cifra de tributos del negocio de 208 millones de euros, salvo el céntimo verde que se registra a nivel de margen bruto». A ello se suma las medidas fiscales a las energías renovables que afectaron en efecto en el negocio en un aumento de tributos de 45 millones de euros. En concreto, señala que la partida «impuesto de sociedades» se sitúa en 1.460,5 millones de euros y que los impuestos por generación han aumentado en 327 millones euros (+144,8%) hasta alcanzar los 552,7 millones de euros.
Aunque la energía eléctrica distribuida cayó un 0,4% desde los 107.097 GWh en los seis primeros meses de 2013, frente a los 107.498 GWh del mismo periodo hace un año.
En cuanto a los usuarios, Iberdrola incrementó un 1,4% el número en electricidad (28,3 millones de euros) y un 5,8% en el gas (3,59 millones de euros).
La multinacional que preside Galán ha prescindido en estos meses de un 3,8% de trabajadores, al pasar de los 31.779 millones de trabajajores que empleaba en los primeros seis meses de 2012 y los 30.583 actuales.
