De Guindos y Soria explicarán esta semana la reforma eléctrica en EEUU

El ministro dijo que aprovechará el viaje para ver también a inversores «más centrados en la situación macroeconómica de España» y en las perspectivas financieras del país.

En su opinión, la reforma eléctrica hay que explicarla en el contexto de corrección de los desequilibrios «que atenazaban la economía española y que generaban efectos depresivos sobre el empleo, el crecimiento económico y la prosperidad de los españoles».

«España estaba en una situación que no era sostenible desde el punto de vista de un déficit de tarifa, que ponía de manifiesto que antes o después los consumidores iban a tener que sufrir una subida brutal de la electricidad, que en España ya es cara, y lo que ha hecho el Gobierno es atajar esa situación, con una distribución de los costes», afirmó.

De Guindos reconoció que la reforma podrá gustar más o gustar menos, pero consideró que nadie puede negar que se trata de la primera vez que un Gobierno «ha cogido este toro por los cuernos».

Insistió en que dejar las cosas como estaban habría tenido un alto coste para los consumidores de electricidad, «y eso lo entiende todo tipo de inversores».

El pasado mes de julio Soria, Guindos y el secretario de Energía, Alberto Nadal, expusieron en Londres a inversores el contenido de la reforma eléctrica.

El paquete de medidas para reformar el sistema eléctrico, aprobado el pasado 12 de julio, pretende acabar con el déficit de tarifa -el desajuste entre los ingresos y los gastos del sistema-, que generó una deuda que supera los 26.000 millones de euros.

El recorte en los gastos implica una reducción global de 4.500 millones de euros anuales, de los que 2.700 millones de euros serán asumidos por las empresas del sector, 900 millones de euros por el Presupuesto del Estado y otros 900 millones de euros por los consumidores con una subida de la luz que ha entrado en vigor este mes de agosto.

Ecooo llama a la «desobediencia solar» ante la reforma energética

La empresa estimó que la reforma introduce unos peajes «tan abusivos» que provoca que producir electricidad propia resulte más caro que comprarla de la red, lo que perjudica a las renovables al tiempo que beneficia a las grandes eléctricas, recalcó.

«Durante años, se ha motivado el desarrollo de las renovables para llegar a un punto en el que fueran rentables y accesibles para la mayoría de la ciudadanía. Conseguido este objetivo parece que se prefiere desandar el camino e impedir que la ciudadanía pueda ser dueña de su propia energía«, denunció Ecooo.

Asimismo, remarcó que en lugar de promover la generación de electricidad de forma distribuida y limpia, el Gobierno incentiva la generación centralizada en forma de combustibles fósiles.

Por todo esto, Ecooo aseguró que la situación es «inaceptable» y propuso la «desobediencia solar», que consiste en realizar microinversiones de 100 euros para adquirir una participación en una planta solar y obtener un beneficio por la venta de electricidad.

Unesa pide al Gobierno no cargar a los consumidores con los costes del autoconsumo y el balance neto

El autoconsumo supone que un consumidor genere la propia electricidad que se consume. Si se le añade un sistema de balance neto implica verter a la red de distribución el exceso de producción y reducir la factura eléctrica en una cuantía igual a la energía volcada a la red.

La patronal eléctrica consideró que el autoconsumo y el balance neto, prácticas que permiten a los autoproductores descontarse el precio de esta energía en su factura eléctrica o hacer uso de ese exceso en otro momento, «no deben servir para evitar el pago de impuestos y los costes de las medidas de política energética a las que hacen frente todos los consumidores eléctricos».

Así, defendió que los consumidores eléctricos no deben pagar los costes que no son propios del suministro eléctrico y, por tanto, que no deberían «cargarse en la factura eléctrica los costes de la política energética nacional».

Según recordó la asociación, el recibo de la luz incluye costes distintos a la energía, como son su transporte y la distribución por la red, los incentivos y primas a las energías renovables e impuestos, como el 21% de IVA, el 5% del impuesto especial de la electricidad y las nuevas tasas a la generación creadas el año pasado, que suponen un aumento de 3.000 millones de euros.

Estos costes e impuestos se pagan tanto en la parte de energía del recibo eléctrico como en la que incluye los costes regulados (uso de redes, primas, etc).

«El autoconsumo no reduce estos costes añadidos, por lo que si estos productores dejan de abonarlos, como pretenden, tendrían que ser pagados por el resto de los consumidores», subrayaron.

Por tanto, y «para que el autoconsumo no resulte discriminatorio para el resto de consumidores éstos (los autoproductores) han de hacer frente a los costes añadidos de las dos partes de la factura», afirmó Unesa.

De esta manera, aseguró que de admitirse el autoconsumo «desordenado» y si se le añade el balance neto «se estarían creando paraísos fiscales en los que unos pocos podrían eludir su parte del gravamen a costa del resto de consumidores».

Unesa subrayó que el autoconsumo no debe ser un mecanismo que permita a aquellos que disponen de los recursos económicos para autoproducir su energía eludir los costes e impuestos que el Gobierno «ha decidido recaudar por medio de la factura eléctrica, y que el resto de los consumidores no productores tengan que pagar su propio consumo más lo que dejarían de pagar los autoconsumidores».

La patronal eléctrica señaló que conseguir la igualdad de todos los consumidores gravando la energía autoproducida con los mismos impuestos que el resto de las energías, tiene una complejidad tributaria «difícil de encajar» en la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno a finales de julio.

Unesa agregó que «hay que tener en cuenta además que las redes de distribución, ya se utilicen en mayor o menor medida, deben estar a disposición de cualquier consumidor, lo que supone un gran esfuerzo de inversión para su creación y mantenimiento».

El Ejecutivo estableció que los consumidores que generen su propia electricidad y viertan el sobrante a la red paguen una tarifa de respaldo para la producción, una decisión que el sector fotovoltaico (que previsiblemente sería el más beneficiado por el autoconsumo) consideró discriminatoria.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, defendió el sistema de autoconsumo con peaje de respaldo previsto. «No es que (el peaje) sea más alto o más bajo. Es exactamente el que debe ser para que el que no tiene autoconsumo no pague al que lo tiene una parte del respaldo de red que necesita. Que no sean otros los que paguen por el autoconsumo», señó.

«Yo apoyo el autoconsumo y me parece una buena iniciativa (…) pero en el sistema hay una serie de infraestructuras, de redes, que tenemos que pagar el resto de los españoles que estamos en el sistema. Y lo pagamos con nuestro recibo de la luz», argumentó.

Soria expondrá en Estados Unidos la reforma energética a inversores antes de que acabe este verano

Soria pidió al ministro de Economía, Luis de Guindos, que le acompañe en el viaje, ya que «en este tipo de reuniones con inversores no sólo abordamos aspectos concretos de una reforma determinada, sino de la evolución general de la economía» y del «proceso reformista» del Gobierno.

Los encuentros, que tendrán lugar «fundamentalmente en Nueva York», siguen a los celebrados en julio en Londres y a los que asistieron Soria, De Guindos y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

El ministro de Industria subrayó que las en reuniones de Londres «la mayor parte» de los inversores «valoraron muy positivamente» una reforma que «soluciona uno de los grandes problemas que tiene no solo el sector eléctrico sino la economía en su conjunto», en referencia al déficit de tarifa, así como por «la determinación» de hacerla pese a «no gustar prácticamente a nadie afectado».

Soria reconoció que en Londres hubo inversores que se mostraron «contrariados» con la reforma, pero defendió que se debe a que habían animado «a muchos clientes a que se metieran en este tipo de proyectos» hace cinco años, con una rentabilidad que ahora no es posible mantener.

El paquete de medidas para reformar el sistema eléctrico, aprobado el pasado 12 de julio, pretende acabar con el déficit de tarifa -el desajuste entre los ingresos y los gastos del sistema-, que ha generado una deuda que supera los 26.000 millones de euros.

El recorte en los gastos implica una reducción global de 4.500 millones de euros anuales, de los que 2.700 millones de euros serán asumidos por las empresas del sector, 900 millones de euros por los Presupuestos Generales del Estado y otros 900 millones de euros por los consumidores a través de la tarifa.

La reforma energética supone un sobrecoste de unos 100 millones de euros para el sector agrario

El sector agrario, segundo consumidor de energía más importante de España por detrás de Adif, registró un gasto energético de más de 6 millones de megavatios anuales, lo que supondrá a partir de ahora una factura eléctrica de unos 700 millones de euros al año.

«Los actuales costes energéticos hacen completamente inviable el regadío modernizado. Sólo unas tarifas mejor adaptadas y más competitivas garantizarían su viabilidad y nuestra colaboración en la transformación de las más de un millón de hectáreas que todavía quedan pendientes de modernizar en la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos, una fase que está paralizada por la necesidad de fondos públicos y de unos planes adecuados al escenario tarifario actual», aseguró el presidente de Fenacore, Andrés del Campo.

Fenacore subrayó que la reforma energética provocará que las tarifas de alta tensión por las que se rige el regadío registren un incremento del término de potencia del 115%, que se añadirá a las subidas de más del 450% que experimentó ya en los últimos cuatro años desde la supresión de las tarifas especiales para el riego.

La federación señaló que aunque la tarifa que grava el consumo se reducirá en un 65%, apenas beneficiará a los regantes, ya que su impacto real en factura sólo se apreciará sensiblemente durante los meses más intensivos en riego (julio y agosto), y por tanto de mayor consumo energético.

De esta forma, Fenacore recordó que vienen solicitando al Ministerio de Industria que las comunidades de regantes paguen únicamente por la potencial real registrada y no por la teórica contratada para evitar el gasto de un servicio que no utilizan fueran de la épcota de riego (de abril a octubre).

S&P dice que la reforma energética dañará a las notas de las eléctricas

La agencia publicó un documento de preguntas frecuentes en el que resuelve las dudas de sus inversores sobre la reforma, aunque insistió en que no podrá realizar una revisión general de las calificaciones hasta que cuente con todos los detalles.

S&P confió en que la reforma acabe con el déficit de tarifa -el desfase entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico, que acumula una deuda que supera los 26.000 millones de euros-, especialmente gracias a los mecanismos correctores, lo que «probablemente mejorará la visibilidad de los beneficios a largo plazo de las eléctricas españolas».

Sin embargo, advirtió de que «las reformas no eliminan los riesgos políticos y regulatorios», ya que los países «afectados por estrés económico prolongado» como España tienden «a interferir negativamente en sectores generadores de caja y socialmente importantes como las eléctricas».

José Manuel Soria descarta que la reforma energética vaya a empeorar la calidad del suministro eléctrico

«Si hay efectos sobre la calidad de la distribución (de electricidad) puedo asegurar rotundamente que no va a tener que ver con las medidas que hemos tomado. El Gobierno sigue garantizando a las empresas del sector que por las actividades que realizan obtengan una rentabilidad razonable», afirma en una entrevista.

«Las medidas no les gustan a las empresas (…) pero el Gobierno las ha hecho en función del interés general que era que no subiera el precio de la luz un 42%«, recalca mientras se defiende de las acusaciones de falta de diálogo con el sector.

«Llevamos un año y medio discutiendo, escuchando, hablando (…) Pero una cosa es escuchar y otra es hacer exactamente lo que nos planteaban», matiza.

El pasado 12 de julio el Gobierno aprobó un paquete de medidas en el sector eléctrico que implican un ajuste de 4.500 millones de euros: 2.700 millones recaen sobre las empresas; 900 millones, en los Presupuestos Generales del Estado, y otros 900 millones, en los consumidores, a través de la subida de la luz de agosto.

Parte de la reducción que afecta a las empresas se aplica a la retribución de la actividad de distribución de electricidad, las redes que llegan al consumidor final.

En cuanto a los peajes propuestos para las personas que opten por el autoconsumo eléctrico (principalmente con instalaciones de energía renovable), otro de los puntos controvertidos de esta reforma, Soria cree que las cifras propuestas son las necesarias para este tipo de clientes.

«No es que (el peaje) sea más alto o más bajo. Es exactamente el que debe ser para que el que no tiene autoconsumo no pague al que lo tiene una parte del respaldo de red que necesita. Que no sean otros los que paguen por el autoconsumo», argumenta.

«Yo apoyo el autoconsumo y me parece una buena iniciativa (…) pero en el sistema hay una serie de infraestructuras, de redes, que tenemos que pagar el resto de los españoles que estamos en el sistema. Y lo pagamos con nuestro recibo de la luz«, concluye.

«Muchos inversores en renovables tendrán que refinanciar proyectos»

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, también se ha defendido de las críticas del sector y confía en que las empresas de renovables que tengan que refinanciar créditos no encontrarán dificultades.

«Creo que muchos inversores (del sector de renovables) van a tener que renegociar las condiciones con sus respectivas entidades financieras, pero creo que eso no debería suponer un gran problema», afirma.

El ministro, que asegura que ha recibido las felicitaciones del sector bancario por la reforma, considera que mantener la retribución de las empresas del sector eléctrico con la crisis actual es insostenible. «En la situación en que está el desempleo y como está la demanda eléctrica, ya no pueden seguir percibiendo la rentabilidad que percibían antes. Eso se podía hacer en una época de expansión. Ahora no».

La reforma del sector aprobada el 12 de julio pasado cambia la retribución para el régimen especial (renovables y cogeneración), que dejará de cobrar las actuales primas y complementos para pasar a un sistema con una rentabilidad del 7,5% durante toda la vida útil de las centrales.

Desde el sector renovable, especialmente el fotovoltaico, alertan de que los cambios llevarán a la quiebra a muchos inversores, entre ellos pequeños ahorradores.

«Es verdad que hasta ahora muchos inversores en energías renovables venían percibiendo una rentabilidad por encima del 15% pero eso no es en absoluto razonable», señala.

Esas cantidades «luego se reflejan en los costes del sistema que pagamos todos los consumidores a final de mes en el recibo de la luz. Y como eso no lo podemos seguir asumiendo tenemos que reducir la rentabilidad. Y ya no va a ser de un 15% ni de un 14% ni de un 12% ni de un 10%. Va a ser una rentabilidad razonable», concluye.

El Gobierno todavía tiene que aprobar la metodología para establecer el coste de inversión sobre la que se calculará la rentabilidad, normativa que Soria prevé tener lista antes de que acabe 2013.

Además, la reforma recoge una revisión de la parte regulada de la tarifa eléctrica (peajes) que ha supuesto una subida media del recibo de la luz del 3,2% desde este mes de agosto.

Sobre este último punto, el ministro descarta nuevas revisiones de los peajes este año, por lo que si hay futuras subidas dependerán «exactamente de lo que ocurra en el mercado, es decir, no va a ser una decisión del Gobierno», explica.

Para Soria la de julio ha sido la reforma «definitiva» en los aspectos regulatorios, pero adelanta que en lo que queda de año abordará el funcionamiento del mercado eléctrico.

Por otro lado, ha reiterado la voluntad del Gobierno de que la central de Garoña siga abierta si cumple los criterios fijados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). «Va a depender mucho más de los operadores que del Gobierno», asegura.

En el plano empresarial, señala que el Gobierno es partidario de que España tenga grupos empresariales «sólidos» y «fuertes» en el escenario internacional, pero advierte de que ejercerá el control que la legislación europea permite en determinadas empresas con carácter estratégico ante la eventual entrada de capital extranjero mediante la denominada función 14.

MCA-UGT exige al Gobierno que retire la reforma energética y que se acuerde una «verdadera» que garantice el futuro de la industria

En un comunicado, el sindicato recuerda que ha denunciado «sistemáticamente» el proceso de desmantelamiento industrial que se está produciendo en España, situación que «empeora nuevamente» tras la aprobación de una nueva modificación del marco legal del mercado eléctrico que modifica nuevamente el sistema de asignación del servicio de interrumpibilidad.

Así, considera que esta regulación supone «un nuevo ataque» al sector siderúrgico del país, que empeora la competitividad de la industria, «fuertemente golpeada por la crisis actual», además de haber sido realizada «de espaldas a los agentes sociales, de la industria y de las recomendaciones de la UE, que marca como objetivo alcanzar el 20% de participación de la industria en el PIB de cada país miembro».

De esta manera, MCA-UGT considera que la modificación legislativa propuesta supone «nuevamente introducir la incertidumbre» en la industria básica española, poniendo en riesgo las inversiones previstas para las plantas, «lo que traerá como consecuencia que los inversores preferirán invertir y trasladar sus producciones a países de nuestro entorno, con políticas energéticas definidas y estables».

El sindicato se muestra a favor de realizar «una profunda» reforma energética, pero hecha «a favor de la industria no en su contra, y cuyo objetivo fundamental sea reducir el coste de la energía eléctrica dentro del marco de una auténtica política energética europea».

El Gobierno incorpora al plan PIMA Aire los turismos de las empresas que cuesten hasta 30.000 euros

El plan, que comenzó en el mes de febrero, cuenta con una dotación total de 38 millones de euros pretende la mejora de la calidad del aire y la lucha contra el cambio climático a través de la renovación de los vehículos comerciales y los turismos para empresas, de modo que se sustituyan por otros modelos más eficientes y que provoquen menor impacto ambiental.

Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, impulsor de la iniciativa pionera en Europa, el plan PIMA Aire forma parte de un conjunto de medidas más amplias para mejorar el medio ambiente.

Con estos cambios, además de los vehículos comerciales se podrán acoger los turismos con un límite de precio de 30.000 euros antes de impuestos. Este requisito no es de aplicación a las ayudas destinadas a la adquisición de vehículos eléctricos puros, híbridos enchufables y de autonomía extendida. Asimismo, se prevé que sean beneficiarios de las ayudas las comunidades de bienes.

Asimismo, con la modificación de varios artículos del Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, que regula la concesión directa de ayudas del PIMA Aire, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), refuerza su apuesta por mejorar la calidad del aire y lucha contra el cambio climático, al tiempo que ayuda a que España -primer fabricante continental de este tipo de vehículos- se consolide como uno de los mercados más eficientes energéticamente y con menor impacto ambiental.

El objetivo del PIMA Aire es reducir de manera significativa las emisiones de gases contaminantes y de CO2 en las grandes ciudades. Los principales beneficiarios de esta iniciativa serán los profesionales autónomos y las empresas, a quienes se incentivará para que sustituyan sus vehículos por otros más eficientes.

Finalmente, para poder ser beneficiario de las ayudas se deberá achatarrar cualquier vehículo turismo o comercial con una antigüedad de más de siete años. La cuantía de las ayudas ascenderá a 1.000 euros por vehículo, en el caso de los menores de 2.500 kilos y de 2.000 euros, para los de más de 2.500 kilos.

El Gobierno regula el plan PIMA SOL que fomenta la reducción de emisiones de CO2 del 40 al 70% en 500 hoteles

De este modo, el plan contempla una inversión de más de 400 millones de euros, de los que el 50 por ciento vendrán de financiación del Banco Europeo de Inversión (BEI) a hoteles en condiciones favorables mediante una línea de crédito ya aprobada y a la que se ha sumado el Banco Santander.

Además, según los cálculos del Gobierno, se espera que puedan acogerse más de 500 establecimientos hoteleros y que la ejecución de las medidas de renovación que se incluyan en el plan posibilitará la creación de unos 8.000 empleos, además del mantenimiento de puestos de trabajo de autónomos, PYMES y de empresas energéticas y de construcción.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), invertirá 5,21 millones de euros en el plan PIMA SOL, que comprará las reducciones de emisiones de CO2 que se produzcan en los hoteles mediante los proyectos de renovación. La media de aportación del MAGRAMA será de 10.420 euros por hotel.

Los hoteles, por su parte, deberán verificar las emisiones de CO2 que se han evitado gracias a la reforma realizada con este objetivo. Esta verificación correrá también a cargo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Concretamente, los beneficiarios del plan serán hoteles españoles con proyectos de rehabilitación energética que cumplan las condiciones mínimas establecidas (pymes, empresas o cadenas hoteleras).

Entre las medidas incluidas en el Plan se encuentran las de mejora en el aislamiento de fachadas, cubiertas y ventanas que impliquen una disminución de emisiones, así como las relativas a la renovación de los sistemas de monitorización y gestión de los servicios de los establecimientos.

También se incluirán medidas de generación de energía renovable para autoconsumo para agua caliente sanitaria y climatización, y otras mejoras de gestión del agua y de los residuos.

Esta iniciativa del Ministerio se suma al Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA Aire), destinado a la mejora de la calidad del aire en España mediante la renovación del parque de vehículos comerciales y su sustitución por otros modelos más eficientes y de menor impacto medioambiental.

Con estos dos Planes, el Ministerio señala su apuesta por «un nuevo modelo de lucha contra el cambio climático» y refuerza su objetivo de avanzar en la protección del medio ambiente e impulsar la actividad económica y el empleo.

Los eólicos piden la retirada de la reforma eléctrica y del real decreto sobre renovables por su impacto «desproporcionado» para el sector

Concretamente, la entidad ha presentado alegaciones ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) a las dos normas presentadas por el Gobierno, a la propuesta de Orden de Peajes y a cinco propuestas de reales decretos que afectan al sector.

La AEE ha asegurado que, con la aprobación del anteproyecto y el real decreto, el sector puede «sufrir una cascada de problemas financieros» que provoquen el desmantelamiento de fábricas y destrucción de empleo. Asimismo, ha subrayado que en lo que va de año nueve empresas han cerrado y se han perdido 3.500 puestos de trabajo, 25 al día.

La asociación de empresas del sector ha enfatizado que «se trata de una reforma retroactiva, discriminatoria y arbitraria», que además «introduce elementos de incertidumbre y de inseguridad jurídica».

Además, las eólicas han recalcado que el Anteproyecto y el Real Decreto «cambia radicalmente las reglas del juego del sector» y «están destinados a reducir el incentivo a la inversión en tecnologías limpias y autóctonas».

Por último, AEE ha adelantado que «buscará las vías jurídicas adicionales que permitan reducir los desequilibrios e incertidumbre causados por la batería de medidas».