El consejero delegado de la energética, Rafael Villaseca, en una conferencia con analistas para explicar los resultados de este primer semestre, indicó que éstas son sus «mejores estimaciones». Agregó que las decisiones del Gobierno tendrán «severos impactos en un sector, el tradicional, que se considera duramente tratado en este ajuste».

Villaseca expresó la «esperanza» de que con la reforma se cumpla la «buena noticia» de que se acabará con el déficit de tarifa, el cual, reiteró, se generó por «decisiones políticas» de subvencionar a las energías renovables.

Respecto a los impactos económicos de la reforma, señaló que los cambios en los pagos por capacidad de los ciclos combinados supondrán 45 millones de euros para este año y 92 millones de euros para 2014.

En este sentido, señaló que estas medidas se suman a las tomadas por el Gobierno entre 2012 y 2013, que generaron impactos de 100 y 150 millones de euros, respectivamente.

Villaseca reiteró que estas son unas estimaciones «preliminares», a la espera de conocer la «letra pequeña» de las «centenares» de páginas en las que se desarrolla la nueva regulación, si bien afirmó que «los retornos regulados de entre el 6% y el 7% parecen incompatibles con el coste de capital actual para las empresas españolas».

En esta línea, avanzó que «los cambios obligarán a redefinir seriamente» los negocios de la compañía en España, lo cual quedará reflejado en el Plan Estratégico que prevén presentar a la vuelta del periodo vacacional.

A este respecto, aseguró que el recorte en los ingresos por distribución tendrán un «efecto claro» sobre las inversiones en España, y que irán en favor de los proyectos de expansión en Latinoamérica.

«No tengo dudas de que el gobierno cumplirá ley» y aportará los 900 millones de euros que le corresponden para atajar el déficit de tarifa, aseguró el consejero delegado de la compañía.

En cuanto a la hibernación de ciclos combinados, como contempla la reforma, Villaseca indicó que todavía deben esperar y «ver con sumo detalle» las medidas para estudiar si se acogen a ello, si bien apuntó que han sido «maltratados» porque el sistema de generación eléctrica de España no se entiende sin ellos.

Respecto a la planta que tiene la compañía en Egipto, que está cerrada, el consejero delegado avanzó que retomaron conversaciones con el nuevo Gobierno y parece que las nuevas autoridades encararán «la conveniencia y la necesidad de desarrollar finalmente todos sus recursos energéticos y poner fin a todo el periodo de incertidumbre». «Parece que va a cambiar» y se llegará a «soluciones más fáciles», indicó, si bien reiteró que mantendrán las necesarias acciones legales que cubran sus intereses.

Gas Natural Fenosa participa en el sector energético de Egipto mediante la planta de licuefacción de Damietta, que es propiedad de Segas, sociedad participada por Unión Fenosa Gas en un 80%, y por Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) y Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) en un 10% cada una.

Hasta junio se obtuvo un beneficio de 780 millones, un 1,7% más

Asimismo, la compañía energética cerró el primer semestre de 2013 con un beneficio neto de 780 millones de euros, lo que supone un 1,7% más que en el mismo período del año anterior.

En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía aseguró que estos resultados se logran por «la solidez del modelo de negocio, apalancado en una mayor presencia internacional y en la solvencia de la reducción del endeudamiento en un contexto de endurecimiento regulatorio», que permiten compensar el estancamiento de la contribución de los negocios en España y el incremento de la presión fiscal por los impactos de la Ley 15/2012 en la actividad de generación de electricidad en España.

El beneficio bruto consolidado del año 2013 alcanzó los 2.634 millones de euros y aumentó un 2,9% respecto al del año anterior por la diversificación y contribución creciente de su área internacional, que «permite compensar el estancamiento de la contribución de los negocios en España y el incremento de la presión fiscal» por los nuevos tributos aplicados al sector energético.

Las actividades internacionales suponen ya un 43,4%, frente al 42,1% que representaban el año pasado y se debe tanto por la actividad de la multinacional en Latinoamérica como por el aumento significativo en la comercialización de gas.

La aportación del negocio internacional al beneficio bruto de explotación creció un 6,2%, de forma que el mercado exterior sigue compensando la debilidad del nacional, que se mantuvo en niveles similares a los del año pasado (+ 0,5%) a pesar de que el Ebitda correspondiente al negocio de distribución eléctrica cayó un 1,9%.

Por otro lado, la deuda financiera neta de la compañía que preside Salvador Gabarró se redujo en 808 millones de euros en el segundo trimestre y a 30 de junio alcanza los 15.136 millones de euros y sitúa el ratio de endeudamiento en el 50,2% y un ratio deuda financiera neta/Ebitda en 2,9 veces.

Sin considerar el déficit de tarifa pendiente de recuperar, la deuda financiera neta se situaría en 14.220 millones de euros, que representa un ratio de endeudamiento del 48,7% y un ratio deuda financiera neta/Ebitda de 2,8 veces. El 80,7% de la deuda financiera neta tiene un vencimiento igual o superior al año 2016 y la vida media de la deuda neta es superior a los cinco años.

En el primer semestre de 2013, la compañía distribuyó 221.369 GWh de gas, lo que supone un 6,6% más que el año anterior, gracias al incremento del 17,5% en Latinoamérica, que contrarresta el descenso del 3,6% de su negocio en Europa.

En cuanto a la electricidad, Gas Natural Fenosa distribuyó 26.052 GWh, lo que supone un descenso del 4,9% respecto al mismo periodo en 2012, derivado de la caída de su negocio en Europa (-3,9%) y en Latinoamérica (7,1%).

En lo que a producción se refiere, la multinacional española cerró el semestre con 24.719 GWh, lo que se traduce en un descenso del 11,7% respecto a los seis primeros meses de 2012. En España la caída fue del 21%, si bien en su área internacional la producción eléctrica creció un 7%.

El importe neto de la cifra de negocios hasta el 30 de junio de 2013 ascendió a 12.895 millones de euros y registró un aumento del 3,7% respecto al del primer semestre del año anterior, principalmente por el crecimiento de la actividad de distribución de gas en Latinoamérica y de la actividad internacional mayorista de gas.

Las inversiones materiales e inmateriales alcanzaron los 596 millones de euros durante los seis primeros meses del año, con un incremento del 11,4% respecto al mismo periodo del año anterior, debido a un mayor esfuerzo inversor en los negocios de Latinoamérica, con México, Brasil y Colombia como principales focos de inversión.

Por su parte, España sigue siendo el principal destinatario, con el 52,9% de las inversiones consolidadas, aunque, en comparación con el mismo periodo del año anterior, se redujeron un 11,3%.

Por segmentos de negocio, la distribución de gas en España aportó 452 millones de euros al beneficio bruto de explotación y creció un 0,2%, mientras que la distribución de electricidad en España cayó un 1,9%, hasta los 302 millones de euros.

En cambio, la distribución de gas en Latinoamérica tuvo una contribución de 356 millones de euros al Ebitda total de la compañía, un 14,8% más que en el primer semestre de 2012, y destacó la aportación de Brasil, con 184 millones de euros, y de Colombia, con 98 millones de euros, mientras que en Italia ese negocio creció un 10,9%, hasta los 51 millones de euros.

La distribución de electricidad en Latinoamérica, negocio que Gas Natural Fenosa lleva a cabo en Colombia y Panamá, supuso una aportación de 165 millones de euros al beneficio bruto de explotación de la compañía, un 8,8% menos debido principalmente a la desinversión de compañía en Nicaragua, mientras que en Moldavia ese mismo negocio creció un 17,6%, hasta sumar 20 millones de euros.

En cuanto a la actividad de electricidad en España, lo que incluye generación, comercialización mayorista y minorista y suministro de electricidad a tarifa de último recurso, la que usa la mayoría de los particulares, el Ebitda alcanzó los 438 millones de euros, un 2,9% menos que el año pasado.

En cambio, la actividad de electricidad en Latinoamérica, donde está presente en México, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, sumó 134 millones de euros, un 7,2 % más.

Respecto a la actividad de infraestructuras de gas, que incluye el transporte marítimo o bien los proyectos de gas natural licuado, entre otros, continuó con su buena evolución, y aportó 135 millones de euros al Ebitda, un 22,7% más que en los primeros seis meses del año pasado.

En cuanto a la actividad de aprovisionamiento y comercialización de gas, representó 445 millones de euros, un 22,6% más que el año pasado, gracias a las operaciones en el mercado internacional.

El Ministerio de Industria señaló que, en las reuniones, los ministros detallarán el contenido y los efectos de los cambios normativos en el área de energía, en la que se ha acometido «la última gran reforma» del Gobierno, destinada a «equilibrar al sector eléctrico y evitar futuros desequilibrios».

Durante el día, Soria y Guindos mantendrán varias reuniones con los inversores y analistas. El objetivo es informarles de los «profundos» cambios normativos en el sector eléctrico anunciados a mediados de mes y «que irán paulatinamente entrando en vigor en las próximas semanas».

Según Industria, lo que quieren aclarar es que «el paquete normativo establece un marco que garantiza la estabilidad financiera del sistema eléctrico a futuro al fijar un sistema automático de revisión que evitará la aparición de nuevos desajustes»

Los ministros repasarán además no sólo las medidas para acabar con el «grave» problema del déficit de tarifa, sino también los efectos de las reformas estructurales emprendidas por el Gobierno en la economía española y en los mercados.

En este plan de reformas se integra la reforma energética, que equilibra «definitivamente» el sistema eléctrico al evitar la generación de nuevo déficit de tarifa y, con ello, que no se acumule más deuda eléctrica a los actuales 26.000 millones de euros, indicó el ministerio.

La reforma energética incluye un ajuste de 4.500 millones de euros anuales, de los que 2.700 millones de euros serán asumidos por las compañías a través de modificaciones en sus retribuciones, 900 millones de euros por el Estado a través de los Presupuestos Generales y 900 millones de euros por los consumidores a través de una subida de la luz, según los cálculos de Industria.

Tras su intervención en el XI Encuentro del Sector Eléctrico organizado por Unidad Editorial, Folgado defendió la «transparencia» de Red Eléctrica que detalló ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el impacto de las últimas medidas del Gobierno. «Me gustaría ver hechos relevantes de otras empresas con esos datos», afirmó el presidente de REE.

Red Eléctrica cifró en 75 millones de euros el impacto para este año del cambio en el marco retributivo para la actividad de transporte. De forma global, la compañía elevó a 516 millones de euros el impacto en 2012 y 2013 de todos los ajustes aplicados, aunque sin detallar los conceptos, lo que supone un 18% de sus recursos.

En este sentido, ironizó que «no es ninguna broma» que la reforma no les afecte y agregó que «no es verdad que nos hayamos ido de rositas», apuntó Folgado antes de afirmar que ningún Gobierno admite que nadie le dicte su política.

Según añadió Folgado, el Gobierno nos consultó temas técnicos, pero «ni hemos sido ideólogos, ni hemos tenido más oportunidades que otros de interlocución» con el Ministerio de Industria.

Además, agregó que esperan participar «constructivamente» en el desarrollo del decreto sobre el transporte porque consideró que es «manifiestamente mejorable».

Frente a las duras críticas hechas por las eléctricas de Unesa a la reforma, Folgado valoró la actitud del Gobierno para afrontar un problema «muy grave» como es el déficit de tarifa, pero que el precio al consumidor final «no puede llegar al punto de que todos perdamos competitividad exterior».

También manifestó que «el Gobierno está haciendo ya un esfuerzo enorme» refiriéndose a los 900 millones que se cargarán en los Presupuestos Generales del Estado, pero consideró que tendría que asumir más costes de generación eléctrica en algunas regiones.

Respecto al despliegue de las renovables, afirmó que «ha supuesto un reto increíble» para la compañía que preside y que en la «evacuación» de estas tecnologías «hay que poner los mecanismos necesarios» porque «es un servicio al propio sector y a la sociedad». Aclaró que eso «obliga a unas inversiones intensas» por parte de REE, en lo que consideró que no se ha producido «sobredimensión».

Folgado añadió que «REE no invierte ni un euro en aquello que no esté en la planificación» porque sino «no seríamos responsables» y apuntó que «el proceso inversor de REE ha sido intenso pero necesario» y que lo defiende «para no ser limitador del crecimiento».

Asimismo, el presidente de REE aseguró que no recibió ninguna notificación de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) quiera vender parte del accionario que tiene en REE. Actualmente, la compañía pública posee el 20% de REE y, según la ley, con hasta el 10% «puede hacer lo que quiera». La participación de SEPI «no se ha cambiado en la legislación en curso», aseguró Folgado.

Se «acaba la paciencia» con Bolivia por la expropiación de TDE

Por otro lado, Folgado aseguró que «se está agotando la paciencia» para llegar a un acuerdo compensatorio con las autoridades bolivianas tras la expropiación hace más de un año de su filial TDE en Bolivia.

El presidente del gestor de la red eléctrica de España reconoció que este asunto es un «rosario» que comenzó el pasado 1 de mayo de 2012 cuando Bolivia decidió «a punta de pistola» que nacionalizaba TDE.

Una vez más, el presidente de REE recordó que ante los temores, ya habían provisionado en sus cuentas la compañía TDE, que tiene un valor en libros de 164 millones dólares.

Pese a que la decisión no tiene impacto en sus cuentas, reiteró que van a defender «con uñas y dientes» sus activos y continuarán con las reuniones con las autoridades bolivianas. Según dijo, hasta ahora «desgraciadamente» la cifra que oferta Bolivia «ni de cerca es una cifra que más o menos encaje».

«Estamos todavía tratando nuevos contactos, pero no obtenemos resultados satisfactorios. las reuniones han sido infructuosas», aseveró.

Folgado añadió que aunque no hay plazos concretos, en los «próximos meses» planteará al Consejo de la empresa dar nuevos pasos en el tema, en alusión a acudir a arbitraje internacional.

En la inauguración de un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el presidente de la compañía eléctrica insistió en que no se está en el «camino adecuado» para satisfacer las necesidades de suministro de los consumidores y hacerlo, además, de forma respetuosa con el medio ambiente y al menor precio posible.

Antoñanzas, al que acompañaban el presidente cántabro, Ignacio Diego, y el rector de la UIMP, César Nombela, opinó que en este momento la seguridad del suministro está «totalmente en entredicho».

Entre otras cosas, alertó de que las empresas están considerando cerrar unos 100.000 megavatios de ciclos combinados en Europa, y también en España hay «noticias recientes» en esa misma línea.

Y es que, según lamentó, estas plantas no están «ni siquiera cerca de ganar lo que necesitan por mercado» y están «relegadas a proporcionar un servicio de ‘backup’ durante muy pocas horas» que no está retribuido de manera «suficiente» en ningún país europeo.

Además, explicó que el aumento de la penetración de las renovables lleva a plantearse la adecuación de la generación y de las redes actuales para adaptarse a este nuevo modelo de generación «intermitente y disperso».

En cuanto a los precios, lamentó que mientras bajan «año tras año» en los mercados mayoristas, los precios al consumidor final van «en constante aumento en toda Europa, poniendo en riesgo la competitividad».

Ese aumento de precios al consumidor final se debe, según Antoñanzas, a la evolución de los costes regulados, y en particular, a los costes de las subvenciones a ciertas tecnologías, los impuestos y tasas especiales.

El presidente de E.On también fue crítico respecto a la situación del tercer factor en juego, el de la sostenibilidad. En este sentido, señaló que el mercado de derechos de emisión europeo «se ha desplomado» y los precios no ofrecen las «señales necesarias» para orientar las inversiones a las tecnologías más limpias.

Y si esto no cambia, Antoñanzas cree que continuará el escenario de este año, con una producción «prácticamente dual, con mucho carbón y muchas renovables», una combinación -afirma- «explosiva y nada respetuosa» con el objetivo de la sostenibilidad ambiental.

En el caso español, opinó que se suma «alguna deficiencia adicional» a todos estos elementos, como la «escasez» de interconexiones, el «retraso» en la liberalización y la «anomalía» del déficit.

«Ni en España ni en Europa estamos en el camino para alcanzar una energía más segura, más barata y sostenible», sentenció el presidente de E.ON, que dio cinco «recetas» para trabajar y superar esta situación.

La primera de ellas es «revitalizar» el mercado de derechos de emisión, y junto a ello, no abandonar la apuesta por las renovables, pero hacerlo «en un entorno de mercado y con un sistema equilibrado con las demás tecnologías».

También incidió en la necesidad de atraer inversión e innovación, pero advirtió de que si se pone el modelo «en entredicho», no habrá financiación para ello.

Por eso, recalcó que los estados de la Unión Europea «tienen que abandonar las continuas intervenciones políticas, regulatorias y fiscales«.

Antoñanzas también llamó la atención sobre la necesidad de «completar» la liberalización de los mercados, para permitir una «competencia efectiva» entre los agentes, y apostó por los «consumidores inteligentes» que, a su juicio, no están recibiendo la información adecuada para tomar sus decisiones.

Durante su participación en unas XI Encuentro del Sector Eléctrico organizado por Unidad Editorial, Montes criticó el «desequilibrio y falta de equidad» con los que, a su juicio, se realizó el reparto de la carga de la reforma energética.

Montes especificó que en los últimos siete años las eléctricas «hemos puesto 16.299 millones de euros» y estimó una facturación de 30.000 millones de euros. Por ello, el presidente afirmó que han hecho un «esfuerzo suficiente», como para salir ahora «perdedores» con la reforma.

También añadió que la Administración no controló el crecimiento de determinadas tecnologías, como la termosolar o la fotovoltaica, que en sus inicios eran «inmaduras», lo que «ha llevado a sobrecostes de 2.000 millones anuales».

«Los consumidores van a pagar 500 millones de euros menos en 2013 que en 2012, y en 2014 van a pagar lo mismo que en 2012», aseguró sin detallar el origen del cálculo. «No parece que se haya dado ahí un salto al respecto», apuntó.

Después recordó que «el Estado no va a asumir todo lo que dice la Ley». «Lo que sí es verdad son los 2.700 millones de euros» de recortes a las empresas, añadió. La reforma, entre otras medidas, establece una rentabilidad del 6,5% para la actividad de distribución, así como recortes en determinados pagos regulados que reciben las eléctricas.

Montes también criticó la falta de negociación entre el Gobierno y el sector y dijo que se podría haber hecho algo «más acordado» y «menos traumático».

Asimismo, aseguró no estar de acuerdo con la complejidad de las normas aprobadas y la premura con la que las empresas deben presentar sus alegaciones ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Hay «muchas normas en poquísimo tiempo y muchas incertidumbres», afirmó.

«No sabemos exactamente en qué consiste la ley. Nos han dado un tocho de 300 ó 400 páginas para hacer alegaciones en diez días. No existe ninguna posibilidad de tener claridad sobre el revés que va a significar para nosotros», afirmó antes de decir que «nos estamos jugando el futuro del sector».

«El sector está muy decepcionado y frustrado» ante una reforma que no solo es «muy difícilmente entendible y explicable para los accionistas de las compañías», sino que también consiste en «una serie de recortes» sin consistir en «una reforma en profundidad».

Montes también respondió al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien aludió en las mismas jornadas al riesgo existente de quiebra por la titulización del déficit de tarifa, contra el que actúa la reforma.

El presidente de Unesa replicó que el déficit de tarifa «no se debe» a las eléctricas y consideró que la reforma no hace que estas empresas lo financien, sino que lo «paguen». «Con estos recortes fantásticos y enormes» consiguen que «la mejor manera de financiar una deuda sea haciéndosela pagar» a las empresas, señaló.

Junto a esto, dijo no entender la «inquina» que, a su juicio, existe contra las eléctricas, a pesar del «espléndido servicio» que han ofrecido durante muchos años, tras apuntar a las renovables «menos maduras» en el origen del déficit de tarifa y a la necesidad de trasladar a los consumidores los costes de una política energética determinada. A las eléctricas «se les detraen recursos uno detrás de otros», dijo.

Las eléctricas deben ser consideradas parte del tejido industrial por ser un sector «competitivo» y «clave» para la economía, después de haber canalizado el 20% de las inversiones industriales de los cinco últimos años, o unos 23.000 millones de euros y que da empleo a 190.00 personas, añadió el presidente de Unesa.

Montes argumentó que tras la aprobación de la reforma, a las empresas eléctricas se les bajó el rating, por lo que les es «complicadísimo» financiarse pese a ser compañías «espléndidas». A ello se suma la bajada en las cotizaciones bursátiles de estas eléctricas, por lo que estimó que «esto es una pérdida de miles de millones de euros de manera absolutamente arbitraria».

El Gobierno emprendió una reforma eléctrica para que deje de generarse déficit de tarifa, el desfase que se produce al ser los ingresos vía recibo eléctrico insuficientes para cubrir los costes del sistema, una deuda que suma 26.000 millones de euros.