Así lo hace constar la patronal en un documento que ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que se pronunciará en las próximas semanas sobre el borrador de decreto redactado por el Ejecutivo.

El documento elaborado por Unesa, que ha sido aprobado por unanimidad por parte de sus integrantes, incluye seis puntos en los que se advierte del efecto de la futura norma sobre el sector.

Al margen del mismo, las compañías eléctricas han elaborado y remitido al organismo regulador otra serie de alegaciones individuales que no han sido consensuadas, puesto que el futuro decreto tendrá un efecto desigual entre las empresas en función de su perfil de generación.

El borrador de decreto ante el que ha reaccionado la patronal establece un mecanismo de restricciones que da entrada preferente a la red a las centrales que utilizan carbón nacional, de manera que el resto de instalaciones tendrán que disminuir su producción.

Esta reducción afectará primero a las más contaminantes (fuel y carbón importado) y después a las de gas natural, si bien las plantas que tengan que ceder espacio en el mercado a las de carbón autóctono recibirán una compensación mediante la generación de derechos de cobro.

La patronal defiende que la problemática del carbón no se puede analizar de manera aislada, puesto que confluye con otros factores, como el crecimiento del régimen especial (energías renovables y cogeneración) y la caída de la demanda.

Asimismo, asegura que la nueva norma no va a responder a criterios de eficiencia económica, medioambiental y de seguridad de suministro, y por ello critica que se pretenda resolver el problema concreto de la minería con cargo a la industria eléctrica.

La patronal avanza incluso que la aplicación de la normativa exigirá un aumento de en torno al 8 por ciento en la tarifa de acceso o peaje (una pequeña parte de las tarifas integrales, que son las que pagan los consumidores), además de dificultar la reducción del déficit tarifario (diferencia entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico).

Las eléctricas también coinciden en rechazar que el sobrecoste del nuevo sistema se reparta entre la demanda, puesto que afectará a los contratos en vigor con los consumidores, a la vez que advierten de la introducción de una excesiva rigidez que dificultará la capacidad de negociación entre los agentes implicados.

Por último, consideran que, antes de la entrada en vigor del Real Decreto, sería necesario el consentimiento previo de la Unión Europea (UE).

A diferencia de la patronal eléctrica, la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) se ha mostrado muy satisfecha con la futura normativa, al entender que crea un marco estable para el sector hasta que se establezca un nuevo reglamento europeo del carbón.

Rafael Villaseca rehusó comentar las alegaciones que ha presentado su compañía al borrador, sobre el que ahora se debe pronunciar la Comisión Nacional de la Energía.

No obstante, señaló que existe una «preocupación general» porque la normativa se concrete en «términos razonables» y que la técnica que se aplique «no distorsione otras cuestiones»

«Sea cual fuere la decisión de Gobierno, esperamos que resuelva los problemas», dijo Villaseca, que aseveró que en el borrador no se hablan «en ningún lugar» de «lucro cesante».

En el texto del borrador, sí se establece que las centrales de gas natural y fuel que cedan parte del mercado eléctrico para dar entrada a las que queman carbón deberán ser indemnizadas.

En la normativa, se establece un sistema que persigue incentivar el uso de carbón nacional por parte de las eléctricas, que podrán elegir entre acogerse al mismo o intentar colocar su producción con carbón en el «pool» -mercado eléctrico mayorista-.

En el texto se establecen precios fijos con los que se remunerará a cada central térmica de carbón que decida acogerse al sistema para dar salida a su producción ante una situación de baja demanda que, como la actual, deja fuera de mercado a este tipo de instalaciones.

Para poder acogerse al mismo, las compañías deberán presentar una carta de compromiso de adquisición de carbón autóctono hasta 2012.

En caso de ser necesario, para dar entrada al carbón se quedarán fuera otras tecnologías emisoras de C02, como el fuel oil y el gas natural, que, a su vez, generarán derechos de cobro por quedarse fuera de mercado.

Demanda estabilizada de electricidad y gas en 2010

Por otra parte, Rafael Villaseca consideró que «la caída de la demanda de electricidad ya está tocando suelo y que se estabilizará en los próximos meses. De hecho, el mercado eléctrico ya está cayendo a cotas muy bajas». En cuanto al gas, la compañía augura una situación similar a la de la electricidad para dentro de un par de meses, de tal modo que «cabe prever una demanda estabilizada de energía para 2010».

La sociedad ha podido capear la complicada coyuntura al contar, asimismo, con una cobertura anual del 90% frente a la volatilidad del precio del pool. En este sentido, el directivo de Gas Natural reivindicó la robustez y fortaleza del grupo, con una cartera diversificada y gran peso de negocios regulados.

Aludió, asimismo, al actual modelo energético y al apoyo del Gobierno a las energías renovables. A juicio de Villaseca, «las ayudas a las energías especiales generan importantes desequilibrios». Para poner fin al déficit tarifario acumulado, se hace necesario, en su opinión, «reducir los costes de la energía, o bien a elevar el precio de la tarifa».

«No es discutible el qué, es decir, el hecho de que hay que elevar el peso de las renovables en el mix; sino el cómo, dado que están generando desequilibros difíciles de abordar», dijo.