La Comisión de Medio Ambiente del Congreso pide de nuevo al Gobierno que prohíba el fracking en toda España

Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo PP y PNV, en la que insta al Gobierno a realizar las modificaciones legislativas necesarias con «pleno respeto» a las competencias autonómicas con el fin de «prohibir el empleo de las técnicas de fractura hidráulica, también conocida como fracking, en todo el Estado, por los riesgos que supone para el medio ambiente y para las personas”.

La iniciativa fue presentada por el PSOE y logró 22 votos a favor de los socialistas, Unidos Podemos-En Comú Podem-En marea, Ciudadanos, Esquerra Republicana y el Grupo Mixto, 14 en contra (PP) y una abstención (PNV). No es la primera vez que la Cámara Baja pide al Gobierno que prohíba esta técnica, puesto que la Comisión de Industria, Energía y Turismo ya lo hizo en marzo del año pasado, entonces con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana, PNV y DiL.

Además, la proposición no de ley aprobada solicita al Ejecutivo de Mariano Rajoy que suspenda cautelarmente las prospecciones con fracking, incluso cualquier proyecto o permiso de investigación, y establezca una moratoria hasta que no se prohíba esta técnica y que incluya todos los permisos o peticiones de autorización para realizar investigaciones, prospecciones o explotaciones actualmente en trámite y las que hayan recibido la concesión pero no hayan iniciado los trabajos de fracturación hidráulica. La iniciativa también pide al Gobierno que modifique las leyes nacionales sobre sistemas eléctricos e hidrocarburos y derogue los artículos que favorezcan la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que utilicen fracking.

El portavoz del PSOE, Manuel González Ramos, defendió la proposición no de ley explicando primero que el fracking es una técnica que consiste en inyectar a alta presión fluidos compuestos por «agua, arena y aditivos químicos muy peligrosos» con el fin de fracturar las rocas y agrandar las fracturas para que los hidrocarburos que están atrapados acaben en el interior de un pozo, permitiendo así su extracción. González Ramos indicó que se trata de una técnica que «plantea graves riesgos» en lo referente a la salud pública y el medio ambiente, puesto que conlleva un riesgo de contaminación de las aguas superficiales y las subterráneas por las sustancias químicas utilizadas, así como escapes de gas metano y riesgo de seísmos.

«Permitir el fracking es perpetuar un modelo productivo dependiente de los combustibles fósiles, condenando a nuestro país a seguir siendo dependiente energéticamente», apuntó, antes de pedir a Rajoy que «sea valiente y apueste por las energías renovables«. «¿Por qué su Gobierno quiere buscar megavatios bajo tierra cuando tenemos millones de megavatios sobre ella? Alemania tiene 8 veces más energía solar fotovoltaica que España, teniendo muchas menos horas de sol. Un Ministerio que tiene en su nombre el Medio Ambiente no puede ser cómplice de este terrorismo contra el entorno», apostilló. «Los socialistas queremos preservar la salud y de su entorno», manifestó el diputado, que cree que el fracking es «una amenaza de la que protegerse».

En la comisión ha subrayado la necesidad de apostar por las energías renovables, quitar el impuesto al sol, en referencia a los peajes existentes para quienes opten por el autoconsumo con energía solar,y seguir desarrollando energías limpias. Al término de la comisión, celebró que la iniciativa haya salido adelante y confía en que el resultado será celebrado en las zonas donde hay permisos de investigación, en las que asegura que «hay mucha oposición». Entre ellos, ha destacado algunos permisos que están «en la tierra de María Dolores de Cospedal», cerca de las Lagunas de Ruidera, en Guadalajara y en Hellín, pero ha indicado que también hay permisos en País Vasco o Castilla y León.

«Esto es un éxito», ha celebrado el socialista que dice que ahora el Gobierno «hará lo que considere conveniente» pero opina que esta es una forma de decirle al Ejecutivo que no se puede «seguir por esta vía» de entretenerse en plataformas de petróleo o proyectos de fracking en vez de apostar por las energías renovables. En definitiva, con estos proyectos de combustibles fósiles España está «perdiendo una oportunidad histórica» de favorecer las renovables, especialmente la eólica y la fotovoltaica.

El PP fue el único grupo parlamentario que votó en contra. Su portavoz, Ernesto Aguiar, acusó a los socialistas de ser incoherentes porque cuando gobernaron hasta 2011 «no hicieron absolutamente nada», mientras que los populares aprobaron durante la pasada legislatura una ley que garantiza que los proyectos de fracking puedan realizarse si ofrecen «mínimas garantías». El PNV se abstuvo porque, según su portavoz, Joseba Agirretxea, la proposición no de ley incluye la «contradicción» de que pide la prohibición del fracking y «respeto» a las competencias autonómicas. «Quiero que Euskadi esté libre de fracking porque lo deciden el Parlamento Vasco o los vascos, pero no porque decidan por mí y después, además, se diga que se respetan las competencias autonómicas», arguyó.

Por otro lado, Jaume Moya (Unidos Podemos-En Comú Podem) apoyó la iniciativa del PSOE indicando que el fracking «no es más que una huida hacia delante de un modelo energético y productivo vinculado a los combustibles fósiles que nos lleva al desastre». Toni Cantó (Ciudadanos) subrayó que su partido apuesta por «otro modelo energético más sostenible más respetuoso con el medio ambiente y donde las energías renovables tengan una mayor importancia«, Toni Postius (PDeCAT) comentó que el fracking está prohibido en países de la Unión Europea como Francia, Bulgaria y Suiza, y Marta Sorlí (C-P-EUPV) comentó que esta técnica «antepone la voluntad de las multinacionales al bienestar de las personas».

González Ramos (PSOE) urge a Tejerina a prohibir el fracking en todo el país

EFE.- El diputado nacional del PSOE por Albacete, Manuel González Ramos, ha pedido a la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que se prohíba la técnica del fracking en todo el territorio nacional. González Ramos ha hecho esta petición a través de una pregunta durante la comparecencia de la ministra en la Comisión de Medio Ambiente, indicó el PSOE.

El representante albaceteño considera que la fractura hidráulica es una técnica que plantea numerosas dudas sobre el riesgo que supone para el medio ambiente y ha recordado que, en los últimos años, ha sido objeto de numerosos estudios elaborados por instituciones públicas y privadas que plantean dudas sobre la seguridad de la técnica extractiva. Entre ellos, el publicado en 2011 por el Parlamento Europeo, a instancias de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad, y otro posterior de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.

Por este motivo, apelando al principio de cautela de la Unión Europea, González Ramos urge a la ministra a la prohibición de esta práctica para la prospección de hidrocarburos. Además, González Ramos recuerda que las comunidades autónomas, dentro de su ámbito competencial, deberán elaborar una planificación estratégica sectorial para gestionar los impactos y riesgos para la salud pública y medioambiental de cualquier técnica que, de forma agresiva para el entorno, tenga por objeto la prospección, extracción o explotación de hidrocarburos, donde se incluye el fracking.

El PSOE pide al Gobierno que prohíba el fracking por sus supuestos peligros contra el medio ambiente

Europa Press.- El PSOE exige al Gobierno que realice las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el empleo de técnicas de fractura hidráulica, más conocidas como fracking, en toda España, por sus peligros contra la salud del medio ambiente y, por ende, la del ser humano.

El fracking es una técnica que, a juicio de los socialistas, plantea numerosas dudas sobre el riesgo que supone para el medio ambiente. Según explican en una proposición no de ley registrada en el Congreso, esta práctica ha sido objeto de numerosos estudios elaborados por instituciones públicas y privadas. El PSOE destaca dos estudios al respecto: el del Parlamento Europeo, llamado Repercusiones de la extracción de gas y petróleo de esquisto en el medioambiente y la salud humana; y el de la Comisión Europea, Contribución a la identificación de posibles riesgos ambientales y para la salud humana derivados de las operaciones de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica en Europa.

Según el PSOE, ambos informes ponen sobre la mesa «dudas razonables» sobre la utilización del fracking y destacan «el elevado riesgo para las personas y el medioambiente que supone esta técnica». Ante estos resultados, los socialistas piden al Ejecutivo que cambie la normativa respecto a esta materia para impedir la práctica del fracking en el país, con pleno respeto a las competencias autonómicas. Además, insta a suspender cautelarmente las prospecciones en curso o aquellas que hayan obtenido el permiso pero aún no hayan iniciado los trabajos, estableciendo una moratoria mientras no se prohíba esta técnica.

Reclama impulsar una transición energética

Por su parte, el grupo socialista en el Senado, a través de su portavoz en Industria, Ángel Mato, reclama una transición energética que procure una «transformación pragmática y gradual» del modelo y ponga fin a la pobreza energética. Mato apuesta por una política energética de largo alcance que asegure el acceso a la energía a precios asequibles y convierta el sector energético en factor de competitividad y en motor de innovación y generación de empleo. Esta transición, señala, ha de tener como objetivo reducir la dependencia de los combustibles fósiles, impulsar el autoabastecimiento, fortaleciendo la seguridad del suministro y luchar eficazmente contra el cambio climático.

El senador gallego subraya que España sigue teniendo una de las tarifas eléctricas, antes de impuestos, más altas de la Unión Europea y añade además, que la factura de la luz en los hogares españoles no ha dejado de subir en los últimos años. A su juicio, el sector eléctrico sigue adoleciendo de un grave problema estructural que tiene su efecto en unos mayores costes, que acaban repercutiendo, en especial, sobre los consumidores más vulnerables.

Petroleum Oil & Gas España desiste del fracking en el pozo Bricia 1, incluido en el permiso Bigüenzo

EFE.– Petroleum Oil & Gas España ha optado por aparcar los sondeos de investigación mediante fractura hidráulica en Bricia 1, el pozo previsto en Alfoz de Bricia (Burgos), incluido en el permiso de exploración de hidrocarburos Bigüenzo que abarca las comunidades autónomas de Cantabria y Castilla y León.

La empresa solicitó en mayo al Ministerio de Industria el desistimiento del proyecto de perforación Bricia 1, según confirmó el Ayuntamiento de Valle de Zamanzas (Burgos). El municipio burgalés se ve afectado por ese pozo ya que parte de la infraestructura pasaría por su término, en concreto las tuberías, aclaró el alcalde Juan José Asensio. La petición de Petroleum Oil & Gas fue aceptada y un mes después se declaró concluso el procedimiento de autorización, han explicado la Junta de Castilla y León y el Defensor del Pueblo al Consistorio. Asensio ha recordado que fueron ellos los que reclamaron esa información tanto a la Junta como al Defensor del Pueblo.

Además, la Asamblea Antifracking de Las Merindades desveló la confirmación de Industria de que «el expediente del Estudio de Impacto Ambiental del pozo Bricia 1 está archivado». El colectivo ha recordado que al archivarse el estudio no se ha llegado a emitir declaración de impacto ambiental, así que si la empresa quiere retomar el proyecto debería reiniciar la tramitación administrativa.

El desistimiento del proyecto de perforación y el archivo del estudio de impacto ambiental son una «gran noticia» para Juan José Asensio que, sin embargo, recuerda que el permiso para la exploración de hidrocarburos Bigüenzo continúa activo, así que «nadie nos garantiza» que en el futuro no se plantee un nuevo pozo en la misma zona de Alfoz de Bricia. El regidor resaltó que el proyecto de Petroleum Oil & Gas de Bigüenzo comparte características con el permiso de Valderredible, que sí está vinculado al fracking. Juan José Asensio espera que con el desistimiento en Bricia 1 se pueda dar carpetazo al fracking después de que BNK España haya abandonado sus permisos Urraca y Sedano.

La Diputación de Álava rechaza el fracking pero defiende que hay que conocer los recursos del territorio

EFE.- El diputado alavés de Medio Ambiente y Urbanismo, José Antonio Galera, subrayó que la institución foral no está a favor de utilizar la técnica de la fractura hidráulica para extraer gas, más conocida como fracking, pero sí defiende conocer los recursos que pueden existir en el territorio. Galera respondió a la interpelación de Kike Fernández de Pinedo (EH Bildu), que le ha pedido explicaciones por la solicitud de Shesa, sociedad de hidrocarburos del Gobierno vasco, para explorar un pozo de gas en Álava.

El diputado foral ya explicó que la solicitud hecha es para sondear, no para la extracción, y que la técnica que se ha planteado utilizar es la convencional y no la fractura hidráulica. En este sentido, Galera señaló que se ha reunido con los técnicos de Shesa para aclarar que no se pretende usar precisamente el fracking y para trasladarles el posicionamiento de la Diputación, que rechaza esta técnica pero defiende la necesidad de conocer los recursos de gas que pueda albergar el subsuelo alavés, a la vez que prioriza la protección del medio ambiente.

Galera ha aclarado también que en estos momentos se está en un procedimiento administrativo previo a la autorización o no del sondeo y ha avalado la validez del gas como energía de transición hasta 2100, horizonte que los técnicos del Gobierno Vasco han fijado para que el territorio no dependa de la energía fósil. Galera aseguró que en la actualidad es «absolutamente imposible» depender sólo de las renovables, por las que apuesta a largo plazo, y defiende energías de «transición» como el gas, la necesidad de explorar los recursos que existen y el papel de la Diputación de Álava como «vigilante» y «garante» de los bienes naturales de la provincia.

Fernández de Pinedo ha calificado de «tomadura de pelo» que Shesa vaya a sondear gas en una zona en la que ya se intentó hace unos 19 años y se vio que «no era rentable». También se ha preguntado si ahora lo que se busca es prorrogar los permisos eliminando la «impopular técnica» del fracking para después «ya veremos», en referencia a su posible utilización futura, y ha calificado de «decepcionante» que se apueste por un modelo energético que está llevando al planeta al «colapso».

Shesa ha solicitado permiso para hacer un sondeo exploratorio con técnicas convencionales en Armentia-2, en el entorno de Vitoria, con una profundidad estimada de entre 4.993 y 5.540 metros, durante 164 días de intervención. La Diputación de Álava tuvo conocimiento de manera oficial de esta solicitud el 19 de septiembre a través de una comunicación del Ministerio de Medio Ambiente.

Shell realiza desinversiones en Canadá por 953 millones de euros

Europa Press / EFE.- La petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell ha alcanzado un acuerdo para vender activos no esenciales en Canadá a la canadiense Tourmaline por 953 millones de euros, según comunicó la compañía, que prevé que la operación se cierre en el cuarto trimestre de 2016. La transacción, que aún debe recibir el visto bueno de las autoridades regulatorias, contempla el pago de 697 millones en efectivo y 256 millones en acciones de Tourmaline para la adquisición de unos activos no convencionales de gas que producen 24.850 barriles de petróleo equivalente diarios (bped).

Tourmaline comprará también tres plantas de procesado de gas natural en Canadá y algo más de 720 kilómetros de oleoductos de Shell, según indicó la empresa canadiense. Shell ha puesto en marcha un plan para desinvertir 30.000 millones de dólares en activos en todo el mundo tras la compra de BG Group PLC. Con respecto a la operación, el director de Shell Upstream, Andy Brown explicó que la petrolera está trabajando «activamente» para desarrollar sus activos esenciales y recaudar fondos simplificando sus áreas de negocio.

Por ello destacó que Shell está «fortaleciendo» su negocio de gas de esquisto a través de la venta de activos que no «encajan» en sus planes a corto plazo. En este sentido, la petrolera resaltó que se encuentra madurando su cartera de shale gas en América del Norte y Argentina como una «opción de crecimiento» más allá de 2020, dado su potencial a largo plazo.

BNK se retira del permiso Urraca (Burgos), su último proyecto de fracking en España

EFE.- La empresa BNK España se retira del último proyecto de investigación de hidrocarburos que aún tenía en marcha en España, el denominado Urraca (Burgos), después de que el permiso concedido por el Gobierno haya caducado sin que se haya conseguido la declaración de impacto ambiental favorable.

El permiso de exploración de hidrocarburos Urraca, que afecta a los municipios de Villarcayo, Medina de Pomar y Merindad de Cuesta Urría (Burgos), se otorgó en 2011. En concreto, la concesión se aprobó el 29 de septiembre de 2011 por un plazo de 5 años, que se cumplieron este 29 de septiembre, recordaron fuentes de BNK España. «El permiso ha caducado», insisten, sin que Medio Ambiente haya emitido declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de exploración presentado en 2014.

BNK España planteó abrir hasta 6 pozos de perforación, 2 por cada uno de los municipios afectados, para investigar la presencia de hidrocarburos a través de la técnica del fracking. Las perforaciones requieren de informe favorable previo de Medio Ambiente ya que el proyecto se radica en Burgos y Álava, afectando a dos comunidades autónomas, lo que obliga a que las autorizaciones vengan del Gobierno central. Sin declaración de impacto ambiental, y con el permiso caducado, «no se puede continuar», ha asegurado BNK España. La empresa de origen canadiense no tiene intención de reclamar o pedir responsabilidades el Gobierno central por un retraso que finaliza con la caducidad del proyecto.

Urraca era el último de los proyectos con los que contaba BNK España en el país, después de haberse retirado en junio de Sedano, el otro permiso vinculado a Burgos. En ese caso, su renuncia se justificó en la «incertidumbre legal» en cuanto a la viabilidad del proyecto, centrada en legislación y procesos administrativos. «Motivos técnicos internos», explicaron en su momento fuentes de BNK España, que se queda «sin ningún plan de futuro», así que abandonarán el país, según reconocen. La canadiense es una de las principales empresas del mundo dedicadas a la búsqueda de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica.

El Tribunal Constitucional levanta la suspensión que pesaba sobre algunos artículos de la ley del País Vasco contra el fracking

Europa Press / EFE.- El Tribunal Constitucional levantó la suspensión cautelar que se mantenía desde el pasado 3 de mayo sobre algunos artículos de la Ley del País Vasco de medidas de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o más conocida como ley del fracking. La suspensión se aplicaba desde el momento en el que se admitió a trámite el recurso del Gobierno sobre este asunto, que aún está pendiente de resolverse por el tribunal de garantías.

Concretamente, según fuentes jurídicas, el tribunal de garantías da vigencia a los artículos 2 (sobre los hidratos de metano enterrados en el mar), 3, 5 y 6 (el inciso sobre la reposición de la situación alterada a su estado originario) y las disposiciones transitorias primera y segunda de la citada norma. La ley vasca del fracking se aprobó en junio del 2015 a partir de una iniciativa legislativa popular avalada por más de 100.000 firmas y, en un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía esta técnica de extracción de gas de manera genérica, sino que elevaba tanto los requisitos para poder desarrollarla que prácticamente la impedía.

La Ley del País Vasco faculta a las instituciones vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos. El Tribunal Constitucional ya había anulado anteriormente las leyes de Cantabria, La Rioja y Cataluña. Estas tres normas autonómicas prohibían el uso de esta técnica y el Gobierno central las recurrió, al igual que hizo con la del País Vasco.

La ley del fracking del País Vasco fue aprobada en junio del año pasado por el Parlamento vasco sin el apoyo del PNV, formación que sustenta al Gobierno autonómico. De hecho, el Ejecutivo de Vitoria ya advirtió de que «había dudas jurídicas» sobre la legalidad de su contenido al entender que la regulación de esta materia era competencia del Estado. El grueso de la norma salió adelante con el apoyo de EH Bildu, el PSOE y el PP, mientras que UPyD y PNV se abstuvieron. Los jeltzales reclamaban que las vías de protección que incluye el texto se complementaran con una moratoria que impidiera usar esta técnica durante cinco años.

A pesar de ello, cuando el Gobierno central decidió en abril interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, el gabinete de Urkullu anunció que haría «todos los esfuerzos» para defender las competencias de Euskadi. El Gobierno argumentó que las competencias en materia ambiental no implican vaciar de sus competencias al Estado, sobre todo cuando la normativa estatal establece el sometimiento de estos proyectos a la declaración de impacto ambiental. Consideró además que la legislación vasca viola la normativa estatal sobre régimen minero y energético, y el principio de seguridad jurídica al obstaculizar los permisos, tanto a los ya concedidos o en tramitación, como a las solicitudes que se formulen a partir de la entrada en vigor de la norma.

El PSOE celebra el levantamiento

Por su parte, el PSOE celebró la decisión del Constitucional de levantar la suspensión cautelar de la ley del fracking, que fue recurrida por el Gobierno central y que estará vigente en su totalidad hasta que se resuelva el fondo del asunto. La parlamentaria autonómica socialista Natalia Rojo celebró esta resolución porque «avala la seguridad jurídica» del texto.»Los vascos hemos ganado una nueva batalla utilizando el camino que la propia ley nos ofrecía, sin maximalismos, con los pies en la tierra y haciendo uso de hasta las últimas de nuestras competencias», defendió Rojo aludiendo a que prohibir el fracking de manera literal únicamente hubiera conducido a la «frustración» porque la norma habría sido anulada. 

Reino Unido da luz verde a la fracturación hidráulica para extraer gas

EFE.- El Gobierno británico dio luz verde a la fracturación hidráulica (fracking) en forma horizontal para la extracción de gas de esquisto en una zona del norte de Inglaterra, lo que supone una medida histórica para este sector energético. El ministro británico de Comunidades, Sajid Javid, aprobó este controvertido proceso de extracción para que la compañía británica de energía Cuadrilla pueda extraer el gas en cuatro pozos de Fylde, en el condado de Lancashire.

Los grupos defensores del medio ambiente criticaron la decisión, que calificaron como «negación» de la democracia, pues el Gobierno ha revertido la prohibición original de las autoridades municipales para la extracción horizontal del gas de esquisto. El ayuntamiento de Lancashire rechazó el permiso el año pasado porque temía el impacto para el tráfico y el ruido en la zona. Sin embargo Cuadrilla decidió recurrir la medida. El consejero delegado de la compañía, Francis Egan, subrayó que habían llevado a cabo una «profunda evaluación» sobre el impacto de este tipo de explotación y recalcó que la Agencia de Medioambiente del país estaba satisfecha con este análisis.

Se prevé para el 2017

La portavoz de los residentes de Fylde, Pam Foster, señaló que el visto bueno supone negar el principio democrático pues todas las autoridades locales habían rechazado la fracturación. «Hemos seguido todos los canales democráticos. No nos queda nada. Estamos bastante disgustados», añadió. Cuadrilla, que estima hay grandes cantidades de gas en las rocas profundas de Lancashire, espera empezar la fracturación hidráulica a finales del 2017.

Esta actividad fue prohibida en el Reino Unido en 2011 después de que provocara pequeños terremotos cerca de Blackpool, en el noroeste de Inglaterra, pero la medida fue levantada un año después. La explotación horizontal permite extraer el gas de una capa específica de rocas y se la considera más productiva que el sistema vertical de perforación, que alcanza una zona más pequeña. El fracking se realiza en un pozo previamente construido y entubado, y en ella se utiliza agua a alta presión para extraer el gas de las rocas.

Los británicos decidirán cómo gastar más de 1.000 millones de libras de los impuestos al fracking e incluso podrán repartírselos

Europa Press / EFE.– Los ciudadanos británicos que vivan cerca de explotaciones de fracking elegirán cómo gastar los recursos del Fondo Soberano del Esquisto (SWF) que será dotado mediante un 10% de la recaudación fiscal por la explotación de este tipo de energía, lo que proporcionará 1.000 millones de libras (1.178 millones de euros) a lo largo de 25 años, que las comunidades afectadas podrán destinar a mejorar infraestructuras, financiar proyectos comunitarios o incluso a la distribución de un pago directo a los hogares.

El Gobierno del Reino Unido ha lanzado una consulta pública sobre cómo deberá gestionarse este nuevo fondo soberano, cuyos recursos «consistirán inicialmente de hasta el 10% de la recaudación por impuestos a la producción de gas de esquisto» y que deberán destinarse al beneficio de las comunidades que acojan las explotaciones. «Las comunidades que acojan la actividad de fracking deberían beneficiarse directamente más allá del esperado impulso a la economía local», señala el Gobierno, que subraya su intención de que los hogares de estas comunidades obtengan «ganancias directas» de los beneficios del desarrollo del fracking.

De este modo, el Ejecutivo plantea varias opciones para que estas comunidades puedan influir en cómo se gestiona el fondo y en qué se gasta el dinero, que las autoridades calculan en 1.000 millones de libras a lo largo de los próximos 25 años. «Proponemos inicialmente establecer un pago máximo de 10 millones para cada comunidad o región vinculada a una explotación de esquisto durante la vida útil de la misma, que probablemente sea de unos 25 años», plantea el Gobierno, aunque apunta que «esto podría revisarse en el futuro».

La primera ministra británica, Theresa May, avanzó que prevé pagar directamente a los ciudadanos una proporción de los beneficios obtenidos con los impuestos sobre el fracking, mientras que el Ejecutivo anterior planeaba entregar esos fondos a las autoridades locales de las áreas afectadas. El proyecto, que está en fase de consultas, significaría que cada familia podría recibir entre 5.000 y 20.000 libras, es decir, de 5.850 a 23.400 euros. May, que asumió el cargo en julio, apuntó que el mismo modelo podría ser aplicado a otros ámbitos, como en los impuestos sobre nuevos desarrollos inmobiliarios, cuyos beneficios irían también a parar personalmente a los residentes.

«El Gobierno que lidero estará siempre guiado por el interés de la mayoría de familias ordinarias, para las que la vida es más dura de lo que muchos políticos piensan», afirmó. «Este anuncio es un ejemplo de cómo poner esos principios en acción. Se trata de asegurarse de que la gente se beneficia personalmente de las decisiones económicas que tomamos, y no solo los ayuntamientos, para que puedan retomar el control de sus vidas», agregó.

Asimismo, el Gobierno británico señala que este fondo soberano del esquisto supone «nueva financiación», subrayando que no servirá como reemplazo de financiación pública existente y que será adicional a cualquier beneficio proporcionado por la industria del fracking mediante sus paquetes de beneficios comunitarios. La consulta planteada por el Ejecutivo del Reino Unido pretende así examinar qué prioridades debe asumir el Gobierno en la gestión del SWF, así como en la asignación de los recursos, incluyendo los potenciales modelos de reparto para asegurar que los hogares y comunidades próximos a las explotaciones se benefician y deciden cómo se gasta y en qué se gastan los recursos.

UK Onshore Oil & Gas (UKOOG), entidad que agrupa a las empresas desarrolladoras de explotaciones de gas de esquisto, ha dado la bienvenida a la iniciativa del Gobierno de establecer este nuevo fondo soberano. «UKOOG sigue creyendo que la población local debería compartir el éxito de nuestra industria y ser recompensada por acoger explotaciones en beneficio del resto del país y por eso lanzamos en 2013 un plan de beneficios comunitarios al que se suma este fondo», destacó la organización.