El texto unifica las normas sobre evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, al emplear un esquema similar para ambos (procedimiento ordinario y simplificado) y homogeneizar su terminología.

Así, los plazos para el proyecto de evaluación estratégica ordinaria es de 22 meses, prorrogable por dos meses más por razones justificadas debidamente motivadas; los de evaluación ambiental estratégica simplificada, cuatro meses; los de evaluación de impacto ambiental ordinaria, cuatro meses, prorrogable por dos meses más por razones justificadas debidamente motivadas, y los de evaluación de impacto ambiental simplificada, tres meses.

El Gobierno afirmó el pasado 30 de agosto, cuando aprobó esta ley para enviarla al Parlamento, que esta norma promoverá el desarrollo sostenible, generará unos 80.000 puestos de trabajo y supondrá un impacto de 1.000 millones de euros sobre la actividad económica.

La ley recoge que los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran de la técnica de «fracking» tendrán el visto bueno administrativo en un plazo de cuatro meses, prorrogable a dos más por razones justificadas y debidamente motivadas.

Hasta ahora, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo o las comunidades autónomas concedían las autorizaciones a los proyectos estudiando caso por caso, con la Ley del Sector de Hidrocarburos, de 1998, como única norma nacional.

Con la Ley de Evaluación Ambiental, el promotor del proyecto de «fracking» deberá elaborar previamente un estudio de impacto ambiental y presentar la documentación técnica pertinente. El órgano competente emitirá una declaración de impacto ambiental en el plazo máximo de seis meses, cuando actualmente esta situación puede demorarse varios años.

Por otro lado, la Ley de Evaluación Ambiental recoge que los estudios de impacto ambiental deben incorporar en su descripción técnica «la peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto», para evitar casos como el almacén subterráneo de gas natural ‘Castor’, emplazado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y que causó más de 300 temblores en el golfo de Valencia el pasado mes de septiembre. Lo mismo ocurre con la construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de al menos 2.100 metros.

Asimismo, la ley tipifica como infracción administrativa muy grave (con multas de entre 200.001 a 2 millones de euros) los vertidos de materiales para rellenos no permitidos y la técnica del «bunkering» o las llamadas gasolineras flotantes, esto es, «el suministro o almacenamiento de combustible mediante el fondeo permanente de buques-tanque en las aguas comprendidas dentro de los espacios naturales protegidos y de los espacios protegidos Red Natura 2000, la recepción de dicho combustible, así como el abastecimiento de combustible a los referidos buques-tanque».

Por último, el acuerdo sobre el trasvase Tajo-Segura, que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente alcanzó con los gobiernos de las cinco comunidades autónomas dependientes del río Tajo (Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia).

En virtud de este pacto, se establecerán mensualmente los niveles mensuales de trasvase de agua desde los embalses de la cabecera del Tajo (en Entrepeñas y Buendía) hacia las cuencas del Segura y del Guadiana, con un máximo anual total de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana).

Además, eleva a 400 hectómetros cúbicos (por los 240 actuales) el nivel de reserva de agua que puede ser trasvasada desde la cabecera del Tajo, cantidad de referencia que debe alcanzarse en un plazo máximo de cinco años, con escalones adicionales de 32 hectómetros cúbicos cada 1 de enero.

«El Gobierno se ha comprometido a dar un aval por el déficit que haya en el sector en este año 2013», dijo Soria en una comparecencia ante la prensa tras reunirse en Bruselas con el comisario de Energía, Günther Oettinger para tratar de disipar las dudas de la Comisión Europea sobre las medidas que llevó a cabo España en materia de reforma energética en 2012 y 2013 y las acciones para la corrección del déficit de tarifa.

«El Gobierno está dispuesto a dar un aval eventual, pero eso siempre está condicionado a que los precios de la electricidad no suban ese 12% que continuamente están reclamando las eléctricas», insistió el ministro de Industria.

«Las empresas del sector no pueden plantear incrementos del peaje como consecuencia de esto porque este déficit y este aval es justamente lo que va a impedir que los precios suban en la medida en que lo están planteando las empresas del sector», agregó antes de añadir que «el límite lo pondrá el mercado», y que es la subasta de la energía la que puede aumentar o bajar su precio.

«Por ejemplo, si la subasta dijera que suben los precios en la vía del mercado, podríamos bajar los peajes, pero entonces aumentaría el déficit público y aumentaría el déficit del sector eléctrico y se agravaría el problema que estamos intentando corregir», explicó.

En ese contexto recordó que el déficit eléctrico «genera cada año un coste adicional para todo el sistema en concepto de amortización de capital e interés».

Oettinger muestra su «comprensión» antes las medidas adoptadas

Respecto a su reunión con Oettinger, Soria aseguró que «no ha recibido ni una sola crítica» por parte del Ejecutivo comunitario acerca de las medidas adoptadas contra el déficit de tarifa. «Al contrario, tenemos información de que algunos países van a adoptar medidas similares» en relación a las tecnologías del «régimen especial», señaló.

El ministro de Industria señaló que en Europa es donde mejor entienden la decisión del Gobierno de retirar una aportación de 3.600 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para paliar el déficit de tarifa, cantidad prevista en la reforma de julio para corregir el déficit de tarifa, con el fin de garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit público.

«No creo que sea necesario convencer a ningún miembro de la Comisión porque, no sólo están convencidos, sino que son los primeros que lo exigen», sostuvo el ministro de Industria.

«Hemos sentido la comprensión por parte del comisario Oettinger en relación a las medidas que hemos ido adoptando» en 2012 y 2013 para corregir el déficit de tarifa, aseguró Soria, que incluso ofreció la experiencia española para que otros Estados miembros con una situación parecida puedan adoptar medidas similares.

«El diálogo ha sido constructivo y la Comisión continúa trabajando estrechamente con las autoridades españolas», explicaron por su parte fuentes comunitarias, que sin embargo puntualizaron que el Ejecutivo comunitario «todavía está examinando la conformidad de las reformas españolas del sector eléctrico adoptadas en julio de 2013 con la legislación primaria y secundaria de la Unión Europea».

Soria abordó además con Oettinger «cuestiones generales» como las interconexiones energéticas con Francia, «la posibilidad de que España se convierta en una gran plataforma de distribución de gas para el centro de Europa» dado que cuenta con una «sobrecapacidad» de infraestructuras, así como la posibilidad de que España exporte energías renovables a otros países europeos y la oportunidad de «aprovechar las posibilidades» de explotar la extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica.

El Gobierno mantendrá los peajes de la luz en enero

Asimismo, el ministro de Industria, Energía y Turismo mantendrá los peajes en la revisión de la tarifa de luz en enero, según manifestó tras la firma de un convenio en la sede del Ministerio de Industria con el presidente de Cantabria, Ignacio Diego.

«Desde hace muchos trimestres el Gobierno no toca estos peajes, salvo en aquello que se hizo como consecuencia de la reforma del mes de julio pasado, y ahora tampoco los va a tocar», afirmó el ministro, en alusión a la revisión de tarifas en enero.

Estos peajes, que recogen los costes regulados del sistema eléctrico (transporte, distribución y primas renovables, entre muchos otros), no se incrementarán para aplacar el déficit de tarifa, ya que el Gobierno confía en el mecanismo de revisión automática que se pondrá en marcha en 2014, pero tampoco se rebajarán para compensar los altos precios de la energía en los mercados, decisión que sería previsiblemente contestada y ganada por el sector en los tribunales.

«Si hay una subida en el mercado y se pregunta si el Gobierno va a reducir los peajes para que esta subida quedara compensada, la respuesta es no, porque si bajan los peajes estaríamos agravando aún más el déficit eléctrico», argumentó el ministro.

La evolución de precios en el «pool», que marca máximos desde 2006, es «puro mercado», indicó. «Prefiero que baje a que suba», pero el Gobierno «respetará lo que fija el mercado», de modo que la revisión de enero se conocerá «cuando la subasta» entre comercializadoras de tarifa se celebre el próximo 19 de diciembre.

Soria consideró que las eléctricas «están en su derecho» a recurrir ante los tribunales lo que estimen oportuno, pero «tienen que tener en consideración la posibilidad, y así se les ha brindado, de que el Gobierno pueda avalar este desfase adicional de 3.600 millones de euros», que «no va a tener repercusión ni en los peajes ni en los precios al consumidor» en la revisión de enero.

«Las empresas eléctricas no tienen por qué seguir demandando un incremento de los peajes, porque la próxima emisión que se haga para cubrir este déficit adicional, que será el último, porque en 2014 ya no habrá, lógicamente tendría el aval del Estado», según aseguró.

La reforma eléctrica impulsada por el Gobierno pretendía alcanzar este año el equilibrio entre ingresos y gastos del sistema eléctrico gracias, entre otras cuestiones, a una serie de aportaciones presupuestarias. Sin embargo, durante el trámite en el Senado, el PP propuso retirar 2.200 millones de euros de un crédito extraordinario, 900 millones de euros de aportación a los sobrecostes extrapeninsulares y 500 millones de euros correspondientes al impuesto de hidrocarburos.

De esta manera, la reforma dejaría un déficit por falta de ingresos de hasta 3.600 millones de euros este año que tendrían que financiar las cinco grandes eléctricas, sin que hasta ahora se hubiera definido si este podría titulizarse (emitirse en el mercado con el aval del Estado).

Soria argumentó que esas enmiendas se introdujeron debido a que «hay un objetivo superior, que es el objetivo del déficit público», porque «lo peor que podría ocurrir en España en estos momentos es no cumplir ese objetivo y que todo el trabajo que hemos hecho durante estos dos años y que está siendo reconocido por los mercados internacionales, ahora no pudiéramos culminarlo», dijo.

En declaraciones al canal «24 Horas» de TVE, Montes indicó que el nuevo desajuste de 3.600 millones de euros para este año «probablemente» provoque subidas de la tarifa eléctrica, aunque no inmediatamente en enero, sino «a lo largo del tiempo, a no que ser que el Gobierno encuentre la forma de financiarlo por su parte».

«Hoy por hoy no hay aval del Estado», aunque «subyace» que el Gobierno «intentará encontrar soluciones», si bien, tal y como está redactado el borrador de la nueva ley eléctrica, el nuevo desfase «irá como mínimo contra el balance» de las eléctricas.

Montes también criticó los mensajes contradictorios lanzados desde el Ministerio de Industria acerca del déficit de tarifa de 2013. «En julio, lo que dijo el ministro (José Manuel Soria) es que no habría déficit de tarifa. En septiembre, dijo que sería de 3.000 millones de euros, y luego en Londres llegó a 3.500 millones de euros, y después dijo en un desayuno que no habría déficit, y el secretario de Estado de Energía (Alberto Nadal) también lo dijo hace unos días en el Senado», explicó.

El presidente de Unesa se mostró comprensivo con la «prioridad» del déficit público sobre el eléctrico, pero dijo que no tiene «sentido» que de las tres «patas» de la solución al déficit de tarifa «se desmarque» el Estado y no puedan hacerlo las empresas y los consumidores.