El Tribunal Constitucional anula la ley que prohíbe el fracking en Cataluña pero la Generalitat garantiza que se impedirá

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Europa Press / Servimedia.- El Gobierno autonómico catalán «garantiza» que en Cataluña no se utilizará la técnica de la fractura hidráulica (fracking) en el aprovechamiento de los hidrocarburos, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la ley autonómica catalana que prohíbe esta práctica en los yacimientos de hidrocarburos, al entender que invade competencias del Estado. El Constitucional estima parcialmente un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra la ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña de 2014.

El Constitucional concluye que la autorización de la fractura hidráulica, con sujección a requisitos técnicos y a la previa declaración de su impacto medioambiental, son requisitos que establece el Estado, tanto por sus competencias en planificación económica como de régimen minero y energético, así como de protección del medioambiente, tal y como el Tribunal relató en anteriores sentencias relativas a otras comunidades. Según la legislación estatal, el fracking debe usarse siempre que el proyecto cumpla determinados requisitos técnicos y medioambientales, mientras que la ley catalana lo prohibía «con carácter absoluto en el territorio catalán siempre que su utilización concierna cualquier ámbito competencial de la Generalitat».

Por tanto, la «prohibición absoluta e incondicionada de la técnica de la fractura hidráulica en todo el territorio» de las otras comunidades autónomas fue declarada contraria «de manera radical e insalvable» a lo que puedan disponer las leyes estatales. Asimismo, el pleno señaló que las competencias autonómicas sobre ordenación del territorio y medioambiente no justifican la prohibición del fracking, al no poder prevalecer sobre la competencia exclusiva del Estado en materia de régimen minero energético y de ordenación general de la economía. En el caso de la norma catalana impugnada, la sentencia señala que ni desarrolla ni complementa la legislación estatal, sino que la «reformula bajo una perspectiva radicalmente distinta».

Cataluña reacciona: “no habrá fracking”

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo catalán, Neus Munté, garantiza» que en Cataluña no se utilizará la técnica de la fractura hidráulica ya que, para tomar esta decisión, el Gobierno de Cataluña se ampara en un «mandato» del Parlamento catalán del 1 de octubre de 2014, que aprobó las conclusiones de una comisión de estudio que desaconsejaba utilizar el fracking. Munté también ha defendido que un informe elaborado por un equipo interdepartamental de la Generalitat consideró «poco recomendable» impulsar iniciativas de fracking en Cataluña, atendiendo a que «la escasez del recurso que se podría obtener no justifica su impacto ambiental ni los elevados costes que puede suponer su mitigación».

Munté ha evitado hablar de desobediencia al Tribunal Constitucional, y ha explicado que la Generalitat tiene capacidades dentro de la ley para «sortear» las sentencias del alto tribunal y, en este caso, conseguir que no haya fracking en la comunidad catalana. La portavoz ha expuesto que hay un conjunto de actividades que están sometidas al control de la Generalitat porque es la responsable de pronunciarse sobre su impacto ambiental, y a través de esta «salvaguarda» tiene la posibilidad de frenar el fracking en Cataluña. Así, el Gobierno autonómico catalán considera que sigue estando en su mano dejar que se utilice esta técnica en Cataluña: «El Gobierno continúa teniendo aquellas herramientas administrativas y ambientales para impedir el uso de esta técnica».

No permitirán sondeos de fracking en Valderredible (Cantabria)

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EFE.- El alcalde de Valderredible, el regionalista Fernando Fernández, ha afirmado que «no permitirá» sondeos para la extracción de gas mediante fractura hidráulica en el municipio «mientras sea alcalde».

Fernández ha lamentado que el Ministerio de Industria haya respaldado la tramitación de un nuevo «sondeo de investigación» en Valderredible, a pesar de la moción aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 29 de marzo para detener cualquier proyecto de este tipo.

Para Fernández, el respaldo de Industria solo puede obedecer a la «desidia» y «falta de escrúpulos» del ex-ministro José Manuel Soria.

Por ello, ha insistido en que «mientras sea alcalde» de Valderredible, no permitirá esta técnica porque «tendría consecuencias nefastas». Y ha advertido de las «gravísimas consecuencias ambientales» que puede suponer la utilización del facking en el municipio donde se asienta el pantano del Ebro, «que abastece de agua a una de las cuencas más pobladas de España», y cuyo patrimonio ambiental constituye «una de las más importantes riquezas naturales de Cantabria».

Fernández ha recordado que, tanto como alcalde como parlamentario, ha impulsado diversas iniciativas para «erradicar» el fracking de Cantabria.

«No podemos esperar. Nuestros ciudadanos nos demandan soluciones y debemos dárselas», ha subrayado y ha insistido en que los diputados cántabros «modifiquen» el texto porque, en su opinión, «solo por Ley podemos acabar con el fracking».

No obstante, Fernández ha adelantado que convocará un pleno extraordinario el próximo viernes 22 para «adoptar las medidas oportunas y mostrar, una vez más, el rechazo de Valderredible al fracking».

El PSOE vasco pregunta al Ejecutivo autonómico qué ha hecho para defender la ley del fracking ante el Gobierno central

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EFE.- El PSOE pidió al Gobierno del País Vasco que dé todas las explicaciones sobre las actuaciones que ha desarrollado para defender la ley vasca contra la fracturación hidráulica, también conocida como fracking, y sobre las alegaciones que elevará ante el Tribunal Constitucional para impedir la suspensión de la norma ante el recurso del Gobierno central.

La parlamentaria socialista Natalia Rojo recuerda que, a pesar de que el Gobierno de España ha venido recurriendo sistemáticamente normas de otras comunidades en el mismo sentido, «en el caso vasco se tomaron todas las cautelas y se ofreció una solución legal», al ceñirse a las competencias en materia de suelo, agua o medio ambiente, de forma que no fueran posibles técnicas extractivas con afecciones geológicas, medioambientales y socioeconómicas. La tramitación de la norma, recuerda, «contó con toda clase de objeciones e intentos de retraso por parte del PNV que, finalmente se abstuvo, aunque desde el Gobierno hubo intentos de mantener vía presupuestaria proyectos de fracking que el PSOE eliminó».

«Ahora la consejera Arantza Tapia ha protestado por el recurso del Gobierno central, pero no ha entrado a valorar los efectos de una eventual suspensión, si así lo decidiera el Tribunal Constitucional, sino que se ha quedado en la queja por el ataque competencial», explica. Rojo quiere saber «qué ha hecho el Gobierno Vasco hasta la fecha en defensa de esas competencias que invoca la consejera» y pregunta a su homóloga de Medio Ambiente, Ana Oregi, cuántas veces se ha reunido la Comisión Bilateral, qué argumentos esgrimió el Ejecutivo vasco en ese foro y qué alegaciones piensa presentar ante el Constitucional para hacer posible que la Ley mantenga su vigencia».

Fracking Ez contra el PNV

Por su parte, la plataforma Fracking Ez exigió al Gobierno vasco que, «más allá de quejarse por las injerencias de Madrid», respete el contenido de la ley vasca sobre la fractura hidráulica y exija a Hidrocarburos de Euskadi que «abandone los proyectos en los que está involucrado”, lo que sería la «mejor garantía para que no haya fracking en Euskadi, ya que en la coyuntura actual la mayor amenaza» son esos proyectos. «Simplemente pedimos coherencia al PNV, ya que acaba de votar en Madrid por primera vez a favor de una proposición no de ley para prohibir el fracking«, concluyó.

El Gobierno recurre ante el Constitucional la ley vasca sobre el fracking y País Vasco habla de “injerencia absoluta”

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EFE.- La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, tachó de «injerencia absoluta en el autogobierno» el recurso del Ejecutivo de España contra la ley vasca sobre la fractura hidráulica, aprobado por el Consejo de Ministros y que reclama la inconstitucionalidad de varios preceptos de la ley vasca de medidas de protección medioambiental para la fractura hidráulica (fracking).

La fractura hidráulica consiste en inyectar grandes volúmenes de agua y productos químicos a gran profundidad para romper la roca de pizarra que alberga gas de esquisto o petróleo. La ley vasca se aprobó en 2015 a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular avalada por más de 100.000 firmas y, en un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía el fracking de manera genérica, pero elevaba tanto los requisitos para poder desarrollar esta técnica que prácticamente la impedía. En concreto la norma vasca permite a las instituciones de Euskadi vedar el uso de la fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre la zona y sobre otras competencias relativas al aprovechamiento de hidrocarburos.

Ante un caso similar, el Tribunal Constitucional anuló las leyes de Cantabria y La Rioja que prohibían el uso de esta técnica, por lo que se entiende que esa doctrina es trasladable al caso actual. El Gobierno entiende que las competencias en materia ambiental no implican vaciar de sus competencias al Estado, sobre todo cuando la normativa estatal establece el sometimiento de estos proyectos a la declaración de impacto ambiental.

Considera además que la legislación vasca viola la normativa estatal sobre régimen minero y energético, y el principio de seguridad jurídica al equiparar los permisos, tanto a los ya concedidos o en tramitación, como a las solicitudes que se formulen a partir de la entrada en vigor de la norma. Por último, el Gobierno considera que la norma vasca incluye en su ámbito los hidratos de metano enterrados en el mar (una nueve fuente de energía), una competencia que, según el Constitucional, no es autonómica a no ser que lo prevea su Estatuto de Autonomía o lo exija la naturaleza de la competencia a ejercer.

Gobierno autonómico vasco: «injerencia absoluta»

Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, señaló que este recurso es una «mala no, malísima noticia» porque supone que el Gobierno «no reconoce las capacidades y competencias» que el Estatuto de Gernika otorga al Ejecutivo autonómico. Por tanto, añadió Tapia, recurrir ante el Constitucional la ley vasca sobre el fracking «injiere directamente» en las decisiones de las instituciones de Euskadi. La consejera adelantó que el Gobierno vasco analizará cómo puede hacer frente a este recurso cuando conozca con detalle los argumentos en los que se basa.

Plataforma antifracking critica al Gobierno

Asimismo, la plataforma Franking Ez recordó que la norma vasca es una ILP y por tanto «el resultado de la opinión de una mayoría social» que se «movilizó» contra esta técnica. «En ese sentido, el recurso no se puede enmarcar en una simple maniobra jurídica, sino que es un ataque y una vulneración de la soberanía popular», señaló la plataforma, que criticó el «sinsentido» que supone que un Gobierno haya recurrido la norma, cuando este mismo partido respaldó la ley en el Parlamento Vasco. Fracking Ez denunció además «la más que posible complicidad del Gobierno vasco en este recurso» y pidió al Ejecutivo de Urkullu que»desista, a través de Shesa, de los permisos» que tiene relacionados con la fractura hidráulica.

La Fundación Renovables celebra la petición del Congreso de prohibir el fracking y pide el cierre de nucleares y carbón

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Europa Press.- La Fundación Renovables aplaudió la iniciativa parlamentaria aprobada por el Congreso, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, por la que insta al Gobierno a prohibir la técnica de la fracturación hidráulica, el fracking, uno de los procedimientos de extracción de combustibles fósiles que considera de las «más peligrosas».

Asimismo, la Fundación Renovables insta a los grupos parlamentarios a «dar urgentemente nuevos pasos» para acordar el cierre «de forma progresiva pero urgente» de centrales de carbón y nucleares, según indicó el presidente de la entidad, Domingo Jiménez Beltrán. Para la Fundación Renovables, las centrales nucleares son «insostenibles» y «muy peligrosas» y considera que este cierre debe producirse en el momento en que finalice la licencia de operación de la que disponen en la actualidad; la última expira en 2024.

En cuanto a las térmicas de carbón, considera que debería concretarse un plan de cierre progresivo en 2016, y que en todo caso se debería producir antes de 2025, para alcanzar así un escenario energético eficiente y 100% renovable en 2050. Además del cierre de las centrales de carbón y nucleares, la Fundación Renovables también pide el fin del uso de todos los combustibles fósiles y el abandono de la minería, que debe ir acompañado de planes de «transición justa», tal y como expone la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Negativas consecuencias medioambientales” del fracking

Con respecto al gas, la Fundación Renovables reitera su utilización exclusivamente en el periodo transitorio hacia un escenario 100% basado en energías renovables, «con un cometido de favorecer la gestionabilidad del sistema en ese lapso de tiempo y nunca con la consideración de combustible directo«. Con respecto al fracking, la Fundación también insta al Congreso a prohibir la importación de gas natural procedente de esta técnica, ya que, según la entidad, las emisiones de metano lo hacen equivalente a apostar por el carbón. Además, considera un «completo sinsentido» que se permitan nuevas prospecciones para extracción de combustibles fósiles, así como la explotación de yacimientos, por las «negativas consecuencias» medioambientales que producen las energías no renovables.

Según recuerda la Fundación, el fracking es una técnica de fracturación hidráulica que consiste en romper la roca del subsuelo de esquisto y liberar el gas y el petróleo en ellas retenido. Este proceso implica la producción de enormes cantidades de aguas residuales, fuertemente cargadas de productos químicos tóxicos, de las que la industria se deshace mediante su inyección subterránea. “Esto ha provocado el incremento de la sismicidad inducida en los terrenos donde se practica el fracking, un hecho reconocido por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)”, concluye.

Equo reclama en el Congreso una ley que prohíba el fracking por los «daños» que esta técnica causa

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Europa Press.- Los diputados de Equo en el Congreso, Rosa Martínez y Jorge Luis Bail, adscritos al grupo parlamentario de Podemos, registraron una iniciativa para exigir al futuro Gobierno una ley que prohíba la fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos, el llamado fracking, en toda España apelando al principio de precaución por los «daños» que esta técnica causa.

Martínez recuerda que la «peligrosidad para la salud y el medio ambiente» del fracking ha motivado un gran «rechazo social», y defiende la necesidad de comenzar un cambio de modelo energético desvinculándose de las energías fósiles. «Apostemos por el sol y el viento para transformar el modelo energético y luchar contra el cambio climático», añade la diputada de Equo. «El fracking se ha demostrado económica, social y ambientalmente inviable, es una técnica que promueve un modelo de negocio especulativo. Lo que tenemos que trabajar es por un futuro energético basado en renovables«, coincide Jorge Luis.

Por último, ambos diputados recuerdan que la principal causa de rechazo de Equo al acuerdo de gobierno suscrito entre el PSOE y Ciudadanos es que plantea una moratoria para el fracking en lugar de apostar por su prohibición. Sin embargo, los socialistas tienen registradas en el Congreso dos iniciativas para paralizar los proyectos autorizados en Burgos y Cantabria y promover la prohibición del fracking en todo el país. ERC también ha presentado una proposición no de ley del mismo tenor.

Revilla pide que se respete la oposición de Cantabria al fracking ante el archivo del permiso Luena

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EFE.- La Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria avanzó que el Ministerio de Medio Ambiente archivó el procedimiento de evaluación ambiental del sondeo de fracking Luena profundo 1, que se ubica en los valles pasiegos. Al respecto, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, destacó que en esta región «no se va a tolerar el fracking nunca» y aseveró que «se debe respetar la voluntad popular» que, con un acuerdo parlamentario unánime, mostró su oposición a esta técnica.

Según el jefe del Gobierno autonómico, a quien le «parece muy bien» el archivo del procedimiento de evaluación ambiental de Luena profundo 1, «hay que ser respetuoso con la voluntad popular». «Hay que respetar la voluntad unánime. El 100% de los cántabros, reflejado en los 35 parlamentarios de antes y 39 de ahora, hemos dicho no al fracking«, apostilló el presidente. Revilla confía en que se sigan archivando o se anulen el resto de expedientes de fractura hidráulica en Cantabria.

Archivado el permiso de fracking

Una reacción que se produce después de que la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria anunciara que el Ministerio de Medio Ambiente ha archivado el procedimiento de evaluación ambiental del sondeo de fracking Luena profundo 1, que se ubica en las cabeceras del río Pas. El colectivo explicó que este archivo se debe a que la compañía Repsol, que había solicitado este permiso, no ha entregado el estudio de impacto ambiental, lo que, a juicio de la Asamblea, «parece indicar» que, de momento, no tiene intención de seguir adelante.

El Luena profundo 1, según la Asamblea, se enmarca en el permiso Luena que sigue «vigente» y, al respecto, señaló que el año pasado se anuló el sondeo estratigráfico y que «no hay noticias» de la campaña sísmica. Asimismo, Repsol podría volver a solicitar permiso para el pozo de fracking ahora archivado y, con la nueva legislación ambiental, el nuevo trámite se reduciría a sólo 6 meses antes de perforar. Por ello, la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria asegura que la «única» manera de evitar «estas trampas administrativas» es anular el permiso de fracking y declarar su extinción.

También se ha referido a otros de los «grandes» permisos de fracking en Cantabria, el PI Bezana-Bigüenzo, en el que, según señala el colectivo, también han vencido los plazos, y a los sondeos estratigráficos previstos en Valdeprado del Río, sobre los que el Ministerio de Industria ha concedido una prórroga a la empresa concesionaria. La Asamblea subrayó su intención de seguir trabajando hasta la anulación definitiva de los permisos para realizar fracking en Cantabria y la prohibición de la técnica.

El PSOE reclama paralizar los proyectos de fracking en Cantabria y Burgos y prohibirlos en todo el país

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Europa Press / EFE.- El PSOE registró en el Congreso de los Diputados 2 proposiciones no de ley para instar al Gobierno a que paralice los proyectos de prospecciones por fractura hidráulica, el llamado fracking, autorizados en la provincia de Burgos y en Cantabria, y que promueva una modificación legislativa para prohibir el uso de esta técnica en todo el país.

Los textos, que serán debatidos en las comisiones parlamentarias de Industria y de Agricultura y Medio Ambiente, se hacen eco de la «alarma social» que estos proyectos han despertado en las zonas afectadas y cumple con el compromiso electoral del PSOE de favorecer un «modelo energético diferente» que se base en la eficiencia y las renovables, según la portavoz parlamentaria de Energía del PSOE, Pilar Lucio. Así, la propuesta relativa a los proyectos en Burgos apela al «rechazo claramente mayoritario» que a juicio del PSOE han suscitado para reclamar «como mínimo» una reflexión previa a cualquier decisión, ya que los beneficios económicos «nunca demostrados» repercutirían únicamente en las empresas mientras los efectos medioambientales «adversos, ya detectados», recaerían en el territorio.

Por ello, se exige al Ejecutivo que «suspenda cautelarmente» los permisos concedidos en la provincia, que impulse modificaciones legislativas para paralizar otros proyectos de este tipo, y que paralice y prohíba en todo el país cualquier proyecto o permiso relacionado con el fracking, incluidos los de investigación. La diputada burgalesa Esther Peña señaló que espera que esta iniciativa sea la «definitiva» para terminar con la fractura hidráulica en todo el país, y ha exigido al PP que deje de «titubear» y de «hacer el paripé» de votar en contra de esta técnica en unas instituciones y fomentarla después desde el Gobierno central. «Éste es el momento para que se retraten de manera real», ha añadido.

Ander Gil, senador socialista por Burgos, también subrayó que los proyectos que ya están autorizados en su provincia son «la punta de lanza de la industria del fracking para promover otras prospecciones» en otras regiones, por lo que si su propuesta sale adelante sentaría un «precedente necesario y muy importante para pararlos», tal y como ya han hecho otros países «también dependientes energéticamente» como Francia o Polonia. Además, ha subrayado que este tipo de prospecciones suponen una «amenaza» para zonas donde la economía y el empleo dependen de forma muy importante de sectores como la ganadería o el turismo rural.

Por su parte, la iniciativa parlamentaria que se debatirá en la Comisión de Agricultura parte de la declaración institucional que todos los partidos, incluido el PP, respaldaron la pasada legislatura en Cantabria oponiéndose a esta técnica y reclamando medidas para convertir a la región en «territorio libre de fracking«. «Hay otras técnicas, vamos a luchar por las energías limpias, que en Cantabria tiene mucho futuro porque tenemos viento y mar, y también sol. Hay mucha alarma social porque son territorios de pura naturaleza y están muy preocupados porque se van a destrozar», explicó la diputada cántabra Puerto Gallego, recordando que los dos proyectos de investigación que hay en su región ya han recibido incluso el visto bueno del Tribunal Supremo.

Así, su proposición no de ley insta al Ejecutivo a «asumir y aceptar» el acuerdo aprobado por el Gobierno de Cantabria la pasada legislatura, cuando estaba presidido por Ignacio Diego (PP); y a colaborar y apoyar el I+D de energías alternativas y limpias en la región. Igualmente, piden al Gobierno que paralice la actividad de este tipo de proyectos, suspenda autorizaciones y prohíba nuevas actividades «en tanto no se disponga de informes concluyentes que descarten la existencia de daños ambientales irreparables ligados a esta actividad».

Los socialistas pretenden que estas dos propuestas sean sólo el primer paso para una reforma de la Ley de Hidrocarburos que prohíba de forma definitiva el fracking en toda España. Según Lucio, que también es secretaria general de Cambio Climático del PSOE, la voluntad de su formación es «iniciar el camino» en los primeros 100 días de Gobierno. En este sentido, cree que sus iniciativas contarán con el respaldo de otras formaciones políticas, con las que ha constatado una gran coincidencia en el modelo energético por el que abogan. De hecho, señala que «dos tercios» del Parlamento se pondrían de acuerdo en este tipo de iniciativas, como ya hicieron con la petición de no reabrir la central nuclear de Garoña.

Actualmente, hay previstos dos proyectos en Burgos, en fase de alegación, y tres en Cantabria, con los permisos de investigación ya concedidos puesto que son dos de las regiones que potencialmente tienen más recursos de gas no convencional. La Ley de Hidrocarburos impulsada por el PP, que entró en vigor en mayo de 2015, prevé incentivos económicos para los municipios donde se desarrolle la extracción de gas no convencional mediante la rotura de las rocas del subsuelo. «Existe la voluntad política de acabar con el fracking, con las prospecciones petrolíferas y hay una apuesta por desarrollar el autoconsumo» de energía, en el marco de un nuevo modelo energético basado en las energías limpias, concluyó Lucio.

Más de 1.250 organizaciones de 64 países piden a los líderes políticos mundiales, incluido Rajoy, que rechacen el fracking

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Europa Press / Servimedia.- Más de 1.250 organizaciones civiles y plataformas ciudadanas de 64 países firmaron una carta dirigida a los líderes mundiales, entre ellos al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que rechacen el fracking y apoyen su prohibición y lo expresen en acuerdos internacionales, como el que se negociará en la Cumbre del Clima de París. Entre estas organizaciones, figura Ecologistas en Acción, que señala que 74 organizaciones y plataformas le han hecho llegar la petición a Rajoy para que prohíba el fracking.

Además de rechazar la técnica de fractura hidráulica o fracking para la extracción de gas natural o petróleo de yacimientos no convencionales en España, los firmantes piden que se alcance un compromiso para dejar la mayor parte de los combustibles fósiles en el subsuelo y posibilitar así una transición hacia un futuro con energía 100% renovable, necesaria para combatir el calentamiento global en la próxima cumbre mundial sobre el clima, que se celebrará en París (Francia) del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Las organizaciones del Global Frackdown, movimiento internacional celebrado desde 2012, esperan que así se logre resaltar el creciente movimiento «contra esta peligrosa técnica y crear presión sobre los líderes nacionales para que se opongan a ella».

Las organizaciones españolas señalaron que, mientras Escocia, Francia y Bulgaria prohibieron el fracking o han establecido moratorias por los riesgos que conlleva esta técnica, el Gobierno de Rajoy ha impulsado «numerosos proyectos de extracción de gas mediante fractura hidráulica repartidos por buena parte de la geografía española».  «Estos proyectos han generado la creación de decenas de plataformas ciudadanas antifracking, con fuertes movilizaciones que se oponen a esta técnica, e incluso el desarrollo de legislación autonómica para frenarla en varias comunidades autónomas», destacaron. En septiembre, todos los partidos políticos con representación en el Congreso, a excepción de PP, CiU, PNV y UPyD, así como otras formaciones que no tenían representación parlamentaria, ratificaron su compromiso para la prohibición del fracking en España.

Entre las organizaciones firmantes hay entidades ambientales como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace, y formaciones políticas como Equo e ICV. En este contexto, aseguran que las movilizaciones sociales de los últimos años demuestran que la ciudadanía «rechaza esta técnica debido a los riesgos que conlleva, tales como afecciones a la salud, contaminación de acuíferos, emisiones de gases de efecto invernadero, elevado consumo de agua, aumento del riesgo de seísmos o impacto paisajístico, entre otros». En definitiva, las organizaciones firmantes esperan que el presidente Rajoy tenga en cuenta esa «gran oposición» ciudadana y que el Gobierno frene de una vez los proyectos de fracking en España y abra paso a las energías renovables.

También a Juan Vicente Herrera

Por otro lado, Ecologistas en Acción de Castilla y León también envío esta carta al presidente de la comunidad autónoma, Juan Vicente Herrera, para pedir la paralización de la fractura hidráulica. Ecologistas en Acción incidió en que los impactos negativos del fracking incluyen contaminación del aire, con grandes emisiones de metano, gas con 21 veces más potencial de calentamiento global que el CO2, y agua, problemas en la salud pública, terremotos, además de ir en detrimento del cambio «urgente e inevitable» hacia las energías renovables.

La organización añadió que en Castilla y León, la provincia de Burgos es en la que los permisos de fractura hidráulica están más avanzados de toda España y, tras rechazar en tres ocasiones las mociones de oposición en terreno burgalés, acabaron por presentar alegaciones en contra de los pozos proyectados por BNK y por aprobar una moción en contra de esta técnica a la espera de nuevas informaciones que certifiquen que su puesta en marcha sería segura para la salud y el medio ambiente. Además, el permiso Gran Enara, que agrupa varios permisos de investigación que afectan a País Vasco, Castilla y León, Navarra y Cantabria, fue ampliado por el Ministerio de Industria hasta 2017.

Finalmente, Ecologistas en Acción denunció que «la industria del petróleo y el gas haya gastado millones de dólares en campañas de relaciones públicas para poder extraer combustibles sin la suficiente supervisión gubernamental». Sin embargo, han asegurado la opinión pública en oposición al fracking continúa creciendo. «Mientras que la industria trabaja intensamente para proteger sus ganancias y extinguir la demanda mundial de combustibles limpios y renovables, hay un enorme movimiento en marcha en todo el mundo para proteger nuestros recursos globales del fracking«, ha aseverado Ecologistas.

Una veintena de partidos se reafirma en que prohibirán el fracking en sus programas electorales

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Redacción / Agencias.- Más de una veintena de partidos ratificó en el Congreso su compromiso de vetar en sus próximos programas electorales la técnica de la fractura hidráulica y prohibirla en el Estado, a excepción de PP, PNV, UPyD y CiU. Entre las formaciones que lo prohibirán, algunas sin representación parlamentaria, figuran Podemos, Ciudadanos, PSOE, Izquierda Plural, Coalición Canaria, Equo, Amaiur, CHA, el Partido Animalista (Pacma), Los Verdes y Esquerra Republicana. De igual modo, plataformas y colectivos reactivan la iniciativa Stopfracking 2015 para impedir esta técnica en España.

A tres meses de las elecciones generales, estos partidos y unos 200 grupos y asociaciones sociales y medioambientales contrarias al fracking renovaron el Compromiso para la prohibición de la fractura hidráulica en el Estado español, que firmaron en 2014. La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, indicó que su partido no varió «un ápice» su postura sobre este tema y las prospecciones petrolíferas. Por contra, «estamos a favor de que las renovables sean las protagonistas del modelo energético español y estamos convencidos de que la fracturación hidráulica se puede paralizar«, apuntó Lucio, que se mostró partidaria de ir reduciendo la generación nuclear y los combustibles fósiles.

El diputado de Izquierda Unida, José Luis Centella, hizo un llamamiento a «desenmascarar» a quienes se escandalizan cuando ocurren desastres naturales, en referencia al Gobierno popular, pero al mismo tiempo apoyan técnicas como el fracking, considerada a su juicio de alto riesgo. Asimismo, Juan López de Uralde (Equo) aseguró que no habrá fractura hidráulica si el próximo Gobierno cambia de signo político. Según el compromiso firmado, también paralizarán cualquier proyecto que utilice fracking de investigación o explotación de hidrocarburos no convencionales autorizados. El fracking consiste en inyectar grandes volúmenes de agua y productos químicos a gran profundidad para romper la roca de pizarra que alberga gas de esquisto o petróleo.

En el documento firmado advierten de la «creciente preocupación» de los ciudadanos por la proliferación de este tipo de proyectos y los «riesgos» asociados a los mismos, como la contaminación de acuíferos y atmosférica, la modificación paisajística o terremotos. Además, más de 200 colectivos sociales se han sumado a la iniciativa StopFracking2015 con el objetivo de paralizar el avance de la fractura hidráulica en toda España, según informó la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Esta iniciativa, impulsada por un total de 27 plataformas antifracking, ha cosechado apoyos de numerosos colectivos sociales de diferentes ámbitos.

Precisamente, los representantes de los alrededor de 200 grupos contrarios a la fractura hidráulica se manifestaron previamente ante el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para denunciar los impactos ambientales, sociales y económicos de esta técnica y exigir su inmediata prohibición así como protestar contra las concesiones ambientales que dicho Ministerio otorgó o puede otorgar a los proyectos de fractura hidráulica. Hasta la fecha, cinco comunidades autónomas, La Rioja, Navarra, Cataluña y Cantabria y Andalucía, legislaron contra el fracking, si bien el Constitucional ya anuló las normas cántabra y riojana.

Reactivan la iniciativa Stopfracking 2015

Según el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, el Gobierno debería tener una actitud «mucho más crítica» con respecto a esta técnica, ya que sólo la ha facilitado. Por ello, desde Stopfracking 2015 han buscado el compromiso político de que, en el caso de que uno de esos partidos gobierne, se prohíba la técnica del fracking. La reactivación de esta iniciativa se debe a la cercanía del próximo periodo electoral y persigue que esos partidos firmantes del acuerdo, que según el coordinador de la ONG son «prácticamente toda la oposición», reflejen su compromiso en sus propios programas electorales.

Ante los políticos intervinieron los representantes de cada plataforma contra el fracking, entre ellas, Merindades de Burgos, donde están más avanzados los proyectos que, aunque no se han iniciado aún, empezarán a funcionar 8 pozos en 2016, según indicó Segura. También participaron las plataformas de todos los territorios donde, según Segura, hay «amenazas» de explotaciones de fracking, como las plataformas de Murcia, Cádiz, Jaén, Cantabria, Cataluña, entre otras, que expusieron sus demandas y sus motivos de oposición a esta técnica.

Asimismo, se celebró la jornada StopFracking2015, donde se analizaron aspectos relacionados con la fractura hidráulica, como la viabilidad económica de estos proyectos, los daños al medioambiente y a la salud humana, las alternativas energéticas, y las posibles vías jurídicas con el fin de paralizar esta técnica de extracción. Los denominados expertos dejaron en «entredicho» la viabilidad del fracking para el desarrollo energético del Estado, según Amigos de la Tierra. «Es necesario que la mayoría de reservas de combustibles fósiles que quedan en el subsuelo se queden ahí para siempre. Seguir extrayéndolos es incompatible con cualquier tipo de acción ambiciosa de lucha contra el cambio climático«, señaló Amigos de la Tierra.