Ante esta situación, se decantó por reconocer un nuevo déficit de tarifa, cuyo pago se aplazará en el tiempo, para evitar ahora una subida de peajes que «tendría un gravísimo impacto sobre el consumidor final, que ya ha venido soportando importantes incrementos en los últimos años y que debilitaría aún más su renta disponible y su competitividad».

Esta consideración aparece recogida en la justificación del PP a la enmienda con la que añade una disposición adicional al proyecto de Ley del Sector Eléctrico que se tramita en el Senado.

En esta disposición adicional se reconoce la existencia de un déficit de tarifa máximo de 3.600 millones de euros para este año, «sin perjuicio de los desajustes temporales que pudieran producirse en el sistema de liquidaciones eléctrico para dicho año».

Este nuevo déficit es fruto de la suspensión de dos de las partidas previstas para este año procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. La primera es el crédito extraordinario de 2.200 millones y la segunda, el 50% del extracoste de generación en los sistemas insulares y extrapeninsulares, cuyo valor ronda los 900 millones de euros.

En sus enmiendas, el PP también modificó el punto 4 del artículo 14 de la ley, en el que se detalla el nuevo mecanismo de retribución a las renovables conforme a un diferencial sobre el tipo de referencia del Tesoro.

En la nueva redacción, se eleva a rango de ley un principio ya incluido en el borrador de real decreto de renovables, según el cual cada tres años se ajustarán los parámetros retributivos en función de la previsión de precios de la energía.

En caso de producirse una desviación en el precio de mercado en relación con la estimación, se repercutirá la diferencia durante los años posteriores de la vida útil de la instalación tipo.

Un «Plan Renove» para la cogeneración

Otra de las novedades es una enmienda de adición en la que se contempla un «plan renove» para las instalaciones de cogeneración, con lo que se responde a una de las reivindicaciones de la industria.

El PP propuso una disposición adicional nueva en la que, conforme a la directiva europea de eficiencia energética y bajo el epígrafe «Plan Renove de instalaciones de cogeneración», se contempla este tipo de actividades.

«Se considera necesario impulsar el desarrollo de programas que impulsen la renovación de instalaciones de cogeneración y residuos en el nuevo marco de los planes de ahorro y eficiencia energética que plantea el artículo 50 de la ley de acuerdo con el marco normativo que transponga la Directiva 2012/27/UE de 25 de octubre de 2012″, según indicó el PP para justificar la decisión.

En una enmienda al proyecto de Ley del Sector Eléctrico en el Senado, el grupo popular reconoce la existencia para el 2013 de un déficit de tarifa por 3.600 millones, por la retirada de esas aportaciones del Estado que reclama el PP por la necesidad de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Montes se refería así a las enmiendas que presentó el PP al proyecto de Ley del Sector Eléctrico en el Senado y que supondrá la retirada de unos 3.600 millones de euros que iba a aportar el Gobierno para equilibrar el déficit de tarifa y que el PP los utilizará para cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Montes calificó de «sorprendente» la decisión del Ejecutivo, y aseguró que el sector está «muy preocupado y molesto». «Es una medida que va a ser muy negativa para todos», destacó.

«Ha sido un poco sorprendente», dijo el presidente de Unesa, para agregar que hace 15 días el ministro de Industria, José Manuel Soria, «afirmó en público que no iba a haber desequilibrio tarifario» y ahora introducen una enmienda a la ley que supone que va haber 3.600 millones de euros de déficit tarifario. Por ello, le acusó de «incumplimiento».

En este sentido, explicó que este déficit viene de «tres cosas que el Gobierno no ha cumplido». La primera es un crédito extraordinario de 2.200 millones de euros para pagar primas a renovables que al final se ha decidido no usar. Además, había una compensación a las islas de 900 millones de euros que tampoco va a aportar el Estado y se han retirado otros 500 millones de euros para cubrir el déficit como compensación por distintos impuestos a la generación.

«Eso hace que de las tres cosas que el Gobierno planteó, y en base a eso se hace una ley del sector eléctrico, no cumple ninguna», lamentó el responsable de la patronal eléctrica.

Montes recordó que el Ejecutivo siempre había dicho que el problema del déficit de tarifa lo asumirían las tres «patas» del sistema eléctrico: Gobierno, consumidores y empresas del sector. Sin embargo, «al final de las tres patas sólo quedan dos: el sector y los consumidores; el Gobierno ha decidido que no asume absolutamente nada».

Desde Unesa señalaron que comprenden que es importante controlar el déficit público del Estado, pero criticaron que «no puede ser a base» de las cinco grandes empresas eléctricas porque «no tiene ningún sentido».

El impacto en las eléctricas, indicó, será que tengan que meter en sus balances 3.600 millones de euros en un momento en que las vías de titulización de estos fondos que se habían estado empleando ya no se pueden utilizar.

Por otro parte, esta decisión «va a repercutir a medio plazo en los consumidores», explicó Montes, quien añadió que en el recibo medio de una familia en España, que es de unos 600 ó 700 euros al año, «esto puede tener un impacto sin duda porque es una deuda de los consumidores con el sistema«. Además, subrayó que el sector industrial también se verá afectado.

«El que el Estado no se haya hecho cargo de esto y se lo haya dejado al sector va a ir en detrimento tanto de la competitividad de las empresas eléctricas como de las industriales, un sector que genera cientos de miles de puestos de trabajo», añadió.

Para evitar el déficit de tarifa este año, el Gobierno diseñó tres mecanismos extraordinarios: una serie de impuestos a la generación eléctrica, destinar al sistema los ingresos por subastas de derechos de emisión de CO2 y un crédito de 2.200 millones de euros por parte de los Presupuestos Generales del Estado de este año.

A esto se une, sobre el papel, la asunción, en los Presupuestos de 2014, de la mitad de los sobrecostes extrapeninsulares -una partida con la que se reparte entre todos los consumidores el precio adicional que tendrían que pagar por la electricidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran de la técnica de fracking tendrán el visto bueno administrativo en un plazo de cuatro meses, prorrogable a dos más por razones justificadas y debidamente motivadas.

Hasta ahora, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo o las comunidades autónomas concedían las autorizaciones a los proyectos estudiando caso por caso, con la Ley del Sector de Hidrocarburos, de 1998, como única norma nacional.

Con la Ley de Evaluación Ambiental, el promotor del proyecto de fracking deberá elaborar previamente un estudio de impacto ambiental y presentar la documentación técnica pertinente. El órgano competente emitirá una declaración de impacto ambiental en el plazo máximo de seis meses, cuando actualmente esta situación puede demorarse varios años.

Los votos del PP bastaron para dar luz verde a esta norma, que suscitó el rechazo de gran parte de los partidos de la oposición, aunque CiU dio su apoyo a algunas modificaciones del Senado y se abstuvo en otras.

El proyecto de Ley de Evaluación Ambiental se tramitó por el procedimiento de urgencia y quedó visto para sentencia con menos de un mes de recorrido parlamentario, iniciado el pasado 30 de octubre en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.

Durante la tramitación en el Congreso y el Senado, los diferentes partidos de la oposición reiteraron sus quejas por el hecho de que la norma se tramite de forma urgente cuando en la Unión Euopea se aprobará próximamente una directiva europea en materia de evaluación ambiental y afirmaron que la norma propiciará que «quien puede pagar, contamina».

La introducción mediante enmiendas del reciente Memorándum del Tajo-Segura, la creación de «bancos de conservación de la naturaleza» y el fracking o fractura hidráulica fueron otros de los puntos controvertidos que no suscitó consenso.

El portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró que la ley incluye «engaños» porque «pervierte la evaluación ambiental por la relajación de las existencias. Se trata de dejarla en mínimos, se reducen los plazos y los requisitos. Es como si tuviese que pasar la ITV del coche en dos minutos».

Ábalos subrayó que la norma «legaliza el fracking» y recriminó al Gobierno que se haya «arrojado en los brazos de empresas que quieren convertir la fiebre del oro en la fiebre del agua».

Laia Ortiz, de ICV, también fue muy crítica con la norma, a la que calificó de «ley del fracking». «No sirve para mejorar la protección del medio ambiente y deja muchísimas lagunas», indicó, antes de añadir que el texto tiene como «ADN» que «el medio ambiente es un lastre para la economía». «Quien puede pagar, puede contaminar. Bajo ese principio es imposible proteger la riqueza y la diversidad. Sólo va a servir para que algunos saquen tajada de la degradación del territorio», apostilló.

Por su parte, Manuel Luis Torres, del PP, recalcó que la Ley de Evaluación Ambiental ofrece seguridad jurídica a los empresarios, que verán reducidos los plazos para la puesta en marcha de sus iniciativas. «Existen más de 10.000 actuaciones pendientes de evaluación ambiental, debido a procedimientos excesivamente largos que no protegen el medio ambiente, sino que suponen un freno para el desarrollo sostenible», indicó.

El proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que unifica las normas sobre evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, tiene como objetivo «ser un instrumento eficaz para la protección medioambiental» minimizando los impactos que pueden causar al entorno los planes, programas y proyectos que se lleven a cabo en toda España y puedan afectar significativamente al medio ambiente.

El Gobierno afirmó el pasado 30 de agosto, cuando aprobó esta ley para enviarla al Parlamento, que esta norma promoverá el desarrollo sostenible, generará unos 80.000 puestos de trabajo y supondrá un impacto de 1.000 millones de euros sobre la actividad económica.

Con este Proyecto de Ley se simplifican los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, al emplear un esquema similar para ambos (procedimiento ordinario y simplificado) y homogeneizar su terminología, de manera que los plazos para los proyectos de evaluación estratégica ordinaria será de 22 meses, prorrogable por dos meses más por razones justificadas debidamente motivadas; los de evaluación ambiental estratégica simplificada, cuatro meses; los de evaluación de impacto ambiental ordinaria, cuatro meses, prorrogable por dos meses más por razones justificadas debidamente motivadas, y los de evaluación de impacto ambiental simplificada, tres meses

Una de las novedades incluidas durante la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados es el acuerdo sobre el trasvase Tajo-Segura, que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente alcanzó con los gobiernos de las cinco comunidades autónomas dependientes del río Tajo (Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia).

En virtud de este pacto, se establecerán mensualmente los niveles mensuales de trasvase de agua desde los embalses de la cabecera del Tajo (en Entrepeñas y Buendía) hacia las cuencas del Segura y del Guadiana, con un máximo anual total de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana).

Además, eleva a 400 hectómetros cúbicos (por los 240 actuales) el nivel de reserva de agua que puede ser trasvasada desde la cabecera del Tajo, cantidad de referencia que debe alcanzarse en un plazo máximo de cinco años, con escalones adicionales de 32 hectómetros cúbicos cada 1 de enero.

Por otro lado, el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental recoge que los estudios de impacto ambiental deben incorporar en su descripción técnica «la peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto», para evitar casos como el almacén subterráneo de gas natural Castor, emplazado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y que causó más de 300 temblores en el golfo de Valencia el pasado mes de septiembre.

Lo mismo ocurre con la construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de al menos 2.100 metros.

Tipifica como infracción administrativa muy grave (con multas de entre 200.001 a 2 millones de euros) los vertidos de materiales para rellenos no permitidos y la técnica del «bunkering» o las llamadas gasolineras flotantes, esto es, «el suministro o almacenamiento de combustible mediante el fondeo permanente de buques-tanque en las aguas comprendidas dentro de los espacios naturales protegidos y de los espacios protegidos Red Natura 2000, la recepción de dicho combustible, así como el abastecimiento de combustible a los referidos buques-tanque».

Nadal realizó estas consideraciones en la Comisión de Presupuestos del Senado, a la que acudió para presentar las cuentas de su departamento para 2014, en las que se reservan 4.526 millones de euros al sector eléctrico (frente a los 3.323 millones de este año), entre los que figuran los ingresos por el trasvase de los derechos de las subastas de emisión de CO2 (383 millones de euros), así como la asunción de la mitad del extracoste de la producción en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (900 millones de euros).

Sin estos dos aspectos, agregó, se hubiera reducido en 44 millones de euros, en línea con la «austeridad y control del gasto público» impuesto por el Gobierno.

El otro gran objetivo del departamento es el mantenimiento del sector del carbón y la protección social de sus trabajadores, por lo que se destinan 522 millones de euros al Instituto de la Reestructuración de la Minería del Carbón. El resto, apuntó, son partidas «mucho más pequeñas» que son para mantener la actividad reguladora.

En este sentido, el secretario de Estados de Energía recordó el reciente nuevo marco para el carbón firmado entre Industrias y los agentes sociales (patronal y sindicatos) y que supone otorgar mayor competitividad a las empresas mineras, establecer un sistema de protección social y una importante inversión en los planes de reactivación de las cuencas mineras.

Asimismo, Nadal afirmó que una partida «muy importante» está destinada a la eliminación del déficit tarifario que fue el «problema fundamental» que desde hace una «década» padece el sistema eléctrico en España y que fue «abordado de manera definitiva» en esta legislatura.

En este sentido, indicó que al inicio del Gobierno de Mariano Rajoy el déficit tenía un incremento anual de 10.500 millones y un acumulado, una vez realizadas las amortizaciones, de más de 26.000 millones de euros y defendió que el crédito de 2.200 millones de euros aprobado este año con cargo a las cuentas públicas para sufragar los posibles desfases en la retribución renovable es «extraordinario».

Además, insistió en que las normas incluidas en la reforma energética aprobada en julio recoge «elementos suficientes para cambiar el sistema retributivo y hacer el sistema viable» en sí mismo, por lo que «no se prevén necesarias partidas presupuestarias».

«Se apostó pronto y desordenadamente por las renovables»

Por otro lado, Nadal reiteró que en 2004 el sistema eléctrico estaba «saneado» pero a finales de 2011 presentaba un «desequilibrio importantísimo» fundamentado no por la implantación de las energías renovables en sí, sino por la «falta de control» del Gobierno anterior y la expansión de la red eléctrica. Se acometieron medias «que carecieron de sentido» fruto de la burbuja de la economía basada en el boom inmobiliario y por la imprevisión del Ejecutivo anterior. «Se apostó demasiado pronto y desordenadamente por las renovables» lo que llevó al Gobierno anterior a «recortar las primas a toda velocidad» y a nosotros a heredar un «sistema quebrado por decisiones políticas del pasado».

«Nunca más se puede repetir el déficit de tamaño semejante», aseveró el secretario de Estado de Energía, porque se trataba de un «problema español causado por la política energética de las dos últimas legislaturas».

Recriminó que sobre las renovables «alguien quiso ser el primero de la clase pero a destiempo» y por ello el resultado ha sido «nefasto, para el coste del sistema español». «Lo hicimos mal, a destiempo» aunque si como los demás lo hubiéramos hecho «poco a poco, hubiéramos tenido industria más duradera y con costes más bajos» para los consumidores.

«Por mucho que se repita que estamos aliados con las eléctricas y somos ‘antirrenovables’, no es verdad. Intentamos llevar una política energética ponderada» y es «la primera vez que un Gobierno reduce la retribución a la distribución, establece un canon a la hidráulica o fija un impuesto a residuos nucleares», afirmó. Se trata, agregó, de un «reparto equilibrado» de los esfuerzos para cuadrar el déficit eléctrico.

Nadal también defendió el aumento de la parte fija del recibo de la luz y el peaje al autoconsumo. «Nos parece razonable que una familia de cuatro o cinco miembros no tenga que pagar los costes de redes de una vivienda vacía», afirmó sobre el primer caso. «No puede ser que los españoles que no tengan acceso al autoconsumo se lo paguen a los que sí lo tengan», indicó sobre el segundo.

Además, aseguró que durante la elaboración de la reforma el Gobierno ha «analizado al milímetro cada uno de los costes» eléctricos e insistió en que «la falta de control» en la introducción de las renovables y el ‘boom’ inmobiliario, que provocó una expansión adicional de redes, fueron elementos determinantes en el aumento del déficit de tarifa. «Encontramos un sistema quebrado», afirmó.

La retribución por el Castor saldrá del sistema gasista

Respecto a la situación y futuro del almacén de gas natural Castor, parado por movimientos sísmicos, el secretario de Estado dijo que «todavía» se está en «fases muy iniciales» para determinar el futuro de la planta y así como las consecuencias de los seísmos pero avanzó que en los Presupuestos Generales del Estado hay partidas presupuestarias amplias para informes técnico y que se van a emplear «en parte» para «pedir consejo» sobre «algunas de las cuestiones relacionadas con este proyecto».

Aclaró que la posible retribución que pueda percibir la empresa del almacén no proviene de los presupuestos sino del sistema gasista, de manera que el único coste que podría recaer sobre los Presupuestos sería la correspondiente a «apoyo técnico» a la secretaria para resolver la cuestión.

Preguntado por la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking, el secretario de Estado dijo que como en «todo» hay que «mirar costes y beneficios» y no rechazar sin valorar las consecuencias. Recordó que se desarrolló en Estados Unidos y ello permitió una reindustrialización de la economía estadounidense que derivó en que Alemania esté «estudiando cómo desarrollarlo». Lo razonable no es prohibir sino ver cómo se puede se puede emplear con condiciones de seguridad y medioambiental máxima . No obstante, se mostró favorable a la técnica e indicó que «a lo mejor es una respuesta al problema de la obtención de los hidrocarburos y de la reducción de la dependencia energética».

Junto al déficit convive un «superávit de retribuciones reconocidas»

Por su parte, el senador del PSOE, Jesús Alique, criticó la «política errática» del Gobierno en materia energética y consideró que, con el déficit de tarifa, convive un «superávit de retribuciones reconocidas», no sólo a nivel regulado, sino también en el mercado de producción eléctrica.

«Y eso no se aborda subiendo la luz y los impuestos, o castigando a las renovables», afirmó, antes de asegurar que la energía nuclear e hidráulica reciben «de media» entre 2.000 y 3.000 millones de euros anuales adicionales con respecto a las retribuciones asignadas en el momento de su construcción.