La modificación de la Ley del sector eléctrico traerá acompañados algunos cambios normativos. Uno de estos cambios será, previsiblemente, la retribución del servicio de interrumpibilidad para los grandes consumidores que decidan comprar su electricidad en el mercado libre.

Hasta el momento, los grandes clientes de energía obtienen una retribución por estar disponibles para interrumpir su demanda de energía en caso de necesidad. Este servicio, conocido como interrumpibilidad, se ofrece únicamente a los consumidores acogidos a tarifa, de modo que los grandes consumidores que compran su electricidad en el mercado libre no disfrutan de dicha retribución.

Por ello, el Ministerio de Industria prepara una orden que permitirá que los consumidores, que hasta ahora disfrutaban de esta retribución por interrumpibilidad dentro de la tarifa regulada, puedan disfrutar de esta misma posibilidad si se deciden por comprar su electricidad en el mercado libre.

La orden que prepara Industria es especialmente relevante, pues a partir del 1 de enero de 2009 el suministro pasará a ser ejercido en su totalidad por los comercializadores en libre competencia, por lo que la desaparición de la comercialización a tarifa afectará, en ausencia de esta orden, al precio que estos grandes consumidores pagarán por la electricidad consumida.

Este grupo de grandes consumidores afectado por la normativa está compuesto por aquellos incluidos en las tarifas generales de alta tensión, las tarifas horarias de potencia y los sujetos a la tarifa G4.

Retribución por interrumpibilidad

La retribución por interrumpibilidad se basa en la posibilidad de que los consumidores designados como interrumpibles puedan estar disponibles para modificar su demanda de energía, ante una petición del Operador del Sistema, en situaciones en las que un desajuste en el sistema pueda poner en peligro el suministro de energía eléctrica al resto de consumidores.

El problema del mercado liberalizado

Actualmente, los clientes que reciben esta retribución por interrumpibilidad dejan de recibirla si abandonan el mercado regulado para pasarse al liberalizado, por lo que estos consumidores, en la práctica, no están dispuestos a renunciar a la tarifa regulada para acogerse a los precios que se obtienen en el mercado liberalizado.

A partir del 1 de enero de 2009, esta situación cambiará. Con el plazo para la desaparición de las tarifas fijado por la reforma de la Ley del sector eléctrico, estos consumidores dejaran de recibir esta contraprestación por interrumpibilidad. Por ello, Industria considera necesario regular estos servicios en el mercado para los consumidores que adquieren energía libremente y ha decidido ofrecer también la posibilidad de poder disfrutar de la retribución, por servicios de interrumpibilidad, a los grandes consumidores cuando estos compren su energía en el mercado liberalizado.

Retribución máxima de 20 €/MWh

La Orden Ministerial que prepara Industria para retribuir este servicio de interrumpibilidad establecerá una retribución para los consumidores que provean estos servicios que estará, entre otros factores, en función de la facturación anual por tarifa de acceso y de la facturación por energía, teniendo un límite máximo de retribución de 20 €/MWh consumido.

Los consumidores que deseen acogerse a este servicio de interrumpibilidad deberán cumplir varios requisitos. Entre ellos, deberán ofrecer una potencia interrumpible de al menos 5 MW y proceder a solicitar el informe del Operador del Sistema para la prestación del servicio. En todo caso, y si no se cumplen los requisitos necesarios, se prevé que Industria, en última instancia, podrá valorar si concurren circunstancias que hacen viable que el consumidor pueda prestar el servicio.

El viernes pasado Hidrocantábrico comunicaba que había vendido a Red Eléctrica (REE) activos de transporte en la Comunidad Valenciana por 16,8 millones de euros. La venta se produce sólo una semana después del paso de la reforma de la Ley del sector eléctrico por el Senado, que a la espera de su aprobación este mismo mes en el Congreso, podría consagrar la figura del «transportista único». Desde la propia exposición de motivos de la Ley se resalta el hecho de que “como actividad regulada que es el transporte, con carácter de monopolio natural, se asigna en régimen de exclusividad esta figura de transportista a una única sociedad”. Esta afirmación se traduce en la atribución a REE de la función de transportista único. Por ello, la venta de Hidrocantábrico de activos de transporte a REE, podría ser la primera de otras que se sucederían en los próximos meses.

Modificaciones en la Ley del sector eléctrico

La reforma actual de la Ley del sector eléctrico, plantea sustanciales modificaciones en lo referente a la definición de lo que se conoce como redes de transporte. En la actual Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, la red de transporte de energía eléctrica se define como aquélla “constituida por las líneas, parques, transformadores y otros elementos eléctricos con tensiones iguales o superiores a 220 kV”. Sin embargo, en la redacción actual que incluye la norma en debate parlamentario se incluyen además, y como novedad, las instalaciones de tensión inferior a 220 kV que “cumplan funciones de transporte”.

Otra de las novedades de la reforma es la distinción entre red de transporte primario, aquélla de tensión nominal igual o superior a 380 kV incluyendo las interconexiones internacionales, y red de transporte secundario, que abarcaría la red de transporte no incluidas en la definición de red de transporte primario.

Preocupación en los distribuidores

En los últimos meses se había extendido la preocupación entre los distribuidores ante la posibilidad de tener que renunciar a parte de la red de 220 kV que actualmente operan y que resulta especialmente útil para desempeñar la función de distribución de electricidad. Sin embargo, tras su paso por el Senado, la Ley ha incluido una modificación que habilita al Ministerio de Industria “para autorizar expresa e individualizadamente, que determinadas instalaciones de 220 kV de tensión, por sus características y funciones, sean titularidad del distribuidor de la zona que se determine”. Esta autorización deberá pasar, en todo caso, por la consulta previa a la Comisión Nacional de Energía y a la Comunidad Autónoma en la que radique la instalación.

Adaptación a la Directiva

El proyecto de ley que modificará la Ley 54/1997 del sector eléctrico para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo ha profundizado en la definición de lo que se entiende como red de transporte, clasificando ésta en función de su tensión y dando un paso más respecto a lo que se encuentra recogido en la propia Directiva. En este sentido, la Directiva define la red de transporte simplemente como aquélla compuesta por la red “de muy alta tensión y de alta tensión”. Además, la reforma parece que incluirá finalmente la figura de transportista único (únicamente en el ámbito peninsular) aunque en la Directiva no se hace referencia explícita a la creación de la misma.

La CNE va a empezar a tratar la reforma del marco regulatorio de los actuales grandes consumidores de energía. Según fuentes cercanas al sector del cemento, la Secretaria General de Energía de Ignasi Nieto ha preparado la ‘Orden por la que se regulan los servicios de gestión de la demanda para los consumidores que adquieren su energía en el mercado’, que ya ha sido remitida a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y que empezará a analizar el Consejo de Administración del organismo regulador a partir de la sesión de mañana.

Según las citadas fuentes, el modelo futuro de relación con las grandes clientes y las empresas distribuidoras de energía, se basaría en la constitución de una sociedad que efectuase la adquisición al por mayor de energía.

Actualmente, las empresas que tienen esta consideración de gran consumidor de energía son consumidores ‘a tarifa’, acogidas a uno de los tres tipos de tarifa específicos: Alta Tensión, THP o G4. En los dos primeros casos, existen modalidad de tarifa incluyendo complemento por interrumpibilidad o sin él. Todas las empresas, están sujetas a este complemento de interrumpibilidad.

El origen de la necesidad de revisar la regulación actual estriba en la desaparición de las tarifas reguladas el 1 de enero de 1008, y por otra parte, la revisión de las cuestiones que han derivado en la denuncia que se sigue contra España por parte de la Comisión Europea por ayudas de estado, por la fijación de estas tarifas, mucho más bajas que las que resultan en el mercado eléctrico

Las empresas que tienen la consideración de gran consumidor de energía están organizadas a través de la Asociación Española de Grandes Consumidores de Energía (AEGE) y sus procesos productivos son intensivos en la utilización de electricidad, llegando en determinados sectores a participar en su estructura de gastos corrientes en un 20 %. Afecta por tanto a sectores como el químico, la siderurgia, aluminio, el cemento y la producción de fertilizantes, entre otros.

El dictamen que el Consejo de Estado emitió hace una semana sobre la propuesta de Industria de modificar el Real Decreto 436/2004 es relativamente suave si lo comparamos con el que en su día emitió al respecto la Comisión Nacional de Energía, CNE, o con las posturas que el sector de las energías en régimen especial, especialmente el eólico, ha mantenido desde el principio.

Aun siendo mucho más liviano que el sector eólico o que la misma CNE, el dictamen del Consejo de Estado no deja de ser crítico con la actuación de la Secretaría General de Energía, y lo que es más importante, hace una serie de observaciones que instan al Ministerio de Industria a seguir las recomendaciones que le hace la CNE al respecto.

Por un lado, el texto minimiza el impacto de la seguridad jurídica, un problema al que aluden constantemente las patronales del sector y que ha complicado especialmente la toma de una decisión por parte de la CNE. El dictamen afirma, efectivamente, que el proyecto del nuevo marco normativo del Régimen Especial no vulnera el principio de seguridad jurídica. Y sin embargo recrimina a Industria que ese proyecto no incorpore un informe sobre el impacto económico de la nueva norma. “No cabe desconocer la significación que en materia de política económica tienen las observaciones desfavorables para el proyecto que se contienen en el informe de la CNE”, apunta.

Otra de las críticas del Consejo de Estado hacia el Ministerio de Industria en su preparación del proyecto se basa en el hecho de que no se hayan incluido en el proceso los informes de los ministerios de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente, “dada la importancia del proyecto en lo que hace a la política económica y la relevancia que para el medio ambiente tiene el fomento de la utilización de las energías renovables”.

En el texto se hace también referencia al informe de la CNE, por cuanto éste considera “discriminatoria, y posiblemente contraria a la ley, la exclusión de la retribución de la garantía de potencia de la energía no gestionable”. Explica que, en la Ley del Sector Eléctrico, se ordena “retribuir la garantía de potencia que cada unidad de producción preste efectivamente al sistema”, y añade que “es necesario advertir que la legalidad de la disposición adicional segunda del proyecto depende de la firmeza con la que se pueda sostener que las unidades de producción de energía primaria no gestionable no prestan ninguna garantía de potencia al sistema”.

El Consejo de estado emplaza, en suma, a la Secretaría General de Energía, a que negocie con las eólicas aquellos puntos que resultan especialmente conflictivos, como el régimen de las primas y su retroactividad o la eliminación de la garantía de potencia.

Con todo, el texto final emitido por el Consejo de Estado no es todo lo beligerante que algunos desearían y, por otra parte, es comprensible que no sea tan exigente como la propia Comisión Nacional de Energía.

Y ello por dos cuestiones, principalmente. En primer lugar, el Consejo de Estado no tiene medios para hacer estudios de estas características, ya que no cuenta con los especialistas necesarios en materia de regulación eléctrica en régimen especial, que puedan avalar un correcto diseño del marco regulatorio que hace falta.

Por otro lado, y quizá más importante, el Consejo de Estado no cuenta con más datos que aquellos con los que ha trabajado el Ministerio. Recordemos que Industria se ha basado en las cifras de un solo trimestre para calcular la rentabilidad de los parques eólicos. Esto supone un error, por la estrechez del margen, si tenemos en cuenta que la duración de un parque eólico ronda los 15 a 20 años. Y un doble error si además ese cálculo tan estrecho se hace en un momento de máximos de rentabilidad, lo que distorsiona, por extrapolación, el cálculo de la rentabilidad media de los parques. Desde aquel máximo en que Industria tomó su referencia, los precios del pool no han vuelto a alcanzar esas cotas.

Por tanto, puede decirse que la imagen que ha llegado al Consejo de Estado sobre la rentabilidad de los parques eólicos no se corresponde fielmente con la realidad y, en este sentido, el dictamen emitido por este organismo era un resultado esperable.

Está previsto que el Consejo de Estado emita hoy su resolución sobre la reforma del Real Decreto 436/2004, después de que el jueves pasado se aplazara este dictamen porque el Consejo consideró que el examen del borrador de Industria es un trabajo demasiado complejo como para tramitarlo de urgencia, tal como había solicitado el Ministerio de Industria.

El efecto práctico de este retraso es que la tramitación de la polémica reforma del Real Decreto 436/2004 se está alargando y coincidirá en el tiempo con las elecciones autonómicas, una situación no deseada por el Gobierno. Sin embargo, según fuentes cercanas a la negociación, se percibe cierta «prisa» en sacar adelante una regulación muy compleja, muy controvertida, y que requiere ser examinada con lupa.

El sector eléctrico más afectado por la reforma que ahora se está planteando es el eólico. Las patronales del sector llevan muchos meses mostrando su preocupación por la implantación de un sistema que acabará, dicen, con la seguridad jurídica, pues no sólo recorta las primas, sino que no establece un panorama regulatorio estable que pueda proporcionar seguridad a los inversores.

Si bien hace unas semanas, las patronales se reunieron con el secretario general de Energía, Ignasi Nieto, y de aquellas reuniones salieron acuerdos, las empresas del sector acusan ahora a Nieto de no estar respetando lo acordado. Los puntos de fricción siguen siendo los mismos, y el secretario general de Energía no parece estar dispuesto a ceder en ellos.