«Hay base para recurrir y así lo haremos», afirmó el director general de UNEF, José Donoso, al ser preguntado acerca de si la asociación estaría dispuesta a llevar a los tribunales el nuevo «peaje de respaldo» en caso de aprobarse en sus términos actuales, y una vez conocido el informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en el que se aboga por su eliminación.

UNEF valoró «de manera muy positiva» este informe del regulador. «Estamos satisfechos de que el órgano regulador haya devuelto la racionalidad a la propuesta de ‘impuesto al sol’ del Gobierno», afirmó el director general de la asociación.

Con su informe, la CNE ha «puesto en evidencia que el objetivo de la propuesta del Gobierno no era otro que limitar la competencia a través de la imposición de una barrera económica que hiciera no rentables las inversiones en autoconsumo», aseguró, antes de recordar que, en los términos planteados por Industria, una instalación doméstica tendría un periodo de retorno de 35 años.

Al analizar las implicaciones jurídicas del nuevo peaje, al que el regulador calificó de discriminatorio y suficiente para hacer inviables los proyectos, la asociación fotovoltaica consideró que su aplicación «modifica leyes con carácter retroactivo», lo que genera «una inseguridad jurídica en el país que no sólo atenta contra los intereses de los inversores presentes y futuros», sino que «choca directamente» con la Constitución.

En concreto, UNEF percibe una posible transgresión del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos del Artículo 31.3 y el principio de igualdad en la creación de Derecho del Artículo 14. También aprecia una infracción del Derecho Comunitario.

En todo caso, UNEF estimó que, tras el informe del regulador, lo que debería hacer ahora el departamento dirigido por José Manuel Soria es retirar el nuevo «peaje de respaldo». «En todo estado democrático, un informe tan contundente por parte del órgano regulador debería de producir la retirada del proyecto», sostuvo.

«Pretender cobrar un ‘impuesto al sol’ por no gastar más energía procedente de las fuentes tradicionales es tan absurdo como cobrarte por usar la chimenea en vez de encender la calefacción o por ir a trabajar en bicicleta en vez de coger el coche», señaló Donoso.

Además, consideró que el nuevo gravamen implicaría pagar dos veces por el mismo concepto, el de apoyo al mantenimiento de la red eléctrica, ya que los «autoconsumidores» ya están pagando un coste fijo en su factura de la luz, el llamado ‘término de potencia’, por el derecho a utilizar la red tradicional.

En declaraciones en los pasillos del Senado difundidas por el Ministerio, Soria zanjó así las dudas abiertas tras conocerse que la CNE se oponía a que la producción de electricidad mediante fuentes renovables tenga una retribución más favorable en Canarias que en el resto del territorio nacional.

Tras remarcar que ese informe «emana de la CNE saliente», el ministro recordó que es la propia Constitución la que ampara que Canarias y Baleares reciban un trato singular, cuando ordena a los poderes públicos «atender en particular a las circunstancias del hecho insular» en el artículo donde exige al Estado garantizar el principio de solidaridad y el equilibrio económico entre comunidades autónomas.

Soria subrayó que, en este caso, la propuesta de su Ministerio de establecer un régimen propio para las renovables en las islas «beneficia a todo el sistema eléctrico, porque eso supone disminuir los costes generales del sistema y es un beneficio para todos los españoles».

Tanto el Gobierno de Canarias como el propio ministerio defendieron en los últimos meses la necesidad de que las renovables dispongan de un marco propio en las islas, porque producir energía con ellas en el archipiélago es más barato que con centrales convencionales de combustibles fósiles.

«En esta materia, el ministerio no le va a prestar ninguna atención a ese informe, porque entendemos que no se ha hecho conforme a los criterios que se tienen que utilizar», sentenció Soria.

Soria hizo estas manifestaciones en Boo de Guarnizo (Cantabria), en donde asistió a la conmemoración del centenario de la fábrica de Ferroatlántica, acompañado por el presidente del grupo Villar Mir, Juan Miguel Villar Mir, y por el de Ferroatlántica, Pedro Larrea.

El ministro defendió la reforma energética aprobada por el Consejo de Ministros en julio, aunque, según indicó, el Ejecutivo es consciente de que contiene «medidas dolorosas» y que no iban a ser «fácilmente aceptadas».

Soria afirmó que el problema del déficit eléctrico es «difícil» y «complejo», y manifestó que, como suele ocurrir con este tipo de cuestiones, su solución «no es fácil». Y apuntó que, durante 2012 y 2013, el Gobierno adoptó medidas para tratar de subir los ingresos en el sector eléctrico y bajar los costes.

Asimismo, los presidentes de los grupos Villar Mir y Ferroatlántica alertaron del impacto del coste eléctrico en las empresas.

Tanto Juan Miguel Villar Mir como Pedro Larrea incidieron en que el precio de la energía en otros países del entorno de España es inferior, ya que en este país se paga, por ejemplo, «algo más del doble» que en Francia por kilovatio/hora, comentó el presidente del grupo Villar Mir.

Villar Mir hizo hincapié en que Ferroatlántica es una industria «muy intensiva» en cuanto a consumo eléctrico y, por eso, pidió a Soria que se adopten medidas para paliar el impacto de ese coste.

«El ministro sabe que jamás hemos pedido ni una ayuda, ni una subvención, ni una prima. No pedimos más que poder trabajar en paz«, comentó el presidente del grupo Villar Mir, que en 1992 adquirió la división de ferroaleaciones de Ferroaleaciones y Electrometales (FYESA), dando lugar a la nueva Ferroatlántica.

Larrea, por su parte, expresó al ministro la «preocupación» del grupo Ferroatlántica por algunas disposiciones de la normativa, en concreto la gestión de la demanda.

Villar Mir recalcó la necesidad de «resolver el coste de la energía» pues, de lo contrario, «puede llegar un día» en que Ferroatlántica «no pueda estar» en los cinco países en los que se encuentra presente actualmente porque no le sea posible competir, advirtió.

Soria defiende el autoconsumo, aunque habrá que pagarlo

Por otro lado, el ministro fue cuestionado por la posibilidad de que se vaya a penalizar la generación doméstica de energía a lo que respondió que el Gobierno «impulsa» el autoconsumo y «le parece muy bien» que las familias establezcan en sus hogares un sistema autónomo de generación siempre que consuman «exactamente» la energía que producen.

En caso de que no consuman la totalidad de la energía generada, el Gobierno «participa de la idea» de que esa energía restante «pueda ser vertida a la red» pero con «una particularidad»: pagando una parte de la financiación de esa red energética.

«Si no la paga quien produce su propia energía, quien no la consume y la vierte a la red, resulta que el resto de los consumidores estaremos pagándole justamente el uso de esa infraestructura», lo que significa que «lo vemos en nuestro recibo de la luz», explicó Soria.

Así, el ministro concluyó diciendo «autoconsumo sí, verterlo a la red también, pero si no le importa si usted usa la red también tiene que pagarla».

El pago de ese peaje es una de las críticas de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que se concentró en la UIMP para expresar su rechazo a la reforma, que consideró como un ataque a las energías renovables

En opinión de este colectivo, la reforma «pretende negar a los ciudadanos la posibilidad de decisión a la hora de producir y gestionar la energía que consume».

Asimismo, su portavoz, Jorge Calella, indicó que están en contra de la reforma energética promovida por Soria porque «penaliza gravemente la mayor riqueza que tiene España en este momento, que es el sol».

«La realidad es que en este momento las energías renovables podrían ser la solución a la crisis económica porque podrían crear más de 20.000 empleos directos con una inversión mínima de menos de 1.000 millones de euros«, consideró Calella, que manifestó que por ello su colectivo no entiende como «el Gobierno se empeña incluso en amenazar con multas de hasta 30 millones de euros por poner una placa solar en el tejado de una casa».

En este punto, explicó que si una familia quiere poner placas solares está «obligada a pagar un peaje de respaldo que no tiene ningún sentido y que es como si cuando cultivamos tomates en nuestra huerta nos obligaran a pagar a las grandes superficies un peaje por no comprárselos a ellos».

Por todo ello, apuntó que «se está perdiendo una oportunidad para emprender una senda» que llevaría España «al final de la crisis mucho antes», concluyó.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el objetivo de esta iniciativa es el de «colmar una laguna legal» en las zonas de especial conservación, donde se prohibían determinadas prácticas pero no había una tipificación sancionadora.

En este sentido, ha recordado que a partir de esta reforma, habrá un instrumento jurídico por el que se sancionarán estas prácticas como «muy graves» en caso de que los daños superen los 100.000 euros, y «graves» en el resto de los casos. «Se cierra el círculo de poder aplicar procedimientos administrativos de sanción», ha señalado.

Asimismo, ha matizado que esta propuesta afecta a «todas las zonas» de especial conservación en España, y no únicamente al área del Estrecho, de manera que «no se discrimine positiva o negativamente» ningún espacio en concreto.

Estos cambios se incluyen dentro del Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que será remitido a las Cortes tras su aprobación en Consejo de Ministros y que unifica en un solo cuerpo legal las leyes de evaluación ambiental estratégica.

El Gobierno ha asegurado que con la nueva ley se mejoran los procedimientos de evaluación ambiental «al evitar dilaciones de difícil justificación» desde el punto de vista ambiental. Las previsiones del Ejecutivo contemplan la creación de unos 80.000 empleos y un impacto sobre la actividad económica de 1.000 millones de euros aproximadamente.

La normativa someterá también por primera vez a evaluación de impacto ambiental los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica o ‘fracking’. De esta manera, el Gobierno entiende que al exigir «un elevado nivel de calidad» de los documentos y estudios ambientales sobre los que los órganos ambientales tienen que pronunciarse, se refuerza su «carácter preventivo» para la mitigación de los impactos sobre el medio ambiente.

Por primera vez, además, el proyecto de ley introduce la obligación de tener en consideración en la evaluación ambiental el cambio climático, para lo cual, deberán utilizarse las informaciones y las técnicas que estén disponibles en cada momento.

Asimismo, se simplificarán los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, al emplear un esquema similar para ambos (procedimiento ordinario y simplificado) y homogeneizar su terminología.

El Gobierno considera «llamativas» las cifras de expedientes en tramitación de evaluación ambiental pendientes de resolución. Se calcula que existen aproximadamente unos 10.000 expedientes en tramitación en toda España, cuya duración media en la Administración General del Estado es de 3,4 años.

Según ha explicado Arias Cañete, de esos 10.000 expedientes sin tramitar 780 corresponden al Gobierno a día de hoy (1.119 expedientes en enero del año pasado). Respecto al plazo máximo de tramitación, la actual ley contemplaba dos años como máximo y la reforma situará este plazo en cuatro meses.

En esta misma línea, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha resaltado que esta propuesta «incrementa la seguridad jurídica» con una fijación «más clara y homogénea» de la regulación. «Ademá, hay un intento de reducción de disparidad legislativa que genera muchos problemas a usuarios y agentes económicos por falta de claridad», ha apuntado.

Por ello, se determinarán con mayor precisión los trámites de los procedimientos administrativos y se ajustarán los tiempos de tramitación, especialmente en la evaluación de impacto ambiental ordinaria, cuyo plazo será de 4 meses, evitando «dilaciones de difícil justificación desde el punto de vista ambiental».

El proyecto de ley también establece un modelo básico de evaluación ambiental para lograr la homogeneización de la normativa en esta materia en todo el territorio nacional.

En consideración a su complejidad técnica, se proporciona a las Comunidades Autónomas un plazo de un año para adaptarse a sus preceptos o para que procedan a hacer una remisión general a esta norma. Con esta finalidad, se configura la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente como foro para la propuesta y debate de las reformas legislativas necesarias para esta adaptación.

Otra de las novedades de la ley es la creación de bancos de conservación de la naturaleza, un instrumento de carácter voluntario que puede utilizarse para compensar o reparar la pérdida de biodiversidad que se produce como consecuencia de la ejecución de los proyectos con impactos ambientales o de la aparición de daños medioambientales derivados de las actividades económicas susceptibles de generar responsabilidad medioambiental.

Asimismo, el proyecto de ley trata de favorecer el uso de las nuevas tecnologías en los procedimientos de evaluación ambiental, con la obligación de que los órganos sustantivo y ambiental publiquen en sus sedes electrónicas algunos de los documentos que se generan a lo largo de las tramitaciones.

Las primeras sanciones a gasolineras flotantes podrían llegar a principios de 2014, según Medio Ambiente

El ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente espera estar en condiciones para imponer las primeras sanciones a gasolineras flotantes que operen en zonas de especial conservación a principios de 2014, según ha señalado el titular de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, tras participar en el Consejo de Ministros.

Arias Cañete ha señalado que la intención del Gobierno es tramitar en las Cortes la reforma del régimen sancionador de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad por el procedimiento de urgencia, con el objetivo de que a primeros de año se esté «en condiciones de imponer las primeras sanciones en caso de que persistiera la comisión de infracciones».

Entre tanto, el Gobierno va a transmitir cada una de sus denuncias a la Unión Europea, ya que la protección de especial conservación forma parte del derecho comunitario. «La ordenación de los lugares de interés comunitario es una obligación tanto del Reino Unido como de España; como el Reino Unido no la cumple sino que la está consintiendo desde la colonia de Gibraltar, trasladaremos a la Comisión Europea las denuncias pertinentes», ha señalado.

El ministro ha señalado que la modificación legal sólo se ha propuesto cuando el Gobierno ha tenido «la garantía» de que contaba con el respaldo Europeo para declarar la zona del Estrecho Oriental de especial conservación por ser de interés comunitario, después de que la justicia europea tumbara el recurso presentado por Reino Unido contra la propuesta española.

Según Arias Cañete, la modificación de la norma es necesaria para «disuadir a los operadores de trabajar en esa zona». «Se podrá fondear en otras zonas más lejanas, pero no en esa parte», ha señalado el ministro, quien también ha aclarado que no se trata de «prohibir el ‘bunkering’ en España», sino «las gasolineras flotantes por el mayor riesgo medioambiental que tienen» en las zonas de especial protección. «En la de Estrecho y en las que se van a declarar en el futuro», ha apuntado.

«Para abastecer un buque tiene que hacer un primer trasiego de la gasolinera a una gabarra, y luego la gabarra tiene que hacer un segundo trasiego al buque que le suministra, además de otro trasiego para suministrarle a la gasolinera flotante. Y además en mar abierto con todo los problemas que tiene pro las olas y los temporales», ha señalado.

Las sanciones por ‘búnkering’ serán tanto para la gasolinera flotante como para el buque, según Medio Ambiente

Las sanciones por ‘búnkering’ serán tanto para la gasolinera flotante que opere en zonas de especial conservación como para el buque que se acerque a ellas a por suministro, según ha explicado el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.

En un encuentro con la prensa, Ramos ha aclarado que el proceso a seguir para estas sanciones contempla de manera previa un requerimiento para el cese de esta actividad. En caso de no atender este aviso, la Guardia Civil levantará un atestado correspondiente para sancionar a los implicados en esta práctica.

El dirigente de Medio Ambiente ha justificado esta medida en la necesidad de proteger las Zonas de Especial Conservación (ZEC) en España, si bien ha resaltado la actual situación en Gibraltar, donde operan plataformas de excesivo tamaño.

«Las plataformas que se encuentran allí cuentan con 350 metros de eslora, que pueden acumular muchos hidrocarburos. Las prácticas de ‘búnkering’ pueden hacerse, pero es impropio que se haga a través de plataformas con ese tamaño», ha señalado.

Además, ha reconocido que las prácticas de ‘búnkering’ en Gibraltar llevan produciéndose varios meses sin la autorización del Gobierno, a pesar de encontrarse las plataformas en aguas españolas. Sin embargo, entiende que el «ritmo» del Gobierno para sancionar estas prácticas «no es lento».

«Los vertidos estaban prohibidos y ya se sabía que esa zona en concreto era una zona valiosa para el Estado en términos medio ambientales, pero faltaba la tipificación. Normalmente se tipifica una sanción cuando se tiene constancia de la infracción», ha justificado Ramos.

Respecto a la posibilidad de que esta práctica sea llevada a alta mar para evitar sanciones, con el riesgo que conllevaría para el medio ambiente, el secretario de Estado ha asegurado que en caso de producirse, «habría que reaccionar». De cualquier manera, ha explicado que «la realidad es que el ‘búnkering’ requiere cercanía a la costa».

Los Verdes piden al PP que sea tan medioambientalista en todo el litoral español como en Gibraltar

La Confederación de Los Verdes pidió al Partido Popular que extienda el ambientalismo del que está haciendo gala en Gibraltar a todo el litoral y costas españolas, retirando la Ley de Costas y cancelando las concesiones de prospecciones petrolíferas en Canarias y el Mediterráneo.

En una nota de prensa, el coportavoz de los Verdes, Joan-Francesc Peris, mostró la perplejidad del partido ecologista ante las últimas afirmaciones del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en el Congreso al anunciar cambios en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad para poder sancionar la actividad de ‘bunkering’ en zonas con riesgo ambiental.

«Un ministro como el señor Arias Cañete, que reforma la Ley de Costas privatizando el litoral, reduciendo la franja de protección y que amnistía miles de construcciones ilegales carece de toda credibilidad ante su nuevo furor ambientalista ante Gibraltar», señaló Peris.

Los Verdes muestran su temor ante este anuncio, por entender que Arias Cañete mantiene un paquete de acciones en una empresa que se dedica al ‘bunkering’ en la zona, de la que fue presidente del Consejo de Administración justo hasta el momento de ser nombrado ministro de Medio Ambiente por Mariano Rajoy.

«El ‘bunkering’ es una actividad de alto riesgo ambiental en su conjunto y no vale, como hace el ministro Cañete, distinguir entre las instalaciones en tierra y las actividades de trasiego de petróleo en el mar. Las unas no son posibles sin las otras y el ministro sigue participando en el negocio del ‘bunkering’ en el Estrecho, lo que hace aún más increíble su actual ambientalismo ante Gibraltar», subrayó Peris.

El alcalde de Algeciras aplaude las sanciones contra las gasolineras flotantes

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, aseguró que la decisión del Gobierno de cambiar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad para sancionar a las gasolineras flotantes que suministran combustible a los buques que circulan por el Estrecho es «maravillosa para minimizar y reducir los riesgos de accidentes medioambientales».

Landaluce denunció que el suministro de combustible a buques que transitan por el Estrecho por medio de las denominadas ‘gasolineras flotantes’ es «un auténtico disparate» para el medioambiente y su seguridad.

Aseguró que es «un auténtico riesgo» en el aspecto medioambiental «tener dos bombas flotantes, una tiene 100.000 toneladas y otra 80.000 toneladas de almacenaje fondeados en bahía en vez de estar almacenado en tierra».

Asimismo, Landaluce considera que Gibraltar «va a aceptar a regañadientes» la medida planteada por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero aseguró, que el gobierno gibraltareño «no tiene más remedio que empezar a cumplir el compromiso medioambiental de que todos tenemos que tener las máximas garantías de tener medidas que eviten accidentes medioambientales».

Landaluce afirmó que el Gobierno español «está moviendo ficha» ante la Unión Europea (UE) para que en la visita de los observadores no sólo se tenga en cuenta los «rellenos» de arena procedente de Tarifa en el Peñón y los bloques de hormigón arrojados al mar, sino que también debe ser objeto de análisis el peligro de las gasolineras flotantes.

El alcalde de Algeciras explicó que, frente a Gibraltar, el Gobierno español está actuando en dos temas, uno liderado por el departamento que dirige Cañete para «evitar» las gasolineras flotantes, y otro, el que desempaña el Ministerio de Hacienda que «está trabajando para hacer más competitivas a las empresas españolas» que suministran combustible a los buques que entran en el Estrecho.

En este aspecto, declaró que «nosotros no somos competitivos» porque en España se cobra un arancel que impone la UE de un 3,5%, y Gibraltar no, por ello, puntualizó, el Peñón «vende dos de las tres partes del combustible que se suministra a buques y nosotros sólo vendemos un tercio».

Además, Landaluce añadió que «desgraciadamente» países europeos como Inglaterra y Holanda tampoco cobran este impuesto y, por lo tanto, esta medida «no nos beneficia» sino que «además perjudica a la hora de ser más competitivos».

En las reuniones, los ministros detallaron el contenido y los efectos de los cambios normativos en el área de energía, en la que se acometió una reforma de calado destinada a equilibrar al sector eléctrico y evitar futuros desequilibrios.

Durante el día, Soria y Guindos mantuvieron varias reuniones con los inversores y analistas de Wall Street, tal y como hicieron a finales de julio en Londres. El objetivo es informarles de los profundos cambios normativos aplicados en el sector eléctrico.

Además, los ministros repasaron no sólo las medidas para acabar con el déficit de tarifa, sino también los efectos de las reformas estructurales emprendidas por el Gobierno en la economía española y en los mercados.

En este plan de reformas se integra la reforma energética, que, en opinión del Gobierno, equilibra «definitivamente» el sistema eléctrico al evitar la generación de nuevo déficit de tarifa y, con ello, que no se acumule más deuda eléctrica a los actuales 26.000 millones de euros.

La reforma energética incluye un ajuste de 4.500 millones de euros anuales, de los que 2.700 millones de euros serán asumidos por las compañías a través de modificaciones en sus retribuciones, 900 millones de euros por el Estado a través de los Presupuestos Generales y 900 millones de euros por los consumidores a través de una subida de la luz.