Las organizaciones ecologistas lamentan la falta de ambición y los objetivos “insuficientes” de la Ley de Cambio Climático

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Europa Press.- Mientras desde País Vasco piden al Gobierno «certidumbres» para la industria en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, desde las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que el anteproyecto de Ley servirá de impulso a la lucha contra el cambio climático y, aunque celebra buena parte de su contenido, lamenta que carece de ambición porque los objetivos planteados de reducción de gases de efecto invernadero son «insuficientes».

Así consta en un documento con comentarios preliminares que ya han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica sobre el anteproyecto que se ha dado a conocer. Entre las principales carencias, las ONG opinan que es una «grave omisión» la ausencia de cierre para las centrales térmicas de carbón y las centrales nucleares y que la fecha para prohibir los vehículos de diésel, gasolina o GNC no debería ser 2040 sino 2025 y 2028 en el caso de los híbridos.

En cuanto a la inclusión de un objetivo 100% renovable para el sistema eléctrico, las 5 organizaciones señalan que el sistema energético debe ser totalmente 100% renovable, algo que es más beneficioso, factible y asequible que restringir el objetivo a solo el sistema eléctrico de manera aislada. En cuanto a transición justa, celebran su inclusión pero advierten de que conviene ampliar el concepto en cuanto a personas afectadas en la transición hacia un sistema 100% renovable y por los impactos del cambio climático y que las alternativas de empleo se enfoquen en empleos sostenibles que ponen en el centro el medio ambiente y las personas.

Respecto a la fiscalidad verde, también ven positiva la intención de que la política fiscal incorpore elementos de incentiven una economía baja en carbono y resistente al clima y que incorpore los costes ambientales, pero creen que faltan referencias más claras en la materia. Por otro lado, critica que en los presupuestos de carbono que proponen haya una condicionalidad porque para ellos ese es un mecanismo básico de la ley para lograr un horizonte de 100% renovables. Así, señalan que en la ruta hacia la descarbonización de la economía es «imprescindible» el establecimiento de unos presupuestos de carbono decrecientes y de carácter anual en consonancia con las indicaciones del IPCC.

El Comité independiente anunciado es un elemento positivo para las ONG pero requieren más detalle sobre aspectos relacionados con su elección y lo vinculantes que sean sus recomendaciones. Entre los aspectos positivos, valoran que el borrador establezca la prohibición de realizar nuevas inversiones en combustibles fósiles y acelerar el calendario para la desinversión, así como la prohibición de nuevas prospecciones de hidrocarburos y fracking aunque insisten en que esta prohibición tiene que extenderse a cualquier tecnología que tenga que ver con la geoingeniería o con las instalaciones de almacenaje de combustibles fósiles como el gas.

Igualmente, celebran que los objetivos contemplados sean revisables y siempre al alza y que no se pueda disminuir su nivel de ambición, ya que los actuales son «insuficientes». Precisamente, sobre los objetivos, apoya los objetivos de reducción de emisiones respecto a 1990, pero aún así la apuesta por reducir un 20% respecto a esa fecha es «todavía insuficiente» para que España contribuya en la medida de su potencial a la necesaria reducción del conjunto de Europa y del mundo. «España debería reducir sus emisiones más que la media europea», señalan.

De hecho, proponen que alcanzar emisiones netas cero en 2040 en vez del 90% en 2050 que propone el borrador, así como aumentar significativamente la reducción de emisiones en 2030. Así, recuerdan que el Parlamento Europeo propone una reducción del 55%, frente al 20% propuesto por el Gobierno de Sánchez. En definitiva, las ONG han manifestado que el anteproyecto va en la dirección correcta, aunque carezca de la ambición suficiente para llegar más lejos rápidamente.

Para acelerar el proceso, ven necesario que se tramite el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que aún no ha salido a consulta pública, en paralelo al anteproyecto de ley. Finalmente, felicitan al Gobierno por el reconocimiento de la necesidad de actuar con urgencia y ambición ante la amenaza del cambio climático, y así garantizar que España hace su parte para limitar el calentamiento global al 1,5ºC como máximo, tal y como recomiendan los expertos del IPCC.

Piden «certidumbres» para la industria

Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha señalado tras reunirse con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se debe seguir trabajando en el borrador de la Ley de Cambio Climático para que, además de conseguir una reducción de emisiones de CO2, se logre dar «certidumbres» al sector productivo de manera que pueda realizar esa transición sin perder competitividad. La consejera vasca aseguró que el encuentro ha sido «muy cordial y muy positivo«, e indicó que, tras reunirse con anteriores titulares como José Manuel Soria o Álvaro Nadal, es «la primera vez» que encuentra una «actitud positiva y receptiva», compartiendo alguna de esas preocupaciones.

Tapia ha apuntado que se han tratado sobre todo dos puntos importantes en la reunión. El primero hace referencia a los costes energéticos para la industria. En este sentido, le ha trasladado a la ministra la necesidad de tener «una política energética que ayude a la competitividad del tejido productivo«. La consejera ha recalcado que sobre este punto han encontrado una actitud receptiva por lo que hay opciones de poder trabajar en esa vía, y ha añadido que el Gobierno ya trabaja en medidas concretas.

En este sentido, ha añadido que si se compara lo que paga la industria electrointensiva en País Vasco con lo que pagan en Alemania o Francia, la diferencia es de un 30% más. Según ha matizado, desde el Ministerio plantean que exista un estatuto europeo que abarque la forma de trabajar de las industrias electrointensivas, y mientras que no se haga a nivel europeo, «hay que hacerlo a nivel estatal».

El segundo tema que han tratado en la reunión ha sido el borrador de la Ley de Cambio Climático. Según ha indicado, la ministra le ha reconocido que desde el Ministerio deben dar certidumbre al sector productivo. Así, Ribera ha señalado que si bien es clave la reducción de CO2 y que se deben alcanzar los objetivos de la Cumbre de París, también es necesaria esa certidumbre y permitir que se pueda hacer una transición.

Para Tapia, se debe asegurar que siga existiendo un sector de la automoción «relevante» y que se permite realizar mejoras en redes eléctricas, trabajar en sistemas de recarga y en almacenamiento eléctrico. El borrador plantea el fin de la producción de vehículos de gasolina, diesel e híbridos para 2040. La consejera ha apostillado que hay aspectos de la ley que «hay que mejorar y otros que hay que aclarar«. «Tenemos que conseguir entre todos plantear los objetivos a largo plazo y analizar muy bien cómo vamos a hacer esa transición», ha añadido, para luego incidir en que se queda «con la voluntad de trabajar y aportar para que la política energética sirva como factor de competitividad a la política industrial».

España sufre su quinto revés en los tribunales internacionales ante la danesa Athena por los recortes a las renovables

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Europa Press.- El Estado español sufre su quinto revés en un arbitraje internacional por los recortes a las renovables, después de que Athena Investments, una operadora danesa de plantas renovables, haya ganado la demanda interpuesta hace dos años contra España, reconociéndole una indemnización de 11 millones de euros.

Según la compañía, en noviembre de 2015 inició un arbitraje contra España ateniéndose a la Carta de la Energía, tratado internacional que garantiza las inversiones internacionales en esta materia, tras el cambio llevado a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy en materia de renovables. Estos cambios legislativos habrían afectado negativamente al valor de la inversión realizada en los años previos relativos a la energía solar, de forma que infringía el artículo 10 de dicho tratado sobre una capacidad total instalada de 6,7 megavatios (MW).

Además de la indemnización de 11 millones, que cubre los daños ocasionados y el coste del arbitraje, la sentencia también le reconoce a la empresa la recuperación de los intereses desde el 30 de junio de 2014. El presidente de Athena, Peter Hostgaard, ha aplaudido el fallo ya que confirma la aplicación de la ley en Europa y protege «el interés legitimo de los inversores», al mismo tiempo que ha avanzado que el importe indemnizado será contabilizado para «partidas especiales».

La última sentencia a la que España tuvo que hacer frente debido al cambio de criterio sobre las renovables tuvo lugar en junio, cuando el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, falló a favor del fondo Antin, reconociéndole el pago de una indemnización de 112 millones de euros. Previamente, en mayo, el Estado español sufrió otro revés también por parte del Ciadi al fallar a favor de Masdar, que pertenece a Mubadala, fondo soberano de Abu Dabi, reconociéndole una indemnización de 64 millones de euros. Este fallo del Ciadi era el segundo en contra de España, después de que en 2017 fallara a favor de Eiser Infraestructure, condenando a pagar 128 millones de euros más intereses a la firma británica.

No obstante, el Gobierno de España presentó ante el Ciadi un recurso contra este laudo favorable a Eiser Infraestructure, al considerar que podía existir un conflicto de intereses con el árbitro designado por la firma británica, Stanimir Alexandrov, ya que también formaba parte del tribunal en otra de las demandas presentadas contra España. Además, el pasado mes de febrero, España registró otro laudo en contra de la Cámara de Comercio de Estocolmo que le obligaba a pagar 53 millones de euros a la firma NovEnergia. De todas maneras, el tribunal de apelación de Suecia decretó posteriormente la suspensión indefinida de la ejecución de este laudo.

No obstante, la resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire ya que en noviembre la Comisión Europea respaldó al Gobierno español en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la Unión Europea era una situación contraria al Derecho de la Unión.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló en marzo que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la Unión Europea. Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía.

Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC). España suma casi una treintena de demandas ante el Ciadi contra los recortes aplicados a las energías renovables por las reformas del Gobierno en los años 2010 y 2013, así como otras más en otros organismos internacionales. Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables asciende a 7.566 millones de euros.

Endesa instalará 108.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 5 años mientras pide “inteligencia” para la transición energética

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Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, pidió que no «pueda la ansiedad» en el proceso de transición energética y ha llamado a que se realice «con inteligencia», ya que «es inviable» tener un sistema energético 100% renovable de un día para otro. Asimismo, la compañía eléctrica lanzó un macroplan para instalar 108.000 puntos de recarga públicos y privados para vehículos eléctricos en España durante los próximos 5 años, con lo que el grupo quiere promover la electrificación de la economía.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, destacó que la movilidad eléctrica «es un pilar estratégico» para el grupo y con el lanzamiento de este plan «muy ambicioso» demuestra que es «un firme creyente» en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía. Este plan se llevará a cabo bajo la marca Endesa X, la nueva línea de negocio de la energética que ofrecerá servicios de valor añadido y soluciones tecnológicas innovadoras en el mundo de la energía. El presidente de Endesa, Borja Prado consideró que la iniciativa lanzada por Endesa supone «el plan más ambicioso» puesto en marcha en España en materia de movilidad eléctrica.

En concreto, se instalarán más de 8.500 puntos de recarga pública entre 2019-2023, cuya inversión ascenderá a 65 millones de euros; así como otros 100.000 puntos privados en parkings residenciales y corporativos. De estos puntos, más de 2.000 se instalarán entre 2019-2020 para dar acceso a la infraestructura al 75% de la población, conectando las principales ciudades (de más de 35.000 habitantes) y carreteras, cubriendo así los 15.000 kilómetros de vías principales y áreas urbanas.

En la segunda fase, entre 2021-2023, se instalarán los otros más de 6.500 puntos de recarga de acceso público para garantizar una cobertura más amplia de las zonas urbanas (centros comerciales, parkings, cadenas hoteleras, áreas de servicio, vía pública…), las principales autopistas y las islas. En paralelo, Endesa impulsará el desarrollo de puntos de recarga en parkings privados, residenciales y de compañías, con el objetivo de alcanzar 100.000 puntos de recarga instalados en el periodo de desarrollo del plan. Este proceso estará acompañado por la entrada de los nuevos modelos de vehículo eléctrico, que tendrán en su mayoría una autonomía de más de 400 kilómetros, según han adelantado los fabricantes.

La electricidad suministrada en estos puntos de recarga de acceso público será 100% certificada de origen renovable, lo que asegura que esta energía procederá de fuentes de generación limpia. Bogas consideró que, una vez que los fabricantes de automóviles consigan incrementar de manera sustancial la autonomía de las baterías y que el precio de los vehículos eléctricos empieza a ser competitivo frente a los de combustión, es necesario superar una última barrera en su desarrollo, la de las infraestructuras, donde Endesa puede ofrecer «su aportación».

Así, destacó que el objetivo del plan lanzado por la energética a 5 años es que cualquier conductor pueda desplazarse por España teniendo un punto de recarga a una distancia máxima de 100 kilómetros. El plan lanzado por Endesa incluye la carga doméstica a 3,7 kW, puntos de carga semirápida de 22 kW, puntos de carga rápida de 50 kW y más de 150 kW de puntos de carga ultrarrápidos.

Hacer transición energética «con inteligencia»

Por otro lado, Bogas afirmó, al ser cuestionado por la voluntad del Gobierno de no alargar la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años, que esa transición energética hay que hacerla «con inteligencia», tal y como recuerdan todos los agentes del sector (eléctricas, gobiernos y otras instituciones). «Hacerlo con inteligencia es gradualmente ir introduciendo más renovables, gradualmente ir cerrando centrales que hoy en día funcionan. Querríamos muchas veces que el sector eléctrico 100% renovable fuera mañana, pero eso es inviable«, afirmó. Así, subrayó que en esta transición energética hay que acompasar la mayor reducción posible de CO2 con unos costes de la electricidad competitivos y, siempre, preservando la seguridad de suministro.

Bogas afirmó que habrá que ir cerrando centrales, pero recalcó que este proceso se debe llevar a cabo de «forma planificada, de forma gradual, que es lo que creo que el Gobierno ha dicho». Por otra parte, el directivo consideró que el reto de pasar de un sistema eléctrico con centrales que emiten CO2 pero ofrecen firmeza al sistema a otro con un desarrollo de las baterías y el almacenamiento para complementar las renovables es «muy grande, pero es viable».

Araluce (Foro Nuclear) ve inviable el cierre de las centrales españolas antes de 2030 porque supondría triplicar la potencia renovable

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Europa Press.– El presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, ve poco factible el cierre nuclear español antes de 2030 en el contexto de lucha contra el cambio climático y en plena transición ecológica porque esto supondría «triplicar» el parque de renovables en ese plazo, algo que considera «poco factible».

En la actualidad, según ha explicado Araluce, para cumplir con el Acuerdo de París en un objetivo de limitar la temperatura global del planeta de 2 grados centígrados, la generación eléctrica actual debe reducir en torno a un 70% sus emisiones. «Eso significa un esfuerzo tremendo de introducción de energías no emisoras de CO2», ha señalado Araluce, por lo que habría que actuar sobre los 100.000 GW/h de tecnologías emisoras de CO2 (carbón, gas fuel) sobre los 260.000 GW/h que se generan actualmente en España.

De este modo, Araluce estima que hay que instalar la potencia necesaria para generar 60.000 GW/h, lo que equivale a duplicar estrictamente las renovables. Pero para garantizar la estabilidad del sistema, porque las renovables «fluctúan mucho», suprimiendo las nucleares se necesitaría «triplicar» la potencia instalada actual. Según las cifras del sector, que reclama su papel en la transición energética, se necesitaría instalar en España 30 GW de potencia instalada de renovables de aquí a 2030, lo que para Araluce supone un «esfuerzo enorme» que equivale a «toda la potencia renovable instalada en la historia de España en 12 años» para rebajar un 60% las emisiones.

Aún más, ha añadido que si además de reducir en un 60% las emisiones de CO2, España quiere prescindir de la energía nuclear, habrá que instalar otros 60 GW de potencia instalada. «Habría que triplicar el parque renovable español de aquí a 2030 para llegar a 90 GW. Eso supone, sin nuclear, instalar cada año 6.000 MW y nosotros pensamos que eso es irrealizable», ha sentenciado. De ese modo, defiende que en los próximos años, sin la «fundamental» energía nuclear «no va a ser posible cumplir el Acuerdo de París».

Por ello, asegura que el sector en España está «relativamente tranquilo» porque los números «hablan por sí solos» aunque luchará por la «continuidad» del parque actual y quizá, en el futuro, por plantearse aumentar la potencia nuclear como en «otros muchos» países. A nivel internacional, lamenta que en Europa «curiosamente» se cree que la energía nuclear está en declive a pesar de que en estos momentos se construyen más centrales que nunca. Si bien, admite que el mercado se ha trasladado de Estados Unidos y Europa hacia Rusia y Asia. «En la actualidad aumentar la potencia nuclear instalada en España es una utopía. Podría ser en el futuro, pero ahora no veo las circunstancias», reconoce.

En esta situación, confía en que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sepa distinguir que una cosa es el programa electoral, lo que al partido de Gobierno le gustaría, y la realidad de lo que se puede hacer o no. Por ello, a pesar de las declaraciones del secretario de Estado de Energía, cree que el Gobierno compaginará el programa electoral con la realidad de la lucha contra el cambio climático. «Todo cae por su propio peso, nos guste más o menos y la nuclear es fundamental ahora y en el futuro«, opina.

Así, confía en poder mantener alguna interlocución con la ministra Ribera como representante de la industria aunque cree que la mayor interlocución se hará con los dueños de las empresas eléctricas. «Tenemos que llevarnos todos bien para cumplir con el Acuerdo de París. Este es un esfuerzo de todos», avisa. En este contexto, ha afeado al Gobierno de Mariano Rajoy, porque se declaraba «partidario» de la energía nuclear pero «la dejó morir» y no hizo los esfuerzos suficientes para defenderla y darle herramientas para continuar. Por ello, recuerda que las desavenencias entre las eléctricas y el Ejecutivo popular fueron públicas y claras. «Obras son amores y no buenas razones», comenta.

Otro de los aspectos por los que Araluce insiste en la necesidad de ampliar la vida de las centrales nucleares es el hecho de que la generación futura será más distribuida, con parques más pequeños y con un aumento de la demanda, para lo que habrá que modificar la estrategia de la red con mayor interconexión con Francia e incremento de la electrificación. «La electrificación de la economía requerirá un parque mayor de generación y si esta es distribuida, el reto para la red eléctrica será mayor, por lo que sin la nuclear en la transición no salen los números y no se puede cumplir el Acuerdo de París», insiste.

Por otro lado, critica la «fiscalidad ambiental gigantesca» que soporta el sector frente a la «idea instalada en el ambiente» de que las nucleares son un «sector boyante que gana dinero a espuertas». Así, afirma que las centrales pagan más del 40% en impuestos sobre su facturación, lo que asfixia a las plantas, que además realizan un importante esfuerzo inversor.

Respecto a la medida de quitar el impuesto del 7% a la generación eléctrica, cree que beneficiará a todos y que se traducirá en una rebaja de la factura de poco más del 2%, por lo que pide otros mecanismos para bajar el precio. «El sector se siente maltratado en cuanto a fiscalidad y subvenciones, porque tiene una sobrefiscalidad asfixiante que conduce a la no viabilidad de las centrales», ha defendido. Por eso, añade que si al final «se decide» que la nuclear es importante en el tránsito hacia el objetivo de frenar el cambio climático, entonces hay que hacerla viable porque el parque español «nunca» va a dejar de invertir en seguridad y renovación.

De hecho, afirma que la central nuclear de Almaraz (Cáceres) está en la actualidad «mucho más nueva» que cuando el propio Araluce dirigió la planta durante su arranque. «Almaraz está fantástica. Se han cambiado cantidad de componentes, muchos sistemas son nuevos y está en condiciones de pedir la renovación de su licencia, aunque eso compete a las propias compañías«, comenta. La solicitud deberá hacerse antes de la próxima primavera pero antes, advierte, habrá que sentarse «concienzudamente» a hablar con el Ministerio para establecer unas normas de juego y conocer si habrá o no estabilidad jurídica.

Por último, respecto al almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares y combustible gastado que ya debía haber entrado en funcionamiento, cree que Teresa Ribera «se está tomando su tiempo» para tener una visión más amplia de la situación en España, a pesar de que «es de sobra conocida» y que los estudios para la infraestructura estaban terminados «al 95%». Finalmente, estima que si el ATC se relanza no funcionará hasta 2024 mientras «se sigue pagando a Francia» por los residuos de Vandellós I y se invierte en construir almacenes en las propias centrales que «no son la solución definitiva«.

Cierre nuclear en 2028: el Gobierno no prevé alargar el funcionamiento de las centrales más allá de los 40 años

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Europa Press.- El Gobierno no prevé alargar la vida útil de las centrales nucleares en España más allá de los 40 años, de manera que se obligará al cierre del parque nuclear antes del horizonte de 2030, según indicó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

Domínguez indicó que en la decisión de cierre del parque nuclear «va a primar que fueron diseñadas para 40 años» por lo que, aunque se podría prorrogar su vida útil, no es algo que contemple el actual Gobierno. «Lo que sí contemplamos es un cierre escalonado», añadió. «Tienen un diseño de 40 años, pero eso hay que hacerlo compatible con un cierre ordenado y con las capacidades que tenemos en España…hay que hacerlo de la mano del CSN, de acuerdo con las compañías», ha explicado.

Dentro del parque nuclear español, uno de los reactores de Almaraz cumple los 40 años de vida útil en 2021, y este proceso de cierre escalonado se alargaría así hasta 2028 para los 7 reactores existentes en España, cuando alcanza los 40 años la central de Trillo (Guadalajara). «Nos va a llevar probablemente más allá de 2020, pero no llegaremos a 2040. Antes de 2030 habremos cerrado«, afirmó el secretario de Estado de Energía, quien subrayó que habrá un proceso negociación con los diferentes actores para que «sea compatible con un cierre ordenado y con las capacidades que tiene España», así como una fase de desmantelamiento que deberá marcar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Domínguez destacó que el cierre nuclear es «una decisión social» aunque señaló que hay que hacerlo «de una manera segura y ordenada». «Y eso lleva lustros», añadió. No obstante, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron posteriormente que «no hay ninguna decisión tomada aún» respecto al calendario de cierre para las centrales nucleares y señalaron que está decisión «se adoptará dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima» en el que se trabaja.

Sobre al carbón, también confirmó que 9 de las 14 centrales térmicas que hay en España echarán el cierre en junio de 2020, tras no haber hecho las inversiones requeridas por la normativa europea en desnitrificación y desulfurización para poder continuar con su actividad. En concreto, las 5 centrales que el Gobierno prevé que alarguen su vida más allá de 2020 son las de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), ambas propiedad de Endesa; Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, y Aboño y Soto de Ribera (Asturias) y propiedad de EDP España. «En 2030 no habrá ninguna central de carbón, pero mi vaticinio es que van a cerrar bastante antes de una manera natural, y no porque las cerremos», subrayó.

En su participación en el XX Encuentro Sector Gasista organizado por Expansión, Domínguez también advirtió que el sector gasista se deberá reinventar si quiere ir más allá de la primera fase de la transición energética. «El sector gasista está para echar una mano inicial, pero no se puede quedar ahí», afirmó. Así, consideró que el gas va jugar un papel importante en los primeros años de esta transición como respaldo a las renovables tras la desaparición del carbón, pero subrayó que «si quiere luego seguir acompañando tiene que ser diferente, basado en gas renovable, en hidrógeno». «Un sector gasista cero emisiones y diferente al que tenemos hoy», añadió al respecto.

De esta manera, señaló que el gas deberá jugar «un papel importante» en sectores como el transporte pesado de mercancías o en el transporte marítimo. «Están ante un reto muy interesante y tenemos en este sentido que evolucionar desde un sistema y un sector basado en los grandes volúmenes de gestión de algo que sabíamos hacer, hacía un sector que maneje menos volumen, algo diferente, con mucha más ciencia y gestión de lo que ha venido haciendo hasta ahora», señaló.

El Gobierno propone prohibir la venta de coches diésel, gasolina e híbridos desde 2040 y ser 100% renovables en 2050

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Europa Press.- El Gobierno propone un sistema eléctrico 100% renovable en 2050, un plazo hasta el que se desarrollará las actuaciones que se establecerán en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en la Estrategia de Bajas Emisiones que incluye el fin de todos los permisos de hidrocarburos, la prohibición del fracking más allá de 2040, el fin de los subsidios económicos a energías fósiles y la prohibición de matricular vehículos emisores de CO2 (incluidos los híbridos) después de 2040.

Así consta en el documento base de trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar la Ley de Cambio Climático que se ha trasladado a los grupos parlamentarios. El Ministerio ha señalado que su objetivo es contar con un texto de amplio consenso para su remisión al Consejo de Ministros y a las Cortes Generales para su tramitación antes de final de este año.

Fuentes ministeriales han señalado que el objetivo es descarbonizar la economía en 2050 con un plazo intermedio de 2030 y que el plan es que España supere la exigencia de esfuerzo estimado por Bruselas para el país en cuanto a reducción de emisiones de gases invernadero en, al menos, un 20% respecto al año 1990. Esto supone que el borrador prevé que España reducirá 60 millones de toneladas adicionales frente a los 290 exigidos al conjunto de la economía. La idea es llegar a reducir las emisiones hasta las 230 millones de toneladas de CO2.

Desde el Ministerio trasladan que se trata de un borrador que aborda las redes energéticas, la eficiencia, la edificación, el transporte o la fiscalidad y que prevé que al menos el 20% de los Presupuestos deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. El Ejecutivo quiere que en 2050 el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros esté exento de emisiones de CO2, para lo que desde 2040 no se permitirá la matriculación y venta de vehículos con emisiones directas de CO2, lo que incluye también a los híbridos. Esta propuesta es similar a las de países como Reino Unido, Francia, Dinamarca, Irlanda o Alemania, entre otros, aunque con distintas fechas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, advierte de que aún quedan 32 años por lo que desde el Ministerio consideran que la industria tiene tiempo para adaptarse hasta 2050. Además, la propuesta de normativa establece la obligación de que las gasolineras instalen puntos de recarga eléctrica, en función de sus ventas y del territorio con la idea de garantizar una movilidad eléctrica con recorrido por toda España.

Por otro lado, el documento base para la ley prevé que no se autorizarán nuevas actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial. Así se prohibirá expresamente la concesión de nuevos permisos y tampoco se podrán desarrollar proyectos de fracking (fracturación hidráulica) cuyos permisos vigentes no podrán prorrogarse más allá de 2040.

En cuanto a los subsidios e inversiones en combustibles fósiles, apuesta por que quedarán prohibidos aquellos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles y se terminará con los existentes. Del mismo modo, el Estado no realizará inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad esté relacionada con los combustibles fósiles e incluso se desprenderá de ellos. Si bien, el Gobierno fomentará el biometano y otros combustibles sintéticos de origen renovable así como los biocarburantes sostenibles para el transporte aéreo e impulsará al menos 3.000 megavatios de potencia renovable al año y aprobará con la ley un Estatuto de Consumidores Electrointensivos.

En materia de edificación, los esfuerzos se centrarán en rehabilitar el parque de viviendas mediante la renovación de edificios existentes para lograr la alta eficiencia energética y que estén descarbonizados antes de 2050, a un ritmo de al menos 100.000 viviendas al año entre 2021 y 2030. Asimismo, el Ejecutivo aprobará una Estrategia a largo plazo para rehabilitación energética en la edificación que incluirá ayudas y financiación que se centrarán especialmente en los colectivos vulnerables.

En coherencia con esto, el Estado priorizará los criterios de reducción de emisiones y huella de carbono en la contratación pública, al tiempo que los nuevos edificios deberán ser de consumo de energía casi nulo y da de plazo hasta 2025 para que los existentes logren la máxima calificación energética. De hecho, el sector público, a partir de 2025 solamente podrá alquilar inmuebles de consumo energético casi nulo y los arrendamientos en vigor que no cumplan estas condiciones no podrán prorrogarse más allá de 2025.

En cuanto a las empresas cotizadas, de las que prevén que podrán movilizar unos 100.000 euros de aquí a 2030 en la descarbonización, la propuesta prevé exigir un informe obligatorio de riesgo climático a todas las empresas del Ibex 35. Con la ley se creará un Comité de Cambio Climático y Transición Energética que será asesor independiente del Gobierno y que estará compuesto por expertos que elaborarán recomendaciones a las que el Gobierno se someterá.

En definitiva, el objetivo es situar a España a la cabeza de la ambición europea en la lucha contra el cambio climático mediante una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20% respecto a 1990, 6 puntos más de lo exigido por la Unión Europea. Para ello, en 2030 prevé lograr una penetración de energías renovables final del 35%; un sistema eléctrico con un 70% de generación renovable y una mejora de la eficiencia energética de al menos un 35%, algo más que los objetivos marcados por la Unión Europea.

De cara a 2050, la ambición será mayor, ya que quiere reducir las emisiones invernadero un 90% respecto al nivel de 1990 y un sistema eléctrico 100% renovable. En la actualidad, las emisiones españolas están un 17% sobre 1990, por lo que el objetivo para 2030 supone reducirlas en 37 puntos. Desde el Ministerio explican que lograr en 2030 una reducción del 20% del total de emisiones supone que entonces España deberá emitir 230 millones de toneladas, lo que equivale a decir que una de cada tres emisiones debe desaparecer.

Finalmente, el secretario de Estado subrayó que el documento supone un «pistoletazo de salida» al diálogo para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para cumplir el objetivo del Gobierno de tenerla antes de final del año 2019 y espera que la norma se alcance con consenso tras un proceso de «encuentro» con administraciones y sectores implicados y que «nadie se quede descolgado en este proceso».

El PSOE garantiza que el Gobierno facilitará en menos de 3 meses los cambios de la potencia eléctrica contratada

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Europa Press.- El PSOE se comprometió en el Congreso a impulsar en menos de 3 meses los cambios legislativos dirigidos a cumplir con varias proposiciones no de ley aprobadas en la Cámara Baja, entre ellas la relativa a facilitar los cambios en la potencia eléctrica contratada para ajustarla a las necesidades del momento y favorecer la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad del sistema eléctrico. Su objetivo es evitar que las mociones y PnLs no se queden «en una mera declaración de intenciones».

Su portavoz de Energía, Pilar Lucio, ha asegurado que no sólo apoyará la iniciativa defendida por Esquerra Republicana en el Pleno para exigir este cumplimiento, sino que garantiza que el Gobierno así lo hará en el plazo indicado de 3 meses. «Se dará cumplimiento a todas las demandas establecidas en esta moción y en los plazos que se solicita«, comprometió Lucio, que ha asegurado que el Gobierno ya trabaja, a partir de los Ministerios de Transición Ecológica e Interior, en la actualización de los planes de emergencia nuclear de las centrales de Ascó (I y II) y Vandellós (II), y que la nueva Ley de Cambio Climático incluirá el establecimiento de las redes eléctricas cerradas.

Asimismo, los republicanos reclamaban que el Gobierno haga efectiva una proposición no de ley aprobada hace menos de un mes, en octubre, en la que pedía facilitar el autoconsumo en el sector agrícola, eximiendo de trámites administrativos a las pequeñas instalaciones de autoconsumo, a excepción de una notificación previa a la conexión. Con esta iniciativa el Congreso reclamó habilitar que una instalación de autoconsumo pueda ser gestionada por un tercero, y definir una tramitación administrativa simplificada adecuada a las características de las instalaciones de autoconsumo.

Otra medida reivindicada por ERC en su moción es garantizar que se da un correcto uso de los datos de los consumidores en la sustitución de los contadores inteligentes. El texto aprobado pedía garantizar que el acceso a la información se hiciera mediante «un portal neutral», evitando así una posible posición de dominio por parte de la empresas distribuidora y comercializadora a la que esté vinculado el punto de suministro.

La iniciativa encontró el respaldo de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT y Compromis. El portavoz de Energía de ERC, Joan Capdevila, recordó que las medidas cuya aplicación exige ya han sido aprobadas en el Congreso. Asimismo, defendió que su puesta en marcha mejoraría la competitividad, como los cambios de potencia o la introducción de una tarifa estacional para pymes, o permitir en redes cerradas que diferentes industrias contaran con una sola conexión a la red.

ERC recordó que el Congreso acordó en 2017 obligar a las distribuidoras eléctricas a atender las peticiones de modificación de tarifa y potencia contratada ya permitir las variaciones voluntarias del consumidor en caso de contar con un contrato de potencia estacional. Este contrato, al que podrían acogerse pymes y cooperativas, establecería diferentes valores de potencia para cada período del año, así como tarifas y condiciones técnicas de acceso. Para cada período tarifario se contrataría una potencia, aplicable durante todo el año, y se podrían acordar cambios en la tarifa según las necesidades del cliente.

También en febrero de 2017, el Congreso instó al Gobierno a revisar, modernizar y adecuar los planes de emergencia nuclear de las centrales de Tarragona, redefinir los planes de todas las centrales para contemplar a los municipios dentro del radio de entre 10 y 20 kilómetros desde la instalación y equiparar sus mecanismos de protección civil ya incluidos en zonas más cercanas. Por otro lado, la iniciativa aprobada en mayo de 2017 sobre redes energéticas cerradas apostaba por el desarrollo de la regulación para su implantación, prevista en una directiva europea de 2009, y el desarrollo de la figura del agregador de demanda y oferta.

Tras su intervención, varios de los diputados intervinientes subrayaron la importancia de este tipo de enfoques con el fin de apremiar al Gobierno a cumplir con lo dispuesto en la Cámara Baja. Melisa Rodríguez, portavoz adjunta de Ciudadanos, apuntó que se trata de «un toque de atención» tanto al Ejecutivo actual como a su predecesor. Enric Bataller, de Compromís, cree necesario conocer qué se ha tomado en consideración por parte del Gobierno de lo aprobado en las Cortes, mientras que Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, ha lamentado «la poca credibilidad de la que gozan las proposiciones no de ley». En este sentido, ha instado a la reforma del Reglamento que se tramita en el Congreso.

Las únicas formaciones que han declinado dar su apoyo fueron el PNV, que apostó por abstenerse pues no comparte las resoluciones «en su literalidad», y el PP, cuyo diputado José Manuel Juncal ha instado a «esperar a tener bien definido el sistema eléctrico» que propone el Gobierno, y por ello ha avanzado su voto en contra. «Esperemos a ver ese árbol, porque igual nos encontramos un árbol frondoso y bonito, o bien un árbol chamuscado. Vistas las experiencias con el PSOE, me espero lo peor», ha lamentado el diputado popular.

Sevilla (REE) augura que la interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya contribuirá a abaratar el precio de la luz

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Europa Press.- La interconexión eléctrica entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya permitirá la integración de 4.322 GW/hora de energías renovables en el sistema al año y un ahorro anual en costes variables de generación de 394 millones de euros, lo que contribuirá a abaratar el recibo de la luz.

Los detalles de este proyecto han sido dados a conocer en Bilbao, donde Inelfe, la sociedad constituida por Red Eléctrica de España (REE) y Red de Transporte de Electricidad (RTE) de Francia para impulsar las interconexiones eléctricas entre ambos países, ha celebrado su X aniversario. El acto ha contado con la presencia de la presidenta de Inelfe, Eva Pagán, la Jefa de Redes e Iniciativas Regionales de la dirección general de Energía de la Comisión Europea, Catharina Sikow-Magny, el presidente de RTE, François Brottes, y el de REE, Jordi Sevilla.

Los presidentes de REE y Red de Transporte de Electricidad de Francia han destacado la importancia que tendrá el proyecto de interconexión por el Golfo de Vizcaya. El siguiente «reto» será la interconexión por el Golfo de Vizcaya, que supondrá una inversión de 1.750 millones y cuya puesta en servicio está prevista para 2025. Este proyecto cuenta con una subvención de la Unión Europea de 578 millones de euros y el coste de la inversión se distribuye entre un 33% de fondos europeos, un 37% España y un 30% Francia.

El proyecto consistirá en la construcción de un enlace eléctrico submarino y la interconexión tendrá una longitud de 370 kilómetros, enlazando la red de transporte española desde Gatika con la francesa en Cubnezais, al norte de Burdeos. La longitud del tramo submarino será de 280 kilómetros aproximadamente, mientras que el terrestre será de 10 kilómetros en España y de 80 kilómetros en Francia. Esta interconexión del Golfo de Vizcaya supondrá un ahorro anual en costes variables de generación de 394 millones, en emisiones de CO2 de 3,2 millones de toneladas y la integración de 4.322 GW hora de energías renovables en el sistema al año.

En el acto desarrollado en el Museo Marítimo de Bilbao, en cuyo exterior se han concentrado diversas personas en contra de este proyecto, los presidentes de REE y RTE han destacado que se mantienen los plazos del proyecto y, en concreto, la presidenta de Inelfe, Eva Pagán, ha precisado que, en estos momentos, se está trabajando en la redacción del proyecto y se están recogiendo estudios del fondo marino para presentar las distintas alternativas y que pueda salir a información pública en los próximos meses.

Pagán ha indicado que, hasta ahora, se ha hecho una consulta pública con todos los agentes para conocer su opinión sobre el proyecto y, con ello, se está elaborando el detalle del proyecto. El grueso de la inversión será a partir de 2020 y 2021, y se estiman 3 años para la construcción (2022-2024). La presidenta de Inelfe ha subrayado que, con el desarrollo de este proyecto, se podrán beneficiar empresas proveedores vascas y muchas ya están homologadas para poder realizar este tipo de proyectos.

El precio de la luz

Por su parte, el presidente de REE, Jordi Sevilla, que también ha destacado la oportunidad que supone el proyecto para los proveedores vascos, ha afirmado que el objetivo de la interconexión no es bajar los precios de la energía pero cree que «será un efecto seguro», no solo porque se «amplía el mercado de generación», sino porque es la manera de «integrar las renovables, que es lo que va a bajar el precio final». «Será una de las consecuencias», reiteró.

Sevilla ha destacado la importancia del trabajo en común que desarrolla Inelfe y, repasando los hitos de Europa, ha subrayado que el siguiente será la energía, un sector «en plena revolución», en el que se va a vivir un «cambio radical» del modelo, tanto en la generación como en el consumo. En este sentido, ha subrayado que las interconexiones se convierten en «autopistas de las energías renovables», que permiten una «globalización amable». A su juicio, no solo son una garantía para el suministro, sino la «oportunidad de incorporar energías renovables».

El presidente de RTE, François Brottes, ha señalado que, tanto España como Francia, se benefician de este proyecto y ha puesto en valor la «cooperación» entre ambos países, que ahora asumen «un nuevo desafío» con la construcción de este enlace submarino. Brottes también cree que la interconexión puede influir en un descenso de los precios de la electricidad y ha indicado que a ello contribuye que haya nuevos productores o una mayor generación de renovables.

La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Emma Navarro, ha destacado que la unión energética es uno de los «objetivos más ambiciosos» de la política energética europea y ha indicado que el BEI está «fuertemente comprometido» con ese objetivo, señalando que las interconexiones serán «cruciales». «Hay que mejorar las interconexiones entre la Península Ibérica y el resto de Europa, hay que derribar las fronteras energéticas en Europa», agregó. Navarro ha indicado que la interconexión del Golfo de Vizcaya tendrá «gran relevancia europea» y ha destacado los casi 600 millones de subvención de la Unión Europea con que contará el proyecto.

Por su parte, el viceconsejero de Industria del Gobierno del País Vasco, Javier Zarraonaindia, ha señalado que el proyecto del Golfo de Vizcaya será bueno para Euskadi, pero también para Europa y para España, y va a fortalecer la red vasca y hacer a la industria «más competitiva». En este sentido, ha indicado que espera que también sirva para que los precios de la energía para el sector industrial «se acerquen» a los de otros países de la Unión Europea.

La representante de la Comisión Europea, Catharina Sikow-Magny, ha defendido la transición energética hacia «una energía sin carbono y climáticamente neutra» y ha destacado el papel que pueden jugar las interconexiones. En este sentido, resaltó que la Península Ibérica no está «lo suficientemente conectada» y ha destacado la importancia que tendrá la interconexión, «un gran proyecto» que permitirá duplicar la capacidad de interconexión entre España y Francia. El delegado del Gobierno central en el País Vasco, Jesús Loza, recalcó la aportación que tendrá el proyecto del Golfo de Vizcaya para la integración de las renovables.

El Gobierno autoriza a Red Eléctrica de España la construcción de nuevas instalaciones eléctricas en Castilla y León y Euskadi

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Europa Press.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha otorgado a Red Eléctrica de España (REE) autorización para la construcción de dos proyectos en Castilla y León y Euskadi que han sido declarados de utilidad pública y que están incluidos en la Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020.

El primero de los proyectos comprende el parque de 400 kV de la subestación a 400/220 kV, denominada Herreros, y la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida en la subestación de Herreros de la línea Entronque Segovia-Entronque Galapagar, en Otero de Herreros, en la provincia de Segovia.Estas instalaciones forman parte del eje de suministro a Madrid, el eje SUMA, que une la zona de Tordesillas con el centro de Madrid en 400 kV. Su objetivo es garantizar el suministro de la demanda de Madrid, incrementar la capacidad de instalación y evacuación de generación eólica de Castilla y León y facilitar la alimentación de los trenes de alta velocidad.

El segundo proyecto declarado de utilidad pública y que realizará Red Eléctrica es la construcción de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, denominada Güeñes-Itxaso, en el País Vasco.El Ministerio para la Transición Ecológica indicó que esta actuación tiene un carácter estratégico ya que sus principales objetivos son la consecución del Eje Norte de 400 kV entre Galicia y el País Vasco, y también permite reforzar la posibilidad de intercambio de energía con Navarra a través del eje Cantábrico-Mediterráneo de 400kV, facilitando la complementariedad de recursos entre zonas.

Por otro lado, a medio-largo plazo, para aumentar los flujos de exportación y asociado a una futura interconexión por el oeste de la frontera, es necesario el refuerzo de la red de 400 kV del País Vasco.Este eje es fundamental para poder tener un adecuado aprovechamiento del nuevo enlace de interconexión por la Bahía de Vizcaya ya que, sin estas líneas de refuerzo de alimentación y evacuación del enlace, la capacidad de intercambio con Francia podría verse limitada por restricciones internas en el País Vasco ante situaciones de contingencia.

El gabinete de Transición Ecológica señaló que la finalidad de esta actuación es mejorar y reforzar la seguridad de la red mallada de transporte y permitir la incorporación de la energía producida por las instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables, logrando con ello un incremento de los niveles de garantía de seguridad, fiabilidad y calidad del sistema eléctrico tanto a nivel regional como autonómico y nacional.

Endesa gana 1.193 millones hasta septiembre, un 10% más, impulsada por el mercado liberalizado y pese al incremento del pool

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Europa Press.- Endesa obtuvo un beneficio neto de 1.193 millones de euros en los 9 primeros meses del año, lo que representa un incremento del 10% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsada por el buen comportamiento del mercado liberalizado, la estable evolución del mercado regulado y la recuperación del margen del negocio de gas.

Los ingresos de la energética en el periodo de enero a septiembre ascendieron a 15.353 millones de euros, un 4% más que en los 9 primeros meses de 2017. El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo se situó en 2.791 millones de euros a cierre de septiembre, con un crecimiento de casi el 10%, mientras que el beneficio operativo (Ebit) fue de 1.644 millones de euros, un 11% más.

La compañía registró estos resultados en un contexto de elevados precios de las materias primas energéticas y de alza significativa de los precios del CO2 lo que ha dado lugar, a su vez, a elevados precios en el mercado mayorista, a pesar de que la generación hidráulica alcanzó niveles elevados de los 10 últimos años y de que la producción eólica se incrementó un 3,3%.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, destacó que, en este contexto de precios altos, la compañía «ha dado muestras otra vez de su capacidad para realizar una gestión efectiva de sus negocios en un entorno complejo y cambiante». Asimismo, valoró que Endesa ha realizado en el periodo «un esfuerzo inversor muy relevante en nueva capacidad renovable (+37%), lo que se enmarca en los compromisos asumidos por la compañía para impulsar un periodo de transición energética que permita avanzar hacia un sistema energético totalmente descarbonizado en 2050». El grupo anticipó que cumplirá los objetivos comprometidos para 2018, en el que prevé un beneficio neto de unos 1.400 millones de euros y un Ebitda en torno a 3.400 millones de euros.

La evolución del Ebitda se vio impulsada por la estrategia de la compañía en el mercado liberalizado, que ha permitido incrementar el margen de este negocio en un 13%, lo que ha llevado a que el Ebitda del mismo haya crecido un 23%. El margen bruto del negocio liberalizado aumentó en 212 millones de euros, que se convierten en 295 millones de euros una vez eliminados los efectos no recurrentes del año pasado, principalmente el reembolso del bono social eléctrico de los años 2015-2016 contabilizados en el tercer trimestre de 2017, el ajuste a precios de mercado y otros ajustes en el sector del gas y las liquidaciones de años anteriores en territorios no peninsulares.

Elevados precios del mercado mayorista

La compañía presidida por Borja Prado indicó que esta mejora se debe fundamentalmente a la buena gestión del mercado de electricidad, «a pesar de los elevados precios del mercado mayorista, que han aumentado un 10%, hasta situarse en 55,4 euros por MWh». Además, el negocio del gas elevó su contribución al margen bruto de Endesa a 107 millones de euros en el periodo. Excluidos los no recurrentes de 2017, este negocio mejora en un 200%.

Mientras, el negocio regulado incrementó su margen en un 2%, un 5% en términos ajustados, principalmente por la mejora en la retribución de la distribución, lo que ha llevado a un incremento del 3% en el Ebitda regulado, situándose en 1.806 millones de euros, un 6,5% más en términos comparables. Las inversiones brutas del grupo se situaron en 866 millones de euros hasta septiembre, un 37% más, debido, principalmente, a las destinadas a la construcción de la potencia eólica y fotovoltaica, adjudicada a la empresa en las subastas celebradas en 2017, así como a las inversiones efectuadas en la central de As Pontes para su adaptación a la Directiva de Emisiones Industriales (DEI) europea, que entrará en vigor en 2020.

Por su parte, la deuda financiera neta de Endesa, que se situaba en septiembre en 6.640 millones de euros, aumentó en 1.655 millones de euros con respecto al cierre de 2017 como consecuencia, entre otros factores, del pago de dividendos por importe de 1.470 millones de euros, de las inversiones realizadas en el periodo, de la adquisición de 5 parques eólicos de Gestinver, por 42 millones de euros, y de la compra de la distribuidora y comercializadora Eléctrica de Ceuta, por 83 millones de euros.

En el periodo de enero a septiembre, la producción de Endesa cayó un 4,6% como consecuencia del menor hueco térmico. Las tecnologías libres de emisiones de CO2 representaron el 50,5% de su mix de generación peninsular hasta septiembre, superando el 45,8% alcanzado en el mismo periodo de 2017. Endesa alcanzó unas cuotas de mercado del 24,2% en generación peninsular, del 43,7% en distribución y del 33,6% en ventas de electricidad a clientes del mercado liberalizado. El número de clientes en el mercado liberalizado de la empresa era a cierre de septiembre de 5,67 millones, con un aumento del 1,4% con respecto a 2017. En gas, Endesa alcanzó una cuota de mercado del 16,2% en ventas a clientes del mercado liberalizado.