El Congreso de los Diputados aprobó hoy la reforma de la ley del sector eléctrico de 1997, que traspone la directiva comunitaria del mercado interior de electricidad y adelanta al 1 de enero de 2009 la desaparición del actual sistema integral de tarifas reguladas.
El nuevo texto, aprobado en la Comisión de Industria con el voto favorable del PSOE, PP, CiU y PNV y la oposición de IU y ERC por el procedimiento de competencia legislativa plena, no necesita de la aprobación del Pleno de la Cámara y se enviará al Senado para continuar con su tramitación. En la misma sesión se aprobó también el Proyecto de Ley del sector de hidrocarburos, que fue respaldado por el PSOE, el PP y CiU y rechazado por IU, ERC y PNV.
La diputada socialista Rosario Velasco afirmó que ambos textos han logrado un amplio consenso gracias «al afán» del grupo socialista por «escuchar a todos los grupos» e introducir parte de sus enmiendas.
El portavoz de Industria del PP, Fernando Castelló, destacó, por su parte, el «acercamiento importante de las posturas» de los dos partidos mayoritarios durante la tramitación parlamentaria.
La nueva ley del sector eléctrico estipula que a partir de 2009, un año antes de lo previsto, desaparecerá el actual sistema tarifario regulado para dar paso a las denominadas tarifas de último recurso, a las que sólo podrán acogerse consumidores domésticos y pymes.
Desde el 1 de enero de 2010 únicamente los suministros en baja tensión tendrán la posibilidad de elegir entre tarifa y mercado libre y, a partir de la misma fecha de 2011, sólo los que tengan contratada una potencia inferior a 50 kilovatios. No obstante, se habilita al Gobierno para modificar este límite de potencia y adelantar los plazos establecidos en la norma.
El secretario general de Energía, Ignasi Nieto, anunció el 28 de febrero pasado en el Senado que las tarifas reguladas para los consumidores industriales desaparecerán en julio de 2008.
Para facilitar el cambio de proveedor tanto de electricidad como de gas se crearán las oficinas de cambio de suministrador, entidades participadas por las empresas distribuidoras (15 por ciento como máximo) y comercializadoras (35 por ciento).
Entre las novedades introducidas en la negociación se encuentra una enmienda de CiU para permitir que determinadas líneas de 220 kilovoltios (Kv) de potencia sean consideradas parte de la red de distribución y continúen en manos de las eléctricas, en vez de tener la calificación de redes de transporte y que Red Eléctrica de España (REE) asuma su titularidad, explicó Josep Sanchez Llibre.
Castelló lamentó que el nuevo texto otorgue a las CCAA competencias para modificar los peajes de los derechos de acometida de las redes de electricidad y afirmó que esta medida «rompe con el equilibrio en la retribución de la actividad de distribución». El representante del PNV, José Ramón Beloki, mostró su preocupación por la disminución de competencias autonómicas que ha supuesto la trasposición de las directivas.
Beloki lamentó que no ha sido posible llegar a un acuerdo para excluir la obligación de que la regasificadora Bahía Bizcaia tenga que pagar un peaje por el transporte de gas dentro de sus propias instalaciones, lo que le llevó a votar en contra de la ley de hidrocarburos, Al mismo tiempo pidió una solución para «el constante cuestionamiento político» que sufre la Comisión Nacional de la Energía (CNE). El Grupo Vasco presentó una enmienda al proyecto de ley de hidrocarburos, que no ha sido incorporada, en la que pedía que los miembros del Consejo de la CNE fueran elegidos por mayoría absoluta en el Congreso.
El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, único grupo que presentó enmiendas a la totalidad a ambos textos, justificó su voto contrario en el hecho de que las normas mantienen «el esqueleto» de las leyes liberalizadoras aprobadas en la etapa del PP. Sin embargo, valoró la inclusión de la enmienda de su grupo sobre la obligación de facilitar información al usuario sobre el origen de la energía que consume.
ERC justificó su rechazo en que las nuevas leyes no reflejan adecuadamente sus propuestas sobre fomento de la diversificación, el ahorro, la eficiencia energética y las renovables y, como en el caso del PNV, incidió en la invasión de competencias de las autonomías de determinados apartados.
Por otro lado, las nuevas leyes pretenden profundizar en la liberalización, para lo que se mejora la separación de actividades de los operadores técnicos de los sistemas, la transparencia y el funcionamiento del mercado. Para lograrlo se habilita a la CNE a dictar circulares que se publicarán en el BOE para recabar información en su labor supervisora de los operadores de los mercados eléctrico y gasista.
