Gas Natural Fenosa estudiará «con interés» la subasta de renovables y no ve rentable prolongar el funcionamiento de las nucleares

Europa Press.- El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, asegura que estudiarán «con todo el interés» la próxima subasta de energías renovables en España, ya que tienen muchos proyectos que deben ver si encajan con la propuesta del Gobierno central, incluyendo más eólica en Galicia.

Asimismo, Villaseca señaló que la estructura actual de costes y subvenciones de las renovables en España «trastoca el mercado eléctrico», por lo que debe abordarse cómo hacer que el mercado funcione mejor, más racionalmente, y considera que es una buena ocasión de empezar a plantearlo. Fue más pesimista respecto a la energía nuclear, por la contestación social por razones medioambientales y porque, con su fiscalidad en España, «no es rentable pensar en inversiones para prolongar la vida de las centrales«.

También ha lamentado que diferentes comunidades autónomas añadan costes a la tarifa eléctrica que fija el Gobierno, porque genera una situación «confusa, complicada y que necesita de un ordenamiento» ya que perjudica a las decisiones de inversión por su impredictibilidad. «Uno pone el precio y otros ponen los costes. Si hay que poner costes, se debe liberalizar el precio de venta o tenerlo en cuenta al poner el precio del mercado regulado», y ha denunciado que su comercializadora del mercado regulado está en pérdidas y no es el primer año.

Las autonomías provocan las refacturaciones

El Tribunal Supremo admitió a trámite en marzo un recurso contencioso administrativo de Gas Natural Fenosa contra la orden ministerial de enero en que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana, como suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus autonomías en el ejercicio 2013. Finalmente, al preguntársele por la intención de vender el negocio de Gas Natural Fenosa en Italia, Villaseca señaló que lo tienen en estudio y después tomarán «la decisión oportuna, que aún no se ha tomado«.

Por su parte, el presidente de la compañía energética, Isidre Fainé, ha sido preguntado por política española: sobre el proceso independentista insistió en que «la negociación y el diálogo es la base para llegar a buenas soluciones para todos; en algún momento u otro ese diálogo estará«. Asimismo, reconoció que no tenía pensado ocupar el cargo de presidente de Gas Natural Fenosa pero que, tras pedírsele, prevé desempeñar con el máximo compromiso, ya que jubilarse no entra en sus planes: «Mientras Dios me dé facultades físicas y mentales, no tengo por qué pensar en otra cosa porque mi vida es de servicio hasta el final».

Fainé se ha mostrado muy satisfecho con el trabajo de los últimos años del consejero delegado, Rafael Villaseca: «Espero seguir contando con su inestimable colaboración», y ha descartado cambios en los órganos de gobierno tras los acometidos por la incorporación al accionariado del fondo GIP. Fainé y Villaseca han querido empezar su intervención en la junta general de accionistas recordando al presidente de Honor recién fallecido, Salvador Gabarró, del que Fainé ha destacado su calidad humana y que «fue el alma del espectacular crecimiento» de la compañía en los últimos 13 años, a lo que se ha sumado Villaseca, que ha hecho referencia a su gran talla personal y profesional.

Energía impedirá a las comercializadoras eléctricas sacar a un usuario del bono social hacia el mercado libre sin advertírselo expresamente

Europa Press.– El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prohibirá a las comercializadoras de electricidad suscribir un contrato en el mercado libre con un beneficiario del bono social sin advertirle expresamente de que la firma implicará la pérdida de la ayuda. Esta novedad forma parte de las medidas recogidas en el borrador de reglamento de desarrollo del bono social de electricidad, que fue remitido por Energía a las distintas comunidades autónomas.

El borrador recoge tres novedades normativas encaminadas al refuerzo de la protección de los consumidores de electricidad, especialmente de los vulnerables. Entre ellas figura la de que el nuevo comercializador «deberá informar expresamente» al consumidor con bono social de que «la suscripción del nuevo contrato en mercado libre implicará que no resulte aplicable la percepción del bono social». Otra de las novedades es que las comercializadoras deberán incluir en sus reclamaciones a los consumidores con impagos en su factura que estén en el mercado libre la posibilidad de acogerse al precio regulado, el PVPC, y de solicitar el bono social.

Junto a esto, Energía anulará expresamente las cláusulas que contemplen penalizaciones o costes adicionales para los consumidores que tengan un contrato en el mercado libre y que soliciten acogerse al PVPC acreditando los requisitos para ser consumidor vulnerable. El borrador también obliga a las comercializadoras eléctricas a actualizar al menos una vez a la semana el listado con los consumidores a los que ha remitido la primera o, en su caso, segunda notificación de impago.

Esta lista se remitirá a las comunidades autónomas, que designarán por su parte un centro directivo para recibir esta información e informar a las distintas administraciones del territorio. De esta forma, «las autoridades competentes en materia de servicios sociales dispondrán permanentemente de un listado actualizado de los impagos en su territorio». Las comunidades autónomas podrán usar la información del listado para incluir a los consumidores en sus distintos programas de asistencia social. También estarán obligadas a notificar a las comercializadoras de referencia los nombres de los usuarios que están siendo atendidos por sus servicios sociales.

Al abordar el nuevo principio de asignación del bono social, Energía reconoce que la actual definición de beneficiarios «tiene una relación muy indirecta con las categoría de renta«, lo que justifica, según sus consideraciones, vincular la ayuda a un indicador como el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). En este sentido, reconoce que con la actual definición «puede haber consumidores que realmente necesiten la ayuda del bono social y no la estén recibiendo», así como «beneficiarios que no requieran realmente del descuento del 25% en su factura eléctrica».

El Gobierno envía a las comunidades autónomas el borrador del reglamento sobre el bono social, más «eficiente» y «accesible»

Europa Press.- El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas los principales aspectos del reglamento que desarrolla el real decreto ley sobre el bono social, que establece un mecanismo «más eficiente» y «accesible», con más categorías de hogares vulnerables y mejor comunicación entre las administraciones y las comercializadoras.

Tras haber recibido las aportaciones de los grupos políticos que contribuyeron a su aprobación, el Ministerio de Energía expone que el borrador establece un mecanismo basado en criterios de renta de la unidad familiar para reforzar la protección de los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social. En concreto, contempla la creación de diferentes categorías para los hogares vulnerables en función de unos umbrales de renta establecidos mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que se ampliarán para una serie de circunstancias especiales basadas en supuestos socioeconómicos, como el grado de discapacidad. Además, crea la categoría de hogares vulnerables severos, que estarán más protegidos y se beneficiarán de un descuento más elevado que los consumidores vulnerables.

En cuanto a los impagos de los consumidores, las comercializadoras deberán de informar a estos desde el primer momento en que dejen de abonar sus facturas, para posteriormente reclamar el pago por correo certificado, por burofax o por medio telemático mediante firma electrónica. Si la reclamación no puede entregarse, habrá una segunda reclamación. Por último, las comercializadoras deberán realizar una tercera y última reclamación fehaciente de pago. Desde entonces, el consumidor dispondrá de 2 meses para efectuar el pago de la factura antes de que la compañía pueda proceder a la suspensión del suministro, un plazo que se ampliará a 4 meses para los consumidores vulnerables acogidos al bono social.

En los casos de hogares vulnerables severos en situación de exclusión social, cuando las autoridades competentes aporten ayudas que supongan una financiación del 50% de la factura, el suministro será declarado «esencial» y se cofinanciará junto con las comercializadoras eléctricas, impidiendo así el corte de suministro para estos hogares. Por otro lado, las administraciones competentes en materia de política social tendrán un listado permanentemente actualizado de las suspensiones del suministro previstas, lo que les permitirá identificar los casos de riesgo de exclusión social que puedan verse afectados y evitar así los cortes indeseados para asegurar la protección de los consumidores con problemas de inserción social.

El Tribunal de Contratos Públicos da la razón a Endesa y anula el concurso municipal de suministro eléctrico de Barcelona

Europa Press.- El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público ha anulado el contrato eléctrico municipal de Barcelona, de 65 millones de euros divididos en tres lotes y con una duración prevista de dos años. Pequeñas y medianas empresas presentaron ofertas ante el nuevo contrato de suministro eléctrico, ahora anulado por el tribunal que aceptó a mediados de febrero medidas cautelares pedidas por Endesa, compañía que, junto a Gas Natural Fenosa, recurrió el contrato y no concurrió.

Fuentes municipales explicaron que están estudiando la resolución y que se negociará un convenio puente ya que el actual contrato vence el 25 de marzo. El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público alega que las cláusulas contra la pobreza energética que quiere promover el consistorio y, por tanto, el beneficio social que se busca, «no se produce en el suministro energético a la administración ni directamente por el acto de suministrar electricidad a los locales del Ayuntamiento». Fuentes de Endesa consultadas consideran que la decisión del tribunal de la Generalitat constata que los argumentos de su recurso eran adecuados.

El texto explica que, para que la atención y reducción de la pobreza energética se pudiera aceptar como objeto del contrato, se debería dar alguno de estos dos condicionantes: que sea una prestación claramente diferenciable y que, por tanto, se pueda licitar por separado; o que la finalidad social que se quiere promover se provoque «intrínsecamente» con la sola prestación del suministro eléctrico. Además, asegura que esta cláusula no define las obligaciones a ejecutar de forma «clara e inequívoca», ya que no concreta las exactas obligaciones a las que se obliga para la adjudicación del contrato, por lo que perjudica a todas las licitadoras potenciales.

El tribunal también ha asegurado que la definición que se hace del objeto del contrato es «controvertida», y ha observado que no se adecua al artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que define los contratos de suministro, de conformidad con el artículo de la Directiva 2014/24/UE. Asimismo, según la resolución, el consistorio tampoco puede apoyarse en el proyecto de Ley de contratos del sector público que actualmente se está debatiendo en las Cortes Generales, ya que este texto puede ser objeto de diversas enmiendas y, por tanto, aún no tiene efecto jurídico.

La CNMC multa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo por formalizar contratos sin el consentimiento de 7 clientes

Europa Press.– La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Viesgo con un total de 155.000 euros por formalizar contratos de gas y electricidad sin el consentimiento de varios clientes. En concreto, el organismo presidido por Marín Quemada ha resuelto estos expedientes tras recibir 7 reclamaciones de usuarios que presentaron sus denuncias directamente ante la Comisión o a través de las oficinas municipales de información al consumidor.

En estos casos, los clientes denunciaron haber sufrido un cambio de comercializador (compañía que ofrece los servicios de gas y/ electricidad) sin haber dado su consentimiento. En consecuencia, la CNMC procedió a la apertura de un periodo de información previa y, en atención a las circunstancias de cada caso, se abrieron los correspondientes expedientes sancionadores a estas cuatro comercializadoras de electricidad y gas natural como responsables de infracciones leves de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y de la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos.

La normativa establece el derecho del consumidor para elegir suministrador. La CNMC ha acreditado que, en los casos sancionados, las compañías no respetaron el procedimiento de contratación y no contaron con el consentimiento. Concretamente, la CNMC ha impuesto las siguientes sanciones: Endesa Energía, cinco multas de 20.000 euros cada una de ellas, hasta un total de 100.000 euros, en cuatro expedientes distintos; Iberdrola Clientes, una multa de 30.000 euros; Gas Natural Servicios, una multa de 10.000 euros y Viesgo Energía, una multa de 15.000 euros. Estas resoluciones pueden ser recurridas ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

La CNMC ya publicó en 2015 una serie de recomendaciones para fomentar las buenas prácticas entre los clientes y las comercializadoras de gas y electricidad, cuando se realiza un cambio de suministrador en los contratos de los usuarios. Entre otros aspectos, la CNMC recomienda a las comercializadoras que eviten la captación de clientes a través de canales de venta domiciliaria y la contratación telefónica, especialmente en el caso de consumidores vulnerables y personas mayores. También recuerda que deben identificarse de manera clara ante el consumidor y evitar prácticas o mensajes que generen confusión, entre otros.

Facua critica a los comerciales

Facua asegura que tanto el Gobierno como las autoridades de protección al consumidor autonómicas «vienen manteniendo» una actitud pasiva en relación a la mala praxis de algunas comercializadoras que han sido multadas por parte de la CNMC. En este sentido, la organización equipara este «macrofraude» con el que se produjo a comienzos de la década pasada en el sector de las telecomunicaciones y recomienda a todos los usuarios que hayan sido «víctimas» que denuncien sus casos ante el organismo regulador. De igual modo, Facua denuncia «especialmente» los casos en los que los usuarios afectados por el cambio de compañía perdieron el bono social y asegura que la CNMC analiza 270 denuncias presentadas por esta asociación en nombre de sus asociados.

Unión Fenosa Distribución (Gas Natural) supera los 3 millones de contadores inteligentes instalados

Europa Press.- Unión Fenosa Distribución, filial de distribución eléctrica de Gas Natural Fenosa, ha superado la cifra de los 3 millones de contadores inteligentes domésticos instalados, lo que representa el 83% de sus 3,6 millones de puntos de suministro, de los que más del 96% están ya efectivamente integrados en el sistema de telegestión.

Por comunidades autónomas, la energética ha instalado ya más de 1,2 millones contadores en Galicia; cerca de 1 millón en la Comunidad de Madrid; más de 488.000 contadores en Castilla-La Mancha, y 281.000 contadores en Castilla y León. En todas las comunidades, la compañía ha superado el umbral del 80% de equipos sustituidos. La filial de Gas Natural Fenosa señaló que el cambio de los contadores continuará hasta el año que viene, cuando, según la regulación, todos los equipos domésticos de electricidad deben ser inteligentes.

Gas Natural Fenosa inyecta 10 millones de euros a su comercializadora regulada de luz para compensar sus pérdidas en 2016

Europa Press.- Gas Natural Fenosa ha inyectado 10 millones de euros en 2016 a su comercializadora de referencia encargada del suministro regulado de electricidad al consumidor doméstico, conocida como Gas Natural SUR SDG, con el objeto de compensar las pérdidas registradas por la filial. Esta aportación aparece recogida en la auditoría de la compañía correspondiente a 2016, junto a otra dotación por importe de 30 millones de euros para reajustar el balance de la filial Gas Natural Exploración, que también registró pérdidas.

Las pérdidas en la comercializadora del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) de electricidad se suman a las registradas en ejercicios anteriores. En 2015, las sociedades con las que Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa ofrecen este servicio regulado declararon números rojos por importe de 28,9 millones de euros. Este desfase fue precisamente objeto de diversos recursos de las empresas ante el Tribunal Supremo, que les dio la razón y obligó al Gobierno a diseñar una nueva metodología con el objeto de reconocer un margen de comercialización de electricidad suficiente.

El Gobierno revisó al alza este margen mediante una nueva metodología en la que no solo se recoge un importe fijo en función de los kilovatios (kW) contratados, sino también otro variable asociado al consumo realizado. Esta revisión, que implica una subida del recibo doméstico cercana al 0,004%, es más limitada que la propuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que abogaba por elevar el margen de las comercializadoras de referencia un 31%, hasta 5,24 euros por kW. Tanto Gas Natural como Iberdrola, EDP o Viesgo han recurrido ante el Supremo la nueva metodología al considerar que sigue sin cubrir suficientemente los costes de comercialización.

Facua pide a los consumidores estar atentos ante algunas prácticas comerciales desarrolladas tras las últimas subidas de la luz

Europa Press.- La subida del precio de la luz que se experimentó el pasado mes de enero ha tenido consecuencias políticas y económicas. Hasta el momento, los partidos políticos de la oposición han mostrado su rechazo al aumento de los precios y hasta reclamaron la necesidad de alcanzar un «gran acuerdo» en materia energética para frenar las subidas.

Según la asociación de consumidores Facua, las consecuencias de la subida de la luz no repercutirán solamente en los bolsillos de los consumidores, sino que algunos de ellos pueden o han podido verse sorprendidos por mayores alteraciones en la factura como son el traslado de compañía o el cambio de tarifa. Se trata de los usuarios víctima del slamming, una práctica que según denuncian desde esta asociación de consumidores aumenta con cada hecho noticiable relacionado con el sector energético. El término slamming hace referencia a una práctica que consiste en, a través de la visita de comerciales a los hogares, cambiar a los usuarios de una compañía de tarifa o hasta trasladarles el contrato a otra empresa sin informarles debidamente.

Así, estos comerciales pueden ganarse a los clientes haciéndoles firmar un nuevo contrato sin leerlo o hasta conseguir cambios en el contrato o establecer un nuevo acuerdo a través de la falsificación de sus firmas. «Las empresas que lo practican son principalmente del sector eléctrico», explica el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. «El sector eléctrico es uno de los más denunciados por los consumidores, está en cuarto lugar, por detrás de la banca«, añade Sánchez.

Sánchez asegura que no hay un perfil de víctima potencial. Sostiene que desde su asociación se encuentran con denuncias de todo tipo de consumidores y recomiendan a todos ellos denunciar los hechos ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a quienes deben dirigirse a través de una denuncia escrita. «Se puede prevenir no aceptando ningún tipo de visita de ningún comercial de ninguna compañía», argumenta Sánchez. El portavoz de Facua recalca la importancia de no enseñar a ningún visitador ninguna factura.

En caso de haber sido víctima de un cambio fraudulento de tarifa a través de la firma no informada de un nuevo contrato, desde Facua recomiendan explicar a la compañía con la que se tenía un contrato solicitar volver al estado original. En caso de ser víctima de una falsificación de la firma y que la factura se pague antes de contactar con la compañía o no se informe a tiempo al banco para que devuelva el recibo, la recomendación pasa por presentar una denuncia de cara a acreditar que se ha cometido un fraude.

La OCU denuncia prácticas irregulares de los servicios de atención al cliente de las compañías eléctricas promocionando el mercado libre

Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que los servicios de atención al cliente de las comercializadoras de referencia eléctricas ofrecen por defecto las ofertas de su filial en el mercado libre, «sin advertir al consumidor de esta circunstancia».

La asociación señala que ha realizado varias consultas telefónicas a los servicios de atención al cliente de las compañías, en las que ha constatado «la facilidad con la que un consumidor que contacte con una comercializadora de referencia puede acabar con un contrato en el mercado libre sin que la compañía le informe de que en realidad está contratando con otra compañía diferente». Así, OCU, que señala a las comercializadoras de referencia de Iberdrola, Endesa, Viesgo y EDP, critica que, a través de estos servicios de atención al cliente de las eléctricas, no se respeta la separación de actividades a la que obliga la ley.

Además, denuncia la existencia de varias irregularidades adicionales, como negarse a ofrecer la tarifa regulada (PVPC) con discriminación horaria a nuevos clientes, en el caso de EDP Comercialización de Último Recurso, o no hacer contratos fuera de su área de distribución, en el caso de Viesgo Comercializadora de Referencia. Gas Natural fue la única compañía que hace «una clara separación de su actividad» y, por lo tanto, se limitó a ofrecer exclusivamente los productos reservados a su condición de comercializadora de referencia, señala la asociación.

Para la OCU, estas prácticas no dejan de ser un claro de ejemplo de slamming, como son denominadas estas prácticas en el mundo anglosajón, por parte de las compañías que aprovechan «el grave desconocimiento sobre el mercado de la electricidad para contratar con una tarifa y compañía diferente de la que se corresponde con el servicio de información con la que el futuro cliente está contactando«. La asociación, que recuerda que estas compañías son las únicas que por Ley pueden ofrecer la tarifa regulada o el bono social, subraya la necesidad de la separación de actividades para garantizar la competencia.

La CNMC multa a tres comercializadoras eléctricas por no presentar las garantías exigidas por Red Eléctrica

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un importe total de 21.300 euros a tres comercializadoras de electricidad por no presentar las garantías exigidas por el operador del sistema. La Ley del Sector Eléctrico impone a las empresas comercializadoras la obligación de prestar las garantías que reglamentariamente resulten exigibles. En los tres casos, el operador del Sistema, Red Eléctrica de España (REE) denunció los incumplimientos ante la CNMC.

En concreto, el organismo presidido por José María Marín Quemada ha sancionado a las compañías Alcanzia Energía y Estrategias Eléctricas Integrales con 10.000 euros, respectivamente, y a Comercial y Asesora de Electricidad con 1.300 euros. La sociedad Alcanzia Energía incurrió en un incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por REE por insuficiencia de dichas garantías durante el periodo de tiempo comprendido entre el mes de septiembre de 2015 y el 5 de febrero de 2016. Esta sociedad procedió, con fecha 5 de febrero de 2016, a depositar el importe de 2,832 millones de euros en concepto de garantías y regularizó así su déficit de garantías con REE.

Por su parte, el incumplimiento de las garantías exigidas por REE a Estrategias Eléctricas Integrales se prolongó desde el período comprendido entre el 19 de febrero y el 2 de septiembre de 2016 y ascendió a 732.000 euros. La compañía subsanó el déficit el pasado 2 de septiembre. Finalmente, Comercial y Asesora de Electricidad, S.L. no prestó las garantías requeridas por REE con fecha límite de 21 de enero de 2016 y por valor de 44.000 euros. Posteriormente, la empresa depositó las garantías pendientes en fecha 22 de febrero de 2016, siendo su estado de garantías correcto desde dicha fecha.