Según el balance eléctrico peninsular anual de 2014, la producción de energía de origen renovable en 2014 fue similar a la de 2013 por lo que, sobre 107.209 GWh, supuso un 42,8% de la producción eléctrica total incluyendo la gran hidráulica. El balance muestra una cobertura de la demanda del 22,1% con energía nuclear, seguido de un 19,7% de energía eólica, el 16,8% de generación eléctrica de centrales térmicas de carbón, el 13,9% procedente de la energía hidráulica, el 9,9% generado con cogeneración y el 8,3% generado con ciclos combinados de gas natural, según WWF.

En contraposición a los datos anuales, WWF asegura que el balance mensual de enero de 2015 muestra una cobertura de la demanda del 22,6% cubierto con energía nuclear, un 21,7% de las centrales térmicas de carbón, el 20,4% de generación eléctrica de energía eólica, el 9,8% procedente de la energía hidráulica y el 9,4% generado con ciclos combinados de gas.

En paralelo, WWF indica que el aumento de emisiones totales de CO2 coincide con el lanzamiento de la Comisión Europea de la propuesta para una Unión Energética Europea, que «perpetúa la dependencia europea del gas, el carbón y el petróleo, en lugar de priorizar el papel de las energías renovables en el mix energético«. Por ello, subraya que aunque la estrategia de la Unión Europea tiene aspectos positivos, no contribuye lo suficiente a evitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2ºC.

La organización lamenta que en la propuesta de Unión Energética Europea, las energías renovables no tengan un papel más relevante «para garantizar la seguridad del suministro y la independencia energética así como avanzar hacia un mercado único europeo libre de emisiones». Como aspectos positivos, valora los compromisos en eficiencia energética y la modernización de las redes eléctricas. Además, señala que una de las prioridades de la Comisión Europea es buscar una unidad entre los 28 estados miembros, para atraer la inversión evitando los cambios regulatorios arbitrarios en las políticas domésticas.

«Es verdad que tanto el Gobierno socialista anterior, como el actual, han utilizado la compra de derechos de emisión para cumplir con Kyoto en lugar de hacer políticas internas. Aunque el Gobierno actual español se está orientando más a actuar sobre políticas internas dentro del propio territorio español, eliminando las compras de derechos de emisión», agregó, durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea.

Sobre la próxima cumbre del clima de París, que tendrá lugar en diciembre de este año, y donde los principales líderes mundiales se reunirán para renovar Kyoto, Arias Cañete señaló que previsiblemente este miércoles 25 de febrero, el Colegio de Comisarios presentará su «hoja de ruta hacia París», a través de una propuesta de comunicación, que probablemente será ratificada también por el Consejo de Medio Ambiente europeo el 6 de marzo, a fin de articular de manera «clara» la visión sobre los objetivos que debe alcanzar el acuerdo de París.

En concreto, enumeró dos objetivos: describir cómo se pretende que el protocolo de París sea «dinámico, transparente y jurídicamente vinculante», y como tal, «capaz» de responder a las distintas realidades económicas y políticas, además de traducir los objetivos de la estrategia del clima y energía de la Unión Europea para 2030, así como la contribución europea a la red de emisiones de acuerdo con transparencia.

Esta comunicación, según detalló, reiterará que hay que trabajar «intensamente» en París para alcanzar un acuerdo aplicable para todos.

Además, subrayó que el objetivo a conseguir en París es un acuerdo «transparente y vinculante para todas las partes», con un objetivo a largo plazo y de cara a 2050, que implique una reducción del 60% de las emisiones respecto a 2010, «lo que equivale reducirlas a la mitad respecto a 1990», así como un sistema dinámico de revisión progresiva.

Arias Cañete, apostó también por que el protocolo entre en vigor con un compromiso de reducción sobre el 80% de las emisiones totales de efecto invernadero.

«París va a ser un acontecimiento de máxima magnitud», confesó, al mismo tiempo que consideró que, para alcanzar un acuerdo global, es necesario llevar a cabo las tres principales conclusiones acordadas en la COP de Lima de diciembre de 2014.

En primer lugar, señaló que todos los países deben confirmar sus objetivos de reducción de emisiones a finales de marzo, de forma «clara, transparente y comprensible», y se debe emitir un mandato a Naciones Unidas para que elabore un informe de síntesis, una vez todas las contribuciones hayan sido presentadas, y donde se plasmen los avances en la materia a los que se está dispuesto a llegar de forma colectiva para mantener el incremento del calentamiento global por debajo de los dos grados centígrados.

Aunque Arias Cañete valoró Lima como la demostración «palpable» de la unidad de la Unión Europea, señaló que «queda mucho por hacer este año» en la materia, así como por saber asuntos «muy importantes» como la forma legal del futuro acuerdo de París, cuál será la financiación climática y la contribución de cada país en la reducción de emisiones (que se debe de conocer en marzo).

Asimismo, dijo que la Comisión Europea está coordinando sus esfuerzos para que la acción diplomática de la Unión Europea integre el cambio climático como prioridad de cara a París. «Si queremos un acuerdo en la COP 21 la labor diplomática tiene que ser muy intensa de aquí a final de año», precisó.

Estados Unidos y China, según valoró en este sentido, se comprometieron a actuar frente al aumento de emisiones y, junto con la Unión Europea, suponen casi la mitad de emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Eso sí, avisó de que el compromiso de los asiáticos de momento es permitir un aumento de sus emisiones hasta 2030, para después reducirlas.

Camino hacia la descarbonización

Por otro lado, Arias Cañete resaltó que en junio de 2015 se presentará una reforma legislativa «importantísima» para la transición de la economía europea hacia la descarbonización, que estará centrada en el sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, o «ETS» por sus siglas en inglés.

Según indicó, el Parlamento y el Consejo trabajan en la puesta en marcha de la reserva de estabilidad del «ETS» sobre la base de una propuesta de la Comisión. «Espero que esta reserva de mercado esté adoptada cuanto antes», precisó.

Su principal objetivo, según añadió, es dotar al sistema de comercio de emisiones de un marco estable que regule de manera sistemática la cantidad de derechos de emisiones de mercado para que estos no se vean sometidos a fluctuaciones de precio demasiado abruptas, al mismo tiempo que la industria europea reciba las señales apropiadas para realizar inversiones de ahorro y de eficiencia energética.

Una vez esta reserva esté adoptada, Cañete aseguró que se presentará la reforma del sistema de comercio de emisiones, a la que se comprometió el presidente de la Comisión, y que apoyó el Consejo Europeo.

«Esta reforma del ETS deberá traducir los objetivos del marco europeo del clima y energía para 2030 e incluirá asuntos tan importantes como la atribución gratuita de los derechos de emisión y la lista de sistema para prevenir la deslocalización de la industria», agregó.

Asimismo, el comisario europeo reconoció que la política de cambio climático dentro de la Unión Europea tiene el apoyo electoral de los ciudadanos y que los gobiernos europeos apuestas por políticas de cambio climático, aunque unos con más ambición que otros.

Sobre el desarrollo de las energías renovables, Arias Cañete lamentó que en la actualidad no haya infraestructuras interconexionadas, por lo que «es imposible desarrollar las renovables» ya que la capacidad extra que tiene un estado no lo puede transportar a otro europeo porque no está interconectado.

Igualmente, señaló que desde la Comisión Europea se va a trabajar sobre todo en el sector del transporte y de la edificación para conseguir una mayor eficiencia energética.

Así lo indican desde la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), después de que representantes de 194 países cerraran el pasado viernes en Ginebra (Suiza) un borrador de 86 páginas con vistas a un acuerdo ante la cumbre mundial sobre el clima que se celebrará el próximo mes de diciembre en París (Francia), que deberá concluir con un protocolo que sustituya al de Kioto para que la temperatura del planeta no suba 2ºC respecto de la era preindustrial.

El Protocolo de Kioto fue adoptado en la ciudad japonesa que lleva su nombre el 11 de diciembre de 1997 con el objetivo de que los países comprometidos redujeran al menos un 5% de las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990. Este instrumento internacional entraría en vigor cuando lo ratificasen los países industrializados responsables de al menos el 55% de las emisiones de CO2, lo que ocurrió el 16 de febrero de 2005, tras la firma de Rusia.

La Secretaría de la CNMUCC concluirá a finales de este año o principios de 2016 la medición definitiva del primer periodo de compromiso, pero la información facilitada por las partes del Protocolo de Kioto señala que las naciones comprometidas habían logrado reducir sus emisiones en un 22,6% en 2012 con respecto al año de referencia (1990). De esta forma, los 37 países comprometidos y la Unión Europea lograrían con creces el objetivo inicial de reducción del 5% en las emisiones.

Por otro lado, la secretaria ejecutiva de la CMNUCC, Christiana Figueres, subrayó que el Protocolo de Kioto fue «un logro notable en muchos aspectos». «No sólo enfatizó la realidad científica de que hay que reducir las emisiones, sino que también introdujo conceptos pioneros, soluciones prácticas y procedimientos para la contabilidad de emisiones actualmente imprescindibles», indicó. Figueres se mostró «convencida» de que sin el Protocolo de Kioto y sus mecanismos «no habríamos llegado donde estamos, por ejemplo, respecto a la implantación creciente de las energías renovables«.

En 2012 se estableció el segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto, conocido como la Enmienda de Doha, que se espera entre en vigor cuando sea ratificada por tres cuartas partes de las Partes del Protocolo de Kioto. Naciones Unidas animó a los Gobiernos a acelerar la ratificación del segundo periodo de compromiso para, con ello, contribuir a «aumentar los niveles de ambición para la acción antes de 2020«, ya que está previsto que en ese año entre en vigor el acuerdo de París, que sustituirá al de Kioto.