Santiago Rull, consejero delegado de DISA, señala que las Canarias tienen que llegar al 100% de suministro renovable

EFE.- El consejero delegado de DISA Gas, Renovables y Servicios Energéticos, Santiago Rull, aseguró que no es una quimera que el abastecimiento energético en las Islas Canarias sea al 100% con energías renovables ya que, según indicó,en países como Uruguay hay días en los que toda la energía es renovable.

Durante la presentación de las obras de los primeros parques eólicos promovidos por la compañía en Arico, Santiago Rull también ha opinado que el Ayuntamiento de este municipio tinerfeño va con el «paso cambiado» si decide recurrir la instalación ante los tribunales de Justicia. Rull ha recordado que el Ayuntamiento de Arico dio su visto bueno a los parques en la reunión del comité de inversiones que los consideró estratégicos.

Rull ha explicado que la empresa decidió invertir 32 millones de euros en la construcción de parques eólicos en Vera de Abote y Bermejo, en Arico, con una potencia de 23,1 megavatios de energía eléctrica. Estos parques estarán próximos a la planta fotovoltaica que DISA tiene en El Bailadero (Arico), con lo que la empresa generará más de 37,1 megavatios, cantidad suficiente para cubrir la demanda eléctrica de un municipio de 153.000 habitantes como La Laguna, ha indicado Santiago Rull.

El consejero delegado ha insistido en que DISA apuesta por las energías renovables y ha señalado la conveniencia de utilizar el gas como energía de transición ya que, según añadió, se necesitarán unos 20 años hasta conseguir el 100% de suministro energético renovable. Santiago Rull ha recordado que Canarias es una de las comunidades autónomas con menor penetración de energías renovables en la generación eléctrica, en torno al 8%, y ha reiterado que en el archipiélago no se ha sabido aprovechar el viento y el sol, a pesar del impulso dado por el Gobierno canario.

DISA tiene proyectos en estudio en Gran Canaria y Fuerteventura y 200 megavatios en tramitación, tanto en Canarias como en la Península, según comentó su consejero delegado.Los parques eólicos de Arico se construyen por encima de la autopista, con lo que su impacto visual es «casi nulo», consideró Santiago Rull, quien ha recordado que el vertido en la red desde ellos debe comenzar a finales de 2018, ya que de no ser así DISA perdería la prima recibida por el cupo del Gobierno central.

Alianza por el Clima pide que la Ley de Cambio Climático tenga un enfoque multisectorial y apueste por la adaptación

Europa Press.- La plataforma Alianza por el Clima ha reclamado que la Ley de Cambio Climático que elaborará el Gobierno debe tener un enfoque «multisectorial» para hacer frente al «desafío complejo» del cambio climático y considera que el texto debe dar más peso a la adaptación así como incluir medidas de apoyo a los sectores más afectados.

Así, la plataforma, formada por más de 400 ONG ha realizado un documento que concluye que invertir en adaptación evita en muchos casos daños que tienen un coste económico, social y ambiental muy elevado. Además, considera necesario un análisis sectorial para diseñar medidas de apoyo y reforma de los sectores más afectados. «Estamos ante un desafío complejo y multisectorial. Es necesario tomar medidas en varios frentes a la vez para obtener resultados apreciables», advierten las conclusiones. Por ello, las organizaciones consideran necesario poner especial atención a la coherencia de políticas, precisamente por el carácter multisectorial que supone el cambio climático.

Alianza por el Clima insiste también que el diseño de esta ley debería contar con un proceso «participativo e inclusivo» que sea «transparente y equilibrado» y que garantice que la voz de todos los agentes sociales esté «suficientemente representada» y se recojan las aspiraciones e inquietudes de todos ellos. En este contexto, subraya que la adaptación es «clave» porque los impactos del cambio climático ya se están sufriendo y reclama que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética deberá contemplar el marco legislativo adecuado para fomentar medidas encaminadas a la adaptación de los distintos sectores (transporte, agua, industria y energía, edificación, biodiversidad, agricultura…) a la realidad del cambio climático.

«Es un problema social, ambiental y económico. Las organizaciones de Alianza Por el Clima reclamamos una ley de cambio climático que sea capaz de dinamizar la sociedad española, a través de los incentivos adecuados para adaptarnos a esta nueva realidad», manifiesta. Entre las organizaciones ecologistas, sindicales, de cooperación al desarrollo, de acción rural, de agricultores, vecinales, católicas y de consumidores que forman parte de Alianza por el Clima figuran Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF, CCOO, UGT, USO, Caritas Española, Movimiento Católico Mundial por el Clima, REDES, Manos Unidas, InspirAction, ONGAWA, ATTAC, Avaaz, FRAVM, AMA, Px1NME, ECODES, Fundación Global Nature, Oxfam Intermon, COAG, UPA, CECU, Asgeco, Hispacoop, OCU, y Fundación Renovables.

El Gobierno asigna 5,3 millones de derechos de emisión de CO2 a nuevas instalaciones para los años 2013-2020

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado la asignación individual de 5,3 millones de derechos de emisión a 12 proyectos, que constituyen el cuarto conjunto de nuevas instalaciones y ampliaciones de las existentes para el periodo 2013-2020. La aprobación del Ejecutivo se produce a propuesta de los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, Energía, Turismo y Agenda Digital y Economía, Industria y Competitividad.

Así, se asignan derechos de emisión a instalaciones incluidas en la Ley 1/2005, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Las asignaciones se distribuyen en los 12 proyectos que constituyen este cuarto grupo de nuevos entrantes del período 2013-2020, de los que 8 corresponden a ampliaciones de instalaciones existentes y 4 a nuevas instalaciones. Las asignaciones propuestas totalizan unos 5,30 millones de derechos, de los que 0,94 se toman de la reserva de nuevos entrantes. El resto, unos 4,35 millones, es lo que ya tenían asignado las instalaciones existentes que ahora amplían su capacidad.

El sistema europeo de comercio de derechos de emisión es la principal herramienta de la Unión Europea para fomentar la reducción de emisiones de gases invernadero en la industria y sector de generación eléctrica. La normativa establece que una parte de los derechos de emisión que se inyectan en el mercado se han de asignar gratuitamente a las entidades reguladas, de forma que sus costes por participar no sean excesivos. Las reglas de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la reserva de nuevos entrantes son comunes en toda la Unión Europea. Esta reserva, común a toda la Unión Europea, asciende a unos 480 millones de derechos para el periodo 2013-2020.

En el Consejo de Ministros de abril de 2014, el Gobierno aprobó la asignación individualizada de derechos de emisión al primer conjunto de nuevos entrantes del periodo 2013-2020. Esta asignación ascendió a 13,5 millones de derechos. En su reunión de abril de 2015 aprobó la asignación individualizada de derechos de emisión a un segundo conjunto de nuevos entrantes. Esta asignación ascendió a 2,0 millones de derechos. Finalmente, en su reunión de 22 de abril de 2016 aprobó la asignación individualizada de derechos de emisión a un tercer conjunto de nuevos entrantes, por una cuantía de 1,2 de derechos de emisión.

España es uno de los países de la Unión Europea que menos ingresa por impuestos medioambientales

Europa Press.- España recauda el 5,6% del PIB por impuestos medioambientales, por debajo del promedio de la Unión Europea, que alcanza el 6,8% del total, según datos de Eurostat del año 2015. La Unión Europea ha propuesto recientemente aumentar sustancialmente la aportación de estos impuestos al total de ingresos fiscales, buscando lograr una Europa más eficiente en la utilización de recursos. De hecho, el Gobierno español ha anunciado nuevos impuestos verdes, por los que prevé recaudar 500 millones de euros adicionales.

En 2015, una serie de países de la Unión Europea han conseguido una recaudación de los impuestos medioambientales superior o en torno al 10% del total de ingresos fiscales. Entre los impuestos verdes, más de tres cuartas partes corresponden a tributos energéticos, mientras que los impuestos sobre el transporte suponen casi un 20% y los impuestos sobre la contaminación llegan a un 3,5% del total. Por debajo del 5,6% que recauda España por estos tributos se sitúan Austria, Eslovaquia, Suecia, Alemania, Luxemburgo, Francia y Bélgica.

Por el contrario, Croacia se coloca en primer lugar con un 10,9%, figurando a continuación Eslovenia (10,6%), Grecia (10,3%) y Bulgaria (10%). Letonia, Malta, Chipre y Países Bajos se sitúan en torno a un 9%, mientras que Dinamarca llega a un 8,6%; seguida de Irlanda (8%) e Italia (7,9%). El Reino Unido, Portugal, Hungría y Finlandia también superan el promedio europeo. Levemente por debajo quedan Lituania y la República Checa.

Medio Ambiente lanza la 6ª convocatoria de Proyectos Clima para comprar las emisiones de CO2 que reducen las empresas

Europa Press.- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente lanzó la sexta convocatoria de Proyectos Clima por los que el Gobierno compra las emisiones de CO2 que reducen voluntariamente las empresas en sectores difusos como transporte, sector residencial, residuos, agricultura o ganadería, los gases fluorados o la industria no sujeta al régimen de comercio de derechos de emisión.

El plazo para presentar las iniciativas termina el 15 de mayo. En las primeras cinco convocatorias se han seleccionado un total de 250 proyectos que supondrán una reducción total de emisiones de CO2 equivalente de más de 7,4 millones de toneladas de CO2. Hasta la fecha existen más de 20 tipologías de Proyectos Clima creados. El Fondo ha elaborado metodologías para el cálculo de las reducciones de emisiones y está abierto también a nuevas propuestas.

Acogen asegura que el sector acometerá las inversiones «que hagan que el Gobierno confíe en la cogeneración»

Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Antonio Pérez Palacio, asegura que el sector va a presentar soluciones y a acometer inversiones que hagan «que el Gobierno confíe en la cogeneración». Pérez señala que mejorarán la eficiencia energética de 2.500 megavatios (MW) de cogeneración en funcionamiento y, posteriormente, considera que hasta 2030 se podrán añadir 1.800 MW de nuevas cogeneraciones, mayoritariamente en el sector terciario, que serán fundamentales para cumplir los objetivos nacionales de eficiencia energética.

Así, consideró que sería razonable desarrollar el 50% del potencial económico identificado hasta 2030, que supone implantar unos 250 MW adicionales de nueva cogeneración en la industria, y 1.550 MW de nueva cogeneración en el sector terciario. Además, Pérez insistió en que la cogeneración habla de soluciones con una fórmula «sencilla y factible» que propicia más eficiencia, menores emisiones y mayores ahorros. Pérez destacó que la cogeneración es un indicador del compromiso para lograr, con un marco propio, «mayores metas para que el país sigan contando con un aliado fiable con aportaciones tangibles a la reindustrialización, la eficiencia energética y la acción por el clima«.

Una veintena de empresas genera casi el 80% de las emisiones de CO2 de los sectores fijos

Europa Press / Servimedia.- Las 20 empresas con mayores emisiones suman un total del 79,53% de las emisiones procedentes de fuentes fijas, incluidas en el Registro Nacional de Emisiones (RENADE), que son la producción de energía, industria del petróleo y otras instalaciones industriales, según el informe Responsabilidad de las grandes empresas energéticas e industriales de España en el cambio climático, publicado por el Observatorio de la Sostenibilidad con datos de 2015, el último año con información consolidada.

El estudio señala que España emitió en 2015 un total de 339 millones de toneladas totales de gases efecto invernadero, de las que la industria y la energía emitieron 137,1 millones de toneladas de CO2 verificadas por el RENADE, un 40,4%. Mientras, el 59,6% de las emisiones correspondieron a fuentes de emisión difusas, tales como el transporte, los hogares, los servicios, agricultura. En general, las emisiones crecieron un 3,3% en total en España respecto a 2014, mientras que «en prácticamente todos los países de la Unión Europea descendían». Esto supone un incremento de 13,77 millones respecto al 2014 y un 18% más respecto a 1990.

Además, el informe destaca que las emisiones de los sectores fijos se concentran en un núcleo de 10 empresas, que emiten el 69,4% o lo que es lo mismo, 95,2 millones de toneladas, de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores fijos. Se trata de Endesa, 33,3 millones de toneladas de CO2; Repsol (incluye Petronor), 13 millones de toneladas; Gas Natural Fenosa, 12,9 millones de toneladas de CO2; Hidrocantábrico, 10,6 millones de toneladas de CO2; ArcelorMittal, 6,4 millones de toneladas de CO2; E.On, 5,3 millones de toneladas de CO2; Cepsa, 4,8 toneladas de CO2; Cemex, 3,4 millones de toneladas de CO2; Iberdrola, 2,6 millones de toneladas de CO2 y Cementos Portland, 2,4 millones de toneladas de CO2.

Solamente Endesa emite el 9,8% de todas las emisiones de España, tanto las fijas como las difusas, y concentra la cuarta parte de todas las que emiten los sectores fijos. A esta le siguen Gas Natural Fenosa y Repsol, que suponen un 4% aproximado cada una del total emitido en España. En total, los sectores fijos con mayores emisiones se deben a la producción energética, las industrias con grandes procesos de combustión, el tratamiento y transformación de hidrocarburos, la industria cementera y la transformación química.

La generación de carbón supone 50 millones de toneladas equivalentes de CO2 y supone el 72,3% de lo correspondiente a la generación total de energía, que produce en su conjunto la mitad de las emisiones fijas totales nacionales, casi 70 millones de toneladas de CO2. En cuanto a la producción de cemento y cal, generan 17 millones de toneladas, el 12,5% del total, algo más que las de las refinerías de petróleo y coque (14 millones de toneladas de CO2, el 10,5%). Las industrias que dependen de grandes procesos de combustión emiten el 8,5% del total, casi 12 millones de toneladas de CO2; el resto de la industria contribuye con el 18% restante (casi 25 millones de toneladas de CO2).

Con estos datos, el estudio del Observatorio de la Sostenibilidad refleja que la tendencia de 2015 respecto a 2014 señala que las emisiones del sector eléctrico aumentaron un 17,6% y las que más aumentaron fueron las centrales de carbón (22,1% más) y los ciclos combinados de gas natural (16,3% más que el año anterior). El resultado final, que arroja un crecimiento del 3,3% de las emisiones españolas en 2015 respecto a 2014 va en contra de los compromisos de reducción contraídos por los firmantes del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, que España firmó en Nueva York el 22 de abril de 2016 y que ratificó el pasado enero.

Por comunidades autónomas, la más emisora es Andalucía, con el 19% de las emisiones de las fuentes fijas de España. A esta le siguen Asturias (16%), Galicia (11%), Cataluña (10%) y Castilla y León (9%), precisamente las zonas donde están instaladas las grandes centrales de carbón excepto en Cataluña, donde la incidencia de las emisiones se debe al importante sector industrial y refinero. Por el contrario, las autonomías que menos CO2 emiten son Navarra, Madrid, Extremadura, Cantabria y La Rioja, justo aquellas cuya economía está menos basada en el carbón.

De acuerdo con el estudio del Observatorio de la Sostenibilidad, si se tiene en cuenta que la fuente de datos utilizados son las verificadas por el RENADE y que las asignación de derechos a instalaciones se ha realizado mediante el Registro Mercantil, esto supone que las asignaciones pueden ser “muy conservadoras” y, que sus emisiones, por tanto sean «mucho mayores de las consignadas», ya que existen o pueden existir otras emisiones de estas empresas (minería, transporte, puertos, consumos) que no estén incluidos en esta contabilidad.

El informe subraya también ciertos riesgos empresariales del cambio climático a la hora de ser evaluado por las agencias de calificación o rating o por la apreciación del atractivo de estas empresas para acceder a recursos financieros. Por ello, muchas empresas disponen o estimulan planes estratégicos concretos para reducir emisiones de CO2. Ante este hecho, el Observatorio considera que a partir de estos datos se pueden identificar tensiones que deberán derivar en proyectos inaplazables para la adaptación inmediata al cambio climático, cuyos costes y financiaciones representarán una «distorsión muy importante para su propia valoración empresarial».

El Observatorio apela a la conveniencia de establecer “responsabilidades diferenciadas” de cada agente social según su responsabilidad con el problema y aconseja a las empresas que eviten las «políticas contradictorias» como las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Entre sus consejos, recomienda reducir las emisiones mediante el aumento de la eficiencia y la sustitución de los combustibles o las tecnologías más contaminantes como el carbón o el gas por energías renovables. También insiste en la importancia de poner un precio «realista» al carbono para que funcionen correctamente los mercados de emisiones y que las administraciones sean «limpias» y den ejemplo.

El sector cementero apoya el proyecto de Portland para construir una fábrica de valorización de residuos en Alcalá de Guadaíra

EFE.- La Agrupación de Fabricantes de Cementos de Andalucía (AFCA) y los sindicatos UGT y CCOO han apoyado al proyecto de la cementera Portland para construir una fábrica de valorización energética de residuos en Alcalá de Guadaíra, que ha paralizado el ayuntamiento de esta localidad sevillana.

La patronal y los sindicatos participaron en la reunión de la comisión ejecutiva de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA), que advirtió de que, si el ayuntamiento cierra las puertas a este proyecto, limita la posibilidad de que la fábrica pueda hacer uso de combustibles más económicos para desarrollar su actividad, tal y como hacen el 95% de fábricas españolas y europeas». Esta limitación conllevaría una «pérdida de competitividad de la instalación, imposibilitando el mantenimiento de un ritmo razonable de exportaciones» y, con un mercado interior prácticamente inexistente, la fábrica de Alcalá y sus trabajadores tendrían un «futuro incierto«, incidió.

En este sentido, FLACEMA ha asegurado que es «falso que Cementos Portland pretenda valorizar el triple de residuos que el conjunto de cementeras andaluzas». Según esta fundación, Portland plantea la sustitución de una parte del combustible que se utiliza (coque de petróleo) por otro más eficiente (Combustible Derivado de Residuos-CDR). Esta práctica, muy extendida en España y Europa, aporta una solución de tratamiento «mucho más sostenible y segura a los residuos que no tienen opción de ser ni reutilizados ni reciclados y que van a parar a vertederos», explicó FLACEMA.

De hecho, no es habitual encontrar fábricas, ni en España ni en el resto de países europeos más avanzados, que no utilicen este tipo de combustible. Con la valorización energética, además de disminuir las emisiones de gases con efecto invernadero, se aporta una solución limpia y eficiente para una parte importante de los residuos que genera la sociedad, según dicha fundación. Asimismo, destacó que la valorización energética es una práctica «segura para la salud de las personas y el medio ambiente», según multitud de estudios e informes de instituciones prestigiosas.

España aumentó un 4,23% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2015 sobre 2014 según denuncia Ecologistas en Acción

Servimedia / EFE.– Las emisiones de gases de efecto invernadero en España aumentaron un 4,23% el año pasado en comparación con 2014, según aseguró Ecologistas en Acción a partir de los últimos datos proporcionados por el Gobierno en funciones a la Comisión Europea.

Los datos indican que las emisiones invernadero en España superaron los 339 millones de toneladas equivalentes de CO2, lo que supone un incremento de 13,77 millones respecto al año anterior (un 4,2% más) y un 18% más en comparación con los niveles de 1990, considerado como año de referencia en el Protocolo de Kioto para la medición de emisiones. 2015 fue el segundo año en el que se produjo un incremento de las emisiones desde que en 2008 descendieran bruscamente coincidiendo con el inicio de la crisis económica y, según Ecologistas en Acción, provocará que el Estado se vea obligado a aumentar en un 10% su peso en el sistema europeo de derechos de emisión.

«Refleja la inacción de las administraciones públicas a la hora de poner en marcha políticas de lucha contra el calentamiento global», apuntó Ecologistas en Acción, que destaca que España está «a la cabeza» de la Unión Europea en el incremento de emisiones desde 1990 y “demuestra que los compromisos asumidos en la cumbre de cambio climático de París (COP21) de diciembre pasado son indefendibles». El sector energético aportó el principal incremento, un 17% más, por delante de la industria, un 10% más, sobre todo por el incremento del sector siderúrgico, un 17%, y de un 23% en las industrias asociadas a los sustitutos del ozono.

«Es patente también cómo la nula acción de la Administración sobre la movilidad provoca seguir con el incremento continuo de la motorización de los desplazamientos, que ha aumentado en un 2,5% el consumo. Así, el resultado evidente es un incremento del consumo de combustibles fósiles, que está muy por encima del resto de indicadores económicos, lo que indica la adicción del modelo económico español al petróleo«, recalcó Ecologistas en Acción. Por ello, en relación al transporte público, destacan una reducción de las emisiones de gases efecto invernadero gracias a la renovación del parque móvil, aunque cree que los gobiernos locales no fomentan su uso con medidas suficientes, como la limitación del tráfico en las ciudades.

Esta organización considera «profundamente irresponsables» algunas medidas del Gobierno como «la política contraria a las renovables, la penalización al autoconsumo, las subvenciones a los sectores fósiles como el carbón, el apoyo a la energía nuclear o el recurso contra gobiernos locales y regionales que han manifestado su oposición al fracking«. «Esta actitud temeraria somete a todo el territorio español, especialmente frágil a las consecuencias del cambio climático, a un agravamiento peligroso del deterioro ambiental como consecuencia del calentamiento global», apostilló.

Ecologistas en Acción indicó que España debería ser un país «puntero» en el uso de las tecnologías renovables pero «sigue apostando irresponsablemente por la continua quema de fósiles como única forma de desarrollo«. «Es urgente y necesario dejar atrás esta visión cortoplacista e insostenible, abordando con la mayor urgencia un cambio radical en el modelo actual de producción y de consumo, que consiga disminuir las emisiones contaminantes y alcanzar la justicia social y ambiental», concluyó.

El Gobierno modifica la asignación gratuita de derechos de emisión de CO2 para 2015-2020

Europa Press.- El Consejo de Ministros modificó la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2015-2020 para los sectores y subsectores que se consideran expuestos a riesgo significativo de fuga de carbono. El acuerdo incluye un anexo con las nuevas asignaciones de las 32 instalaciones que realizan actividades que desde el 1 de enero de 2015 pasan a estar consideradas en riesgo de fuga de carbono o que dejan de estarlo.

En el periodo 2013-2020 la asignación gratuita de derechos en Europa se rige por reglas comunes a todos los Estados miembros. En estas reglas juega un papel fundamental el concepto de «fugas de carbono», que significa que una actividad tiene un riesgo significativo de fuga de carbono cuando los costes que afectan a esa actividad por su inclusión en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión pueden provocar la deslocalización a otros países donde la emisión por unidad de producto puede ser mayor.

Para evitar las fugas de carbono, la normativa establece que las instalaciones que realicen actividades en riesgo tendrán un nivel de asignación gratuita mayor. Los sectores que se consideran expuestos a riesgo de fuga de carbono son determinados por la Comisión Europea. Se configura así una lista de sectores en riesgo que debe renovarse cada cinco años. La primera estuvo en vigor en 2013-2014. La segunda, adoptada a finales de 2014, será válida en 2015-2019.