El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio espera que el déficit tarifario (diferencia entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico) no supere este año los 1.400 millones de euros, frente a los 3.400 millones registrados en 2006, según avanzó ayer en el Senado su titular, Joan Clos.

En respuesta a una pregunta planteada por el senador del PNV Xabier Albistur sobre la congelación de las tarifas eléctricas en el último trimestre, Clos señaló que, «si todo funciona bien y no hay ningún susto en los mercados internacionales», el déficit tarifario se reducirá este año «a la mitad».

El ministro de Industria dijo que su departamento está cumpliendo su objetivo de reducir «a cero» el déficit tarifario en tres años y subrayó que «se ha avanzado mucho» en este primer ejercicio.

Clos defendió la «coherencia» de la actual política tarifaria y destacó que la subida ha sido «muy importante» en los últimos años si se compara con el periodo 1996-2006, en el que, dijo, las tarifas eléctricas se han mantenido «artificialmente» bajas.

«Ahora debemos pagar la factura de esa política», apuntó.

Clos calificó de «razonable» el esfuerzo que se está pidiendo a las familias por la subida de las tarifas y precisó que «para poder pedirles más», es necesario «darles los instrumentos para cambiar sus hábitos domésticos y consumir menos energía», lo que pasa por mejorar el aislamiento de las viviendas y utilizar electrodomésticos de bajo consumo.

El titular de Industria reconoció que la subida de las tarifas industriales implica «un gran esfuerzo» para las grandes empresas, pero aseguró que están en disposición de hacerlo, porque aún pueden mejorar su eficiencia energética.

En respuesta a otra pregunta, planteada por el senador de CiU, Lluis Badía, Clos señaló que el sector energético español está «en plena transición», entre un modelo basado en «tarifas protegidas» y otro que reconocerá los costes reales y se adecuará a las exigencias de la Unión Europea (UE).

«Es un modelo en transición que esperamos culminar en los próximos dos años, finalizando con un modelo que estará plenamente integrado en el modelo europeo», explicó.

Clos reconoció que se trata de un «ejercicio muy complejo y muy difícil», y subrayó que «todo el mundo tiene que hacer esfuerzos para adaptarse a la nueva situación».

El responsable de Industria dijo que las compañías eléctricas deben «cambiar sus estilos de hacer y adaptar sus expectativas y posibilidades a las nuevas normas del mercado europeo».

Clos señaló que la gran industria «tiene que hacer un esfuerzo para ser mucho más eficiente», al igual que los consumidores domésticos, que deben ahorrar energía.

En su intervención, Albistur reconoció que la política tarifaria se enfrenta a un «dilema», ya que se debe optar entre subir las tarifas o congelarlas, opción que implica dilatar el plazo para eliminar el déficit tarifario.

«La congelación (de tarifas eléctricas), la pagaremos a plazos en los próximos años», pronosticó.

El senador del PNV reclamó una política tarifaria «clara» y dijo que las tarifas domésticas «aún no son inductoras de ahorro».

Badía acusó de triunfalismo a Clos y lo acusó de no tener una estrategia en materia energética.

Para argumentar su postura, el senador de CiU dijo que España tiene problemas con proveedores energéticos «emblemáticos», como Argelia, y que los costes energéticos siguen «al alza».

Badía mencionó también el «caos» causado por el apagón de Barcelona, y las «discrepancias» entre Industria y el Gobierno sobre las tarifas eléctricas.

El conseller de Economía, Antoni Castells, ha garantizado que el expediente informativo que se ha abierto a las compañías Red Eléctrica de España (REE) y Endesa por el apagón de Barcelona del pasado 23 de julio «lo esperamos concluir en la segunda quincena de septiembre».

Castells ha advertido a los que esperaban una resolución más rápida que «probablemente se desprenderá un expediente sancionador, que implicará sanciones, y éstas serán recurridas, y por ello no queremos estar en una situación desairada».

El conseller ha asegurado en rueda de prensa que «lo haremos bien y rápido. Esperamos que antes de septiembre tendremos listo el expediente informativo para clarificar qué ha pasado y poder así establecer las responsabilidades que se deriven del mismo».

Castells ha justificado que «no podremos dar información basada en especulaciones ni suficientemente contrastada» y ha marcado distancias con la actuación que llevó a cabo el gobierno de CiU en el apagón de diciembre de 2001, asegurando que «ellos lo hicieron tarde y mal. Se tardó dos años en imponer una sanción y luego se rebajó ésta de 6 millones de euros a 2 millones, en los tribunales».

«Consideramos definitivamente superada la etapa de emergencia y estamos en camino de restablecer la normalidad», ha dicho Castells, para quien «la Generalitat ha tenido siempre como prioridad absoluta resolver el problema, pero ahora hay que diseñar planes de futuro».

Las compañías tendrán que presentar a mediados de octubre sus planes de inversión y la Generalitat prepara el anteproyecto de Ley de Garantía del Suministro Eléctrico, que «supondrá un salto cualitativo y cuantitativo, en la calidad de servicio que recibirán los usuarios», ha asegurado, por su parte, el Director General de Energía de la Generalitat, Agustí Maure.

En opinión de Castells, «la Generalitat ha de aprender lecciones: la primera es que la red no estaba en las condiciones adecuadas, se encontraba en un situación manifiestamente mejorable, por un diseño deficiente, falta de inversiones y fallos de mantenimiento».

En opinión de Castells, «los hechos que han sucedido reflejan que la inspección se ha de reforzar y nosotros hemos de reforzar los mecanismos de control de la inspección».

Otra prioridad para el conseller es «establecer mecanismos de reservas para situaciones como ésta, para que no haya zonas que dependan de una sola fuente de alimentación, y reforzar los planes de emergencia para detectar las zonas especialmente sensibles».

Castells ha avanzado que el anteproyecto de Ley de Garantía del Suministro Eléctrico tiene que garantizar la doble alimentación, que todos los usuarios puedan estar conectados a más de una subestación y que se declaren de interés general obras concretas.

Sobre en qué grado se pactará la nueva ley con las eléctricas, Castells ha afirmado: «descarto la palabra ‘pactar’, aunque sí hemos de buscar la buena disposición, pero nuestra prioridad es garantizar el servicio público. Se buscará el consenso, pero no se sacrificará el interés de los ciudadanos a intereses privados».

Por su parte, Agustí Maure ha garantizado que «trabajaremos con las eléctricas. La ley marcará el objetivo. Han de poner en marcha instalaciones nuevas, más pequeñas y ágiles y de tensión más baja, para no depender de subestaciones tan grandes como la de Maragall«.

Maure ha advertido que «el tema de las inversiones es complejo, pero la retribución de las eléctricas en España ha aumentado 500 millones más hasta 4.000 millones de euros, y Endesa ya tiene asignación para hacer más inversiones y nos será difícil trabajar con ellos, minimizando inversiones y costos».

El Director General de Energía ha asegurado que «el punto más importante de esta nueva ley es que cualquier cliente podrá ser susceptible de ser alimentado desde dos puntos y que no haya dos clientes sin un doble punto de alimentación».

Sobre el tema técnico del expediente, no se ha avanzado gran cosa a excepción de que entre la caída del cable de Collblanc -de Endesa– al incendio de la subestación de Maragall -de REE– pasaron dieciséis segundos, si bien Maure no ha querido pronunciarse sobre una posible relación causa efecto.

Iberdrola invertirá este año 52 millones de euros en la provincia de Alicante para la construcción y mejora de seis subestaciones, líneas eléctricas y centros de transformación.

La empresa tiene previsto desembolsar 18 millones de euros para la edificación y puesta en marcha en 2008 de las subestaciones de El Cantalar, Guardamar, San Miguel de Salinas, Dénia, Montebello y Novelda, y la ampliación y renovación de las instalaciones que tiene repartidas por la provincia.

También invertirá 32 millones de euros en el desarrollo y automatización de nuevas redes de líneas de media y baja tensión con el fin de mejorar la fiabilidad del suministro y, otros dos millones más en la construcción de 46 kilómetros de líneas de alta tensión.

Según las mismas fuentes, estas nuevas infraestructuras mejorarán la calidad del suministro eléctrico de la provincia, posibilitarán la conexión de nuevos clientes a la red y atenderán al aumento de la demanda de energía.

Iberdrola, que cuenta con 1,2 millones de clientes en la provincia de Alicante, enmarca estas inversiones dentro del Plan Estratégico de Iberdrola 2007-2009, mediante el cual la compañía invertirá 1.100 millones de euros a la Comunitat Valenciana.

Además tiene la intención de invertir en los próximos años 430 millones de euros en el negocio regulado (distribución de distribución y gas) de la Comunitat con el fin de mejorar la calidad de suministro que ofrece.

La compañía prevé asimismo invertir este año 400 millones de euros para la promoción de las instalaciones que utilizan energías limpias de producción de electricidad, como el ciclo combinado de Castellón 4 y la central de La Muela.

Endesa va a agotar el plazo, que expira el próximo sábado 25 de agosto, para presentar ante el Ministerio de Medio Ambiente sus alegaciones al Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión de CO2, según han confirmado a Efe fuentes de la eléctrica.

La compañía, que no ha precisado cual será el contenido de sus alegaciones, se suma así a las otras dos grandes eléctricas, Iberdrola y Unión Fenosa, que ya han planteado sus demandas a Medio Ambiente.

El PNA 2008-2012, aprobado el pasado 20 de julio, concede a las cinco grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, HC Energía, y Enel Viesgo- y Gas Natural 53,63 millones de toneladas de CO2 gratuitas al año, lo que supone un reducción del 39,1 por ciento al año respecto a las asignaciones del periodo 2005-2007.

La mitad de estos derechos, 26,7 millones de toneladas, son para Endesa, aunque esta cifra es inferior en un 33 por ciento a la que recibió entre 2005 y 2007 (39,9 millones al año).

La empresa que preside Manuel Pizarro es la eléctrica que sufre un menor recorte en términos porcentuales, pero la que más en términos absolutos (13,2 millones de toneladas).

Endesa es la eléctrica con mayor número de centrales de carbón, tecnología de generación que recibe el mayor número de derechos de emisión (32,3 millones de toneladas).