En uno de los borradores de Real Decreto remitidos por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), se mantienen los grupos que pueden percibir esta ayuda, que son las potencias de menos de 3 kilovatios (kW), los pensionistas de más de 60 años con pensiones mínimas, las familias numerosas y las familias numerosas con todos los miembros en paro y que se calcula que alcanzan los 2,7 millones de hogares y cuyo coste tiene un valor de unos 200 millones de euros.

A todos estos criterios se suma ahora un umbral de renta por encima del cual los colectivos anteriores quedarán excluidos. Para una persona, el techo es un 120% del salario mínimo interprofesional (10.841 euros al año), mientras que para la segunda es del 70% (7.588 euros al año) y para la tercera y siguientes es del 50% (5.420 euros al año).

Con estos criterios, el perfil mínimo de familia numerosa, monoparental con dos hijos, dejará de percibir el bono social a partir de los 23.849 euros, mientras que una familia numerosa de categoría especial de cinco hijos y dos cónyuges dejará de percibirlo a partir de los 45.529 euros.

La propuesta, sobre la que la CNE debe emitir su informe antes de su aprobación definitiva, establece que para poder acogerse, o mantener esta tarifa social durante los próximos dos años, se deberá acreditar que se cumplen estos mínimos de renta enviando la información correspondiente a la empresa comercializadora.

Junto a esto, se permite a Hacienda comunicar a la eléctrica correspondiente, «sin consentimiento del interesado», si se cumplen dichos mínimos. La normativa añade que no se detallarán a las empresas los datos de renta sino simplemente si se superan esos límites.

En nuevo bono social cambia además su tarifa, que ya no será la cantidad congelada desde 2009. Para potencias inferiores a 10 kilovatios (kW), el término de potencia será de 1,698 euros por kilovatio (kW) al mes, y el de energía de 0,1163 euros por kWh.

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ya mostró su rechazo al establecimiento de estos límites de renta que dejarían fuera de esta tarifa a un «porcentaje considerable» de familias con 3 o más hijos, que deberán afrontar un importante incremento del recibo de la luz.

En 2012, una sentencia del Supremo obligó a cargar esta partida a la parte regulada de la tarifa eléctrica, aunque el Gobierno legislará ahora para que vuelva a ir a cuenta de las eléctricas.

El cambio de suministrador será gratuito

El borrador del real decreto también recoge los criterios para el cambio de suministrador, en el que se indica que este trámite debe ser gratuito y se consagra la posibilidad de realizarlo por vía telefónica. En las reclamaciones, habrá un plazo máximo de 20 días para que el comercializador responda al consumidor.

La nueva norma fija los criterios para cortar el suministro en caso de impago y establece una nueva tarifa, conforme al Precio Voluntario para el Pequeño Conusmidor, que fijará el Ministerio de Industria para consumidores como los ayuntamientos que habían dejado de tener derecho a la tarifa regulada y no encontraban suministrador en el mercado.

También se crea la figura del «comercializador de referencia», que se encargará de garantizar que todos los consumidores puedan disfrutar el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. Por obligación, ejercerán este papel las empresas con más de 50.000 clientes en una comunidad autónoma y al menos un 10% de los suministros totales.

Esta medida implica que las cinco eléctricas, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y EDP, estarán obligadas por defecto a prestar este servicio, como venía ocurriendo hasta ahora con las llamadas comercializadoras de último recurso.

No obstante, Industria permitirá ahora la participación de nuevas comercializadoras, siempre y cuando cumplan requisitos como el de llevar tres años de operación ininterrumpida.

La propuesta de reforma alternativa está incluida en el documento para la Conferencia Política que fue visado por el Comité Federal el pasado sábado. El nuevo modelo aspira a abaratar el coste de la electricidad, acabar con el problema de la deuda tarifaria y desarrollar de forma «ambiciosa» las energías renovables.

La aspiración del documento socialista es procurar una «auténtica liberalización» del sector, pero a través de un mercado en el que se asignen correctamente los costes, y no del actual mecanismo de fijación marginal de precios, en el que las centrales más caras marcan el precio para todas.

El PSOE apuesta por mantener el mercado «spot» de electricidad y por «restaurar para todas las inversiones realizadas los principios regulatorios bajo los que fueron decididas y efectuadas», lo que acabará con «los beneficios inesperados y las normas retroactivas» que tanta inseguridad jurídica han generado.

Para las nuevas inversiones en renovables y potencia firme propone un mercado de subastas por cada tecnología, mientras que para las instalaciones existentes aboga por retribuciones a través de contratos por diferencias entre lo establecido en su marco retributivo y los precios «spot».

Este mecanismo ya se está estudiando en Reino Unido y hace que la «socialización de las pérdidas» fruto de las primas térmicas y renovables venga acompañada de una «socialización de sobre-beneficios» en hidroeléctricas y nucleares.

Dentro de la tarifa, el PSOE propone revisar «costosas adherencias inflacionistas», incluida la fijación de la actual Tarifa de Último Recurso (TUR) a partir de subastas Cesur. La tarifa al consumidor se fijaría con precios del nuevo mercado, conforme al coste del «mix» y no el coste marginal del sistema, que siempre es superior.

También defiende ampliar el número de comercializadores a tarifa, revisar conforme a auditorías y criterios de REE los costes extrapeninsulares y desarrollar el autoconsumo sin necesidad de que la producción sea «individual» ni tenga como destino un punto de consumo situado en la «misma ubicación».

Otro de los puntos de la propuesta consiste en fomentar la gestión de la demanda para «aplanar la curva de carga del sistema», lo que permitirá integrar la producción de las renovables. En este aspecto, es partidario de «facilitar la competitividad de los consumidores industriales que prestan servicios de gestión de la demanda».

El documento del PSOE recoge a lo largo de sus nueve páginas un diagnóstico del sector en el que se achacan los altos precios de la electricidad en España a «fallos regulatorios» y a una «excesiva retribución a unas tecnologías de generación sobre otras». También aprecia problemas de poder de mercado.

Además, califica de «inadecuado» el diseño del mercado eléctrico, en el que la retribución de todas las centrales depende de la más cara en entrar en cada momento, y que establece de esta forma un único precio horario incluso para centrales con costes de inversión ya recuperados, lo que ha contribuido «en garn parte» a generar el déficit de tarifa.

También aprecia un exceso de capacidad de generación eléctrica, especialmente en los ciclos combinados de gas, una falta de competencia entre operadores eléctricos y opacidad en el proceso regulatorio. Todos estos fallos de mercado y regulatorios han estado amparados por la «inadecuada» Ley del Sistema Eléctrico de 1997 (LSE).

En su análisis, el PSOE también incide sobre los «efectos paradójicos» del modelo actual. Uno de ellos es que el consumidor, mediante las subastas Cesur, siempre pague lo mismo en el trimestre pese a los frecuentes abaratamientos en el mercado.

Otra paradoja es la que hace que las renovables abaraten el mercado eléctrico, si bien esta contribución no hace sino provocar un incremento de su coste regulado vía primas. «Las renovables parecen más caras aunque estén reduciendo el precio para los consumidores», advierte.

Además, las eléctricas perciben como parte del mercado precios regulados como los «pagos por capacidad», algo parecido a lo ocurrido con el carbón, que tiene precios protegidos por el BOE. Del mismo modo, las centrales hidroeléctricas y nucleares, «además de percibir un precio de mercado muy superior a sus costes», también reciben complementos regulados.

El análisis del PSOE no pasa por alto los Costes de Transición a la Competencia (CTC), valorados por la LSE de 1997 en 8.600 millones de euros y a los que consideran uno de los elementos claves para conocer el déficit de tarifa y la sobrerretribución de centrales como las nucleares e hidráulicas.

Estos CTC, que garantizaban una retribución si el mercado bajaba de los 36 euros por megavatio hora (MWh), se han recuperado por las empresas y han dado origen a una situación en la que la retribución de algunas centrales sigue siendo muy superior a la que hubiesen tenido sin la LSE de 1997.

El PSOE también incide en otros sobrecostes eléctricos, entre ellos las titulizaciones del déficit de tarifa, los mecanismos de resolución de restricciones técnicas, los derechos de emisión de CO2 entregados gratuitamente o los pagos por capacidad.

«En definitiva, los consumidores españoles no están pagando por la electricidad los costes de producirla sino la envolvente de los costes de producción de las centrales más caras, incluyendo la sobre-remuneración de las centrales hidroeléctricas y nucleares. No debería pues hablarse de un déficit en las tarifas, sino más bien un superávit en las retribuciones reconocidas«, afirma el texto.