La CNMC advierte de abusos de las comercializadoras al incrementar los precios para los consumidores reflejando la subida del pool

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de abusos por parte de varias comercializadoras energéticas en las relaciones contractuales con sus clientes debido al escenario de precios elevados en el mercado mayorista registrado este 2018.

Según el informe de supervisión de las ofertas del mercado minorista de gas y electricidad para consumidores domésticos y pymes de 2017, que recoge un avance de 2018, ante el repunte del mercado mayorista en este año, hay varias comercializadores que han rescindido o modificado sus contratos con sus clientes sin mantener las condiciones pactadas inicialmente con ellos. Así, la CNMC considera que estas prácticas podrían no adecuarse a derecho, al dejar la interpretación del contrato a la voluntad de una de las partes y, asimismo, podrían no reflejar las medidas de protección del consumidor.

En su informe, el regulador señala que resulta «destacable» el incremento registrado en términos medios en las ofertas disponibles, especialmente a partir de mayo de este año, coincidiendo con el repunte de precios de gas y electricidad en los mercados mayoristas. En el caso concreto del gas, la CNMC indica que los precios han experimentado variaciones «importantes», con una subida de la tarifa regulada (conocida como TUR) de un 6% para un consumidor con un consumo anual de 6.000 kilovatios hora (kWh) en el primer trimestre del año; y en torno a un 8% para el último trimestre del año.

En el caso de la electricidad, desde mayo hasta septiembre, el organismo presidido por José María Marín Quemada destaca que se ha producido un incremento de las ofertas en el mercado libre. En concreto, esta subida ha sido de un 3% en el mercado libre, mientras que en el caso de la tarifa regulada (el llamado PVPC y que recoge directamente las variaciones del mercado mayorista) se ha incrementado un 10% en el mismo periodo.

En concreto, la diferencia entre la oferta más cara y la más barata disponible en 2017, según el comparador de precios de la CNMC, supuso un diferencial para un consumidor con derecho a la TUR de gas de unos 80-180 euros/año. En los consumidores de gas sin derecho a TUR, el diferencial entre ofertas puede variar entre 600 y 3.000 euros/año. En el caso de la electricidad, la contratación de la oferta más cara o la más barata supuso una diferencia para los consumidores eléctricos con derecho a la tarifa regulada de entre 150/200 euros en la facturación anual. En los consumidores eléctricos sin derecho a PVPC, el diferencial osciló entre 1.000 y 3.000 euros/año.

En lo que se refiere a las diferencias entre el precio libre y regulado, en gas pasar de ser suministrado con el precio regulado (TUR) a ser suministrado eligiendo la oferta más barata del mercado supuso un ahorro para el consumidor doméstico de entre 31 y 76 euros/año según el consumo anual, entre un 4% y un 22,6 % de su factura anual con precios de diciembre de 2017. En el caso de la electricidad, al contrario que en 2016, durante 2017 han existido opciones en el mercado libre algo más baratas que el PVPC, equivalentes a un ahorro de 31 euros/año en la facturación, un 6% de la facturación.

Por otra parte, el informe destaca que a cierre de 2017 había 22 comercializadores en el comparador con ofertas de electricidad verdes, frente a las 14 a junio de 2016. La CNMC indica que, en general, no se aprecia que las ofertas verdes sean más caras frente a las que no lo son. De acuerdo con el sistema de garantías de origen y etiquetado de la CNMC, este tipo de ofertas atrajo a 1,9 millones de consumidores (1,2 millones en 2016), lo que refleja el mayor éxito en la comercialización de estos productos, añade Competencia.

Endesa solicita el cierre de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla e invertirá 1.000 millones en energía solar fotovoltaica

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Europa Press.- Endesa ha presentado la solicitud de cierre de las centrales de carbón de Compostilla (León) y Andorra (Teruel). La compañía eléctrica alega que en el actual contexto regulatorio y de mercado es «imposible» abordar las inversiones necesarias para que cumplan los límites de emisiones. Dichos límites, establecidos por la Unión Europea, entrarán en vigor el 30 de junio de 2020.

Endesa subraya que la decisión de cerrar estas plantas está en línea con los objetivos de la política energética nacional avanzados por el Ministerio para la Transición Ecológica para conseguir un sistema energético totalmente descarbonizado en 2050. Según la misma fuente, antes de presentar la solicitud de cierre informó al Ministerio, a las autoridades de Aragón y de Castilla y León, y a las de los municipios en los que se hallan ubicadas las plantas.

Además, ha presentado de manera voluntaria planes de futuro destinados a promover el desarrollo de actividades económicas y generación de empleo en las zonas de las dos centrales, ha destacado la empresa, que ha subrayado que estos planes están abiertos a incluir nuevas iniciativas viables. En virtud de los planes presentados, Endesa respetará el puesto de trabajo de todos los empleados de las dos centrales: 166 en el caso de Compostilla y 153 en Andorra.

Por lo que se refiere a los empleados de las empresas auxiliares, les dará prioridad en la contratación para acometer los trabajos de cierre y desmantelamiento de ambas plantas, así como en el desarrollo de las nuevas instalaciones renovables que se propone llevar a cabo en las zonas de las dos centrales. Los trabajos de cierre y desmantelamiento se prolongarán durante entre 4 y 6 años y generarán en torno a 130 empleos, con puntas de hasta 200, en cada uno de los dos emplazamientos.

Además, Endesa prevé desarrollar hasta 1.000 megavatios (MW) de nueva capacidad solar fotovoltaica en la zona de la central de Andorra con una inversión de 800 millones. En cuanto a Compostilla, la eléctrica tiene en estudio proyectos fotovoltaicos en la zona de Ponferrada (León) que representarían una inversión de unos 240 millones de euros. Una vez finalice el plazo de aplicación del Plan Nacional Transitorio en junio de 2020, al que están acogidas, las dos centrales térmicas estarán obligadas a dejar de producir. Hasta entonces, irán dando salida progresivamente al carbón que tienen almacenado, así como a las posibles toneladas adicionales que pudieran ir precisando en el futuro según el funcionamiento que les permita la evolución del mercado de generación.

Según el consejero delegado de Endesa, José Bogas, los planes «no compensan la actividad económica que puede tener ahora Endesa en la región» pero sí pretenden «paliar» los efectos del cierre. Así, ha comentado que se valorarán proyectos de energías renovables y crear un centro de excelencia, siempre «algo que sea sostenible y genere empleabilidad». Ha insistido en que se deben buscar medidas sostenibles que «tenemos que ir estudiando». Ha puntualizado que Endesa no se dedica a la producción de paneles solares, pero sí se ha planteado la posibilidad de «tratar de que vengan aquí» empresas de fabricación de componentes.

Insuficiente para el Gobierno aragonés

Por su parte, la consejera de Economía de Aragón, Marta Gastón, ha manifestado que el borrador del plan es «insuficiente» por su falta de «concreción», expresando que en Aragón «no vamos a ser los que digamos ahora que las inversiones en renovables nos parecen algo negativo, pero no nos parece suficiente«. A su juicio, la prioridad es el alargamiento de la vida de la central térmica más allá de 2020, considerando que la normativa contempla «una posibilidad», que es mantener una actividad de 1.500 horas anuales aun sin inversiones, a lo que se sumaría la eliminación del denominado céntimo verde.

Gastón ha avanzado que la autorización del cierre no será «rápida» si el Ministerio no considera suficiente el plan y que en esta decisión contará con el Gobierno de Aragón y los sindicatos, exigiendo «medidas concretas» como poner en marcha una planta de biomasa y otros proyectos que con «la garantía de promotores del territorio» van a llevarse a cabo.

La consejera ha aludido a la creación de un centro «referente» en España de formación e investigación sobre energías renovables, que sería el primero en el país, y que incluiría FP dual, constituyendo un hub de las renovables, lo que daría «posibilidades» al territorio. La colaboración de Endesa en este centro sería «de partida» y «continua», ha agregado. Para Gastón son importantes los empleos pero también «nos preocupa el futuro de la zona», especialmente para la gente joven que quiera quedarse a vivir, en lo que «queremos que Endesa colabore».

La alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, ha advertido de que «no vamos a permitir que se autorice el cierre mientras no se pongan encima de la mesa los puestos de trabajo que se van a destruir». De esta forma Ciércoles ha aludido al «duro golpe» que recibe la localidad de Andorra. Ha exigido que el plan sea más concreto y «flexible». «Es normal» que los sindicatos se sigan movilizando, ha aseverado la alcaldesa, quien ha apostado por ser «más reivindicativos» para no ser «cómplices», recordando que la Térmica ha creado riqueza en la zona y «tenemos que mantener Andorra y su comarca» donde «se merece».

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, ha aludido a los proyectos que están «dando sus frutos» y ha afirmado que «todo suma». A Endesa «le pedimos más», que empuje los proyectos del territorio para ir todos «juntos de la mano» porque «el problema es mucho más grave que el simple cierre de la Térmica». Noé ha recordado que «hemos estado siempre trabajando» y que necesitamos «unidad» política, empresarial y sindical.

Desde UGT, Alejo Gálvez, ha dicho que «no vamos a aceptar lo que nos han venido a vender de energías renovables» y, de hecho, «no estamos nada de acuerdo», a lo que el dirigente local de CCOO, Antonio Planas, ha añadido que «seguimos sin conformarnos con 4 placas solares» y que «no nos vale que nos digan que se van a crear puestos para las contratas durante tres años porque será una patada para adelante«. «Nos planteamos todo, no descartamos nada», tampoco convocar movilizaciones, advirtió.

El Gobierno traspasa 60 millones de euros del superávit eléctrico al IDAE para impulsar las energías renovables en las islas

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Europa Press.-El Ministerio para la Transición Ecológica traspasó 60 millones de euros procedentes del superávit eléctrico al presupuesto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para instrumentar un sistema de ayudas a la instalación de plantas de generación renovable en territorios extrapeninsulares.

Según la orden publicada en el BOE, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como organismo encargado de las liquidaciones del sistema, transfiere 60 millones de euros al IDAE procedentes del superávit eléctrico. En la Ley de Presupuestos Generales de 2018 se recogía que, con efectos para ese ejercicio, se podrían convocar procedimientos para la concesión de ayudas a la inversión a partir de fuentes de energía renovables con cargo al superávit eléctrico, en proyectos susceptibles de ser cofinanciados con fondos Feder y con una cuantía máximo con cargo al sistema eléctrico de 60 millones de euros.

Además, la norma establece que esta partida de 60 millones de euros cuenta con la posibilidad de ser incrementada con otros créditos disponibles del presupuesto de gastos del Ministerio para la Transición Ecológica y de la cofinanciación de los fondos comunitarios Feder. El importe se destinará a convocatorias de ayudas a la inversión para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables en territorios no peninsulares. Los proyectos tienen que ser susceptibles de ser cofinanciados con fondos Feder.

Inminente Ley de Cambio Climático

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso que la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica se aprobará este mes. En su comparecencia ante el Pleno de la Cámara, Sánchez ha defendido que la «modernización» de la economía «pasa por el combate y la adaptación al cambio climático», y para ello ha asegurado que antes de acabar el año aprobará esta norma, con el fin de garantizar «una transición justa con las personas y los territorios damnificados».

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la puerta a aprobar algunos «aspectos urgentes» de esta normativa a través de un decreto ley, antes de la tramitación del texto como proyecto de ley en el Congreso. Según explicó, el Gobierno mantenía un debate interno sobre la «conveniencia» de anticipar «aquellos elementos más urgentes» y que estarán incluidos en la futura ley de cambio climático.

El Gobierno prevé un impacto económico «directo» en los ingresos del sistema eléctrico por las futuras redes de distribución cerradas

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Europa Press.– El Gobierno prevé un impacto económico «directo» en los ingresos del sector eléctrico por la creación de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas, una de las medidas recogidas en el real decreto de medidas urgentes aprobado para ayudar a la gran industria a hacer frente al impacto del precio de la electricidad, debido a la reducción de los ingresos por peajes de acceso.

En la memoria de impacto económico del decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, el Gobierno indica que esa merma de los ingresos por peajes de acceso se puede producir por el grado de simultaneidad de los consumos pertenecientes a la red cerrada, dependiendo del perfil de consumo de los clientes que se integran, así como por el posible cambio del nivel de tensión en el punto de conexión de determinados consumidores que se integran en la red cerrada.

No obstante, el Ejecutivo precisa que efectuar una valoración del impacto económico de la medida, cuando su determinación no se concreta mientras no se establezca su desarrollo reglamentario, resulta «cuanto menos difícil». A pesar de ello, considera que el mayor impacto en peajes es que el consumidor individual que se conecte a la red de distribución cerrada pase del escalón de tensión más bajo al escalón de tensión más alto. El paso de uno a otro escalón de tensión supone unas reducciones en el peaje en torno al 60%, lo que representa alrededor de 12 euros por megavatios hora (MWh).

Así, en la memoria se estima que, si se considera que toda la industria química que actualmente está en el primer escalón de tensión pasara al de mayor tensión, con una demanda de 790 gigavatios hora (GWh) según los datos del sector, el impacto total en peajes sería de una reducción de los ingresos de 9,5 millones de euros. Además, supondría una reducción de medio millón derivado del impuesto de la electricidad por peajes que impactaría en las comunidades autónomas.

No obstante, el Ejecutivo estima compensar el impacto de este incentivo con el incremento que supondrá de la actividad industrial, lo que podría materializarse en un aumento del consumo que implicaría un incremento de los impuestos, de los peajes y del impuesto de generación. Asimismo, valora los efectos positivos que van más allá del sector eléctrico, derivados del incremento de la actividad en el sector industrial y del aumento asociado del empleo, unido a la obligación de mantener la actividad productiva durante unos 3 años.

El Gobierno aprobó recientemente una batería de medidas para ayudar a las empresas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado frente al impacto del precio de la electricidad, entre las que se encuentran la creación del Estatuto de Consumidor Electrointensivo. En el caso concreto de las redes de distribución de electricidad cerradas, el real decreto-ley modifica la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, permitiendo su creación, lo que facilitarán una reducción de costes de la energía eléctrica para la mediana y gran industria concentrada en ámbitos territoriales reducidos, garantizando unas condiciones de conexión a la red pública de manera que esta no quede afectada.

Eximir a las grandes industrias de pagar la interrumpibilidad costaría 39 millones al resto de consumidores en la factura eléctrica

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Europa Press.- La posibilidad de eximir a las grandes industrias de los pagos por interrumpibilidad en un nuevo Estatuto para las industrias electrointensivas, mencionada en el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, tendría un coste de entre 32 millones y 39 millones de euros para el sistema eléctrico que tendría que ser asumido por los demás consumidores en la tarifa eléctrica.

Así figura en la memoria de impacto económico y presupuestario del decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria en España. Este decreto contempla la figura del consumidor electrointensivo y mandata al Ejecutivo para elaborar y aprobar un Estatuto de Consumidores Electrointensivos para definirlos como tal y recoger sus derechos y obligaciones en relación a su participación en el sistema y los mercados de electricidad. El Gobierno reconoce que, a la espera de su desarrollo, puede cuantificar un ejemplo. Así, señala que una posible medida que podría incluir este estatuto sería el de eximir de los pagos por interrumpibilidad a consumidores que reunieran determinadas características.

Concretamente, eximir a aquellas que tuvieran consumos eléctricos superiores a 50 GW a la hora al año, un consumo valle superior al 50% de su consumo total y ser proveedores del servicio de interrumpibilidad, tendría un impacto de entre 32 millones y 39 millones de euros. Esto repercutiría en el precio de la energía y aumentaría el gasto que deberían abonar el resto de consumidores del sistema eléctrico, ya que se trata de una cantidad que las grandes industrias dejarían de pagar en el mercado. La medida no afectaría a los ingresos regulados del sistema.

Por otro lado, el Gobierno también detalla el coste que tendrá para 2019 y 2020 la prórroga de la vida útil de las instalaciones de cogeneración, y que supondría un total de 66 millones de euros para los dos años de vigencia de esta medida: 14 millones el próximo año y 52 millones para 2020. Tomando una media de retribución a la operación de 55 euros por megavatio/hora y una media de funcionamiento de estas instalaciones, el impacto de la medida se traduce en un incremento de la retribución de estas instalaciones de 26 millones de euros en 2019 y de 65 millones en 2020, con cargo al sistema eléctrico.

La OPEP y sus aliados reducirán la oferta de petróleo en 1,2 millones de barriles diarios en 2019

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Europa Press.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) alcanzó un acuerdo con otros productores de crudo, entre los que destaca Rusia, para reducir la oferta de petróleo en el mercado en 1,2 millones de barriles diarios a partir del próximo 1 de enero y durante un periodo inicial de 6 meses, según indicaron representantes del cártel y el resto de países productores.

En concreto, los países de la OPEP llevarán a cabo un ajuste de su oferta de petróleo de 800.000 barriles diarios, mientras que los países ajenos a la organización reducirán el suministro en otros 400.000 barriles al día en relación a los niveles de producción registrados el pasado octubre. «Estamos orgullosos de nuestra colaboración con los países ajenos a la OPEP», declaró el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y presidente de la conferencia de la OPEP, Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei, destacando que «la OPEP contribuirá al ajuste con 800.000 barriles diarios y ellos con 400.000 barriles».

En este sentido, Al Mazrouei destacó que el acuerdo será revisado en abril de 2019, subrayando que el pacto exime del ajuste a Libia, Irán y Venezuela, y que la reducción correspondiente a estos países será redistribuida entre el resto de miembros de la OPEP, de la que saldrá Qatar el próximo 1 de enero. «La OPEP acordó tener en consideración las circunstancias especiales de algunos países y su porcentaje será redistribuido entre el resto», apuntó el ministro emiratí. Asimismo, el representante de EAU anunció que las dos partes confían en oficializar una declaración sobre su cooperación en 2019. «Es un importante paso adelante», añadió.

Por su parte, el ministro saudí de Energía, Khalid A. Al-Falih, subrayó el compromiso de su país «con la estabilidad del mercado», indicando que la producción de su país en enero será de unos 10,2 millones de barriles diarios, medio millón menos que los 10,7 millones de barriles diarios previstos para diciembre, que repetirían el nivel de octubre. Al-Falih advirtió de que Arabia Saudí estaba dispuesta a un recorte de producción siempre que no lo hiciera en solitario. «Vamos a hacer lo que sea necesario, pero solo si actuamos de forma conjunta como un grupo de 25», expresó el ministro.

En el caso de Rusia, el ministro de Energía, Alexander Novak, destacó que «se han tomado decisiones muy importantes» para ayudar a equilibrar el mercado «más rápido». «Hemos enviado una señal muy fuerte al mercado de que nuestra cooperación continúa y podemos reaccionar», añadió. El precio del petróleo Brent ha caído a 58,3 euros y desciende un 30% desde octubre.

Otros países también hicieron un llamamiento a la unidad. El ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, Gabriel Mbaga Obiang, ha asegurado que «nunca en la historia de la industria petrolera la unidad entre las naciones productoras ha sido más importante«. Guinea Ecuatorial espera iniciar la perforación de 8 pozos de exploración en 2019 y recibir, de acuerdo a los cálculos del Gobierno, 2.400 millones de dólares (2.114 millones de euros) en inversión petrolera.

Interés en subir los precios

La OPEP dio un nuevo paso hacia la rúbrica del acuerdo cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, avanzaron que ambos países iban a «extender» su colaboración durante 2019. «A la OPEP le interesa que suban los precios, pero no tanto seguir cediendo cuota de mercado a Estados Unidos», ha explicado el analista de Self Bank Felipe López-Gálvez. En su opinión, Arabia Saudí llevará «la voz cantante», dado que está «especialmente interesada» en que suban los precios para revalorizar lo máximo posible a la petrolera estatal, Saudi Aramco, en preparación para su salida a Bolsa.

En opinión del máximo responsable de análisis del mercado energético de Goldman Sachs, Damien Courvalin, los miembros de la OPEP menos poderosos, como Irán o Irak, pedirán que la carga del recorte caiga sobe los países que más «agresivamente» han aumentado el bombeo durante las últimas semanas, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait. «Hay suficiente apoyo para un acuerdo, ya que diversos miembros están a favor de él ya que las presiones fiscales con los precios actuales del Brent son demasiado grandes como para ser ignoradas», indicó Courvalin.

Por su parte, Qatar confirmó su abandono de la OPEP a partir de 2019 para afianzar su posición en el mercado de gas natural. En concreto, el país pretende llegar a un nivel de producción de GNL que supere los 110 millones de toneladas al año, frente a los 77 millones de 2017. «La salida de Qatar de la OPEP no debería de alterar el mercado, ya que tampoco es uno de los mayores productores de la organización», explicó el analista de XTB, Joaquín Robles.

«La experiencia del cártel entre 2014 y 2016 fue demasiado dolorosa para el grupo como para querer retornar a una era de precios bajos del crudo«, ha apuntado el analista de WisdomTree, Nitesh Shah, tras señalar que Arabia Saudí se arriesga a perder el apoyo de Estados Unidos tras el asesinato de Jamal Khashoggi si no presiona para mantener bajos los precios del oro negro.

Con respecto a la evolución durante el próximo año, el analista de Self Bank no ha pronosticado ningún rango de precios, aunque ha explicado que el coste del barril dependerá de las tensiones comerciales o una hipotética recesión de los países desarrollados, del lado de la demanda, y del nivel de producción de Estados Unidos, del lado de la oferta. Dado que las sanciones a Irán por parte de Estados Unidos afectarán a su producción en cerca de 600.000 barriles al día, según Goldman Sachs, los productores del cártel petrolero solamente tendrán que decidir cómo repartir los 700.000 barriles restantes.

A este respecto, los analistas de Solunion aseguran que Rusia no está «bajo tanta presión» para reducir el suministro, pues se ve «menos afectada» por la revisión a la baja de los precios del crudo. Robles coincide en cifras con Goldman Sachs y espera que los precios del petróleo se establezcan por encima de los 60 dólares e, incluso, superen los 70 a lo largo de 2019 después de que la OPEP ponga en marcha el recorte a la producción.

El Gobierno podría adelantar aspectos urgentes de la Ley de Cambio Climático mientras Ciudadanos denuncia su “baja técnica legislativa”

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Europa Press.- Mientras Ciudadanos ha pedido explicaciones al Gobierno acerca del asesoramiento y los informes utilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar el proyecto de Ley de Cambio Climático, la ministra Teresa Ribera confirma que el Gobierno podría adelantar los aspectos más urgentes en materia de energía en un Real Decreto ley, aunque prevé «en las próximas» semanas presentar un texto base que garantice una «buena ley» en la que las premisas principales cuenten con «suficiente debate público y consenso«.

En este sentido, Ribera ha defendido que el Gobierno ha trabajado en un texto «bastante completo y amplio» y que, de momento, está «barajando» si algunas de las cuestiones recogidas en él y que considera «urgentes» deben ser «adelantadas» en forma de Real Decreto Ley. Respecto a las fechas, ha precisado que el texto provisional se compartió con los grupos parlamentarios, que ahora están recogiendo sus comentarios para incorporarlos y, precisamente, se está «ultimando» la actualización de este documento «oficial» que será presentado para su debate público «en las próximas semanas», sin perjuicio de que algunos aspectos puedan ser adelantados.

En cuanto a la ambición y liderazgo en materia de lucha contra el cambio climático, apuntó que el Ejecutivo quiere intentar liderar ese proceso sin que «nadie» desde fuera imponga nada, sino porque desde dentro parece lo más responsable para los españoles de hoy y los españoles de mañana y garantizar que hijos y nietos puedan tener un contexto de prosperidad de acceso a la energía, de agua, de estabilidad, de paz importante. «Eso requiere liderar o facilitar un proceso de cambio sin que se produzcan grandes tensiones», ha manifestado.

La propuesta, según ha recordado, pasa por reducir un 20% las emisiones en 2030 respecto a 1990, lo que supone reducir 37 puntos las emisiones. En ese sentido, ha concluido que plantear en 11 años una transformación «tan importante» del modelo energético, con la capacidad de digestión que ese cambio requiere, es un esfuerzo colectivo importante» y por ello ha dicho que busca el consenso sobre esta transición para que sea independiente de quien gobierna.

Ciudadanos pide explicaciones al Gobierno

Por otro lado, a Ciudadanos le llama la atención la «indefinición y baja técnica legislativa» del proyecto de ley, que contiene «más de una decena de mandatos al Gobierno». Apunta la formación naranja que parece más una proposición no de ley, que insta al Ejecutivo a hacer algo, que una norma que recoja obligaciones. Por el contrario, sí existe una «concreción sorprendente», considera Ciudadanos, en lo que se refiere a medidas contra la contaminación y las emisiones. «Este es el caso de la prohibición a partir del año 2040 de la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono», apuntan.

Para Ciudadanos, este cambio «tan radical» tendría «efectos directos sobre la industria de producción del automóvil en España», siendo el país el octavo del mundo en esta materia, con 2,8 millones de unidades producidas en 2017. En este sentido, recuerda que, en la actualidad, se fabrican 5 modelos de vehículos eléctricos en España, 4 de ellos furgonetas, que suponen unas 10.000 unidades. El partido que preside Rivera cree que una medida así debería ser presentada con tiempo y en el marco de un plan general a sindicatos, asociaciones empresariales y usuarios. «Y éste no parece ser el caso», apunta, para pedir explicaciones al Gobierno sobre los datos consultados para incluir esta iniciativa en la ley.

A través de una iniciativa parlamentaria, Ciudadanos también pide explicaciones sobre el objetivo de lograr 100.000 rehabilitaciones de edificios al año para obtener ganancias en eficiencia energética, y que también se incluye en el texto. Los naranjas aseguran que los estudios independientes, como el de la Fundación La casa que ahorra, fijan en torno a 350.000 viviendas anuales el ritmo necesario para cumplir con los objetivos para 2030 y 2050.

«Para Ciudadanos es una prioridad aprobar una Ley de cambio climático y transición energética para España», explica el partido, que para ello ve necesario establecer objetivos vinculantes ambiciosos para lograr la descarbonización de la economía en 2050«. A su juicio, ese marco normativo para la economía sostenible del siglo XXI debe asegurar «fuertes inversiones y guiar una transición de primera magnitud» y «no puede ser fruto de la improvisación» como, en su opinión hace el Ministerio, sino de «una planificación exhaustiva y un amplio consenso».

Pedro Sánchez asegura que España alcanzará las cero emisiones de CO2 en 2050 y que será «pionera» en transición justa

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Europa Press.- Greenpeace ha animado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a actuar «en consonancia» con sus anuncios y que acelere la transición energética después de que haya asegurado que España reducirá sus emisiones invernadero en un 37% en 2030 y «al menos» un 90% en 2050 para luchar contra el cambio climático, con una estrategia de transición «pionera» para asumir el reto, pero teniendo en cuenta a los colectivos más vulnerables.

En este sentido, Sánchez ha anunciado que España se ha adherido a la declaración impulsada por el presidente de Austria y anima a otros países a sumarse porque en la actualidad el planeta está «lejos» de cumplir los objetivos de clima adoptados en 2015 en el Acuerdo del Clima de París. Eso sí, ha señalado que es consciente de los efectos de la descarbonización en algunos colectivos y, por ello, ha anunciado que España va a ser «pionera» en el diseño de una estrategia de transición justa que tenga en cuenta el impacto en zonas más específicas y muy en particular en las comarcas mineras.

Para Sánchez, este es el momento de «fortalecer» el multilateralismo y poner en marcha los compromisos adquiridos y avanzar en la plena aplicación de los Acuerdos del París. «La hoja de ruta es clara: reducción de emisiones, desarrollo económico sostenible y justo, inclusivo y sociedades adaptadas al cambio climático«, ha resumido el presidente. A su juicio, la cumbre de Katowice debe suponer un antes y un después para sentar las bases de una visión «más ambiciosa» para asumir «mayores responsabilidades».

En ese sentido, indicó que su Gobierno quiere ir «más allá» de estos compromisos porque España es un país «vulnerable» al cambio climático. Así, en el marco de la coalición para la neutralidad del carbón, ha confirmado la voluntad de reducir a cero las emisiones netas en 2050 y quiere movilizar 900 millones de euros anuales a partir de 2020. Asimismo, ha añadido que la apuesta de su Ejecutivo es por la eficiencia, energías renovables y movilidad eléctrica para lo que se fijarán «objetivos claros y ambiciosos» para los años 2020, 2030 y 2050 porque, en su opinión, se necesita dar certidumbre y confianza «no solo» a los inversores económicos, sino «especialmente» a los ciudadanos.

En concreto, resaltó que su propuesta es reducir un 37% las emisiones en 2030 y al menos un 90% en 2050, para alcanzar la neutralidad de carbono. «La calidad del aire, el impacto sobre los colectivos más vulnerables y la modernización de la industria son motores de nuestro compromiso», ha defendido. Sánchez quiere aprobar un paquete de medidas para luchar contra el cambio climático y trabajar en una senda «viable» de descarbonización de la economía pero es consciente del impacto de estas medidas en territorios, sectores y los colectivos más expuestos, algo que se paliará con la estrategia de transición justa «pionera» que tendrá en cuenta el impacto en zonas «más específicas» y «muy en particular» en las comarcas mineras.

Del mismo modo, ha mostrado el apoyo a la declaración sobre solidaridad y transición justa presentada y que cuenta con el apoyo de las principales organizaciones sindicales a nivel internacional. «El momento es ahora. España tiene clara su elección, que es actuar por una transición inaplazable, urgente y que solo dará frutos si todos actuamos desde la honestidad, el sentido común y la responsabilidad. Debemos elegir, seguir en la inacción o actuar conjuntamente frente a la tentación del repliegue mediante un liderazgo colaborativo», ha concluido.

Greenpeace: acelerar la transición energética

Por su parte, Greenpeace ha animado al presidente del Gobierno a actuar «en consonancia» y acelere la transición energética, ponga fecha de cierre de energías sucias y emita señales claras para impulsar las energías renovables. La ONG ha respondido así a la intervención de Sánchez, quien ha reconocido que no se están cumpliendo las metas marcadas, y celebra que el presidente califique el cambio climático como un desafío «real y urgente» frente al que hay que actuar de forma conjunta.

Respecto al anuncio de una transición ecológica justa pionera en España, Greenpeace le recuerda que el plan de transición debe establecer fechas para el cierre de las energías sucias y peligrosas; dar señales claras para incentivar las inversiones en energías renovables y para la protección ambiental, además de aumentar los planes de formación en las regiones afectadas por la transición.

La responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, ha subrayado que además de justa la transición debe ser rápida porque no solo se trata de puestos de trabajo sino del «bienestar futuro» de las comunidades. «Los mejores trabajos están en un planeta vivo», destacó. Además, ve positivo la confirmación del apoyo de Sánchez a la declaración de Silesia sobre la transición justa y al llamamiento de la Presidencia europea de Austria para reclamar un aumento de la ambición climática en Europa.

Respecto a los objetivos futuros, Greenpeace ve «urgente» hacer todo lo posible por acercar el sistema eléctrico a un mix 100% renovable en 2030 y a reducir a cero las emisiones netas en 2040. Asimismo, le piden que el Plan Nacional de Energía y Clima incluya un calendario para el fin de las centrales nucleares cuando terminen sus licencias actuales de explotación y que 2025 sea el límite para cerrar las centrales térmicas de carbón.

La factura de la luz se mantuvo el pasado noviembre en el mismo nivel de 2017

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Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagó 71,93 euros en su factura de la luz de noviembre, por lo que esta factura se incrementó en un 0,33% respecto a los 71,69 euros de noviembre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 0,24 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 71,93 euros abonados en los 30 días de noviembre del 2018, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de noviembre, 41,68 euros obedecen al consumo, 2,89 euros al impuesto eléctrico y 12,48 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Para contrarrestar la espiral alcista de la luz en los últimos meses, el Gobierno aprobó en octubre un real decreto de medidas urgentes que contempla, entre otras medidas, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

Eso sí, la factura de la luz de noviembre bajó un 1,03% respecto al mes anterior, octubre, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,40 euros en noviembre respecto a los 2,42 euros de octubre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. Así, el recibo eléctrico baja por segundo mes consecutivo después de cortar la espiral alcista que le había llevado a encadenar 6 meses consecutivos de subidas.

Con esta subida interanual en noviembre, el recibo de la luz cerró los primeros once meses del año con una subida del 2,32% con respecto al mismo periodo de 2017. La subida de precios en noviembre contribuyó a que el recibo de los once primeros meses del año se sitúe en 773,07 euros, 17,5 euros más frente a los 755,57 euros en el 2017. En los primeros once meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 165,71 euros por el término fijo, de 442,11 euros por el consumo, de 31,08 euros por el impuesto de electricidad y 134,17 euros por el IVA.

El Gobierno se plantea «anticipar» los aspectos «más urgentes» de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Europa Press.- El Gobierno tiene un debate interno en curso sobre la «conveniencia» de anticipar «aquellos elementos más urgentes» y que estarán incluidos en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética cuyo borrador se está ultimando, para su posterior tramitación parlamentaria según ha desvelado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Ribera ha reiterado el compromiso del Gobierno con «la seriedad en el marco estratégico regulatorio en materia de clima», algo que considera «fundamental» para incorporar la visión de conjunto y para orientar las políticas y las sendas clave de la transición así como las señales para cada uno de los sectores clave. Así, ha indicado que el Ministerio para la Transición Ecológica tiene un texto que está «ultimando» y que recoge todos los contenidos del proyecto de ley, pero incidió en que su tramitación oficial aún «no se ha producido».

«Hay un debate en curso en el seno del Gobierno sobre la conveniencia de anticipar aquellos elementos más urgentes, entre otras cosas porque el secretario general de la ONU junto con los organismos financieros internacionales están destacando que es urgentísimo y que hay que acelerar el proceso de cambio», ha precisado Ribera. De esta forma, se abriría la puerta a que el Gobierno tramite mediante un Real Decreto algunos aspectos «urgentes» de la transición ecológica antes de su tramitación como proyecto de ley. Según han apuntado fuentes del Ministerio, se están estudiando distintas vías y no se descarta ninguna opción.

La voluntad del anterior equipo de Gobierno, de Mariano Rajoy, era presentar al final del verano un proyecto de Ley de Cambio Climático para su tramitación. Con la llegada del equipo de Sánchez, la ministra Ribera desechó el borrador de proyecto de ley para modificarlo y elevar la ambición climática. Si bien, aunque la propuesta normativa se ha trasladado a los distintos grupos parlamentarios, la negociación y modificaciones del articulado del texto no terminaron aún.

Al principio de su mandato, Ribera indicó su voluntad de que el proyecto de ley iniciara su tramitación antes de final de año y que antes del 31 de diciembre estuviera presentado a la Comisión Europea el Plan Nacional de Energía y Clima, una fecha obligada para los Veintisiete. La aprobación de un real decreto que después se tramitaría como proyecto de ley sería una de las posibles fórmulas legales que tendría el Ejecutivo para dar el pistoletazo de salida de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En todo caso, ha reiterado el «consenso total» del Gobierno respecto de la necesidad, las fechas, los objetivos de la futura Ley de Cambio Climático así como de la oportunidad que significa para la modernización de la economía establecer un marco «estable» que permita «de manera predecible» acompañar «todo» el proceso de cambio. Asimismo, ha añadido que el Ejecutivo tiene también la «convicción total» sobre la necesidad de prestar «particular atención» al ámbito de la energía y a la industria del automóvil, entre otros, aunque admite que estos son los que «quizá» más interés han suscitado en la opinión pública.

La ministra ha subrayado la «urgencia» de actuar contra el cambio climático ya que tanto el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, como los datos científicos reclaman urgencia para actuar. Esto, según Ribera debe reflejarse en el cumplimiento «escrupuloso» de los calendarios marcados. La ministra ha señalado que en la cumbre del G-20, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó la «trascendencia» que tiene introducir la acción climática «a toda velocidad» para la estabilidad económica y la recuperación mundial.

Por otro lado, Ribera ha agregado que las «líneas maestras» del Gobierno en materia de clima «coinciden básicamente» con la Estrategia de descarbonización aprobada por la Comisión Europea y con la Estrategia de Energía y Clima presentada por Francia y que incluyen indicaciones sobre el tipo de vehículos que circularán por las carreteras en 2040. Ribera insiste en que la transformación de la industria del automóvil es fundamental si no se quiere perder un sector «importante» en España conciliándolo con los objetivos de clima y energía, a pesar de que genera una reacción «en gran medida no ajustada a la trascendencia que tiene este asunto».

«Es imposible pensar en una economía descarbonizada si no se descarboniza la movilidad. Esto es un desafío de gran alcance para la industria del automóvil que repercute positivamente en nuestra salud pero también en la competitividad de ese sector que genera tanto empleo directo e indirecto», ha sentenciado. Finalmente, se ha defendido al comparar la propuesta española con la Estrategia de Francia, que tiene medidas «muy similares» a las que ha propuesto el Gobierno y con la propuesta «calcada» del comisario de Clima de la Unión Europea, Miguel Arias Cañete.