Así lo explicó Fulvio Conti durante el transcurso del X Foro de Diálogo España-Italia, en Madrid, a la vez que se mostró a favor de que en España se retome el debate nuclear y recordó la importancia de aprovechar las últimas tecnologías energéticas para que todos los ciudadanos puedan aprovecharlas.

Al ser preguntado por el modelo energético español y las ayudas al carbón nacional, el consejero delegado de Enel, empresa que controla el 92,06% de Endesa, señaló que cada país necesita un «equilibrio» que asegure y mejore el suministro, que permita ser respetuoso con el medio ambiente y que potencie las tecnologías de eficiencia.

Señaló que España destaca por el desarrollo y la apuesta por las energías renovables, si bien incidió en que el desarrollo energético necesita ser abordado desde un análisis global teniendo en cuenta la energía nuclear y otras formas de energías primarias, como el gas y el carbón. «Si este balance se desequilibra en el largo plazo pueden producirse riesgos y subida de costes», agregó.

Conti dijo que entiende que los gobiernos apoyen a la minería, pero apuntó que «se debe hacer con respeto a las reglas del mercado», pagando los costes y respetando las otras tecnologías que exigen inversiones a largo plazo.

Si se apoya de un modo desproporcionado a un determinado modo de producción, «se puede producir un desequilibrio económico por soportar a las minerías» que destruiría el valor de la industria eléctrica, añadió.

En su intervención en el Foro, Conti agregó que las empresas energéticas tienen que esmerarse en que los gobiernos entiendan la importancia de las inversiones a largo plazo, ya que para que la inversión privada se mantenga es necesario que exista la «seguridad» necesaria.

Puso como ejemplo que los proyectos de inversión en energía nuclear en Italia pueden alargarse durante 10 ó 15 años hasta que la central esté operativa, periodo en el que pueden sucederse distintos gobiernos, políticas económicas y regulaciones, motivo por el que los ejecutivos deben apoyar los proyectos a largo plazo antes que los más a corto plazo, incidió.

Valoró las sinergias entre Enel y Endesa y destacó que son empresas complementarias, entre otros aspectos, geográficamente por su intensa actividad en Latinoamérica (la española) y en Europa del Este (la italiana), a la vez que subrayó que el desarrollo de políticas entre grandes empresas beneficia a los consumidores y también a los países implicados.

Destacó que la empresa invertirá 12.000 millones de euros en la península Ibérica en los próximos cincos años, al tiempo que descartó que se abone un dividendo extraordinario de Endesa el próximo marzo y que se estudie sacar a esta compañía de la Bolsa.

En cuanto a las inversiones en Latinoamérica enfatizó que se mantendrá el programa previsto persiguiendo una mayor eficacia.

En cuanto a la posibilidad de que Endesa realice en España una operación similar a la hecha por Enel en Italia para vender la red de alta tensión que aún conserva en Baleares y Canarias, Conti señaló que «se estudia y se negocia», al tiempo que explicó que «se trata de un asunto de medición del perímetro de la alta tensión» y de ver qué se puede vender a precio de mercado.

«Estamos listos», dijo Conti, quien precisó que confía en «llegar a un acuerdo (de venta) este año» y que el comprador potencial es Red Eléctrica (REE).

El pasado 3 de julio, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aprobó la orden ministerial por la que se concedía a Nuclenor una autorización de explotación hasta 2013, tras lo cual se procederá al cese definitivo de la actividad de Santa María de Garoña, lo que ha requerido la adaptación de las ITC incluidas en su día en el dictamen técnico del CSN.

Las ITC requieren al titular la puesta en marcha de una serie de actuaciones de vigilancia, mejora o modificaciones de diseño.

Estas instrucciones se recogen en diferentes bloques temáticos: referentes a la actualización, por parte del titular, de documentos oficiales de explotación e informes periódicos; relativas a inspecciones y vigilancia que debe llevar a cabo el titular sobre la integridad estructural de los componentes principales de la planta; y programas de mejora identificados en la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS).

Otras de las instrucciones corresponden a las mejoras en el aislamiento de las penetraciones de contención y sus pruebas de fugas, a la independencia de sistemas eléctricos y a la protección contra incendios; y otras están relacionadas con el desarrollo de la condición relativa al mantenimiento de la cultura de seguridad de la central.

Las alegaciones al cierre de Garoña, hasta el 6 de noviembre

Por su parte, el Tribunal Supremo ha dictado una providencia por la que da de plazo hasta el próximo 6 de noviembre para que las partes manifiesten sus alegaciones sobre el recurso presentado por la Asociación de Accionistas Minoritarios (AEMEC) contra el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos).

Según informó la AEMEC, una vez recibidas las alegaciones el Supremo deberá decidir sobre la admisión o no del recurso, que la asociación presentó el pasado 5 de octubre.

El recurso de la AEMEC señala que la decisión del cierre, que en su opinión causa un perjuicio a los accionistas de mil millones de euros, la tomó el Gobierno y no la secretaría de Estado de Energía (que es quien la firma), ya que dicha decisión respondía a motivos políticos y no técnicos.

En opinión de la AEMEC, si el cierre hubiera obedecido a motivos técnicos la secretaría de Estado sí era competente para ordenar el cierre de la central, con lo que el recurso debería haberse presentado en la Audiencia Nacional.

De hecho Nuclenor, -sociedad compartida al 50 por ciento por Iberdrola y Endesa-, propietaria de la central, interpuso el 14 de octubre un recurso en la Audiencia Nacional contra el cierre de Garoña.

Sin embargo, la AEMEC cree que el cierre anticipado (en 2013) obedece a motivos políticos, contrarios además a los informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que habían dado el visto bueno para que la planta continuara en funcionamiento hasta 2021. De este modo, al tratarse de una decisión del Gobierno, la competencia para decidir sobre su licitud recae en el Supremo.

El recurso incluye diversas manifestaciones públicas de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que según la AEMEC, demuestran que la decisión la tomó directamente el Gobierno.

El texto fue redactado por el despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo a petición de los pequeños accionistas de Endesa e Iberdrola, propietarias de la central.