La CNMC prepara una batería de nuevas regulaciones para el sector energético para que entren en vigor en 2020

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prepara una batería de nuevas regulaciones para el sector energético, con el objetivo de que entren en vigor a partir del 2020. En concreto, la CNMC prevé aprobar un total de 13 circulares, que tienen rango de vinculantes, que afectarán a la regulación del sector eléctrico y gasista. La intención del organismo es someter al trámite de audiencia pública esta batería de circulares antes del verano.

En el sector eléctrico, las circulares que prevé sacar adelante el regulador se refieren a cómo se establecen las metodologías de retribución del operador del sistema eléctrico, así como a los cálculos de los peajes y retribución del transporte y distribución de electricidad. También se incluyen la metodología relativa al funcionamiento del mercado mayorista de producción de energía eléctrica y la que establece las condiciones del acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones eléctricas.

En lo que respecta al sector gasista, se abordará una circular por la que se establece la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de gas y regasificación, transporte y distribución de gas natural y otra por la que se establece la metodología de retribución del gestor técnico del sistema gasista.

Además, también figura una circular por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de regasificación, transporte y distribución de gas natural, así como otras para las retribuciones de las actividades reguladas de transporte y de regasificación de gas; de la actividad regulada de distribución de gas natural; o las normas de balance de gas natural y los mecanismos de acceso y asignación de capacidad a aplicar en el sistema gasista.

Con la convalidación por el Congreso de los Diputados del real decreto de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias del derecho comunitario, el regulador consigue nuevas competencias en el ámbito económico, en materia de acceso y conexión, supervisión de los mercados organizados y de planes de inversión, inspección y sanciones. En concreto, le corresponderá a la CNMC aprobar la metodología de peajes, los valores de los peajes, los parámetros retributivos del transporte y la distribución, salvo los almacenamientos subterráneos de gas natural, y la remuneración anual de estas actividades.

Asimismo, se le atribuye la competencia para aprobar la retribución, y su correspondiente metodología, del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista. Con carácter transitorio, la aprobación de los peajes se realizará por la CNMC una vez que se aprueben sus metodologías, que no serán de aplicación antes del 1 de enero de 2020. En el caso de las metodologías de retribución serán aplicables una vez finalice el primer periodo regulatorio previsto respectivamente para gas y electricidad, mientras que la fijación de la retribución la realizará a partir del próximo enero.

Bogas (Endesa) pide a Ribera que el Plan de Energía y Clima no esté «escrito sobre piedra» y pueda adaptarse

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Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha pedido que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que marca la hoja de ruta de la transición energética, no esté «escrito sobre piedra» y sea adaptable a las circunstancias que se presenten en el futuro.

Bogas indicó que se va «a dar un salto» con la transición energética que ya «no se puede parar» pero subrayó que el Plan debe «tener capacidad de adaptación a las circunstancias con las que nos vamos a encontrar en el futuro». A este respecto, consideró que en España se parte de una situación «envidiable» para afrontar la transición energética ya que existe una sobrecapacidad en el sistema eléctrico que hace que no sea necesario instalar nueva potencia térmica de aquí a 2030, por lo que el principal problema será «como gestionar la incorporación de las renovables y las paradas de las térmicas» que hay.

Sin embargo, afirmó que a partir de 2030 se puede registrar una situación de falta de capacidad, con un déficit de entre 9 y 13 gigavatios (GW), que habrá que cubrir. Así, indicó que la vida de las centrales de carbón no se podrá alargar más ya que «va contra los tiempos actuales». De esta manera, Bogas aseguró que a la capacidad de respaldo existente, principalmente los ciclos combinados de gas natural, hay que darles «un papel fundamental», para lo que serán necesarios los pagos por capacidad. «De esto tiene que ser consciente cualquier regulador; hay muchas formas de hacerlo, lo importante es hacerlo», añadió.

Asimismo, advirtió de que si se produce un recorte retributivo a las eléctricas por sus actividades de redes y transporte, del 6,5% actual al 5,6% propuesto por el Ejecutivo para el periodo 2020-2025, quien tendrá «un problemón será el Gobierno de turno» ya que las compañías «no vamos a hacer nuevas inversiones«. Bogas subrayó que en la transición energética, que es «felizmente irreversible» y que en ella jugarán un papel clave las renovables y la digitalización, el sector eléctrico debe «hacer un esfuerzo», pero también «el resto de sectores», como la industria o el transporte.

Por su parte, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, consideró que en España existe «un déficit regulatorio» de reconocimiento de la capacidad firme, que será vital para garantizar la transición energética, por lo que pidió que se reconozca el papel que jugarán los ciclos combinados de gas natural. «La capacidad firme en un escenario de 70% de renovables será fundamental y el papel de los ciclos tiene que ser reconocido», afirmó la directiva, subrayando que con pocas horas de funcionamiento al año «es difícil que puedan ser sostenibles».

Santamaría destacó que España está «en una situación inmejorable» para alcanzar los objetivos de la transición energética ya que se cuenta con recursos eólicos y solares y con las empresas para ello. No obstante, indicó que resta «mucho desarrollo por delante». Asimismo, indicó que el objetivo de instalar 5 gigavatios (GW) anuales al año de energía renovable supone «un esfuerzo inversor desconocido» en España, para el cual pidió «la confianza para los inversores para que se haga realidad». «Tenemos una mala historia de seguridad jurídica y hay que revertirla para que sea una realidad«, sentenció.

Mientras, el director general de Gas y Electricidad de Naturgy, Manuel Fernández, defendió que el gas natural jugará «un papel fundamental» en la transición energética hasta 2050. El directivo valoró que en 2030 la penetración de renovables en el mundo será del 14%, por lo que «quedan otros 86 puntos para las demás energías, y la única en todos los escenarios que crece es el gas». Además, Fernández aseguró que cualquier avance debe realizarse «desde la prudencia regulatoria» y afirmó que la transición energética debe también cuidar «el impacto social» y no debe ser «discriminatoria».

El Congreso convalida el real decreto del Gobierno que devuelve a la CNMC con total independencia las competencias en Energía

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Europa Press.- El Congreso de los Diputados ha aprobado la convalidación del real decreto ley que el Gobierno aprobó en enero para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa europea, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes.

La Cámara Baja ha convalidado así el decreto ley de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias de derecho comunitario sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que este decreto «pone fin a un periodo marcado en este ámbito por la litigiosidad de incertidumbre jurídica y la mala relación entre instituciones», en alusión al cambio de criterio, aprobado por el PP en 2014, por el cual arrebataba a Competencia la fijación de los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifas eléctrica y de gas.

Por ello, la Comisión Europea llevaba desde el año 2016 amenazando con interponer una sanción al Reino de España por no trasponer correctamente las directivas europeas en el ámbito de la regulación energética. De esta forma, Ribera, quien se comprometió a devolver estas competencias a la CNMC nada más ser nombrada ministra, ha señalado que el Gobierno «ha cumplido con su obligación y con el compromiso adquirido ante la Comisión«. Momentos previos a la votación, la ministra dio un ultimátum a la Cámara para que se convalide finalmente un decreto que pondría fin «al incumplimiento arrastrado durante años» o, por el contrario, «daría por buena la que sería una inevitable sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Esta convalidación confirma las funciones que, con arreglo al derecho comunitario, corresponden al regulador, como la aprobación de la estructura, metodología y valores concretos de los peajes de acceso de gas natural, electricidad y GNL, la retribución del operador, las reglas de funcionamiento en mercados regulados o el control de los planes de inversión, pudiendo Competencia hacer recomendaciones. En ese sentido, Ribera ha destacado que esta nueva norma «facilita la estabilidad y la confianza de los inversores y los consumidores».

Por el contrario, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha manifestado que esta medida «reduce la competencia y por tanto la competitividad de la economía española y perjudica gravemente al crecimiento industrial«. Mariscal ha atribuido los recientes anuncios de cierre en España por parte de varias multinacionales de la Industria, como los de Alcoa, Vestas o Cemex, a la «incertidumbre continua» que el Gobierno estaría ejerciendo sobre los precios de la energía en el país.

En concreto, ha aludido al recorte del 78% de las ayudas a la industria electrointensiva incluido en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estados (PGE), que finalmente fue tumbado por la mayoría del Congreso. El diputado del PP también ha arremetido contra el Ejecutivo de Sánchez por haber mantenido «reuniones secretas» con las compañías eléctricas con el fin de alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 44 o 48 años, desde los 40 años que defendía el PSOE con anterioridad. «Se dieron cuenta que era imposible cumplir con los objetivos si eso ocurría», ha afirmado Mariscal.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha criticado que este decreto «se ha hecho evitando la consulta pública y sin haber hablado nada con nadie», añadiendo que «no es excesivamente ambicioso«. Por último, la diputada del grupo Unidos Podemos, Rosa Martínez, ha incidido en la importancia de que estas competencias vuelvan a la CNMC, debido a que ayudará a la transparencia del sistema, aunque ha urgido a buscar un procedimiento de nombramientos que ahonde en esta transparencia e independencia y ha señalado que sigue faltando atribuirle también la gestión del espacio radioeléctrico.

Brufau (Repsol) pide pragmatismo, realismo y neutralidad tecnológica en la transición energética ya que «la factura la pagamos todos»

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Europa Press.- El sector petrolero ha demandado que la transición energética hacia la descarbonización se realice de manera que se tenga en cuenta a todas las fuentes de energía disponibles y se respete la neutralidad tecnológica, para que sea «coste-eficiente«. En este sentido, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, pidió que la transición energética se aborde desde «el pragmatismo y el realismo», respetando la neutralidad tecnológica, «ya que la factura la pagamos todos».

Respecto a la neutralidad tecnológica, Brufau se cuestionó «qué sabremos los personajes de la calle o los políticos de qué tecnología va a existir dentro de 30 años». Así, advirtió que cuando se decide subvencionar a una tecnología en detrimento de otra se debe tener claro «quién lo debe pagar: si el dinero público o quiénes se van a beneficiar de esta tecnología cuando sea madura». En su opinión, Brufau consideró que el dinero público debe destinarse a financiar aquellas tecnologías maduras que no están al alcance de los ciudadanos como, por ejemplo, la renovación de la flota de automoción vieja por una nueva o el cambio a bombillas LED.

«Hay que buscar la ruta más eficiente en costes para reducir las emisiones, que consiste en ver aquellas tecnologías ya maduras que están en el mercado y potenciarlas», añadió, subrayando que hay que «buscar la ruta coste-beneficio más eficiente». Asimismo, consideró que el Gobierno peca de «quijotismo» y de «ser mejores que todos, y que Alemania» en retos medioambientales, ya que la Ley de Cambio Climático plantea unos objetivos más ambiciosos de reducción de emisiones de CO2 a 2030, del 48% sobre 2005 frente al 33% de la Unión Europea.

Además, advirtió que alcanzar el objetivo de reducir 60 millones de toneladas de CO2 a 2030 que marca la Unión Europea, frente a los 120 millones de toneladas que se quiere autoimponer España, «se puede conseguir sin costes para el ciudadano» a través de eficiencia energética y movilidad, por la sustitución del parque de vehículos de más de 13 años de antigüedad por nuevos, con 20 millones de toneladas de reducción cada uno, y con el impulso a las renovables.

Brufau indicó que el coche eléctrico «va a llegar», pero advirtió que hay que tener cuidado con los mensajes que se lanzan, como el de prohibir los vehículos de motor diésel, ya que se consigue que «la gente no cambie de coche» y esto supone que «se emite mucho más». El presidente de Repsol aseguró que no cree que antes de 2020, «y más cerca del 2030», se encuentre una «paridad» en la competitividad del vehículo eléctrico frente al de combustión interna. «Hay una cierta agitación, por las razones que sean, y estemos primando una tecnología no madura por competitividad y con dinero público», añadió.

Las petroleras piden más neutralidad

Por su parte, el presidente de BP España, Luis Aires, consideró que, en su opinión, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética no cumplía con la neutralidad tecnológica ya que recogía «mucha prohibición y obligaciones», algo que debería ser «sustituido por la promoción». «Incentivemos más que obligar», pidió. Aires se refirió así a la intención de prohibir la matriculación y la venta de cualquier vehículo que no fuera 100% eléctrico en 2040, ya que «una medida de ese tipo no va en el camino de la neutralidad tecnológica y manda una señal muy delicada a la industria del automóvil y del refino, así como a la población, que no sabe qué coche comprar», indicó.

Asimismo, criticó la obligación a las gasolineras de cierto tamaño de contar con un punto de recarga eléctrico «ya que va en contra de la libertad de empresa y puede obligar a hacer inversiones que no son coste-eficientes«, así como la revisión de los incentivos que puedan favorecer el consumo de combustibles fósiles «porque no va a ayudar a la renovación de la flota de vehículos, que es el gran problema de la calidad del aire en las ciudades», añadió.

En esta línea, la directora general de Negocios Comerciales y Química de Repsol, María Victoria Zingoni, afirmó que para abordar el desarrollo de la tecnología que permita proseguir ese camino hacia la descarbonización y mejorar la eficiencia energética es necesario contar «con un marco regulatorio estable» y el respaldo de la neutralidad tecnológica. La directiva, que consideró que la descarbonización se trata de «un esfuerzo que debe ser realizado por todos», defendió que el gas natural es una fuente que debe jugar «un rol importante en toda la transición energética» ya que se puede integrar muy bien con las renovables.

Zingoni también valoró la estrategia de las petroleras tradicionales de convertirse en «proveedores de toda la energía que puedan necesitar los clientes», tanto en movilidad como en consumo doméstico, en la que enmarcó la adquisición por Repsol de los activos no regulados de Viesgo y la apuesta por «seguir creciendo en renovables, tanto en fotovoltaica como en eólica«. «El objetivo es producir esa energía de la forma más eficiente», añadió.

Mientras, el director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Cepsa, Héctor Perea, incidió en que todas las fuentes de energía «serán necesarias» para garantizar esa transición energética «ordenada» si se quiere alcanzar ese doble objetivo de hacer frente al crecimiento de la demanda global de energía y reducir las emisiones de CO2. Perea señaló que en el horizonte de 2030 la demanda global de petróleo sufrirá una ralentización, aunque se mantendrá en niveles parecidos a los actuales debido al incremento de la demanda asiática.

De cara a 2030, vaticinó un crecimiento global de las renovables de en torno al 500%, un negocio en el que señaló que las petroleras ya están activas con unas inversiones en 2018 en el sector que ascendieron a unos 7.000 millones de euros, aproximadamente el 15% del total de la cifra inversora. No obstante, indicó que la demanda global de gas crecerá en torno a un 35%, relevando en la generación eléctrica al carbón, y que la nuclear también lo hará en un 45%, por lo que subrayó que es «fundamental contar con todas las fuentes de energía disponibles«.

A este respecto, señaló que Europa está liderando la transición energética, aunque advirtió que se trata de «un camino de largo recorrido, y liderar en solitario no nos acercará a ese objetivo», ya que adoptar un marco regulador «más exigente» que en otras áreas geográficas tiene el riesgo de que haya deslocalizaciones. «No vaya a ser que cerremos industrias y acabemos importando esas emisiones de productos de otras regiones», advirtió.

Ribera confirma que el parque actual de centrales nucleares irá cerrándose «entre 2025 y 2035» de manera «ordenada»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desgranó las líneas maestras del plan hacia la descarbonización de la economía, confirmando que el parque actual de centrales nucleares irá cerrándose «entre 2025 y 2035» de manera «ordenada». La ministra destacó que se iniciará en 2020 un cierre del carbón, que a lo largo de esa década «saldrá» de manera definitiva del mix energético, para a partir de 2025 empezar con las nucleares, cierre que se llevará a cabo con «todas las garantías».

Ribera indicó que el Gobierno «no dicta nada» a las empresas propietarias de estas nucleares, en referencia a cómo debe ser el orden de cierre de las centrales existentes, como mucho les puede «poner el marco», apuntó, aunque subrayó que se debe garantizar la seguridad de suministro, de residuos y la financiera para abordar esta clausura. Lo que sí advirtió es que no quiere que este proceso de cierre de las nucleares se convierta en un nuevo Garoña, con el enfrentamiento entre los propietarios de la central por su clausura.

En lo que se refiere al gas natural, consideró que se deben «mirar con cuidado» las nuevas inversiones en este sector, ya que se prevé una estabilización a lo largo de la transición energética en su consumo, mientras que en el caso del petróleo para usos energéticos vaticinó que sufrirá «una caída» a lo largo de la década de 2030. «El objetivo es llegar a un 2050 en el que el conjunto del sistema sea cero emisiones», añadió. Ribera fijó un objetivo de reducción de emisiones de CO2 de un 20% en 2030 con respecto a 1990, un reto que calificó de «ambicioso», ya que supone una reducción del 38% con respecto al nivel actual.

Ribera indicó que las renovables y la eficiencia energética, junto a la electrificación, serán los motores para esa transición hacia 2030, con una movilización en inversiones de más de 200.000 millones de euros. De este montante en inversiones, alrededor del 40-45% se focalizarán en renovables, el 30-35% en eficiencia energética, el 15% estará asociado a redes y otro 4% en electrificación para usos finales, señaló.

Ribera indicó que el plan estima que, en el horizonte del 2030, las renovables representen más del 70% de la generación eléctrica, con el objetivo de alcanzar el 100% en 2050, y con una presencia en el consumo final por encima del 40% al final de la próxima década. En lo que respecta al ahorro, afirmó que el efecto de la eficiencia energética puede llevar a unos ahorros de más de 70.000 millones de euros en importaciones en la década, con un aumento del 1,9% en el PIB y unas estimaciones de empleo «muy positivas».

Ribera subrayó que este plan será «una propuesta de objetivos a 2030», sin olvidar que estos objetivos «deben ser creíbles con respecto a la posibilidad de alcanzar el resultado al que nos hemos comprometido a 2050» de descarbonización de la economía. Junto a esa hoja de ruta, Ribera señaló que se aprobará la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que establecerá un marco regulatorio «relativamente sencillo» y dotará de un esquema de gobernanza general «con instrumentos que puedan facilitar la implementación de las medidas».

Sánchez impulsa el vehículo alternativo y el coche autónomo en su Agenda del Cambio: 60 medidas para un crecimiento «sostenible»

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Europa Press.- El Gobierno ha incluido un Plan de Movilidad sostenible en su Agenda del Cambio: Hacia una economía inclusiva y sostenible para impulsar la adopción de los vehículos con energías alternativas y promover la instalación de puntos de recarga en zonas urbanas. Además, el Ejecutivo incluyó en esta hoja de ruta, que sienta las bases de un desarrollo inclusivo y sostenible, programas piloto de coche autónomo y de acción 2019-2022 para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la cadena logística.

Según el Gobierno, la red de infraestructuras físicas y digitales, junto con el «importante» sector de ensamblaje y componentes automovilísticos, un «potente» sector empresarial de energías renovables y de gestión del agua, permitiría liderar un proceso de transformación hacia la movilidad sostenible que atraiga inversión, genere nuevos empleos y promueva la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Todo ello se enmarca en la lucha contra el cambio climático y en la mejora de la calidad del aire y de vida en las ciudades. Con su Agenda del Cambio, el Ejecutivo también aspira a situar a España entre los países líderes de procesos innovadores como los vehículos sin conductor.

Esta Agenda del Cambio, que guía la acción del Gobierno, se alinea con las reformas contempladas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para promover la educación, el crecimiento y el empleo de calidad, la innovación, la salud y el bienestar social, la igualdad de género, el respeto y la integración de la diversidad, y la sostenibilidad de los modelos de producción y consumo, según se destaca en el documento. El texto recoge más de 60 medidas a corto y medio plazo orientadas a apoyar el proceso de transformación ecológica, converger con los países más desarrollados en términos de bienestar y lograr una sociedad más igualitaria con una tasa de paro alineada con la media europea.

Guía la acción del Gobierno

La titular de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha señalado que la agenda es «ambiciosa y realista» y se trata del tercer eje de la política económica del Gobierno, junto a la política fiscal «responsable» y las políticas sociales. Calviño ha explicado que esta Agenda del Cambio ha guiado la acción del Gobierno «desde el primer día», ha vertebrado distintas medidas para decidir el modelo de crecimiento a medio y largo plazo. «No hay tiempo que perder para sentar las bases de un crecimiento sostenible e inclusivo a nivel económico, social y medioambiental», ha apostillado.

Para impulsar la transición ecológica se acometerán actuaciones para conseguir un marco regulatorio adecuado. En este punto, afirmó que la Ley contra el Cambio Climático y la transición energética, el Plan Nacional de Energía y Clima, y el Plan Nacional de movilidad sostenible están alineadas con los objetivos de largo plazo de España en la lucha contra el cambio climático y contribuirán a reducir las emisiones en un tercio para 2030 y aumentarán la participación de las energías renovables en el sistema eléctrico a un 70%. Así “se abrirá, al mismo tiempo, una oportunidad para la generación de nuevas orientaciones socioeconómicas, garantizando la transición justa».

Además, la Agenda del Cambio hace alusión a un Plan nacional integrado como principal instrumento para desarrollar la ley, estableciendo las sendas a seguir, definiendo el mix energético para el periodo 2021-2030 y dando certidumbre a los inversores antiguos y futuros. Otra de las reformas hace referencia a la regulación del autoconsumo compartido y simplificación de los trámites administrativos y técnicos para autoconsumir sin cargos.

El Gobierno afirma que no hay ningún país «más preparado» que España para afrontar la transición energética

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, reivindicó el impulso inversor en renovables que se dio en España hace una década ya que «nos ha permitido llegar a un cambio tecnológico en la primera línea» y ser el país «más preparado» del mundo para afrontar la transición energética. En este sentido, Domínguez aseguró que España «sí» que está preparada para «hacer el viaje» hacia la transición energética, que es «una transición imprescindible».

Así, subrayó que en el pasado se lamentaron las inversiones «muy caras» que se hicieron en renovables aunque consideró que ese paso que se dio en aquellos años «ha permitido al país llegar a un cambio tecnológico en primera línea«. «Hasta en la construcción de las catedrales góticas España llegó 100 años después», comparó Domínguez, advirtiendo que probablemente en esta transición energética «no haya ningún país más preparado que España».

Respecto a una posible prórroga de las medidas aprobadas en octubre para contener la espiral alcista de los precios de la luz, como la suspensión temporal por 6 meses del impuesto del 7% a la generación, Domínguez insistió en que deben ser evaluadas en conjunto con el Gobierno, junto «con otra serie de cuestiones de tipo fiscal». En este sentido, remarcó que el Gobierno está trabajando para dotar de los instrumentos y las condiciones que permitan bajar el precio de la electricidad, para lo que jugarán un papel determinante las renovables, aunque subrayó que no es una cosa que se pueda hacer de manera «inmediata».

Mientras, el presidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, consideró que la transición energética es el «mayor desafío» que ha tenido el sector «durante mucho tiempo» y advirtió que, como país, es comparable «al cambio de modelo que supuso el ingreso en el mercado común europeo». Así, pidió a todos los actores (reguladores, Parlamento, empresas, consumidores) «alinearse todos» en el proceso ya que al final el camino «será altamente productivo para la eficiencia y bienestar del país«. Sevilla valoró que el papel de Red Eléctrica, como operador del sistema, será «clave» en esta transición energética, con unos volúmenes de inversión estimados en unos 7.000 millones de euros de aquí a 2030.

40% de generación eléctrica renovable

Por otro lado, las fuentes renovables cubrieron el 40,1% de la producción eléctrica peninsular en 2018, lo que representa un incremento de 6,4 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior, según el avance del informe del sistema eléctrico de 2018 de Red Eléctrica (REE). En la estructura de la generación renovable, la eólica destacó con un peso del 49%, alcanzando el 19% en el mix eléctrico, seguida de la hidráulica (34%), que vio crecer su producción un 85% con respecto a 2017, la solar (11%), y el resto de tecnologías (5%).

La generación eléctrica peninsular sin emisiones de CO2 alcanzó en 2018 una cuota del 62,5%, frente al 57% registrado en 2017, lo que supone un incremento de 5 puntos porcentuales. El avance registrado en generación limpia se tradujo en un 15% menos de emisiones, recortándose de 63,8 millones de toneladas a 54,2 millones de toneladas. Este mayor peso de las renovables en la generación provocó la caída de los ciclos combinados y del carbón en el mix energético, con un descenso de un 22% y un 18%, respectivamente. La energía nuclear, con un 20,6% de la generación, se mantuvo como primera fuente en el mix energético, aunque seguida muy de cerca de la eólica (19%).

En el caso de la potencia instalada, las renovables representan un 46,7%, con un incremento del 0,8%. Destaca Canarias, donde la potencia eólica instalada ha pasado de 207 MW a 422 MW en 2018. Por su parte, la demanda de energía eléctrica alcanzó los 268.808 gigavatios hora (Gwh) el año pasado, con un crecimiento del 0,4% y registrando su cuarto año consecutivo de incrementos, después de la salida de la crisis económica. En el caso de la demanda eléctrica peninsular, se situó en el 2018 en los 253.495 GWh, también un 0,4% superior al ejercicio anterior. Descontando los efectos del calendario laboral y las temperaturas, la demanda creció un 0,3%.

En lo referente al recibo de la luz, el director de Regulación y Estudios para la Transición Energética, Luis Villafruela, indicó que 2018 se cerró con un incremento del 2,5% para un consumidor de la tarifa regulada (PVPC), después de que se registrará un precio del pool, que representa menos del 50% de la factura, por encima de los 64 euros por MWh, el segundo más alto registrado desde 2008.

El directivo de REE consideró que en el recibo de la luz, a pesar de ser «un tema muy mediático», a veces se confunde el precio de la energía en el mercado con el precio que paga el consumidor doméstico en su factura. En lo que respecta al consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas, en 2018 descendió un 1,8% respecto al ejercicio anterior. Una vez deducidos los efectos del calendario laboral y las temperaturas, el consumo de estas empresas fue un 1,3% inferior.

Teresa Ribera cree que el conflicto con la banca por la indemnización del almacén de gas Castor «acabará judicializado»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado sus sospechas de que el conflicto con el Banco Santander, CaixaBank y Bankia por el almacenamiento subterráneo de gas Castor «acabará judicializado», dada la complejidad jurídica del caso. Así se pronunció la ministra sobre la demanda de las 3 entidades financieras contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para el cierre del almacén submarino de gas Castor.

«Dada la complejidad jurídica de estos momentos, con la sentencia del Tribunal Constitucional, con las sentencias del Tribunal Supremo, con la dificultad para poder abordar la recuperación de todo aquello, pues sospecho que acabará judicializado», señaló. En el recurso, presentado el 4 de enero ante el alto tribunal, los bancos solicitaban la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado más los daños causados por dicha inversión, que realizaron al hacerse cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacén a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS.

Ribera ha explicado que en la primera fase el Gobierno se centra en el taponamiento definitivo del almacén: «En los años por venir, no vamos a necesitar mayor capacidad de almacenamiento y no se necesita ese emplazamiento«. «La primera decisión es decir públicamente que aquello pasa a la historia; y la segunda, evidentemente, es garantizar con la máxima seguridad un proceso de progresivo desmantelamiento», añadió.

Sobre el apagón nuclear, que el Ministerio abordó con las principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, Ribera ha señalado que el desmantelamiento de las centrales debe ser solvente y sólido, con un calendario ordenado sin idas y vueltas que generen «incertidumbres». «Fue una reunión interesante, no será la última ni con ellos ni con otros actores. El mensaje fue claro y conciliador», ha sostenido, y ha añadido que el Gobierno no es quien debe decir cuándo se cierran las plantas, ya que esto es una decisión que debe tomar cada central, según la ministra.

Preguntada por una hipotética subida de la tasa a las eléctricas si falta dinero para desmantelar las nucleares, Ribera ha sostenido que Enresa es quien se debe pronunciar al respecto, sobre «cómo hacer un planteamiento de seguridad de gestión de residuos radioactivos que repase todos los elementos de esa seguridad, incluyendo la disponibilidad de recursos financieros para actuar con seguridad». La ministra señaló que el objetivo es que España reduzca las emisiones en un 20% en 2030 con respecto a 1990, porque es el único escenario que permitiría llegar a las cero emisiones en 2050. «Son 37 puntos en poco más de una década», resaltó.

La factura de la luz se encarece un 6,47% en enero

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Europa Press.– Un consumidor doméstico medio pagará 74,37 euros en su factura de la luz de enero, por lo que esta factura se incrementó en un 6,47% respecto a los 69,85 euros de enero de 2018, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 4,52 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que solía emplear el antiguo Ministerio de Energía, el de un consumo de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio asegura que se corresponde con el de una familia española media con dos hijos. De los 74,37 euros abonados en los 31 días de enero del 2019, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de enero, 43,09 euros obedecen al consumo, 2,99 euros al impuesto eléctrico y 12,91 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

El mercado sube un 24%

Este encarecimiento frente a hace un año en el recibo está motivado principalmente por la subida registrada en el precio medio del mercado eléctrico español, que ha cerrado enero en los 62 euros por megavatio hora (MWh), un 24% más que hace un año. Con respecto al pasado diciembre, el precio del pool se mantiene prácticamente estable, cuando cerró en los 61,8 euros en el último mes del año pasado.

Esta diferencia de precios en el mercado mayorista de la electricidad de un año para otro está motivada, principalmente, por el impacto del encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, que se disparó desde mayo y que, a pesar del aumento de la producción de las renovables en meses como este enero, especialmente en las últimas semanas, no ha permitido abaratar sensiblemente el precio.

Eso sí, la factura dela luz de enero respecto al mes anterior, diciembre, fue un 0,37% más barata dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,40 euros en enero de 2019 respecto a los 2,41 euros de diciembre de 2018. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses (28,29,30 o 31) a efectos de garantizar la homogeneidad estadística

Así, en términos mensuales, en enero se vuelve a recuperar la tendencia a la baja, que se vio cortada en diciembre y que se había iniciado en los meses de octubre y noviembre, poniendo así fin a la espiral alcista en que se estaba inmerso en el recibo de la luz desde mayo. En octubre, el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó diversas medidas para contener esta subida en los precios de la luz, entre ellas la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

El déficit del sistema eléctrico asciende a 1.174 millones de euros hasta noviembre, 809,8 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.174 millones de euros hasta noviembre, 809,8 millones menos de lo previsto, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El regulador señaló que este resultado de liquidación se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional de los sistemas extrapeninsulares en 417,9 millones de euros, y de la retribución de la actividad de la distribución en 270 millones de euros. Por otra parte, la demanda en consumo registrada en esta undécima liquidación (208.384 GWh) es un 1,8% superior al valor promedio observado en años anteriores. Esta demanda en consumo declarada representaría el 86,2% de la prevista para el conjunto del ejercicio 2018 y tiene un valor ligeramente superior al promedio registrado en la serie histórica de las liquidaciones de los ejercicios 2015 a 2017 (84,8%).

Dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que se ha situado en el 91,16% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. En relación con la demanda, a mediados de 2018, el mercado eléctrico estaba compuesto por 29,3 millones de puntos de suministro, suministrados en el 39% (11,3 millones) por un Comercializador de Referencia (mercado regulado) y en el 61% (18 millones) por un comercializador en el mercado libre.

Asimismo, se han liquidado 63.660 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en el ejercicio 2018 (desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre) asciende a 6.590 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente). Como consecuencia de dichos desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el Coeficiente de Cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 758,5 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

La liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado asciende a 67,1 millones de euros antes de impuestos. En la fecha de cierre de la liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación 11/2018 asciende a 5,9 millones de euros (antes de impuestos).

En cuanto al sistema gasista, el total de ingresos liquidables declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ha sido de 2.417 millones de euros, un 5,2% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior, debido al incremento de los ingresos por facturación del peaje de transporte-distribución. Para 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la Orden por la que se establecen los peajes del sistema gasista, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén Castor.

En esta undécima liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas es de 2.513 millones de euros, un 1% superior a la del año anterior. El déficit en términos de caja fue de 342 millones de euros frente a un déficit de 434 millones de euros en el ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 21,2%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 86,4% de la retribución acreditada.

La demanda nacional de gas en 2018 ha sido de 281 TWh. Esta cantidad es 2,5 TWh superior a la del mismo periodo de 2017, lo que supone un incremento del 0,9%. Por otra parte, el número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras de gas fue de 7,88 millones, con un aumento interanual de 86.261 consumidores (+1,1%), de los que 1,59 millones se suministran con tarifa de último recurso.