El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio remitió a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) una propuesta de Orden en la que plantea congelar las tarifas eléctricas, tanto las domésticas como las industriales, en el último trimestre del año, informó ese departamento ministerial.

Las tarifas domésticas se mantuvieron sin cambios en la revisión del pasado 1 de julio, aunque el resto experimentó un incremento medio del 1,7 por ciento.

En la anterior revisión, Industria había propuesto una subida media del 1,81 por ciento para los consumidores domésticos, pero el Consejo de Ministros decidió finalmente no aplicarla.

La propuesta de Orden enviada a la CNE, que debe entrar en vigor el 1 de octubre, incluye una memoria económica y apuesta por la desaparición progresiva del déficit tarifario de forma que afecte lo menos posible a los consumidores.

Industria pide a la CNE que eleve al Ministerio una previsión del déficit tarifario para todo el ejercicio 2007 ante la posibilidad de que sea superior a la cifra prevista hasta ahora, que asciende a 1.500 millones de euros.

Según Industria, esta estrategia es coherente con los crecientes recursos destinados a financiar medidas de ahorro energético y con la política de instalar contadores electrónicos, que discriminan la electricidad consumida por periodos. La propuesta incluye también una modificación de los periodos horarios para adecuarlos a los cambios experimentados en la demanda durante los últimos años.

Entre los cambios más importantes destaca que la segunda quincena del mes de junio y el mes de julio pasan a considerarse periodos de temporada alta (antes eran periodos de temporada baja y media respectivamente), mientras que noviembre pasa a ser periodo de temporada media (antes temporada alta).

El texto modifica el sistema de pagos por garantía de potencia para resolver las deficiencias actuales y evitar problemas de suministro a medio y largo plazo.

Industria pretende ligar la evolución de los incentivos a la inversión (disponibilidad a largo plazo) con un índice de cobertura que aproxime la necesidad de potencia en cada horizonte temporal. Se pretende también que en la definición de la disponibilidad a medio plazo se discriminen temporalmente los periodos en los que será exigible.

Según Industria, las modificaciones propuestas imponen condiciones más exigentes a las empresas y permiten una optimización de los recursos financieros dedicados a este fin.

La memoria económica contempla una reducción de los cobros por parte de las compañías eléctricas desde los 1.200 millones de euros de 2006 a unos 300 millones para el servicio de capacidad a largo plazo.

Las asociaciones de consumidores aplauden la propuesta de congelar las tarifas eléctricas

Las asociaciones de consumidores ven con buenos ojos la intención anunciada por el Ministerio de Industria de congelar las tarifas eléctricas en el último cuatrimestre de 2007 para que desaparezca el déficit tarifario y se eviten posibles interrupciones del suministro eléctrico.

La Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), según dijo su portavoz, Antonio López, aplaude esta iniciativa, «muy positiva», y espera «que dure en el tiempo» porque «la amenaza de inflación es muy alta».

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que esta medida es «coherente» con el discurso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su portavoz, Rubén Sánchez, dijo que «las tarifas ya han subido lo suficiente este año», por lo que sería «inaceptable» un nuevo incremento.

«A los consumidores domésticos no se les debe tocar la tarifa, independientemente de la potencia que tengan contratada, aunque sí creemos que habría que aumentar la de las grandes industrias, que son parásitos de la tarifa regulada», añadió.

El pasado 20 de julio, el Gobierno celebró un Consejo de Ministros monográfico dedicado al cambio climático, en el que se aprobó un conjunto de casi 100 medidas urgentes, de las 190 que tiene previstas el Gobierno, para hacer frente al problema y cumplir con los compromisos que España tiene en materia de reducción de emisiones contaminantes.

Una de las medidas que se aprobaron ese día está encaminada a facilitar la construcción de instalaciones de generación de energía eléctrica en el mar, especialmente parques eólicos. Se trata de un Real Decreto que regula los procedimientos para la obtención de las autorizaciones y concesiones administrativas necesarias destinadas a la construcción y ampliación de este tipo de instalaciones.

El texto pretende recoger toda la normativa nacional que resulta de aplicación, para integrarla en un solo procedimiento administrativo que posibilite unos trámites de autorización racionales y ágiles.

Pero, a 30 de julio, han pasado 10 días desde su aprobación en el Consejo de Ministros, y ese Real Decreto no aparece por ningún sitio. El BOE, que es la base de toda la normativa publicada, no lo refleja. El problema es que esa medida se engloba dentro de las «medidas urgentes», como las definió el Gobierno en su momento, y resulta contradictorio que, siendo urgente, hayan transcurrido 10 días y no haya rastro del Real Decreto.

Según fuentes del sector eólico consultadas, el Real Decreto en cuestión no ha sufrido cambios desde su remisión al Consejo de Estado, y se mantiene prácticamente igual, lo que implica que se trata de una medida «para justificar las 100 medidas que se han aprobado contra el cambio climático». Sin embargo, en opinión de estas fuentes, es posible que los parques eólicos marinos no tengan desarrollo hasta dentro de una década, y por tanto, el contenido de este Real Decreto no busca ser ni exhaustivo ni muy efectivo. Se trata de una medida «estética».

Esa son las conclusiones y propuestas que este consejero, que se mostró contrario en la reunión del Consejo de Administración, realiza en el voto particular, al proyecto de Orden Ministerial que regula los servicios de gestión de la demanda, la nueva normativa aplicable a los grandes consumidores, que venía a sustituir y a superar el conflicto existente con la Unión Europea en este ámbito.

Albentosa que admite la conveniencia y la necesidad de promulgar una orden con el objetivo señalado por el Ministerio de Industria, “discrepa profundamente del proyecto remitido por el citado Ministerio y, aún más, de la redacción aprobada por la mayoría del Consejo de Administración”, según se recoge en su voto particular.

La primera denuncia de este consejero señala es que un proyecto de orden ministerial que no se acompaña de la necesaria Memoria Económica e información suficiente información suficiente sobre los efectos positivos que para el sector eléctrico tiene ni sobre los costes en que incurren los consumidores que prestan los servicios de gestión de la demanda, ni del método de cálculo para determinar el coste de los servicios prestados por los consumidores y la retribución (igual o diferente al coste) de tales consumidores.

Subsidios cruzados

Por otro lado, a juicio de Albentosa, la propuesta de orden ministerial realmente pretende no es más que traspasar al ámbito del mercado los actuales complementos de interrumpibilidad y de control de energía reactiva contenidos en las actuales tarifas integrales. Es decir traslada las figuras actuales al nuevo marco de desaparición previsible de las tarifas, dejando un esquema semejante en el que considera que existen subsidios cruzados entre los consumidores domésticos y los industriales acogidos a alguna de las modalidades actuales de tarifa industrial.

Cinco son los motivos en los que basa su afirmación, que sería tanto como señalar que persiste el modelo actual con las adaptaciones que se derivan de la desaparición de las tarifas integrales. En primer lugar, el proyecto de orden ministerial se circunscribe al ámbito de los consumidores a tarifa que le es aplicable ambos complementos actualmente (consumidores conectados en alta tensión con potencia ofertada de al menos 5 MW). En segundo lugar, se mantiene la misma estructura tarifaria de retribución de los servicios, con unas formulaciones similares a las incorporadas en las tarifas actuales (porcentajes de descuento de la factura total), sin que la retribución corresponda a mecanismos de mercado. En tercer lugar, el servicio de interrumpibilidad para proveer el suministro de una reserva de potencia adicional está justificado en la parte referente a la garantía del suministro a largo plazo, pero no lo está en la parte de servicio de ajuste o de regulación, ya que no se le da a la interrumpibilidad la oportunidad de participar en los mecanismos de competencia existentes. En cuarto lugar, el complemento por interrumpibilidad es constante y muy superior (140 euros por kW) a su equivalente derivado de la retribución por garantía de potencia (21 euros por kW). En quinto lugar, las formulaciones propuestas incrementan de forma importante los actuales costes, que en definitiva son soportados por el consumidor de electricidad. De acuerdo con la valoración efectuada por la propia Dirección de Regulación y Competencia de la CNE, en las nuevas modalidades A y B de interrumpibilidad, se producen unos incrementos de coste del 7,3 y del 32,1 por ciento, respectivamente.

Por último, Albentosa considera que las modificaciones propuestas por la propia Dirección de Regulación y Competencia de la CNE, reducen el colectivo de consumidores susceptibles de ofrecer el servicio de interrumpibilidad, de forma que los que se benefician de la supuesta prestación del servicio de interrumpibilidad sean sólo unos pocos consumidores empresariales, encareciendo el servicio el servicio, dado que no existen que unos mecanismos competitivos abaraten su provisión.

Extender a más clientes y traspasar los servicios al mercado

Luis Albentosa aboga también en su voto particular por que el servicio de interrumpibilidad debería ampliarse no sólo a los suministros en alta tensión sino a los que se encuentran en baja tensión, cuando cumplan los requisitos establecidos para ello y a los sistemas extrapeninsulares, que es donde más profusamente se precisa este servicio.

Asimismo, el consejero propone un mecanismo de mercado en competencia con la generación, como lo servicios de regulación o de resolución de restricciones zonales, y que se base en una retribución fija y variable combinada. Así, existiría una retribución básica fija semejante a la retribución por garantía de potencia. Y, por otra parte, se completaría con un componente variable se percibiese en función de la potencia realmente ofrecida con elevada probabilidad de ser interrumpida, o en función de las interrupciones realmente ejecutadas; como el de los servicios de regulación, o de resolución de restricciones zonales.