Colectivos ecologistas denuncian la llegada a España del primer buque metanero que trae de Estados Unidos gas extraído mediante fracking

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Europa Press / EFE.- Más de 40 plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas han denunciado la llegada a España del primer buque metanero cargado de gas procedente de Estados Unidos después de que el país levantara a finales de 2015, durante las negociaciones del Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, en inglés), el veto a la exportación de gas que mantenía desde 1975. Se trata del segundo cargamento de gas estadounidense con destino al continente europeo tras el que llegara a Portugal esta primavera.

Según los denunciantes, entre los que figuran las ecologistas Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, las políticas Podemos, Izquierda Unida, el BNG e Iniciativa per Catalunya, este hecho supone «el pistoletazo a una importación masiva de gas de fracking (fractura hidráulica) desde el otro lado del Atlántico». El barco llegó al puerto de Ferrol proveniente de Sabine Pass, en el golfo de México, con 135.000 metros cúbicos de gas licuado. Su cargamento se almacenará en la planta coruñesa de Reganosa. No obstante, no es el primero que sale de costas estadounidenses, ya que en febrero de 2016 se exportó el primer cargamento internacional de gas a Brasil.

Los ecologistas critican que Reganosa cuenta con la oposición vecinal desde el inicio de su tramitación, ya que “está a menos de 100 metros de las viviendas”. El Tribunal Supremo la declaró ilegal en dos sentencias, ha recordado Ecologistas en Acción, que acusa al Gobierno en funciones de renovarle los permisos y de eximirla de la evaluación de impacto ambiental.

Según los ecologistas, «la mayor y más inminente amenaza» de entrada del fracking en Europa lo representan las importaciones de gas estadounidense en forma de gas natural licuado (GNL). Afirman que «estar hoy contra el fracking» es «estar contra la importación de gas licuado». Las organizaciones lamentan que, «a pesar de los abandonos por parte de diversas empresas o de la oposición institucional», ya se haya practicado en países como Polonia y que en otros como Reino Unido o España haya trámites «avanzados» al respecto.

Asimismo, inciden en que la aprobación por parte de la Comisión Europea de varios documentos como la Estrategia europea para el Gas Natural Licuado y el Almacenamiento de Gas, suponen «un empuje a la importación de gas natural a pesar de que la demanda viene cayendo en los últimos años». En relación a la llegada del buque y con el lema Ni aquí ni en ningún sitio, el Comité Ciudadano de Emergencia para la Ría de Ferrol organizó una manifestación para mostrar «su oposición al fracking y a Reganosa» frente a la Xunta de Galicia.

Fracking Ez considera insuficiente que Tapia diga que renuncian a usar esta técnica y pide acabar con SHESA

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EFE.- La plataforma Fracking Ez calificó de «insuficiente» el anuncio del Gobierno del País Vasco de que renunciará a utilizar esta técnica para extraer gas y ha recordado que el Ejecutivo autonómico mantiene vigentes los permisos de investigación de hidrocarburos. La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, había anunciado que la Estrategia Vasca de Energía 2016-2030 renuncia a utilizar el fracking para extraer gas porque a «día de hoy» no hay garantías de que esta técnica sea respetuosa con el medioambiente.

La plataforma Fracking Ez, que recogió 100.000 firmas contra el uso de esta técnica en el País Vasco, ha opinado que si el compromiso del Gobierno autonómico es «claro y decidido», debería conllevar que deje de subvencionar «a sociedades públicas dedicadas a la búsqueda de hidrocarburos y comenzar a apostar de verdad por las energías renovables«. Para este colectivo, el anuncio de Tapia también es «contradictorio» porque la consejera dijo que sólo usarán técnicas convencionales para explorar o explotar este recurso cuando fue precisamente «la imposibilidad de extraer ese gas con las citadas técnicas, lo que llevó al Gobierno Vasco a iniciar los contactos para tratar de aplicar el fracking«.

Por tanto, «el Gobierno Vasco ha malgastado más de 10 años de inversiones públicas en mantener unos permisos y continuar subvencionando a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) para volver al mismo punto donde estaba: la incapacidad de extraer el gas mediante técnicas convencionales. Una carísima pérdida de tiempo», ha subrayado. Finalmente, este colectivo recordó que el Gobierno Vasco «sólo ha perdido un permiso de investigación, previsiblemente el de Angosto, mientras que se mantiene la titularidad de todos los demás permisos que afectan a un gran porcentaje del territorio».

El Gobierno del País Vasco renuncia al fracking en su estrategia energética 2016-2030 aunque el anuncio resulta insuficiente para Bildu

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EFE.- EH Bildu, segunda fuerza política en el parlamento de Vitoria, acusó a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, de no decir «toda la verdad» al asegurar que se renuncia a utilizar el fracking ya que esa «amenaza» sigue «viva». Tapia anunció que la Estrategia Vasca de Energía 2016-2030 recoge la renuncia del Gobierno del País Vasco a utilizar el fracking para extraer gas porque no hay garantías de que esta técnica sea respetuosa con el medio ambiente.

Esta estrategia contiene medidas dirigidas a mejorar la política de ahorro y eficiencia energética de Euskadi para caminar hacia el objetivo de «consumo cero de petróleo para usos energéticos» en 2050, con las energías renovables como principal fuente de suministro energético y con el gas natural como energía de transición. Tapia avanzó que para la extracción del gas natural, el Ejecutivo autonómico «renuncia» al uso de técnicas no convencionales, como el fracking. «Vamos a usar única y exclusivamente técnicas convencionales en exploraciones y posibles explotaciones de gas natural como hasta ahora», ha insistido la consejera.

Esta postura supone que el Gobierno autonómico no utilizará el permiso de exploración que afecta al territorio alavés y burgalés. Según subrayó, esta decisión no implica pérdida económica alguna para las arcas públicas vascas. En esta zona se continuará analizando la posibilidad de extraer gas, pero tal y como hizo hincapié, «trabajando única y exclusivamente con métodos convencionales». Tapia destacó que la estrategia presentada coloca al gas natural como energía de transición entre 2050 y 2100, año en el que para el Gobierno Vasco sería deseable que «desapareciese la dependencia energética de los combustibles fósiles».

Así, la consejera subrayó que las líneas de actuación claves para avanzar hacia un modelo energético más sostenible son la eficiencia energética y las energías renovables. Para lograrlo, la estrategia apunta medidas para las que serán precisas inversiones por valor del 4.930 millones de euros, 920 provenientes de fondos públicos. La apuesta por las renovables se traduce en que el Gobierno Vasco planea alcanzar en 2030 una cuota de esta fuente de energía en consumo final del 21% y que llegue al 40% en 2050.

Tapia ha subrayado que la administración pública debe dar ejemplo con la reducción del consumo energético en sus edificios en un 25% en 10 años, con la implantación de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables en el 25% de sus inmuebles, y con la incorporación de vehículos alternativos en su parque móvil. De cara al transporte por carretera, el Gobierno de Iñigo Urkullu se plantea alcanzar una cuota del 25% de energías alternativas. Con todo ello, Tapia ha considerado que Euskadi puede contribuir a frenar el cambio climático con la reducción de gases de efecto invernadero. Esto supondría la reducción de las emisiones con respecto al 2005 en al menos un 40% en 2030 y en un 80% a 2050.

Bildu critica al Gobierno vasco

Tras estas afirmaciones de la consejera, el parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, consideró que Tapia «intenta confundir» a la opinión pública porque mientras los permisos de exploración de gas natural estén en vigor «la amenaza del fracking seguirá viva«.En opinión de Maeztu, si el Gobierno Vasco quiere tener credibilidad contra el fracking «debe renunciar a los permisos que posibilitan esta técnica».»Lo que tienen que hacer es cerrar Shesa, la empresa pública que crearon para promover el fracking y renunciar a los permisos de exploración que contemplan el uso de esa técnica», que siguen vigentes, insistió el parlamentario.

Alemania aprueba una moratoria contra el fracking

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Europa Press.- El Gobierno alemán ha aprobado este martes una moratoria que prohíbe la técnica del fracking para extraer gas de esquisto, después de años de controversia acerca de los riesgos medioambientales que conlleva este tipo de extracción. Sin embargo, grupos ecologistas han denunciado que esta ley no es suficiente y han prometido que recurrirán la medida.

De acuerdo con la legislación aprobada, se seguirán pudiendo hacer perforaciones de prueba, pero solo con el consentimiento del Estado. El fracking o técnica de extracción hidráulica es un método que se utiliza para extraer gases naturales o petróleo del subsuelo. La extracción de los gases se realiza mediante la expulsión de varios productos tóxicos en la zona subterránea donde se encuentre el gas, que provocan una ruptura controlada en la roca y permiten que el recurso natural deseado salga.

A pesar de que la técnica no es nueva y que sus partidarios alegan que no es más contaminante que ninguna otra utilizada por la industria, muchos grupos ecologistas han expresado su rechazo frente a este método de extracción, ya que puede contaminar los acuíferos y provocar la contaminación de las reservas de agua potable del país.

Los dos principales partidos que conforman la coalición liderada por la canciller alemana, Angela Merkel, la Unión Cristiano Demócrata (CDU) y el Partido Social Demócrata (SDP), ya intentaron llegar a un acuerdo para conformar una regulación sobre este sistema de extracción, pero no se llegó a presentar ningún tipo de reforma al respecto, debido a los grandes desacuerdos que existían sobre el tema entre ambos partidos.

Este martes, sin embargo, tanto el CDU como el SPD han llegado a un acuerdo para aprobar una moratoria de duración indefinida sobre el fracking. La ley alemana, sin embargo, requiere que el Parlamento alemán vuelva a reconsiderar la medida en 2022, y decida si sigue siendo válida.

No obstante, la organización ecologista de Amigos de la Tierra en Alemania (BUND), ha criticado la moratoria, ya que según declaran, al establecer una fecha de revisión de la prohibición, el parlamento ha básicamente acordado volver a permitir el fracking dentro de cinco años.

«La moratoria de la coalición en contra del fracking pone los pelos de punta. Esta legislación tiene que ser detenida y remplazada por una ley que prohíba de verdad y para siempre la fractura hidráulica», ha declarado Humbert Weiger, director del BUND.

La industria alemana tiene cierto interés en no cerrarle la puerta al fracking de forma definitiva, ya que alega que es una técnica de extracción de gas muy económica que puede ayudar a ahorrar en términos de gasto energético.

El fracking ha sido prohibido en Francia, debido a los riesgos medioambientales que presenta, mientras que en Reino Unido, tras una moratoria de 18 meses, se ha vuelto a permitir la facturación hidráulica bajo un estricto marco de contención de riesgo medioambiental.

Álava insta al Gobierno central a retirar su recurso contra la ley antifracking del País Vasco

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EFE.- Las Juntas Generales de Álava instaron al Gobierno central en funciones a retirar su recurso contra la ley vasca antifracking, después de que varios artículos hayan sido suspendidos de forma cautelar por el Tribunal Constitucional con motivo de este recurso. El pleno de las Juntas Generales de Álava aprobó una moción transaccional presentada por EH Bildu, que contó con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que se opuso al entender que corresponde al Tribunal Constitucional retirar la suspensión sobre esta ley.

La Cámara foral ha urgido también a la Diputación de Álava a adoptar una «actitud proactiva» en la defensa de la ley vasca de medidas de protección medioambiental para la fractura hidráulica. Asimismo, los grupos han emplazado al Gobierno del País Vasco a utilizar «todas las herramientas jurídicas» reconocidas dentro del Estatuto de Autonomía para defender la ley antifracking. En este sentido, instó al Ejecutivo autonómico a comprometerse con «no poner en marcha ninguna iniciativa de exploración o investigación a través de la técnica del fracking en Euskadi ni a participar en ningún proyecto» de este tipo fuera del territorio.

Sobre esto último, el portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, criticó al PNV por mantener una postura «esquizofrénica» en este tema, ya que apoya estas mociones en las instituciones pero sigue «adelante» con sus planes a favor del fracking, en concreto, en los pozos de Enara (ubicados próximos a Vitoria) y en Angosto (Burgos). El nacionalista Roberto González señaló que la postura del PNV en torno al fracking es «clara» y aseguró que su partido no defiende «ni exploración ni explotación». Además, recordó que ha sido el PP quien presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca.

Por su parte, el portavoz popular, Borja Monje, criticó que «se ve lo que dice y hace el PNV» con el fracking y denunció su «ambigüedad» en la cuestión. El socialista Jon Pablo Nogales trasladó la preocupación de su grupo no sólo por el recurso del Gobierno central, sino también por la «falta de definición del Ejecutivo de Urkullu». Por su parte, Asela Ortiz de Murua, procuradora de Podemos, advirtió del impacto negativo y la incompatibilidad de la fractura hidráulica con otras actividades económicas, así como del escaso retorno económico y eléctrico que supone la inversión en esta técnica extractiva.

El Gobierno del País Vasco asegura que tiene «meridianamente claro» que no permitirá el fracking

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EFE.- La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno del País Vasco, Arantxa Tapia, aseguró que ella y el Ejecutivo autonómico tienen «meridianamente claro» el cumplimiento de las resoluciones del Parlamento regional que prohíben la técnica de fracturación hidráulica o fracking para obtener gas natural.

Hace dos semanas el Parlamento aprobó, con el voto a favor también del PNV, instar al Gobierno autonómico presidido por Iñigo Urkullu, a impedir que se lleve a cabo ningún proyecto de investigación, exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking, así como a defender la ley autonómica vasca en esta materia tras su suspensión cautelar con todas las herramientas jurídicas. El debate se celebró después de que el Tribunal Constitucional suspendiera cautelarmente varios artículos de la ley vasca de medidas de protección medioambiental para la fractura hidráulica al admitir el recurso del gabinete de Mariano Rajoy.

La consejera ha explicado que los estudios que está desarrollando la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA), en ejecución de la estrategia energética 3E 2020 de evolución hacia la utilización de fuentes de energía renovables, van encaminados a la búsqueda de gas, pero siempre sin la utilización de la fracturación hidráulica. «A este Gobierno le queda meridianamente claro» el sentido de las resoluciones del Parlamento, que el Gobierno «cumplirá», sentenció. Además, aseguró que País Vasco «defenderá hasta el último momento» la ley actualmente en suspensión cautelar por el Tribunal Constitucional.

El parlamento autonómico pide a Urkullu que impida el desarrollo de los permisos para proyectos de fracking en País Vasco

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Europa Press / EFE.- El Parlamento vasco, con el apoyo del PNV, pidió al Gobierno autonómico que, ante la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la Ley vasca que en la práctica impedía la utilización en Euskadi del fracking para la extracción de gas, utilice su participación en los permisos a la empresa pública Shesa, para «impedir» que se lleve a cabo ningún proyecto de investigación, exploración y/o explotación mediante fractura hidráulica «tanto dentro como fuera de Euskadi».

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la ley 6/2015 de medidas adicionales de protección del medioambiente, más conocida como ley antifracking, aprobada por el Parlamento vasco. Esta ley faculta a las Administraciones Públicas vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos. El grueso de la norma salió adelante con el apoyo de EH Bildu, el PSOE y el PP, mientras que UPyD y PNV, partido del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, se abstuvieron.

Esta decisión del Constitucional supone la suspensión de determinados artículos de la norma hasta el pronunciamiento del Tribunal. Ante esta situación el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, anunció que País Vasco solicitará, «cuando sea posible» el levantamiento de esa suspensión. Además, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, adelantó que desde el Ejecutivo se va a realizar un «análisis jurídico” para saber si puede retomar los proyectos de fracking. Señaló que, en todo caso, únicamente se llevan a cabo los estudios medioambientales previos. También precisó que los permisos que hay, en estos momentos, «no son exclusivos» del Gobierno vasco ni de su sociedad pública Shesa sino que están compartidos con una empresa americana.

Ante esta ambivalente posición, todos los grupos de la oposición criticaron que el PNV haya firmado también el acuerdo parlamentario en el que se reclama al Gobierno de Urkullu que en los permisos en los que participe el Ejecutivo utilice su participación en la empresa pública Shesa para «impedir» que se lleven a cabo ningún proyecto de fracking. También se insta al Gobierno vasco a «no consignar partida económica alguna en futuros ejercicios presupuestarios para proyectos de fracking«. Por último, reclama al Ejecutivo autonómico que utilice «todas las herramientas jurídicas dentro del marco competencial reconocido en el Estatuto» para defender la ley vasca «aprobada por amplia mayoría en el Parlamento» ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central.

Para los partidos de la oposición, la postura del PNV ante el debate parlamentario planteado por PSOE y EH Bildu responde a sus intereses electorales. La parlamentaria del PSOE, Natalia Rojo, preguntó al PNV por qué apoya la enmienda cuando «quieren seguir apostando por la investigación del fracking y  utilizar las competencias vascas para que Euskadi sea más nacionalista y no para que los vascos vivamos mejor». «¿Cómo es capaz de firmar esta enmienda cuando su discurso va en contra de lo que aquí se dice?», preguntó Rojo al PNV.

Críticas entre PNV y socialistas

Asimismo, aseguró que «el fracking vino a Euskadi de la mano del PNV» durante el Gobierno de Ibarretxe y cree que el PNV se abstuvo en la votación de la ley «porque había una campaña electoral y ahora tienen otra». «No se creen nada de lo que dice. Dan ganas de retirar el último punto porque es una vergüenza que hayan firmado esta enmienda», aseveró. Por el mismo motivo, la socialista acusó a los nacionalistas de «engañar a los ciudadanos» y aseguró que «el Gobierno recentralizador del PP ha echado un capote al PNV» con su recurso contra la ley.

El parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, consideró que la labor del Gobierno vasco debe ser evitar el fracking y cree que la postura del PNV es «contradictoria» y que el doble juego que se lleva con el tema del fracking se debe a la «esquizofrenia electoral del PNV». «Lo mismo que votan en Madrid a favor de la prohibición del fracking, votan a favor de la Ley del sector de Hidrocarburos que da amparo legal al fracking; lo mismo que van a votar hoy a favor de que no se utilice el fracking, la consejera dice ayer que van a analizar jurídicamente si pueden reactivar el fracking. Basta ya de doble mensaje con el fracking. Basta de ambigüedades», reclamó.

El parlamentario del PNV Javier Carro, por su parte, defendió que el uso de la técnica del fracking debe estar «muy bien atado jurídicamente» y recordó que por ese motivo, su partido solicitó durante la tramitación de la ley «más reforzamiento» con una moratoria de cinco años y el asesoramiento de un comité científico. Tras recordar al PSE la foto del lehendakari Patxi López durante su viaje en Estados Unidos a favor del fracking, Carro acusó a los socialistas de perder la «licencia social» por la «actitud»  del gobierno de López, que no «hablaba de las consecuencias» de la técnica.

Carro defendió que «una cosa es la obligación de la investigación que tiene un gobierno y otra el precio que tienen que pagar por ello» y ha pedido que no se «engañe a la ciudadanía» ya que en Euskadi «no hay ni un solo pozo de fracking y esperemos que así siga siendo». «Tenemos que investigar nuestros recursos naturales pero no a cualquier precio por eso creemos que esta técnica no es la apropiada», insistió. Carro explicó que la consejera «ha defendido la investigación y no el fracking porque se trata de permisos para investigar los recursos que hay, pero no con esa técnica«. También ha planteado que los permisos para hacerlo deben estar en manos públicas y no privadas.

Desde el PP, Carmen López de Ocariz acusó al PNV de no ser claros en relación a la acción del Gobierno respecto a esta técnica «cuando es arte y parte», con el pasado de Ibarretxe . Asimismo, defendió que primero es necesario ver la ubicación, entorno, orografía y hacer informes medioambientales ajustados al pozo y permiso concedido. «Apostamos por explorar y explotar los recursos energéticos a nuestro alcance pero no de cualquier manera. Es necesario proteger las zonas más sensibles», insistió. La popular ha advertido de que esta técnica «ha sido un éxito dónde y cuándo tenía que ser, pero ahora no es rentable«. Además, instó al Gobierno vasco a cumplir lo que el Parlamento autonómico aprueba en esta materia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso a la ley vasca contra el fracking y suspende los preceptos impugnados

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Europa Press / EFE.- El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno central contra la Ley del País Vasco de medidas de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o fracking, y ha suspendido los preceptos impugnados, según comunicó el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, después de recibir la notificación por parte del Alto Tribunal.

La Ley del País Vasco faculta a las administraciones públicas vascas para vedar el uso de la tecnología de fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relacionadas con el aprovechamiento de hidrocarburos. El grueso de la norma, aprobada en junio de 2015, salió adelante con el apoyo de Bildu, el PSOE y el PP, mientras que UPyD y PNV se abstuvieron. Los nacionalistas reclamaban que las vías de protección que incluye el texto se complementaran con una moratoria que impidiera usar esta técnica durante cinco años.

En concreto, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Abogacía del Estado contra la Ley 6/2015 de 30 de junio de medidas adicionales de protección medioambiental del Parlamento vasco, conocida como Ley relativa al fracking. Según ha apuntado, los preceptos impugnados son un “inciso” del artículo 2 y otro del 6, además de los números 3 y 5, y las disposiciones transitorias 1 y 2. Además, Erkoreka señaló que el Gobierno ha invocado el artículo 161 de la Constitución y, por tanto, el Tribunal Constitucional acordó la suspensión automática de los preceptos impugnados.

El portavoz del Ejecutivo señaló que, por esta causa, los preceptos impugnados no entrarán en vigor hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional, y añadió que el Gobierno vasco solicitará, «cuando sea posible» el levantamiento de esa suspensión. En este sentido, recordó que, si no hay un pronunciamiento del Constitucional, a los 5 meses se puede reconsiderar la suspensión.

País Vasco dispone ahora de un plazo de 15 días para presentar alegaciones contra el recurso planteado por el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy el pasado 8 de abril después de que fracasara la negociación bilateral entre ambos gobiernos para tratar de evitar el recurso. La ley vasca del fracking se aprobó a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular avalada por más de 100.000 firmas. En un intento de evitar posibles recursos en su contra, no prohibía esta técnica de extracción de gas de manera genérica, sino que elevaba tanto los requisitos para poder desarrollarla que prácticamente la impedía.

En casos similares, el Tribunal Constitucional ha anulado las leyes de Cantabria, La Rioja y la semana pasada la de Cataluña. Estas tres normas prohibían el uso de esta técnica, por lo que el Gobierno central entiende que esa doctrina es trasladable al caso vasco. De hecho, en su momento el Ejecutivo de Vitoria ya advirtió de que «había dudas jurídicas» sobre la legalidad de su contenido al entender que la regulación de esta materia era competencia del Estado. A pesar de ello, cuando el Gobierno anunció su intención de recurrir la ley, País Vasco dijo que haría «todos los esfuerzos» para defender las competencias.

La oposición presiona al PNV para que el Gobierno vasco impida el fracking a pesar de suspenderse la ley

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EFE.- El parlamentario autonómico de EH Bildu, Dani Maeztu, aseveró que «por encima de cualquier decisión» judicial, el futuro del fracking en Euskadi «está exclusivamente en manos del Gobierno vasco, porque de él dependen las peticiones para perforar«. En el mismo sentido, el PSOE pidió en el Parlamento autonómico al Gobierno Vasco que no facilite ninguna actuación de exploración ni explotación del fracking mientras esté vigente la suspensión cautelar de la ley vasca por el Tribunal Constitucional.

Precisamente el pleno del Parlamento vasco debatirá una moción del PSOE en la que pide al Gobierno vasco que utilice todas las herramientas jurídicas dentro de su marco competencial para defender el mantenimiento de esta ley. La parlamentaria socialista Natalia Rojo pidió al Gobierno Vasco que aclare lo que va a hacer ante la suspensión cautelar y que se comprometa a no utilizar «ni un solo de los euros de los vascos en ningún intento de exploración o explotación del fracking«. La parlamentaria socialista recordó que, cuando ha habido voluntad política, se han encontrado fórmulas competenciales para paliar los efectos de suspensiones de este tipo.

EH Bildu contra el PNV

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, defendió que «la amenaza no viene de Madrid» ya que el Gobierno de Iñigo Urkullu «puede alejar el fantasma del fracking ahora mismo, si tiene voluntad para ello» porque de él «dependen» los permisos para perforar mediante la fractura hidráulica. «Es decir, por encima de cualquier ley o decisión de distintos tribunales el fracking se hará o no en función de la voluntad del Gobierno Vasco», afirmó Maeztu. El representante abertzale ha pedido al lehendakari que «pase por encima de los intentos de limitar la capacidad legislativa» vasca y que «renuncie hoy mismo al empleo del fracking«. «Ése es el mejor ejercicio de soberanía que puede hacer Urkullu», ha considerado.

Los ecologistas critican la suspensión

Asimismo, la asociación ecologista Eguzki criticó la decisión del Constitucional de suspender varios artículos de la ley vasca del fracking y ha denunciado la actitud «hipócrita» del Gobierno en funciones, al que ha acusado de estar al servicio del «gran capital, la explotación de los recursos naturales y la demagogia», vetando una norma que partió de una iniciativa legislativa popular con más de 100.000 firmas. A su juicio, la fracturación hidráulica es un experimento «a gran escala» que carece de «parámetros científicos sólidos» y que causa «daños a la salud y al medioambiente». Eguzki insiste en que la realidad social y la fuerte oposición a este tipo de proyectos por parte de la población afectada debe ser tenida en cuenta.

El Tribunal Supremo desestima un recurso de Ecologistas en Acción que pedía la anulación de un proyecto de fracking

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EFE.- El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado en mayo de 2016 por Ecologistas en Acción pidiendo que se declarase nulo el proyecto de fracking Cronos, que afecta a 96.000 hectáreas de varios municipios de Guadalajara y Soria, otorgado a la empresa Frontera Energy Corporation.

Los ecologistas fundamentaban su recurso en aspectos como la salvaguarda de los espacios naturales protegidos, la falta de medidas de protección medioambiental o la falta de diagnóstico de la afección a aguas superficiales y subterráneas. A este respecto, la sentencia señala que la recomendación de la Unión Europea referida a las medidas de protección ambiental son de fecha posterior al decreto que otorgó el proyecto y que se impugna, «por lo que difícilmente pudo ser tenida en cuenta a la hora de otorgarse el permiso de investigación que nos ocupa«.

Eso sí, «sin perjuicio de que el contenido de la mencionada recomendación 2014/70/UE, lo mismo que las normas del ordenamiento comunitario europeo o de derecho interno aprobadas con posterioridad al decreto impugnado y que resulten entonces de aplicación, sean tomadas en consideración con ocasión de las evaluaciones de impacto ambiental que habrán de realizarse en las fases ulteriores» del programa de investigaciónobjeto de examen.

Atendiendo a estas consideraciones, Ecologistas en Acción demandaba que el proyecto de fracking Cronos «se declarase nulo de pleno derecho y consiguientemente dejase sin efecto el acto administrativo objeto del presente procedimiento», hecho que ha sido desestimado por el Supremo. Por último, la sentencia señala que no procede imponer las costas derivadas de este proceso a ninguna de las partes «pues la controversia planteada suscitaba dudas de derecho suficientes como para considerar improcedente la condena en costas al litigante vencido».