Las eléctricas advierten de que los incumplimientos del Gobierno causarán alzas en el recibo de la luz

En una enmienda al proyecto de Ley del Sector Eléctrico en el Senado, el grupo popular reconoce la existencia para el 2013 de un déficit de tarifa por 3.600 millones, por la retirada de esas aportaciones del Estado que reclama el PP por la necesidad de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Montes se refería así a las enmiendas que presentó el PP al proyecto de Ley del Sector Eléctrico en el Senado y que supondrá la retirada de unos 3.600 millones de euros que iba a aportar el Gobierno para equilibrar el déficit de tarifa y que el PP los utilizará para cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Montes calificó de «sorprendente» la decisión del Ejecutivo, y aseguró que el sector está «muy preocupado y molesto». «Es una medida que va a ser muy negativa para todos», destacó.

«Ha sido un poco sorprendente», dijo el presidente de Unesa, para agregar que hace 15 días el ministro de Industria, José Manuel Soria, «afirmó en público que no iba a haber desequilibrio tarifario» y ahora introducen una enmienda a la ley que supone que va haber 3.600 millones de euros de déficit tarifario. Por ello, le acusó de «incumplimiento».

En este sentido, explicó que este déficit viene de «tres cosas que el Gobierno no ha cumplido». La primera es un crédito extraordinario de 2.200 millones de euros para pagar primas a renovables que al final se ha decidido no usar. Además, había una compensación a las islas de 900 millones de euros que tampoco va a aportar el Estado y se han retirado otros 500 millones de euros para cubrir el déficit como compensación por distintos impuestos a la generación.

«Eso hace que de las tres cosas que el Gobierno planteó, y en base a eso se hace una ley del sector eléctrico, no cumple ninguna», lamentó el responsable de la patronal eléctrica.

Montes recordó que el Ejecutivo siempre había dicho que el problema del déficit de tarifa lo asumirían las tres «patas» del sistema eléctrico: Gobierno, consumidores y empresas del sector. Sin embargo, «al final de las tres patas sólo quedan dos: el sector y los consumidores; el Gobierno ha decidido que no asume absolutamente nada».

Desde Unesa señalaron que comprenden que es importante controlar el déficit público del Estado, pero criticaron que «no puede ser a base» de las cinco grandes empresas eléctricas porque «no tiene ningún sentido».

El impacto en las eléctricas, indicó, será que tengan que meter en sus balances 3.600 millones de euros en un momento en que las vías de titulización de estos fondos que se habían estado empleando ya no se pueden utilizar.

Por otro parte, esta decisión «va a repercutir a medio plazo en los consumidores», explicó Montes, quien añadió que en el recibo medio de una familia en España, que es de unos 600 ó 700 euros al año, «esto puede tener un impacto sin duda porque es una deuda de los consumidores con el sistema«. Además, subrayó que el sector industrial también se verá afectado.

«El que el Estado no se haya hecho cargo de esto y se lo haya dejado al sector va a ir en detrimento tanto de la competitividad de las empresas eléctricas como de las industriales, un sector que genera cientos de miles de puestos de trabajo», añadió.

Para evitar el déficit de tarifa este año, el Gobierno diseñó tres mecanismos extraordinarios: una serie de impuestos a la generación eléctrica, destinar al sistema los ingresos por subastas de derechos de emisión de CO2 y un crédito de 2.200 millones de euros por parte de los Presupuestos Generales del Estado de este año.

A esto se une, sobre el papel, la asunción, en los Presupuestos de 2014, de la mitad de los sobrecostes extrapeninsulares -una partida con la que se reparte entre todos los consumidores el precio adicional que tendrían que pagar por la electricidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.