Gobierno y eléctricas plantean un cierre escalonado de las nucleares, pero nunca antes de 2025 ni más tarde de 2036

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Europa Press.- El Gobierno y las principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, están estudiando un cierre «escalonado» para las centrales nucleares en España, que será abordado «central por central», aunque de tal manera que nunca se produzca el cierre para ellas antes de 2025, pero con un horizonte para la clausura de 2035 o 2036, según apuntaron fuentes conocedoras del encuentro.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mantenido una reunión al máximo nivel con los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, con el fin de abordar el futuro apagón nuclear. Las mismas fuentes indicaron que la reunión ha sido positiva ya que ha permitido avanzar en diversos temas referentes a cómo se deberá afrontar esta hoja de ruta para las nucleares. En este sentido, la decisión de no abordar el cierre para las nucleares antes de 2025 permitiría a los dos reactores de Almaraz seguir operativos más allá de su periodo de vida útil de 40 años, que se cumplen en 2023 y 2024.

Asimismo, en la reunión se ha puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar la normativa actual que obliga en las sociedades que controlan las nucleares, como agrupaciones con la categoría de interés económico (AIE) que son, a tomar las decisiones por unanimidad, lo que ha conducido a una situación de constante bloqueo ante los intereses enfrentados entre las propietarias. A este respecto, se apuesta por hacer imperar para tomar las decisiones las «mayorías razonables».

Además, se estudia que cualquier decisión que se adopte sobre el futuro del parque nuclear sea revisada y supervisada por Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar el desmantelamiento de las plantas y sus residuos. Enresa cuenta actualmente con un fondo de algo más de 5.000 millones de euros para afrontar esta labor, aunque esta cifra no será suficiente para cubrir los costes del desmantelamiento de todo el parque nuclear.

El encuentro ha sido el primero en el que el Ministerio se sienta a la vez con las tres principales compañías eléctricas ya que anteriormente se habían mantenido otros encuentros, aunque por separado, para poner sobre la mesa el cierre de las centrales nucleares en España, cuya vida útil expira entre 2023 y 2028. La reunión se ha producido en un momento en el que todavía no se ha desvelado uno de los grandes interrogantes que marcarán los pasos a seguir en los próximos años en el sector energético español: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que estaba previsto que el Gobierno hubiera presentado su documento a Bruselas antes de finales de 2018.

En el caso de Iberdrola, la compañía energética ha venido proponiendo para la generación nuclear en España varias actuaciones, entre ellas, la planteada al Ministerio de una modificación normativa que permita solicitar la renovación limitada, hasta un plazo de 40 años de funcionamiento, sin perjuicio de eventuales renovaciones en el futuro. Con esta modificación, la compañía considera que el Gobierno dispondrá de mayor margen de maniobra para precisar la política energética y el papel de la energía nuclear durante la transición hacia un mix donde la energía renovable sea mayoritaria.

Por su parte, Endesa ha reiterado su apuesta por mantener la operación de las centrales nucleares a largo plazo, en adecuadas condiciones de rentabilidad y asegurando siempre que estas instalaciones cumplan los más elevados estándares de seguridad establecidos en la regulación nacional e internacional. La eléctrica presidida por Borja Prado defiende así alargar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años para garantizar la transición energética a 2050, ya que no hay otra alternativa que garantice la seguridad de suministro, un precio competitivo de la electricidad y ayude en el cumplimiento de los objetivos de emisiones.

Las principales compañías eléctricas defienden en el Congreso una menor fiscalidad para afrontar más inversiones en las centrales nucleares

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Europa Press.- Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP han defendido en el Congreso ante los grupos parlamentarios la necesidad de rebajar la carga fiscal a la que deben hacer frente con el fin de poder acometer las inversiones necesarias en sus centrales nucleares. Estas compañías acudieron a la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), dentro del marco de comparecencias que tienen lugar para elaborar el informe parlamentario de este organismo del ejercicio 2017.

Concretamente, acudieron a la comisión, celebrada a puerta cerrada, el director de Nuclear Naturgy, José María Nubla; el director de Iberdrola Generación Nuclear, Francisco López; el director general de Nuclear Iberia de Endesa, Gonzalo Carbó de Haya, y el director de Generación EDP, Miguel Mateos. Más allá de la actividad desarrollada en el ejercicio en cuestión, diferentes grupos han explicado que las compañías plantearon que tenían que hacer frente a «una carga tributaria inasumible» o que los costes eran «exagerados».

«Básicamente ese era el mensaje. O me bajáis los impuestos o la nuclear no me sale rentable porque no salen las cuentas», ha explicado uno de los diputados, al tiempo que otra diputada presente en las comparecencias se preguntaba cómo podían ser negocios no rentables cuando siguen operando y su voluntad es continuar haciéndolo. «Se les preguntó si era cierto que no querían seguir operando y ninguna lo afirmó, todo lo contrario. Dijeron que estaban preparadas después de incorporar modificaciones tras Fukushima y que estaban dispuestos a pasar la revisión periódica», ha asegurado esta diputada.

Y es que, según corroboró otro diputado, ninguna de las compañías expresó que el negocio fuera inviable. Es más, considera que con los datos expuestos, la sensación que dejaron fue de que tenían una «firme disposición» de mantenerse. «Van a solicitar la prórroga todos», apostilló. Una afirmación que no es unánime dentro de la ponencia, puesto que otro diputado destaca que únicamente Endesa avanzó de forma contundente que, salvo que se le impidiera, iba a pedir el alargamiento de vida de sus centrales por 10 años más, mientras que el resto, Iberdrola, Naturgy y EDP, se mostraban más a la expectativa de lo que marque para las nucleares el futuro Plan de Energía y Clima.

Así, otra diputada incidió en la necesidad de contar con esta estrategia con la suficiente previsión, y así no repetir errores del pasado. «Por eso pedimos una planificación ya. Si no, viviremos la situación de Garoña», apuntó. «Hay que dar algo de estabilidad política y previsión, y que nadie vaya a presionar ni a poner en un brete a ningún Gobierno, amenazando con cerrar», sentenció.

Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Repsol deberán financiar el 92,8% del bono social al ser las mayores comercializadoras eléctricas

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Europa Press.– Las 4 principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP España, y Repsol, que entra en el grupo tras adquirir la comercializadora de electricidad de Viesgo, deberán aportar el 92,8% de la financiación para el bono social eléctrico en 2019.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como encargada de determinar el porcentaje que corresponde aportar a cada una de las empresas tras el cambio normativo que se produjo después de las sentencias del Tribunal Supremo, ha aprobado el informe que determina el porcentaje que deben aportar las distintas empresas comercializadoras de electricidad para financiarlo en 2019.

El bono social eléctrico reconoce el derecho de determinados colectivos, (pensionistas, personas con discapacidad o familias numerosas, entre otros) a ser beneficiarios de descuentos del 25% o 40% en su factura mensual de electricidad. En el caso de los consumidores en riesgo de exclusión social, se subvenciona el 100% de su recibo. La normativa del bono social establece que su financiación corre a cargo de todas las comercializadoras eléctricas, por lo que la CNMC ha calculado el porcentaje asignado a las distintas compañías, que suman un total de 254 sociedades y 20 grupos de sociedades.

Así, las 5 comercializadoras con mayor número de consumidores deberá asumir el 92,8% de la financiación del bono social, mientras que el 7,2% restante corresponderá a los otros grupos y sociedades con actividades de comercialización eléctrica. Endesa, con una cartera de más de 10,62 consumidores eléctricos, deberá aportar el 36,26% del importe del bono social; mientras que Iberdrola, con 10,14 millones de consumidores, financiará el 34,62%, y Naturgy (4,63 millones de consumidores) el 15,82%. EDP España (1,13 millones de consumidores) será el cuarto mayor aportador a la financiación del bono social eléctrico, con el 3,86%.

La gran novedad dentro de los principales financiadores será Repsol (656.883 consumidores), que deberá poner el 2,24% del importe al que ascienda el bono social eléctrico en 2019. La compañía presidida por Antonio Brufau entró en este grupo de principales comercializadores de electricidad del país con la compra de la comercializadora de Viesgo, que le permite contar con una importante presencia en sector minorista de electricidad y gas en España, con una cuota de mercado superior al 2% y más de 750.000 clientes. El objetivo del grupo, que desarrolla esta actividad mediante la filial Repsol Electricidad y Gas, es alcanzar en el 2025 una cuota de mercado minorista de electricidad y gas superior al 5% y 2,5 millones de clientes.

En 2017, el coste de la financiación del bono social fue de 194 millones de euros. Durante 2017, el 99% del importe de su financiación fue para consumidores que cumplían los requisitos con el antiguo sistema (consumidores con potencia contratada inferior a 3 kW, pensionistas con renta mínima, consumidores en paro y familias numerosas, entre otros). A falta de los datos definitivos, la previsión del coste en 2018 es similar.

La CNMC y el regulador francés tumban el gasoducto MidCat (STEP), el proyecto de interconexión gasista con Francia por Cataluña

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión francesa de Regulación de la Energía (CRE) han tumbado el proyecto de interconexión gasista entre España y Francia a través del Pirineo Oriental, denominado STEP (South Transit East Pyrenees), al rechazar la solicitud de inversión presentada por Enagás y la gala Teréga.

Según indicaron en un documento la CNMC y la CRE, el proyecto «no cumple con las necesidades del mercado y carece de madurez suficiente para ser considerado en una asignación de costes transfronteriza». Por ello, los reguladores rechazan la solicitud de inversión y recomiendan a Enagás y Teréga realizar «evaluaciones adicionales» sobre el proyecto, con el fin de valorar si pudiera «proporcionar un ratio coste-beneficio claro y positivo en el futuro, teniendo en cuenta la naturaleza de las capacidades ofrecidas». El pasado mes de julio, Enagás y Teréga sometieron a las autoridades reguladoras esta solicitud de inversión transfronteriza y costes repartidos para el proyecto STEP.

¿Beneficios superiores a los costes?

La inversión del proyecto asciende a unos 442 millones de euros, de los que 290 millones serían aportados por Teréga y los restantes 152 millones por Enagás. A este respecto, tanto la CNMC como el regulador galo afirman que el análisis costes-beneficios del proyecto no demuestra claramente que sus beneficios sean superiores a los costes en los escenarios más realistas. Con este proyecto de interconexión gasista entre Francia y España se preveía crear una capacidad de intercambio adicional entre ambos países de 180 GWh/diarios desde Francia a España y de 230 GWh/diarios en sentido contrario.

En la decisión conjunta, los dos reguladores señalan que los operados del sistema no han presentado un proyecto que ofrezca una capacidad de interconexión firme, por lo que las capacidades creadas serían interrumpibles, lo que supone «un factor negativo determinante en la evaluación de la viabilidad de la infraestructura a largo plazo, y de su contribución a la obtención de precios competitivos y estables para los consumidores domésticos e industriales». Asimismo, destacan que el mercado no ha manifestado «ningún interés comercial» por nuevas capacidades de interconexión y subrayan que la interconexión gasista actual entre Francia y España «no está congestionada».

STEP ha sido reconocido por la Comisión Europea como Proyecto de Interés Común. El proyecto de la infraestructura consta de un tramo de gasoducto de 106 kilómetros en el tramo español y de 120 kilómetros en el francés. En el lado nacional, las infraestructuras asociadas al desarrollo de la conexión internacional STEP serían: el gasoducto Martorell-Figueras, tramo norte (Hostalric-Figueras); el gasoducto Figueras-Frontera Francesa; y la estación de compresión de Martorell.

El Gobierno remitirá a Bruselas su Plan Nacional de Energía y Clima en las próximas semanas mientras Cañete lo reclama

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Europa Press.- Mientras el comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que espera recibir del Gobierno español su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima inmediatamente, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha asegurado que España remitirá el borrador de su Plan Nacional Integrado a Bruselas en las próximas semanas, «no más».

En este sentido, Domínguez destacó que los próximos 10 años son «muy importantes» para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y alcanzar la descarbonización en 2050. Así, señaló que para alcanzar una cuota renovable en la generación eléctrica del orden del 70%-75%, en el plan vendrá definida la necesidad de desplegar del orden de 50.000 o 60.000 megavatios (MW) de renovables a 2030. «Tenemos un gran reto por delante que requiere una inversión global de 200.000 millones de euros de aquí a 2030”, apuntó.

Domínguez subrayó que no se debe hacer «la táctica del avestruz y negar la realidad» del cambio climático ya que la descarbonización de las economías es «un fenómeno que se va a quedar». De esta manera, consideró que el reto de alcanzar ese objetivo en 2050 puede parecer que está «muy lejos«, con más de 30 años por delante, aunque indicó que no lo está tanto teniendo en cuenta «la realidad de la cantidad de tarea que tenemos que hacer para estar en una economía descarbonizada casi al 100%. «El cambio climático es algo que ya no niega nadie», señaló.

Cañete apremia al Gobierno español

Por su parte, Arias Cañete recordó que Bruselas ha recibido un total de 21 planes de los países miembros, mientras que restan 7 Estados, entre ellos España, por entregarlo, cuando el compromiso era haberlo hecho antes del pasado 31 de diciembre. Así, el comisario europeo apremió a España a presentar el documento ya que la Comisión Europea, una vez recibido, necesita tiempo para hacer «un análisis exhaustivo» del mismo y ver si cumple con la gobernanza comunitaria para, antes de finales de junio, remitir a cada país sus recomendaciones, sobre las que se deberá trabajar para, antes de finales de 2019, presentar los planes definitivos.

Arias Cañete consideró que su diálogo con el Gobierno español es «muy fluido», como demuestra el hecho de que finalmente se ha conseguido resolver el conflicto que existía para la devolución a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de sus competencias en energía a través del real decreto-ley aprobado recientemente. «Ahora está en fase de análisis a ver si es absolutamente compatible con la normativa europea o hay que introducir alguna modificación«, dijo. Respecto al Brexit, indicó que el Reino Unido dejará de compartir con la Unión Europea estos objetivos en materia de cambio climático, aunque subrayó que los británicos siempre han sido «de los países más ambiciosos» en esta materia.

Asimismo, Arias Cañete defendió que las energías renovables y la nuclear deben ser «las piedras angulares» para conseguir el objetivo de una economía descarbonizada. Así, señaló que la electrificación jugará un papel «fundamental», con un peso de más del 80% de la renovable, pero con el 20% restante más o menos de la nuclear. Además, subrayó que la lucha contra el calentamiento global es «uno de los mayores desafíos de la humanidad», por lo que las acciones en defensa del clima «tienen que ser inmediatas». Para hacer frente a esta lucha contra el cambio climático, el comisario advirtió de que hay que poner en marcha transiciones energéticas «radicales e irreversibles».

Dentro de los objetivos a 2020, destacó que Europa «va bien» en reducción de emisiones, «demostrando al resto del mundo que es compatible con el crecimiento económico», mientras que el objetivo renovable del 20% parece que se va a cumplir «a nivel global europeo», aunque habrá algunos países que individualmente no lo alcanzarán. Donde consideró que será necesario realizar más esfuerzos de cara a ese 2020 será en eficiencia energética, y señaló que la media española y de la Unión Europea no alcanzarán los objetivos.

Además, destacó el marco impuesto por la Unión Europea, con «una gobernanza potente» que con su aplicación llevaría a alcanzar unos objetivos más ambiciosos de reducción de los gases de efecto invernadero a 2030 al 40% establecido. «Con su aplicación, en 2030 no estaríamos en el 40%, sino en el 45%, y nos llevaría per se a una reducción de las emisiones del 60%», avanzó.

Las centrales nucleares generaron casi el 35% de la electricidad sin emisiones en España en 2018, según el Foro Nuclear

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Europa Press.- La producción eléctrica nuclear ha supuesto el 34,42% de la electricidad sin emisiones contaminantes generada en España en 2018, ya que no emiten gases ni partículas contaminantes a la atmósfera. Así lo puso de manifiesto el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, que analizó los datos de Red Eléctrica de España de 2018. «En la transición energética es necesaria la energía nuclear, hay que dejarla subsistir de aquí al año 2030 por lo menos«, señaló.

Foro Nuclear ha destacado que, con el 7,09% del total de la potencia instalada, los 7 reactores nucleares españoles han producido 53.216 gigavatios hora (GWh) netos, el 20,39% del total de la energía eléctrica consumida en España en 2018, constituyendo una «base firme y predecible» para la garantía del abastecimiento de electricidad. «Somos los mayores productores, somos fiables, estables, no emitimos CO2 y no presionamos el precio. Nadie podrá acusar a la energía nuclear de hacer que la factura sea más cara, porque entramos al mercado a precio cero», explicó Araluce, al tiempo que asegura que si se prescindiera de la energía nuclear «se dispararía el precio» de la electricidad.

Las centrales nucleares, según los datos de Red Eléctrica de España, han operado en 2018 un total de 7.192 horas de las 8.760 que tiene el año, lo que representa, de media, el 82,1% del total de las horas del año. Para Araluce, este porcentaje refleja la «disponibilidad, fiabilidad y estabilidad» del parque nuclear que, en sus palabras, funciona con «altísima regularidad, posibilitando así una adecuada gestión y la garantía del funcionamiento del sistema eléctrico». «Las centrales nucleares son necesarias si queremos hacer la transición energética de una forma predecible, garantizando la seguridad de suministro y cumpliendo con los acuerdos ambientales internacionales ratificados», ha subrayado el presidente de Foro Nuclear.

En este sentido, Araluce explicó que de aquí a 10 años sería necesario instalar en España «50 o 60 GW» de potencia de renovables, lo que supondría una inversión «de 60.000 a 70.000 millones de euros» en renovables hasta 2030. «Son unas cantidades gigantescas de dinero, pero tendrán que hacerse realidad. Los objetivos están claros pero lo difícil es el camino, la transición», ha indicado el representante de la industria nuclear, quien afirmó que, por los datos que hay, las centrales nucleares «tienen que seguir funcionando», ya que si no habría que instalar «80 o 90 GW» de potencia renovable durante los próximos 10 años.

Respecto a la seguridad de las instalaciones, ha asegurado que el nivel de regulación de las centrales nucleares en España «es altísimo», ya que hay un organismo regulador con un nivel técnico «altísimo» que las están vigilando «constantemente«. «Las centrales españolas están entre las mejores del mundo en funcionamiento. En toda actividad humana siempre puede ocurrir algo, pero las centrales nucleares son segurísimas», ha sentenciado.

Sobre la central nuclear de Almaraz (Cáceres), apuntó que hay una «incertidumbre» de lo que decidirán las empresas para la renovación de la licencia. «Cada 10 años una central nuclear tiene que presentar estudios para funcionar por 10 años más», explicó Araluce, al tiempo que ha comentado que algunas empresas «quieren pedir la renovación por un periodo inferior a 10 años» debido a la situación de incertidumbre. «En Almaraz se podría recurrir a un arbitraje si los socios no se ponen de acuerdo para pedir la licencia. En los estatutos se contempla dicho arbitraje pero considero que las compañías finalmente se pondrán de acuerdo», manifestó.

Por último, el presidente de Foro Nuclear ha señalado que el «retraso» del Almacén Temporal Centralizado (ATC) supone un «extracoste» pero «no influye» en que las centrales sigan funcionando. «Como el ATC no está disponible se ha hecho un almacenamiento en seco en la propia central. Se han construido pensando en que en algún momento el ATC estará disponible», concluyó.

Ribera considera que los riesgos climáticos y ambientales «son los de mayor magnitud para la economía mundial»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que los riesgos climáticos y medioambientales «son los de mayor magnitud para la economía mundial», apoyándose en el «protagonismo» que considera que tendrán estos asuntos en los próximos grandes foros económicos internacionales. En este sentido, Ribera señaló que un Presupuesto «que desprecie el cambio climático es tirar el dinero».

El objetivo final, según ella, es que el 100% de la inversión y gasto sean compatibles con el clima, al igual «que lo deben ser con los Derechos Humanos». «Lo más grave, dañino, peligroso y disruptivo es no hacer caso a lo que sabemos que ocurre con el cambio climático», añadió. Entre los ponentes, la exprimera ministra de Nueva Zelanda y exadministradora del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), Helen Clark, ha remarcado que «el principal objetivo de la agenda de desarrollo sostenible es que nadie se quede atrás, especialmente las personas más vulnerables».

La legislación climática estará «enseguida”

Por otro lado, Ribera ha afirmado que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que trabaja el Gobierno, llegará «enseguida». «Estamos peinándola y poniéndole los colorines finales de la portada», bromeó. Según ha comentado la ministra, la transición ecológica es un «desafío interesantísimo en todos los frentes», por lo que considera importante que haya un debate público constructivo que, a su juicio, fomentará los consensos y acciones de mejoras. Tal y como ha señalado, desde el Gobierno están intentando ser «cuidadosos» en la evaluación de las piezas que conformarán la Ley. «Lo tenemos muy organizado en el Gobierno, en pensar en las distintas razones para poder compartirla», ha apuntado la ministra.

Teresa Ribera ve en la «convicción de la gente» el impulso para iniciar el cambio hacia la transición ecológica: «Es lo que de verdad va a ser el vector que fomente la reflexión de mercados, de opinadores». Y para ello, ha insistido en la necesidad de que todos los agentes actúen ya que «ninguno por sí mismo puede hacerlo todo».

En este sentido, insiste en que la Agenda 2030 de la ONU «no es una agenda sectorial de nadie, de ningún tipo de actor sectorial ni de naturaleza pública o privada», lo que a su juicio requiere liderazgo en cada estructura. De ahí que haya apelado a los líderes políticos y «a quien tiene más capacidad para empujar la Agenda 2030», para iniciar este cambio.

No se cumplen los plazos

Asimismo, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha instado al Gobierno de España a presentar su Plan de Energía ante la Comisión Europea, pues es 1 de los 7 ejecutivos de la Unión que aún no los ha entregado, pese a que el plazo se cerró el pasado 31 de diciembre. El comisario ha hecho hincapié en «el futuro espectacular» que tienen las energías renovables en el marco de la Unión Europea de los próximos años y destacó algunos de los objetivos firmados por más de 190 países en el acuerdo de París, como el de «frenar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados centígrados, incluso por debajo de 1 grado».

Para conseguirlo, ha subrayado la «necesidad de descarbonizar la economía» y sustituir la producción de energía con otras más limpias con el horizonte 2050, fecha en la que el 80% de la electricidad tendrá que producirse mediante energías renovables. Como recordó Arias Cañete, el primer objetivo, en 2020, es alcanzar el 20% en cuanto a producción de energía renovable. En 2017, España estaba cerca del 17,3%. Mientras que para 2030 el objetivo marcado es alcanzar un 32% de energías renovables.

No considera el comisario que los planes para la transición energética se vayan a ver afectados por el Brexit, pues «todo el mundo tiene que afrontarla y Reino Unido siempre ha sido un país muy ambicioso en políticas climáticas». Por último, remarcó que para el 13% de los españoles, el cambio climático supone «el principal problema en la actualidad» y animó a los políticos españoles a incluir en sus campañas electorales temas como el cambio climático o la renovación energética.

Ribera devuelve a la CNMC las competencias para fijar los peajes energéticos pero bajo la política que marque el Gobierno

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Europa Press.- El Gobierno aprobó un Real Decreto Ley para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa comunitaria, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes, devolviendo así al superregulador las competencias que le fueron arrebatas en 2014 por el anterior Gobierno del PP para fijar, entre otras labores, los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifas eléctrica y gasista.

No obstante, de acuerdo con estas nuevas competencias de regulación, la CNMC deberá tener en consideración las prioridades estratégicas que marque el Gobierno en materia energética ya que, como establece la Constitución, es una competencia exclusiva del Estado. El gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que estas prioridades se materializarán en unas orientaciones de política energética, adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Estas orientaciones de política energética abarcarán aspectos tales como la seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y respeto al medio ambiente, la gestión óptima y el desarrollo de los recursos nacionales, la gestión de la demanda, la gestión de las elecciones tecnológicas futuras o la utilización racional de la energía.

Con la aprobación de este Decreto Ley, el Gobierno considera que ofrece un marco homologable al de los demás estados europeos, reconoce la capacidad técnica y el criterio de la CNMC y establece mecanismos de cooperación que «garantizan el buen funcionamiento del conjunto del sistema sin menoscabo de la responsabilidad que cada institución tiene en materia de energía». Con carácter previo al inicio de la tramitación de las circulares normativas de la CNMC, el Ejecutivo podrá emitir un informe sobre la adecuación de la propuesta a las orientaciones. En caso de suscitarse discrepancias, se convocará a la Comisión de Cooperación con la finalidad de buscar el entendimiento entre ambas partes.

Este organismo estará compuesto por 3 personas en representación de la CNMC y 3 personas en representación de la Secretaría de Estado de Energía, que serán nombrados respectivamente por el presidente del regulador, oído su pleno, y la ministra para la Transición Ecológica. La presidencia y la secretaría de la Comisión de Cooperación corresponderán a ambas partes de forma alternativa y rotatoria por un año. Si no existen discrepancias o se alcanza un acuerdo en la Comisión de Cooperación, la circular de la CNMC indicará que se aprueba «de acuerdo con las orientaciones de política energética del Ministerio». En caso de que no exista acuerdo, la circular deberá indicar que se adopta «oído el Ministerio«.

Además de la determinación de las prioridades en materia energética de acuerdo con el mandato constitucional, el Ejecutivo aprobará las reglas y supervisará que se aplican las medidas necesarias para garantizar el suministro en situaciones de emergencia. De igual modo, será competente en la aprobación de la estructura de los cargos, su metodología y sus valores; y mantiene la función planificadora de las redes de transporte, conforme a las recomendaciones que podrá hacer la CNMC. Además, el Gobierno determinará los criterios y procedimientos que la concesión de acceso y conexión deba satisfacer para el cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración de renovables.

Los peajes y las retribuciones

Mientras, el nuevo reparto asigna a la CNMC la aprobación de la estructura, metodología y los valores concretos de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de gas natural y electricidad, y a las plantas de gas natural licuado (GNL). De igual modo, el regulador aprobará las retribuciones de estas redes y plantas. También se encargará de la retribución del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista.

Además, serán de su competencia la metodología y condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural; las reglas de funcionamiento de los mercados organizados en aquellos aspectos cuya aprobación corresponda a la autoridad regulatoria nacional, de conformidad con las normas del derecho comunitario europeo; y el control de los planes de inversión de los gestores de la red de transporte, pudiendo hacer recomendaciones para su modificación.

El Ministerio considera que con este nuevo reparto competencial se garantiza la seguridad jurídica a la ciudadanía y a los agentes del sector energético y valora que supone «una buena noticia para los consumidores y todos los agentes que forman parte de un sector como el energético». Gobierno y CNMC contarán con un periodo transitorio máximo de 4 años para la adaptación de manera gradual de estos cambios de metodología y de este reparto competencial.

Fuentes del Ministerio indicaron que la CNMC asumirá estas nuevas competencias desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley y que, en el caso de los peajes, tendrá que realizar una circular en 2019 para el 2020, de la misma manera que el Ejecutivo hizo su propuesta, informada por la CNMC, el pasado diciembre para el año en curso.

Previamente a las circulares que emita la CNMC, tanto el Gobierno como el regulador deberán desarrollar las metodologías para el cálculo de los cargos y retribuciones reguladas, en el caso del Ejecutivo, y cánones y peajes de acceso, en el caso de la CNMC, cuestión en la que ya trabajan y que deberán estar listas antes de que acabe 2019.

La devolución de las competencias a la CNMC fue uno de los primeros compromisos adquiridos por Teresa Ribera tras ser nombrada ministra ya que, desde 2016, existía la amenaza de la Comisión Europea de sanción. Además, la incorrecta trasposición de las directivas de mercado llevó el enfrentamiento entre la CNMC y el Gobierno del PP ante el Tribunal Supremo. Fuentes del Ministerio indicaron que el Gobierno trabajó «con rigor y contrarreloj» para acabar con la anomalía que suponía la trasposición incorrecta de la directiva comunitaria.

«Era absolutamente urgente y, por ello, nada más constituirse el Ministerio para la Transición Ecológica se creó un grupo de trabajo entre la CNMC y el Ministerio para llevar a cabo la normativa plasmada en este Real Decreto Ley», añadieron. Así, el Ministerio considera que con esta normativa «se pone fin a esta situación realizando un reparto respetuoso con el derecho comunitario y que dota a España de un marco regulatorio que garantiza a la CNMC la independencia necesaria para el ejercicio de sus funciones«.

El Gobierno subirá 3,8 céntimos el diésel, con un coste de 36 euros anuales para los particulares

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Europa Press.- Al mismo tiempo que el Gobierno confirmaba que la transición ecológica tendrá un «presupuesto especial» dirigido a movilidad, aire, eficiencia y comarcas afectadas, el Ejecutivo aprobaba la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que contempla la supresión de la bonificación del diésel respecto a la gasolina, lo que supondrá un incremento del precio del gasóleo de 3,8 céntimos por litro para los consumidores particulares.

En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que la decisión de suprimir la bonificación del diésel tendrá un impacto de 3 euros mensuales para el consumidor medio, el que realiza unos 15.000 kilómetros anuales, lo que supondrá unos 36 euros al año. La Agencia Tributaria identificará cuando se utiliza el combustible con carácter profesional. «La medida no tiene impacto en el gasóleo profesional, ya que quedarán fuera los profesionales del transporte, incluidos los profesionales agrarios», aseguró, al tiempo que apuntó que el incremento recaudatorio se destinará a subvencionar políticas de movilidad sostenible, parte renovando el parque automovilístico y parte impulsando que las empresas renueven sus flotas.

Asimismo, resaltó que el 30% de la recaudación que generará este incremento del precio del gasóleo, que se contabilizará en 2020, se destinará a medidas de impulso a la movilidad sostenible, algo que consideró «fundamental» para la renovación del parque automovilístico españoly también para ayudar a las empresas en una política de transición que es «imprescindible» para ganar valor añadido, mejorar competitividad y para ayudar a la industria a adaptarse a los nuevos requerimientos y retos del siglo XXI.

«Presupuesto especial» para transición ecológica

Por otro lado, la transición ecológica de España hacia un futuro bajo en carbono tendrá «un presupuesto especial» según anunció la ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha adelantado que el presupuesto para la transición ecológica se centrará especialmente en el fomento de la movilidad sostenible, la mejora de la calidad del aire, el fomento de la eficiencia ambiental y para impulsar las comarcas afectadas por los procesos relacionados con la descarbonización, como las áreas mineras. «Estas son señas de identidad», ha defendido la ministra.

Entre las partidas, ha precisado que las partidas para Industria y Energía aumentarán, de ser aprobadas, en un 12%, y permitirán impulsar las zonas afectadas, impulsar las energías renovables o la eficiencia energética, entre otras. Se trata, según defiende el Ejecutivo el proyecto presupuestario para 2019 es «respetuoso» con el medio ambiente y busca «reducir progresivamente» las emisiones contaminantes de España. Para ello, con un objetivo «no recaudatorio», se incrementará la fiscalidad de los hidrocarburos en función de sus emisiones.

La factura de la luz se encareció un 2,13% en 2018, lo que supuso un mayor gasto de 17,69 euros

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Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagó 848,17 euros en su factura de la luz de todo el año 2018, por lo que esta factura se encareció en un 2,13% respecto a los 830,48 euros de 2017, lo que supuso un mayor gasto en el recibo de 17,69 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada PVPC con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De los 848,17 euros abonados en los 365 días del 2018, 181,09 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada, una partida que permaneció invariable, congelada, respecto a 2017. Del resto de la factura de 2018, 485,78 euros obedecen al consumo, 34,1 euros al impuesto eléctrico y 147,2 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Unas cifras al alza respecto a los 471,88 euros de consumo de 2017, 33,38 euros de impuesto eléctrico y 144,13 de IVA para totalizar los 830,48 euros de la factura del año anterior.

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía, el de un consumo de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio asegura que se corresponde con el de una familia media con dos hijos. Por otro lado, al igual que sucedió en noviembre, la factura media de diciembre se mantuvo en los mismos niveles que en el año anterior. Concretamente, en el mes de diciembre de 2018 fue de 74,64 euros, un 0,5% más que los 74,27 euros registrados en diciembre del 2017, lo que supone un desembolso añadido en el recibo eléctrico de 0,37 euros.

Diciembre prácticamente igual que noviembre

De los 74,64 euros abonados en los 31 días de diciembre del 2018, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de diciembre, 43,31 euros obedecen al consumo, 3 euros al impuesto eléctrico y 12,95 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Asimismo, la factura de la luz de diciembre respecto al mes anterior, noviembre, permaneció prácticamente invariable con una subida del 0,42%, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,41 euros en diciembre respecto a los 2,40 euros de noviembre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses a efectos de garantizar la homogeneidad estadística

Así, el recibo eléctrico vuelve a subir después de dos descensos mensuales consecutivos que cortaron la espiral alcista que le había llevado a encadenar 6 meses consecutivos de subidas. El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad,13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año. El Gobierno ha congelado para 2019 los peajes con los que los consumidores sufragan los costes regulados.