La eólica aportó 16.379 millones de euros al PIB y ahorró 21.807 millones al sistema eléctrico entre 2012 y 2017

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Europa Press.- El sector eólico aportó un total de 16.379 millones de euros entre 2012 y 2017 a la economía española y ahorró 21.807 millones de euros al sistema eléctrico en ese periodo, según el Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España elaborado por Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica (AEE). En este sentido, la presidenta de AEE, Rocío Sicre, destacó que pocos sectores de la economía pueden estar «tan orgullosos de su adaptación al cambio como el sector eólico».

En 2017, el sector eólico aumentó su contribución al PIB de España hasta los 3.394 millones de euros, representando un 0,31%, frente al 0,25% que suponía en 2015. Este crecimiento del sector se debió, principalmente, a su enfoque en la exportación de la mayor parte de su producción, a la prestación de servicios de operación y mantenimiento y al suministro de repuestos a los parques eólicos existentes en España. Así, las exportaciones del sector eólico el año pasado ascendieron a 2.391 millones de euros, frente a unas importaciones de 890,5 millones de euros, lo que hizo que las exportaciones netas supusieran 1.500,4 millones de euros, un 65% de la contribución directa al PIB del sector.

En lo que respecta al empleo, las empresas eólicas empleaban en 2017 a 22.578 personas, lejos de los máximos de más de 41.000 empleados que se alcanzó en 2008, pero confirmando la recuperación frente a los 20.201 a los que cayó en 2016. Además, el uso de potencia eólica en lugar de combustibles fósiles supuso ahorros para el sistema valorados en 21.807 millones de euros en el periodo 2012-2017, debido a la reducción en el precio del pool del mercado eléctrico. De esta manera, para un consumidor medio residencial, con un consumo de 4.000 kilovatios hora (kWh) anuales, el ahorro fue de 351 euros en su factura de la luz.

En lo que respecta a impuestos y tributos, el sector abonó en los últimos seis años un total de 2.774 millones de euros, de los cuales 1.097 millones de euros se corresponden con 2016 y 2017. En el caso de los productores eólicos, por cada 1.000 euros de ingresos, 160 euros se dedican a pagos de impuestos y tributos, mientras que 137 euros se generan como beneficio neto después de impuestos. Así, los tributos suponen más del doble que los gastos de personal, superando sólo el impuesto del 7% sobre la generación la partida destinada a remunerar a los empleados.

A finales de 2017, España contaba con 23.092 megavatios (MW) y la generación eólica en ese año fue de 47.628 gigavatios hora (GWh), lo que supone una cobertura de la demanda del 18%. Por otra parte, Sicre destacó que, tras las tres subastas celebradas en 2016 y 2017, el sector tiene por delante el compromiso de instalar 4.600 MW en la Península Ibérica, más el cupo canario a 2020, un objetivo «ambicioso» pero que el sector «no ha enviado señal alguna de que esta potencia no se vaya a poder instalar«. No obstante, subrayó que para hacer posible ese «crecimiento lineal, sin parones y acelerones», el sector necesita el respaldo en materia administrativa y regulatoria.

Así, pidió un marco regulatorio estable, «con consenso político y que perdure», además de una visibilidad a largo plazo «para generar confianza, atraer a los inversores y tomar decisiones industriales» y de la formulación de un sistema adecuado que «garantice la rentabilidad razonable y perdure durante la vida útil de las instalaciones«. También consideró necesario un sistema de subastas «bien diseñado», con un calendario como el de países del entorno, así como unas reglas que incentiven la repotenciación de los parques eólicos más antiguos y situados en los emplazamientos con mejor recurso y una regulación que permita extender la vida útil de los parques en las condiciones más óptimas posibles.

Con los objetivos que prevé el borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para 2030, con un horizonte de un 70% de electricidad renovable y un 35% de renovables en energía final, el sector prevé una media de crecimiento anual para la eólica de 1.700 MW hasta 2020 y como mínimo de 1.200 MW desde 2020 a 2030. «Estas cifras de incremento de la eólica en España para los próximos años ofrecen una visión objetiva del papel que esta tecnología tendrá en el futuro», añadió Sicre.

155 millones de toneladas evitadas

Por otro lado, la sustitución de producción de electricidad a partir de combustibles fósiles por energía eólica durante 2017 contribuyó a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en 25 millones de toneladas de CO2, según Sicre, que ha añadido que esta sustitución de electricidad de origen fósil por eólica evitó además la importación de 9,2 millones de toneladas de petróleo en ese año.

El estudio señala también que la eólica en España ha evitado la emisión a la atmósfera de 155 millones de toneladas de CO2 entre 2012 y 2017, de las que 50 millones se evitaron entre 2016 y 2017. En total, desde el 2000 hasta 2017 la eólica ha evitado la emisión a la atmósfera de 328 millones de toneladas de CO2, de los que 25 millones se evitaron en 2017. Asimismo, el análisis compara los «beneficios ambientales» de la eólica respecto del carbón e indica que durante 2017 las emisiones que permitió reducir la energía eólica equivalen al 58% del total de emisiones que generaron las centrales térmicas de carbón.

En total, las emisiones evitadas desde el 2000 hasta 2017 por el sector alcanzaron las 328 millones de toneladas de CO2 equivalente, un volumen superior a todas las emisiones de España durante 2016, cuando se lanzaron a la atmósfera 325 millones de toneladas de CO2. Es decir, que el parque eólico ha ahorrado el equivalente a un año de emisiones de gases de efecto invernadero.

En cuanto al volumen de importación de combustible fósil que se ha evitado mediante la energía eólica, el informe para la organización que representa al sector eólico señala que solo en 2017 se evitó la importación de 57 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y 113 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Este volumen ha supuesto un ahorro estimado de unos 2.554 millones de euros.

El Gobierno reafirma el «compromiso» de España con la transición justa mientras Rivera pide que haya «consenso y no decretazos»

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Europa Press.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al Gobierno que para la Ley del Cambio Climático y Transición Energética se llegue a «un acuerdo de consenso y no decretazos» de modo que el Ejecutivo, «en vez de gobernar por decreto, gobierne escuchando al Parlamento». Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó ante la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia) el «compromiso» de España con la lucha contra el cambio climático en el marco de una transición justa.

Así lo indicó la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, considera que «no es posible avanzar» en una agenda de descarbonización si no se tiene en cuenta a los trabajadores y las poblaciones más vulnerables. En ese sentido, ha dado el apoyo de España a esta cuestión y ha puesto de ejemplo el acuerdo que firmó el Gobierno el 26 de octubre con los mineros porque es «posible» hacer una transición baja en carbono «teniendo en cuenta a todo el mundo» y aprovechando las nuevas oportunidades que propiciará el modelo verde.

Además, Ulargui tiene expectativas de que en la Cumbre de Polonia se cerrará una agenda técnica con las reglas para que el Acuerdo de París sea «aplicable de manera urgente» y que se pueda medir «lo lejos» que está la comunidad internacional del objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 2ºC y a 1,5ºC que se recogen en el Acuerdo del Clima.

Aportar compromisos ambiciosos en COP24

Asimismo, ha añadido que en la COP24 hay que hablar de «ambición» para ver como se reduce la brecha entre los compromisos sobre la mesa y los datos de la ciencia. «Tenemos que poner compromisos más ambiciosos para entre todos realmente reducir los impactos del cambio climático y para promover esa economía descarbonizada que va a generar numerosos empleos y oportunidades para modernizar la economía«, ha manifestado. En ese sentido, ha afirmado que la postura y la ambición de España en la COP es «clara» y ha subrayado que desde que el Gobierno tomó posesión anunció «claramente» que quería ir hacia una descarbonización de la economía en 2050 y a un objetivo ambicioso en 2030.

Ha admitido que estos objetivos repercutirán en «todos» los sectores y, en particular, al energético o la automoción, y cree que las señales generan «credibilidad, certidumbre» y hay que poner sobre la mesa las políticas y medidas para acompañar a todos en el objetivo. A nivel nacional, manifestó la voluntad de participación en la elaboración del borrador de la ley de cambio climático al que en este momento, según ha precisado, se están incorporando las aportaciones recibidas. «Tenemos la esperanza de poder aprobarlo cuanto antes para realmente aportar esa ambición adicional de España para aportar el liderazgo que necesita España en esta transición energética», concluyó.

Rivera pide “consenso, no decretazos»

Por su parte, Rivera ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez «una ley de transición energética para consensuarla porque a este Gobierno le quedan meses, y por tanto el cambio climático no lo va a gestionar este Gobierno solo, sino que tendrán que ser futuros gobiernos y ser un asunto de Estado». En este sentido, el presidente de Cs avanzó que «si el PSOE quiere sentarse a hablar de una política energética de futuro para apostar por las energías limpias, estamos de acuerdo, pero no por decreto ya que esto es un asunto muy serio que hay que tratar en el tiempo y durará décadas».

Por ello, ha remarcado que no está de acuerdo en que «se haga por decreto», de ahí que haya solicitado al Gobierno que «escuche y se siente a negociar con los demás grupos, porque es un asunto de Estado, un asunto global», citando el acuerdo de París, por lo que «no se puede tomar por decreto», ha subrayado. En definitiva, el líder de Cs ha pedido al Gobierno que «abandone la política de decretos, que no sirve para nada, que vaya a las urnas, que convoque elecciones y que con un nuevo gobierno y con una nueva mayoría parlamentaria se llegue a acuerdos de Estado.

Bruselas quiere eliminar las emisiones en 2050 con un mix de fuentes renovables apoyado por un 15% de energía nuclear

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Europa Press.- La Comisión Europea se fijó el objetivo de eliminar las emisiones de gases invernadero para 2050, un escenario que requerirá «inversiones adicionales significativas» en todos los sectores de la economía, pero supondrá una «profunda transformación» que implicará numerosos efectos «positivos».

El Ejecutivo comunitario ha adoptado su estrategia climática a largo plazo ante la COP24 de Katowice (Polonia). El objetivo del documento es confirmar el compromiso del bloque comunitario para «liderar» la acción climática global y presentar una «visión» que pueda ayudar a conseguir unas emisiones netas de gases invernadero nulas mediante una transición «socialmente justa» y eficiente. «El status quo no es una opción», defiende Bruselas, que identifica las oportunidades que la transición ofrece a los ciudadanos y la economía europea y los retos que supone. El documento, sin embargo, no incluye nuevas políticas y no es una propuesta legislativa.

La Unión Europea se comprometió en el Acuerdo de París a reducir un 40% sus emisiones contaminantes en 2030 en comparación con los niveles registrados en 2030. Bruselas calcula que esta cifra llegará al 45% cuando toda la legislación esté completamente vigente y estima que avanzará hasta el 60% a mitad de siglo. «Esto, sin embargo, no es suficiente para que la Unión Europea contribuya a los objetivos del Acuerdo de París«, apunta la Comisión.

En este sentido, Bruselas otorga «un papel central» a la energía en la transición hacia una economía libre de emisiones contaminantes, puesto que aglutina más del 75%, pero añade que también requerirá avances en sectores como el transporte, la agricultura, los edificios y la industria. También podrá «acelerarse» con progresos en digitalización, inteligencia artificial y biotecnología. Igualmente exigirá, advierte Bruselas, cooperación «en diferentes niveles» entre regiones y Estados, con la meta de «maximizar las sinergias» y poner en común recursos y conocimientos. «Los países deberían actuar juntos para proteger a sus ciudadanos del cambio climático», recomienda la Comisión Europea en el documento, en el que expone 8 líneas de actuación.

En primer lugar, insta a «maximizar» el despliegue de energías renovables para «descarbonizar» completamente el suministro de energía en Europa. Según sus cálculos, en 2050 más del 80% de la electricidad provendrá de fuentes renovables, que junto con una cuota de energía nuclear del 15%, será la «columna vertebral» de una economía libre de combustibles fósiles. La eficiencia energética asumirá también un papel importante en la senda hacia una economía libre de emisiones en 2050, momento en el que Bruselas prevé que el consumo energético sea la mitad que el registrado en 2005 potenciando el ahorro energético de los edificios, responsables del 40% del consumo.

De la misma forma, Bruselas subraya que «todos los medios de transporte» tendrán que contribuir a la descarbonización del sector para hacerlo más limpio, seguro y conectado. Esto supone, avanzar en una movilidad multimodal, eficiente e innovadora tanto para pasajeros para el transporte tanto de pasajeros como de mercancías. La Comisión Europea también resalta la importancia de desplegar una red «inteligente» de infraestructuras e interconexiones energéticas en Europa, así como por desarrollar una economía circular «competitiva», aprovechar los beneficios de la bioecononía y acabar con las emisiones residuales de CO2 mediante su absorción y almacenamiento.

La estrategia climática a largo plazo de la Unión Europea defiende que la modernización y descarbonización de la economía comunitaria dará un impulso «significativo» a la inversión para alcanzar hasta los 575 millones anuales. «En general, los efectos económicos de la profunda transformación son positivos a pesar de las importantes inversiones adicionales que se requieren en todos los sectores de nuestra economía», apunta el texto. En este ámbito, el documento remarca que una trayectoria compatible con un escenario libre de emisiones contaminantes tendría «un impacto positivo moderado» sobre el PIB europeo que estima en hasta el 2% para 2050, en comparación con el escenario base.

Además, el despegue de la inversión en la transformación energética, economía circular, movilidad limpia, infraestructuras verdes y bioeconomía creará «nuevas oportunidades de nuevos empleos, locales y de alta calidad». Más allá de los beneficios económicos, la descarbonización de la economía europea reducirá casi a la mitad las muertes prematuras por contaminación del aire. En la actualidad, fallecen en la Unión Europea casi 500.000 personas al año por estas causas, relacionadas con los combustibles fósiles, los procesos industriales y la agricultura, las principales fuentes de contaminación.

Acción climática “aplazada a 2030”

Amigos de la Tierra lamenta que la Estrategia de Clima de la Unión Europea para una Economía cero emisiones próspera, moderna, competitiva aplace la acción climática al periodo 2030-2050 sin aumentar la ambición entre 2020 y 2030. En este sentido, la ONG critica que no se plantee revisar los objetivos para la próxima década, 2020-2030, sino que posterga hasta 2030-2050 «toda la acción necesaria» para llegar a un horizonte libre de emisiones. Además, lamenta que en el documento se plantean 8 escenarios pero de estos, solamente 2 contemplan un futuro libre de emisiones en 2050. La ONG advierte de que para estar en línea con la ciencia del clima, ese objetivo será necesario en 2040.

Entre los aspectos positivos, celebra que incluya términos como «energía comunitaria», «empoderamiento ciudadano» o «transición justa». Por el contrario, cuestiona que el texto promueva lo que la ONG califica de «distracciones peligrosas» que no permiten avanzar hacia un futuro 100% renovable ya que considera necesarias tecnologías «no probadas o peligrosas» como la del hidrógeno, el biogás, la nuclear o la captura de carbono. Igualmente la ONG ve «muy grave» que ninguno de los escenarios contempla un mix sin aportación de carbón ya que es el combustible fósil que más perjudica al clima y la salud.

«Sabemos que la COP24 será complicada, y la Comisión ha querido arrojar algo de luz al proceso, no obstante se queda corta en objetivos y posterga las decisiones importantes», comenta Héctor de Prado, responsable de clima y energía de Amigos de la Tierra. Por ello, Amigos de la Tierra exige a la Comisión Europea y a los Gobiernos europeos una revisión de los acuerdos para 2030 y que apueste de forma decidida para alcanzar un sistema 100% renovable para 2040 basado en la eficiencia, el ahorro, las renovables, y la transferencia de conocimientos y financiación a los países en desarrollo.

Las petroleras creen que prohibir los vehículos que no son eléctricos «socava la libertad y el progreso» del sector

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Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Luis Aires, ha lamentado que la intención del Gobierno de prohibir en 2040 la circulación de vehículos que no sean eléctricos «socava los principios de libertad y progreso» del sector. En este sentido, Aires consideró que esta medida, recogida en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno, va en contra del «progreso y la neutralidad tecnológica» y, además, crea «incertidumbre» en el sector automovilístico.

En presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el presidente de la AOP defendió que el sector ha demostrado ser «valiente», como cuando en plena crisis invirtió 8.000 millones de euros en modernizar las refinerías en España, y aseguró que no «le asusta competir», ya que la gestión de riesgos «está en su ADN». No obstante, lamentó que la decisión de prohibir desde 2040 vehículos que no sean eléctricos puros «no es una medida sensata» y restringe «la libertad de desarrollo del sector», poniendo además en riesgo «la competitividad y el empleo».

Asimismo, subrayó que esta «incertidumbre» lleva a que se retrasen las decisiones de compras de vehículos por los consumidores, lo que «afecta a la modernización del parque automovilístico». Por ello, pidió que se permita que las distintas tecnologías «compitan» en igualdad de condiciones y solicitó medidas que incentiven la renovación del parque automovilístico, «sea de la tecnología sea», ya que ayudará a mejorar la calidad del aire en las ciudades.

Por otra parte, consideró que la obligación para las estaciones de servicio de instalar puntos de recarga, con sanciones que pueden llegar hasta los 30 millones de euros en el caso de no llevarse a cabo, «no parece respetar el principio de libertad«. ¿Quién va a pagar esas inversiones, que no se van a amortizar en su vida útil?. ¿Vamos a generar un nuevo déficit de tarifa como el de las primas renovables?, se cuestionó.

Mientras, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética supone «un golpe en la línea de flotación de la economía española». Así, el ejecutivo de Repsol pidió al regulador «humildad» y apostó por no ser «pretenciosos» y respaldar la «neutralidad tecnológica». «No hipotequemos al ciudadano», apuntó. Imaz consideró que si la gente tiene «incertidumbre» no decidirá comprar y cambiar de coche, por lo que el parque automovilístico seguirá siendo viejo y contaminante. «Estamos en un círculo perverso», añadió.

Por su parte, el consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, pidió hacer «el esfuerzo de pensar en medidas eficientes y no efectistas. «Medidas que no pretendan impresionar o llamar la atención», destacó. Además, Aires (BP) indicó que se pagan unos 17.000 millones de euros por impuestos especiales a los carburantes, por lo que se cuestionó «qué impuestos se van a subir para recaudar esa cifra cuando prolifere el coche eléctrico».

Ribera invita al sector petrolero a «trabajar juntos» para establecer los horizontes 2040 y 2050 para avanzar hacia la descarbonización

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Europa Press.- Mientras la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el objetivo del Gobierno es que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sea «consensuada» con todos los actores, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha invitado al sector petrolero a colaborar en establecer las sendas a 2040 y 2050 para alcanzar los objetivos de descarbonización de manera eficiente.

En su intervención en la jornada de celebración del 25º aniversario de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Ribera propuso al sector «ponerse de acuerdo en dónde debemos estar en 2040 y 2050» y «trabajar juntos» para perfilar las sendas con el fin de «maximizar las oportunidades identificadas». La ministra, que confió en que los próximos 25 años del sector sean «de éxito, modernización y cambio», destacó la importancia del papel de la industria en la economía del país, donde es uno de los sectores «más complejos, pero también más acostumbrados a trabajar en escenarios volátiles y difíciles».

Así, alabó los esfuerzos «notabilísimos» hechos por el sector petrolero, pero consideró que «todavía hay que apurar el camino». «Es obvio que todavía hay margen de mejora», afirmó, subrayando que es posible mantener una apuesta por la reconversión del sector en el ámbito energético, «de tal forma que siga siendo un actor fundamental». Posteriormente, precisó que se podrán mantener los incentivos a los combustibles fósiles en sectores donde se necesitará el acompañamiento, como el agroganadero, el transporte pesado o marítimo. «No es descartable que tengamos que mantener ciertos apoyos y nos obligue a repensar limitar las subvenciones a los combustibles fósiles, teniendo presente ese componente social durante la transición«, indicó.

El objetivo es el consenso

Por su parte, Maroto subrayó que todavía «no hay nada aprobado» respecto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «Hemos abierto un debate sobre las medidas a poner en marcha en materia de cambio climático y espero que cuando esa Ley se apruebe sea de manera consensuada con el sector, la sociedad civil y las fuerzas políticas«, indicó.

La titular de Industria defendió que las fechas que recoge el documento para la prohibición de la venta de coches de combustión e híbridos en 2040 «son las que se están abordando en otros países». «Ahora estamos hablando con el sector. Se nos ha criticado por no hacerlo antes y les he insistido que no lo habíamos hecho porque estábamos trabajando en un borrador de un documento que se ha filtrado y nos ha llevado a ponernos a trabajar con los sectores», añadió al respecto.

Maroto también anunció que el Gobierno está ultimando la agenda de la industria química y del refino, un documento que presentará el próximo 21 de enero. La ministra subrayó que es necesario «ponerse en movimiento ya» para que otros países «no nos pasen por hacerlo mejor». «El desafío es la transición hacia una economía descarbonizada y no lo vais a hacer en solitario», añadió. Además, consideró que los últimos datos del sector automovilístico son positivos, «a pesar del ruido generado por la Ley de Cambio Climático, por lo que destacó que «los impactos habrá que empezar a medirlos una vez que el borrador sea consensuado».

El petróleo sube un 6% tras anunciar Qatar su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

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Europa Press.- El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para Europa, supera la barrera de los 62 dólares, registrando así una subida de más del 6%, después de que Qatar anunciara su intención de abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y a la expectativa de la reunión que celebrará el cártel este jueves, 2 años después del acuerdo con otros productores por el que el cártel decidió limitar su oferta para reactivar los precios, consiguiendo triplicarlos desde entonces.

En concreto, el crudo de referencia en el Viejo Continente llegaba a cotizar a un precio de 62,60 dólares por barril, frente a los 58,71 dólares del pasado viernes, después de haber llegado a caer hasta los 57,50 dólares un día antes, en mínimos desde octubre de 2017. Por su parte, el barril de petróleo Texas, de referencia en Estados Unidos, llegaba a cotizar en 53,85 dólares, frente a los 50,93 dólares del viernes. El ministro de Energía de Qatar, Saad al Kaabi, ha anunciado que su país tiene previsto retirarse de la OPEP en enero de 2019, una decisión que llega en el marco de un plan estratégico a largo plazo en materia energética.

La decisión del Gobierno de Qatar, que es uno de los más pequeños productores de la OPEP pero uno de los mayores exportadores de gas natural del mundo, se enmarca en las medidas que está adoptando para tratar de potenciar su peso a nivel internacional y en el marco de una estrategia energética a largo plazo, más centrada en la industria gasística, según ha explicado el ministro. «Qatar ha decidido retirarse de la OPEP con efectividad desde enero de 2019 y esta decisión ha sido comunicada a la OPEP», aseguró el ministro de Energía qatarí, antes de señalar que su Gobierno asistirá esta semana a la reunión de la OPEP.

El anuncio de la retirada de Qatar llega antes de que la OPEP se reúna esta semana con sus aliados, incluida Rusia, para hablar sobre la posibilidad de recortar el suministro de crudo. El ministro qatarí ha dicho que la decisión no ha sido fácil para Qatar, que ha estado en la OPEP durante 57 años, pero ha señalado que el impacto en la producción de la organización será pequeño.

Al Kaabi ha afirmado que Qatar continuará cumpliendo sus compromisos como cualquier otro país productor de crudo que no forma parte de la OPEP. La decisión de retirada refleja la intención de Qatar de centrar sus esfuerzos en desarrollar su industria de gas natural, según expuso el ministro, en un momento en el que las autoridades qataríes quieren hacer aumentar su producción de gas natural licuado de 77 millones a 110 millones de toneladas anuales. Al Kaabi aseveró que la decisión de retirarse de la OPEP no tiene relación alguna con el boicot político y diplomático que mantienen desde junio de 2017 en su contra Arabia Saudí, principal potencia de la organización petrolera, y otros tres países de la región.

Desde el lado de los analistas, Aitor Méndez (IG), avanza que el entendimiento entre los miembros del cártel «no está siendo tan bueno», mientras el petróleo iraní sigue llegando al mercado en un momento de máxima oferta. Asimismo, “los principales jugadores del mercado como Rusia, Estados Unidos o Arabia Saudí presentan unos niveles de almacenamiento y de bombeo próximos a máximos históricos», explica el analista.

«La desaceleración de la economía mundial es uno entre varios factores que han contribuido a frenar el precio del petróleo», señala por su parte Greg Meier, analista de Allianz Global Investors, añadiendo que otros desencadenantes son el aumento de la oferta de la OPEP antes de la posibilidad de un levantamiento inesperado de algunas sanciones al Irán, el aumento de los inventarios en Estados Unidos y la apreciación del dólar.

España aplicará las directrices de la OIT para no dejar atrás a los más afectados por la transición ecológica

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica y la Oficina Española de la Organización Internacional del Trabajo (Agencia especializada de la ONU), han acordado establecer un marco de colaboración como «socios estratégicos» para aplicar las directrices del organismo internacional en el proceso de la transición energética española con el objetivo de dar «preeminencia» a la transición justa, una cuestión que para la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, es trascendental para «no dejar a nadie atrás«.

En el XIV Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), el director de la oficina española de la OIT, Joaquín Nieto, anunció este compromiso alcanzado con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, después de varias comunicaciones en las que han coincidido en que la transición ecológica, además de ser un «imperativo es una oportunidad» para el desarrollo del empleo.

Nieto destacó que la OIT estima que las medidas de transición ecológica a nivel mundial crearán de aquí a 2030 en torno a 24 millones de empleos, cuatro veces más de los que se perderán. Respecto a España, ha advertido de que, a falta de un estudio específico, es «de esperar resultados sin iguales o incluso más positivos», algo que en el caso de España, donde el desempleo es «un problema estructural, esto es esencial». Así, considera que para «muchos» territorios españoles que sufren elevado desempleo estructural, esta es una oportunidad «única y tal vez irrepetible», pero admite que, como toda transición tendrá impactos desiguales en unos y otros territorios.

Por ello, señala que para desarrollar «plenamente» todas las potencialidades de la transición energética y minimizar los efectos adversos, es «necesario» que la transición sea justa. En el marco de CONAMA se presentó un estudio que analiza las oportunidades de aplicación de las directrices de la OIT en la transición justa en España. Asimismo, insistió en que en el proceso se debe contar con el diálogo de todas las partes, organizaciones y sectores, para hacerla con «la máxima inclusión», pero sin ralentizar el proceso para lograr un marco de acuerdo de sociedad, político, con un marco regulatorio estable y un enfoque fiscal que de señales al mercado y al consumo.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha subrayado la trascendencia que tiene la transición ecológica en materia de equidad porque es necesario que el proceso se haga «no dejando a nadie atrás». «Las sociedades solidarias deben contribuir a avanzar en el cambio«, ha manifestado. En su intervención, advirtió de que no basta con tener un gran conocimiento en el problema de lo necesario para frenar el cambio climático sino que «hay que actuar».

En el proceso hacia la transición ecológica, se ha referido a los distintos aspectos fundamentales de este proceso que deben hacerse, en su opinión dentro de la búsqueda de consensos, del diálogo y favorecer la capacidad de avanzar de «forma unida, complementaria» porque los términos del debate público han cambiado y ya no basta con saber lo que se debe hacer, sino que es necesario hacerlo «razonablemente deprisa» y «juntos».

Ribera considera también que una economía moderna y equilibrada necesita que los sectores estratégicos, entre ellos los energéticos, entiendan que hay que hacer una transformación y que deben buscarse sinergias. «Desde el Gobierno estamos trabajando para ofrecer ese marco en el que quepamos todos e intentando identificar las mejores rutas compartidas por todos. Clima, energía, transición justa y el cumplimiento de las obligaciones que tenemos por delante, son algunos de los vectores fundamentales», ha concluido.

Los contenidos de CONAMA tuvieron como eje transversal los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la adaptación ante el cambio climático, la Agenda Natural Urbana, la economía circular y la inclusión de la justicia social como elemento ineludible de la transición ecológica. El jefe de Unidad Adjunto para Energías Renovables de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Antonio López-Nicolás Baza, expuso las novedades del programa Clean energy for all europeans en la sala 2030-Clima y energía. También se prestará atención especial a la transición energética en el transporte.

Asimismo, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, intervino en una sesión técnica Cambio climático y transición energética donde avanzó los planes del Gobierno en esta materia antes de ir a la COP24 de Katowice. Además, se habló de energías renovables con la sesión técnica Energías renovables: Valores sociales y ambientales para la descarbonización. CONAMA también se enfocó en el ámbito local en la sesión sobre ciudades en transición energética de la mano de Energy Cities. La movilidad urbana sostenible fue también un asunto abordado en CONAMA 2018, con más de una decena de sesiones en las que intervinieron gestores públicos de la administración central y local, empresas y entidades del tercer sector.

Ribera estudia que las cuencas asuman las instalaciones hidroeléctricas al acabar su concesión mientras Unidos Podemos pide su gestión pública

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Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que «no es descartable» que las cuencas hidrográficas puedan explotar «de forma transitoria al menos» instalaciones hidroeléctricas cuya concesión finaliza, asumiendo como «ingresos propios» los beneficios que puedan derivarse «sin que puedan cederse a un tercero«. Así lo ha asegurado durante la interpelación dirigida por el portavoz de Energía de Unidos Podemos, el diputado de En Comú Podem Josep Vendrell, en el Pleno del Congreso.

Ribera ha destacado la extinción de estas concesiones como una «oportunidad» para replantear el papel que debe jugar en la transición energética la energía hidroeléctrica, que representa un 20% de la potencia instalada, y «moderar los precios de mercado». La ministra ha subrayado que deberá ser la Dirección General de Aguas, quién evalúe qué hacer con las instalaciones a medida que se van extinguiendo estas concesiones. Según ha explicado, deberá analizarse «en el marco comunitario» si estas instalaciones son financieramente viables, o incluso si deben ser demolidas en caso de que su mantenimiento sea contrario al interés público. Asimismo, Ribera ha señalado que podrían sacarse de nuevo a concurso instalaciones.

En estos pliegos, ha añadido, deberá incorporarse la retribución al organismo de cuenca por canon concesional, un plan de inversiones, una valoración del inmovilizado con su inventario y con la obligatoriedad de que la reversión sea «gratuita y libre de cargas», de forma que la Administración no deba asumir ningún coste en caso de aprovechar las instalaciones. En este sentido, la ministra cree que «la demanda social» de «revertir al interés público» los beneficios de las instalaciones hidroeléctricas «debe ser atendida«, una demanda que, ha asegurado, «encaja» con las premisas de las directivas comunitarias correspondientes.

El diputado Josep Vendrell (En Comú Podem) ha coincidido en la «oportunidad histórica» que se presenta con la caducidad de estas concesiones. A su juicio, han sido «un chollo» durante estos años al tratarse de centrales «hiperamortizadas». Por ello, ha reclamado al Gobierno que facilite la gestión de las mismas a través de sociedades públicas que exploten estas instalaciones y, aunque ha concedido que es «admisible» que puedan volver a producirse concursos, «no sin revertir beneficios» al sector público, y ha defendido que la reversión pueda llevarse a cabo a través de una titularidad pública.

Ha exigido un «debate a fondo» sobre esta cuestión, el establecimiento de auditorías sobre las concesiones, la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas y el papel que han jugado estas instalaciones en los precios del sistema eléctrico. Y es que ha señalado que la producción de energía hidroeléctrica «es enormemente rentable«, pues al estar construidas en un anterior período regulatorio y estar ya amortizadas, gozan de una sobrerretribución que, ha recordado, el acuerdo presupuestario del Gobierno con Unidos Podemos, llamaba a acabar. Asimismo, ha recordado las denuncias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por casos de «manipulación de precios».

Endesa, Iberdrola y Naturgy asumirán más del 88% de la financiación por las comercializadoras eléctricas del nuevo bono social

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Europa Press.- Endesa, Iberdrola y Naturgy se harán cargo de más del 88% del coste del nuevo bono social eléctrico, según la orden ministerial que aprueba los porcentajes de reparto de las cantidades destinadas a financiarlo según el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El pasado octubre, el Gobierno aprobó el real decreto de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que amplía las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años.

El decreto-ley hace extensiva esta medida de prohibir el corte de luz, considerado un suministro esencial, también para los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III. La norma también prorrogaba hasta el próximo 31 de diciembre el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores que estuvieran acogidos al bono social antiguo, que expiraba en octubre.

Según la orden, Endesa se hará cargo del 37,14% del coste del nuevo bono social, mientras que Iberdrola correrá con el 35,04% y Naturgy asumirá el 15,81%. Por su parte, a EDP España se le asigna el 3,69% del reparto de la financiación del bono social, a Viesgo Infraestructuras Energéticas el 2,2% y a Cide HCEnergía un 1,47%. En total, la financiación del nuevo bono social recoge a unas 250 sociedades que realizan la actividad de comercialización de energía eléctrica.

Precio más bajo de Europa

Por otro lado, España ha registrado el menor precio mayorista de la electricidad de los principales países europeos, con 65,9 euros por megavatio hora (MWh). Así, el precio del pool en España se situó muy por debajo del que marcarán mercados como Alemania (84,1 euros por MWh), Italia (84,8 euros por MWh), Francia (90,5 euros por MWh) o Reino Unido (87,7 euros por MWh). Fuentes del sector indicaron que el principal motivo para este nivel de precios es la reducida producción renovable en todo el Viejo Continente y las bajas temperaturas. Sin embargo, en España la producción renovable es ligeramente superior a la media y las temperaturas son más suaves.

Estos precios están alejados del máximo anual alcanzado el pasado septiembre, cuando se situó en 75,93 euros por megavatio hora (MWh). La causa fue la baja aportación de las energías renovables al mix, especialmente de la eólica, unido al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 y del gas, derivado en este caso del alza del crudo. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad.

El déficit provisional del sistema eléctrico asciende a 1.554,9 millones de euros hasta septiembre, 680,2 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.554,9 millones de euros hasta septiembre, 680,2 millones menos de lo previsto, según la novena liquidación de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El regulador indicó que este resultado de la liquidación se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 393,9 millones de euros y de la actividad de la distribución en 220,9 millones de euros. Por otra parte, la demanda en consumo registrada en esta liquidación alcanzó los 167.541 gigavatios hora (Gwh), siendo un 1,6% superior al valor promedio observado en años anteriores. Esta demanda en consumo representaría el 69,4% de la demanda prevista para 2018, valor superior al promedio registrado en el histórico de las liquidaciones de los ejercicios 2015 a 2017 (68,2%).

Dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 85,83% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. En cuanto a las energías renovables, se han liquidado 63.622 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. Así, la liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en el ejercicio 2018 hasta el 31 de septiembre asciende a 5.414,5 millones de euros (antes de impuestos).

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el coeficiente de cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 614,026 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente). En la fecha de cierre de la liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 6,177 millones de euros, antes de IVA o equivalente.

Respecto al sector gasista, el déficit provisional fue de 326 millones de euros, frente a un déficit de 396 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 17,8%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 84,7% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados ha sido de 2.012 millones de euros, un 5,8% superior al 2017 debido al incremento de los ingresos por peaje de transporte-distribución.

En esta novena liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas es de 2.122 millones de euros, que es un 0,3% superior a la del año anterior. Por otra parte, el número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras a 31 de septiembre ha ascendido a 7,88 millones, con un aumento interanual de 103.366 consumidores (+1,3%), de los que 1,6 millones se suministran con tarifa de último recurso.