El Gobierno destinará 1.000 millones al impulso del vehículo eléctrico hasta 2025 para que alcancen los 5 millones en 2030

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Europa Press.- El Gobierno lanzará un plan de impulso a la movilidad eléctrica con un importe total de 1.000 millones de euros entre 2021 y 2025, según las cifras recogidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que contempla que el parque español de vehículos eléctricos alcanzará 5 millones de unidades en 2030.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica señalaron que para impulsar el vehículo eléctrico en la movilidad sostenible el plan prevé dotar de unos 200 millones de euros anuales a este objetivo durante el periodo 2021-2025. De esta manera, en esos 5 años, en que se considera que es necesaria una mayor ayuda para su desarrollo, se destinarán un total de 1.000 millones de euros. El Ejecutivo estima que el número de vehículos eléctricos en el parque automovilístico español se disparará en el horizonte de 2030 hasta los 5 millones, según el PNIEC, que contempla medidas de apoyo para lograr este objetivo de movilidad sostenible.

El documento prevé que la presencia de las renovables en el sector de la movilidad-transporte alcanzará al final de la próxima década el 22% por medio de la electrificación, con esos 5 millones de turismos, furgonetas, autobuses y motos, en torno al 16% del parque móvil en 2030, y el uso de biocarburantes avanzados. Actualmente la presencia del vehículo eléctrico en el parque automovilístico apenas supera las 36.000 unidades. Estas cifras ambiciosas del Gobierno también chocan con las previsiones de otros sectores, como el petrolero, que augura para el vehículo eléctrico un millón de unidades en 2030, representando un 4-5% del parque total de automóviles.

El plan del actual Gobierno prevé que el sector de la movilidad y transporte reduzca sus emisiones en 28 millones de toneladas de CO2 equivalentes en el periodo 2021-2030. Para alcanzar ese periodo se apuesta por un cambio modal que, según las estimaciones, implicará que el 35% de los pasajeros-kilómetro que se cubren mediante vehículos convencionales de combustión sean realizados sin emisiones. A este respecto, el Ejecutivo prevé acompañar al sector automovilístico en el proceso de descarbonización durante la próxima década. De hecho, ya se trabaja en el Acuerdo Estratégico del Sector de la Automoción, que determinará la colaboración público privada para impulsar el sector.

En este sentido, también se ha fijado un Plan de Apoyo Integral al sector de la automoción 2019-2020 dotado con 562 millones de euros para fomentar acciones de movilidad sostenible y conectada. Además, para aprovechar las oportunidades que brinda la nueva movilidad para el sector del automóvil, el Gobierno trabajará para facilitar su adaptación a las nuevas tecnologías y a las demandas de los ciudadanos y se pondrán en marcha, junto con el Ministerio de Industria y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, como instrumentos de apoyo a la I+D+i en el área de la automoción, o un plan de acompañamiento al sector.

También se creará una Mesa de la Movilidad como órgano de reflexión y asesoramiento, con la participación de todos los agentes implicados. De forma paralela, el Gobierno elaborará una Estrategia de la Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada que dará respuesta a los retos derivados del previsible crecimiento de la movilidad en los próximos años, a la desigualdad a la hora de acceder a modos de transporte más limpios, a la innovación y transformación digital en el transporte, y a la necesidad de una mejor planificación y eficiencia de las inversiones destinadas a infraestructuras de transporte.

Además, el anteproyecto de Ley elaborado por el Ministerio, puesto que casi el 70% de las emisiones de CO2 se produce en las ciudades, insta a los municipios de más de 50.000 habitantes a fomentar la introducción de medidas de lucha contra el cambio climático, entre otras, la creación de zonas de bajas emisiones, no más tarde de 2023; la puesta en marcha de medidas para la mejora y uso de la red de transporte público y su progresiva electrificación.

Igualmente, el anteproyecto de Ley, manteniendo lo que figuraba en el borrador, recoge que, para facilitar el despliegue de los nuevos vehículos limpios, las grandes instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos, aquellas que en el 2018 tengan un volumen agregado de ventas de gasolina y gasóleo superior o igual a 5 millones de litros, deberán contar con al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kw.

A este respecto, fuentes de Transición Ecológica estiman que esta medida afectará a unas 1.000 estaciones de servicio localizadas en centros de población con gran actividad, que representan en torno al 9% de la actual red de gasolineras. En lo que respecta a la inversión, consideran que el coste de un punto de recarga de 22 kw asciende a unos 31.000 euros, por lo que el montante total de introducir, al menos un punto de recarga por gasolinera, será de unos 31 millones de euros.

También se prevé que el sector del transporte marítimo y puertos reduzca paulatinamente sus emisiones, con un objetivo de cero emisiones directas en los puertos de competencia del Estado para el 2050. Para ellos se promoverá, entre otras medidas, la articulación y consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en puertos, de forma que se reduzcan las emisiones.

El Gobierno estima que el recibo de la luz antes de impuestos bajará un 12% en el horizonte 2030

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Europa Press.- El Gobierno estima que el recibo de la luz bajará un 12% antes de impuestos en 2030 respecto al precio actual debido a las medidas para la descarbonización que se incluyen en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

En concreto, la previsión es que, a partir de 2030, el precio medio de la luz descienda por la entrada masiva de renovables, al ser tecnologías baratas y competitivas, lo que favorecerá a los hogares de menor renta y, especialmente, a los colectivos vulnerables. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica indicaron que esta rebaja en el recibo de la luz sería mayor si se incluyera un paquete de fiscalidad en el que ya se está trabajando con el Ministerio de Hacienda. «Pero aún no hay medidas fiscales concretas», añadieron.

El Gobierno complementará el conjunto de medidas recogidas en el Marco Estratégico de Energía y Clima con la Estrategia contra la Pobreza Energética, en fase de elaboración. En este sentido, las mismas fuentes señalaron que se está trabajando también en decidir «un nuevo bono social» energético, cuando actualmente existe el eléctrico y se creó el térmico en 2018, que podría ir en la línea de un bono «multicombustible y que sea lo más elástico posible«, en la línea del que existe en países de nuestro entorno como Portugal o Francia.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, admitió que las inversiones, pese a ser inmediatas tras la aprobación del plan, tienen un cierto retraso hasta que se hacen visibles. Por ello, ha explicado que estas inversiones comenzarán a ser «claras» a partir del año 2025, fecha a partir de la cual el efecto exponencial de las inversiones supondrían una rebaja «aún más pronunciada». Además, esta hoja de ruta del Gobierno a 2030 hacia la descarbonización prevé unos efectos macroeconómicos que pasan por una movilización de unos 236.000 millones de euros en la próxima década.

El 80% de estas inversiones se realizarán por parte del sector privado. El 20% restante, unos 47.000 millones, serán inversiones de las distintas administraciones públicas, que actuarán como palanca de la financiación privada y que se centrarán, fundamentalmente, en ayudas de ahorro y de eficiencia energética. Asimismo, la menor importación de combustibles fósiles, especialmente petróleo y carbón, y la progresiva penetración de las energías renovables mejorará la dependencia energética del exterior en 15 puntos porcentuales, pasando del 74% en 2017 al 59% en 2030, lo que mejorará la seguridad energética nacional y la balanza comercial.

En concreto, la reducción de las importaciones se cuantifica en 75.379 millones de euros en la próxima década respecto al escenario tendencial, es decir, sin las medidas que plantea el plan. Como resultado de las inversiones previstas, el ahorro energético y los cambios en el mix energético, el PIB aumentará entre 19.300 y 25.100 millones de euros al año entre 2021 y 2030, en torno a un 1,8% en 2030.

En lo que respecta al empleo, se generarán entre 250.000 y 364.000 nuevos puestos de trabajo netos anuales, un aumento del 1,7% en 2030, según ha detallado Ribera. Las inversiones en renovables serán el principal motor de generación de empleo: entre 102.000 y 182.000 nuevos puestos netos anuales. Le siguen las acciones vinculadas al ahorro y la eficiencia energética, especialmente rehabilitación, que generarán entre 42.000 y 80.000 nuevos empleos anuales.

“Un paso adelante» para Aelec

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), integrada por Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP, considera que el Plan de Energía y Clima «supone un paso adelante en la transición energética» del país. Las principales compañías valoran «positivamente» la apuesta por la electrificación que suponen estas medidas como vía para alcanzar la descarbonización de la economía y la sociedad, avanzando así «en la dirección marcada desde la Unión Europea y establecida en los acuerdos de París».

Aelec destaca que este paquete «pone en valor la importancia de la energía eléctrica» ya que incrementa el peso de las energías renovables en el mix energético español, apostando por el desarrollo de la movilidad eléctrica y por la innovación tecnológica para seguir avanzando en los usos de la electricidad. Finalmente, esta asociación considera que estas medidas «deben servir para sentar las bases de un marco normativo estable, que ofrezca una rentabilidad razonable, y así dar señales claras que hagan posible las cuantiosas inversiones que habrán de acometerse para llevar a cabo la transición energética».

Endesa ve bien que el Gobierno contemple como mínimo 3 GW de energía nuclear operativos más allá del 2030

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Europa Press.- Endesa afirma que, en principio, le «suena bien» el Paquete de Energía y Clima anunciado por el Gobierno. Fuentes de la compañía indicaron que el programa de descarbonización de la economía española «está en el ADN» del plan estratégico presentado por Endesa, en el que prevé elevar sus inversiones hasta los 5.500 millones de euros, aumentando así su gasto de capital neto (capex) entre los años 2019 y 2021 un 10% respecto a su anterior plan.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno prevé que en 2030 todavía haya operativos en el mix eléctrico algo más de 3 gigavatios (GW) de energía nuclear y un cierre ordenado de estas plantas. El plan del Gobierno pasa por ir cerrando las plantas nucleares, los 7 reactores actualmente existentes, que suman más de 7 gigavatios (GW), por orden de antigüedad. De esta manera, entre el periodo 2025 y 2030 se producirían los cierres de los reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes, llegando al periodo 2030-2035 abiertas las centrales de Asco II, Vandellós y Trillo.

Endesa ha apostado por mantener la operación de las centrales nucleares a largo plazo, en adecuadas condiciones de rentabilidad y asegurando siempre que estas instalaciones cumplan los más elevados estándares de seguridad establecidos en la regulación nacional e internacional. La compañía controlada por Enel defiende alargar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años para garantizar la transición energética a 2050, al considerar que no hay otra alternativa y garantizar la seguridad de suministro, un precio competitivo de la electricidad y ayuda a reducir las emisiones.

En el caso del carbón, el plan estima una horquilla de su presencia en el mix eléctrico de entre 0 y 1,3 GW en 2030. No obstante, el Ejecutivo no prevé que las centrales térmicas de carbón, de las que a partir de 2020 quedarán 5 (Litoral, As Pontes (Endesa), Los Barrios (Viesgo), Soto de Ribera y Aboño (EDP), de las 14 existentes, alarguen su vida en el mix más allá de ese horizonte ya que irán cerrando «de una manera natural» al no ser competitivas por razones de mercado.

La hoja de ruta también apuesta por el impulso de las energías renovables en la próxima década como uno de sus principales vectores. Para el año 2030, se prevé una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157 GW, de los que 50 GW serán energía eólica; 37 GW solar fotovoltaica; 27 GW ciclos combinados de gas; 16 GW hidráulica; 8 GW bombeo; 7 GW termosolares, y los 3 GW de nuclear. En lo que respecta al almacenamiento, destaca el alza de las tecnologías de bombeo y baterías, con una potencia adicional de 6 GW, aportando una mayor capacidad de gestión a la generación.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que estos objetivos, pese a ser «ambiciosos», son «plenamente factibles» y se encuentran en línea con los compromisos adquiridos en 2015. Según Ribera, este impulso a las renovables supondrá una reducción de entre el 20% y el 21% de las emisiones respecto a 1990 (España está 18 puntos porcentuales por encima de esa referencia). Asimismo, se prevé alcanzar un 42% de energías renovables sobre el uso de energía final del país, un objetivo 10 puntos porcentuales más ambicioso que el 32% de la Unión Europea, mientras el porcentaje de renovables en el mix eléctrico de 2030 será del 74%. También supondrá un aumento de casi el 39% de la eficiencia energética.

Las medidas contempladas en el PNIEC permiten pasar de los 340 millones de toneladas de CO2 equivalente emitidos en 2017 a 226 millones de toneladas de CO2 en 2030, por lo que al término de la década dejará de emitirse una de cada tres toneladas. En el caso de los denominados sectores difusos (residencia, transporte, agricultura, gases fluorados e industria no sujeta al comercio de emisiones), la reducción de emisiones será del 38% respecto al año de referencia para los objetivos europeos, el de 2005. Por su parte, los sectores sujetos al comercio de emisión verán reducidas sus emisiones en un 60% respecto a 2005.

La generación eléctrica será la que más reduzca su nivel de emisiones, con 44 millones de toneladas de emisiones de CO2 entre 2021 y 2030. Le sigue el transporte, responsable en 2017 del 26% de las emisiones. Reducirá sus emisiones en 28 millones de toneladas entre 2021 y 2030. La ministra considera que la materialización de esta propuesta «permitirá a España alcanzar los objetivos comprometidos» con la Unión Europea, ya que se trata de un borrador «sólido, solvente y denso», cuya tramitación supone «la reforma estructural más importante para el país en las próximas décadas».

Por otro lado, Ribera confía en que el Marco Estratégico de Energía y Clima contará en su tramitación legislativa con un «respaldo mayoritario» del Parlamento «esté quien esté» así como de los ciudadanos porque, a pesar de la disolución de las cámaras, «no es un brindis al sol». Así, en el caso particular de España, no encuentra «ningún motivo» por el que se deba retrasar el debate cuando hay propuestas «detalladas, congruentes, solventes» y se priven de ese debate público.

El Marco Estratégico de Energía y Clima se encuentra ahora en consulta pública, hasta el 22 de marzo, de modo que será el próximo Ejecutivo, elegido tras las elecciones del 28 de abril, a quien le corresponderá su tramitación. Fuentes del Gobierno han precisado que la voluntad de Ribera ha sido dejar todo preparado como base para el próximo Gobierno.

«Este es un tema capital para los ciudadanos europeos», ha apostillado la ministra, que define la agenda de cambio climático como «modernizadora, llena de oportunidades y compleja» porque requiere deshacer aquellas cuestiones del modelo de desarrollo que generaban externalidades negativas y que no se quieren mantener. Por eso, explica que «tomarse en serio» esta propuesta no puede ser solamente puntual, sino sectorial, y expone una iniciativa «seria, bien trabajada» y que identifica “las medidas que pueden acompañar a este cambio».

A nivel global, la ministra cree que esta es «probablemente la única agenda» que se ha movido en Europa «sin ningún tipo de marcha atrás» y del mismo modo se está moviendo en las sociedades, los estudiantes y los jóvenes. «Esto no tiene vuelta atrás», ha sentenciado. Asimismo, ha garantizado que el paquete aprobado es un borrador «muy sólido» que incluye más de mil variables contrastadas y que permitirá iniciar una tramitación «muy importante» en España, por lo que ve «fundamental» el debate público después de que haya estado «silenciado».

Ahora la ministra cree que es «capital» que participen todos los actores en el debate y discusión de la redacción definitiva de esta senda que es la más coste-eficiente. Para ello, ha indicado que la debatirá y explicará «con tranquilidad» a todos los diputados, consejeros de comunidades autónomas, con los que ya ha empezado a fijar citas, y que se celebrarán distintos foros para «mejorar y enriquecer» la propuesta que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones de España pero aprovechar para el país las oportunidades que este proceso tiene.

El Gobierno prevé destinar 422 millones a un plan de acción urgente para la transición del carbón y las nucleares

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Europa Press.- El Gobierno tiene previsto destinar un total de 422 millones de euros a un Plan de Acción Urgente para abordar los desafíos a corto plazo planteados por la transición energética en comarcas mineras y en zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas o plantas nucleares sin planes de reconversión.

Según explicaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, este plan forma parte de la Estrategia para la Transición Justa que aprobó el Consejo de Ministros, dentro del paquete de energía y clima del que también forman parte la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Este plan, para el periodo 2019-2021, tiene como fin abordar esos desafíos a corto plazo planteados por el cierre de minas, de centrales térmicas que no han realizado inversiones o no las realizarán para continuar con su actividad más allá de 2020 (9 de las 14 existentes en España) y de centrales nucleares sin planes de reconversión, como las de Garoña y Zorita.

En concreto, el plan recoge un importe de 158 millones de euros a 5 años para la restauración de las minas y el plan de eficiencia y energías renovables, con el fin de mantener el empleo en los territorios afectados, que está previsto que pueda implementarse en junio. Asimismo, cuenta con otros 134 millones de euros procedentes de acuerdos de los fondos Miner no utilizados cuyo destino es dar apoyo a los municipios afectados, también con una vigencia de 5 años. Además, se contempla otra partida de 130 millones de euros cuyo fin serán los convenios de transición justa para todos los territorios afectados, con una vigencia de 3 años.

No obstante, parte de estas partidas estarían pendientes de los resultados de las urnas en abril, ya que se cuenta con unos presupuestos prorrogados y, en el caso de los convenios de transición, sus firmas no se empezarían a producir antes. Además, el Gobierno que salga de esa cita electoral deberá decidir si esta Estrategia Justa diseñada por el actual Ejecutivo y en la que trabajan conjuntamente otros ministerios como los de Industria, de Trabajo y de Economía, sigue adelante en esos términos, ya que lo aprobado en Consejo de Ministros es un borrador. El nuevo Gobierno que surja de las urnas podría, si así lo desea, volver a iniciar su tramitación parlamentaria e introducir los cambios que considere oportunos.

Impacto en otros sectores industriales

Con todo, las mismas fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica subrayaron que «una parte» de este Plan de Acción Urgente «ya está hecha». El Gobierno de Pedro Sánchez planea así lanzar una Estrategia de Transición Justa, siendo el primer país del mundo en tenerla, que aborde los desafíos de una transición energética que, a pesar de que generará unas ganancias netas de empleo en torno a más de 300.000 puestos de trabajo hasta 2030 según las estimaciones del Ejecutivo, producirá también impactos negativos, sectoriales y territoriales a corto plazo.

El Ejecutivo también quiere prestar especial atención a los posibles efectos de la transición energética en sectores industriales clave para España como el del automóvil o la industria electrointensiva. En el sector del automóvil, con un objetivo de reinventarse en un camino hacia un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones de CO2 hacia ese horizonte de 2050 y con una fecha límite recogida en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático de 2040 para la matriculación y venta de este tipo de coches (diésel, gasolina e híbridos), se trabaja en «un acuerdo estratégico» con el fin de que las empresas españolas estén mejor situadas y se pueda mantener parte de ese empleo industrial “fabricando coches emisiones cero».

La estrategia incluye también las áreas que ofrece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con mayores oportunidades de creación de empleo, como son la rehabilitación, las renovables (subastas, repotenciación, promoción, autoconsumo), así como el desarrollo del almacenamiento, la movilidad eléctrica, el biometano o el hidrógeno. Además, hace especial énfasis en la creación de empleo verde en el mundo rural, en sintonía con la Estrategia Española contra la Despoblación a través del impulso de energías renovables como biomasa o biogás. El objetivo del actual Gobierno es que esta estrategia sea revisable cada 5 años, con el fin de realizar tras esos periodos de tiempo una evaluación del impacto de la transición sobre el empleo.

Sánchez plantea la hoja de ruta hacia la descarbonización en 2050, con 300.000 nuevos empleos y 237.000 millones de inversión

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el paquete de energía y clima para ser una «brújula» que logre una España descarbonizada al 100% para 2050, un periodo en el que estima que se crearán al menos 300.000 nuevos empleos.

En este sentido, el presidente ha mostrado su compromiso con la agenda 2030 y la lucha contra el cambio climático y confía en que, con el Paquete de Energía y Clima, España sentará las bases para modernizar su economía y erigirse en líder de las energías y tecnologías limpias en la próxima década. Así, ha insistido en que este proceso se realizará «sin dejar a nadie atrás» porque el crecimiento será inclusivo, mediante el fomento del empleo, el desarrollo del medio rural, la justicia social y la mejora de la salud y el medio ambiente.

Para ello, ha precisado que el paquete de energía y clima está compuesto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, junto con el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y la Estrategia para una Transición Justa. En este marco confía en que esta hoja de ruta permitirá de aquí a 2030 desplegar inversiones de colaboración pública y privada por un valor estimado de 237.000 millones de euros y ha adelantado que los nuevos empleos, más de 300.000, fundamentalmente estarán ligados a servicios, industria y construcción, al tiempo que se fomentará el empleo de jóvenes, parados de larga duración y mujeres.

De estos, el Gobierno calcula que mediante las inversiones en renovables en el sector eléctrico se generarán de 99.000 a 172.000 empleos en la próxima década distribuidas en un 18% para la industria manufacturera; el 15% para la construcción, el 13% para comercio y reparación del sector renovable. Mientras, las inversiones en ahorro y eficiencia generarán entre 42.000 y 80.000 empleos, de los que 28.000 corresponden a rehabilitación energética. Asimismo, Sánchez ha vaticinado que las renovables irán aumentando su cuota hasta alcanzar un sistema 100% renovable en 2050, con un cierre escalonado de las centrales de carbón y nucleares y «pronto» se reforzará el autoconsumo.

En cuanto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Sánchez asegura que proporcionará un marco normativo estable, seguro y cierto sobre el que desarrollar este proceso de cambio. «No proponemos nada caprichoso, sino algo posible y en línea con lo que pide la Unión Europea», asegura Sánchez, que desgranó algunas medidas como el fin de la matriculación y venta de vehículos emisores de CO2 en 2040; que en 2030 el 42% de la energía total será de origen renovable, lo que supone, a su juicio un «despliegue sin parangón» de las renovables que dará, a su vez, oportunidades de que el empleo se extienda a las áreas rurales y favorecer así la repoblación.

Además, el paquete normativo del Gobierno prevé aumentar la generación eléctrica mediante renovables pasando del 40% actual al 74% en 2030 y al 100% en 2050, meta que permitirá cumplir los compromisos asignados por la Unión Europea y rubricados en el Acuerdo de París. Para ello, el Ejecutivo presentará un calendario de subastas previsibles que garantizarán una retribución adecuada y una hoja de ruta para el desarrollo de redes, sistemas de almacenamiento y gestión que permitan una adecuada integración en el sistema. Además, destacó la apuesta decidida por la eficiencia energética, con el objetivo de mejorar en 75.000 millones de euros acumulados la balanza comercial del país hasta 2030, «lo que da idea de la oportunidad que supone para España».

En el plan de Energía y Clima, España expone sus objetivos y estrategias para cumplir con sus compromisos de Estado comunitario y adoptados a consecuencia del Acuerdo del Clima de París, que pasan por reducir en 2030 un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, para lo que las emisiones actuales deberán reducirse cerca de un 40% y que el sistema eléctrico deberá ser 100% renovable en 2050. Otras de las medidas planteaban una fiscalidad verde, la exigencia de que el Gobierno no pueda invertir en proyectos que estén relacionados con los combustibles fósiles y la prohibición de dar cualquier tipo de subsidios a estos sectores.

El conjunto normativo establecerá también por primera vez un sistema con indicadores de impactos y de evaluación de la aplicación de estas políticas en el marco del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que aprobó el Consejo de Ministros. Todo ello irá acompañado de la Estrategia de Transición Justa, la que ha definido como la tercera pieza normativa para que «nadie se quede atrás» y que «demuestra» el compromiso del Gobierno con los sectores y regiones más vulnerables. Sánchez ha augurado que este proceso traerá importantes beneficios pero provocará también «ciertos desajustes«, sobre todo a las comarcas vinculadas a los combustibles fósiles.

Al respecto ha adelantado que la Estrategia incluye convenios de colaboración para las comarcas sujetas a cierres de las térmicas y de las centrales nucleares para que «al final» el impacto sea «cero». Estas medidas se acompañarán de ayudas europeas «cuando sea posible» e incentivos fiscales y subvenciones. «Estamos abriendo las puertas a ese futuro, estamos asomándonos a ese mundo de prosperidad compartida. Tenemos listas las herramientas para trazar el camino y recorrerlo con certidumbre y confianza. Estamos preparados para la transición a una economía limpia, sostenible, moderna y algo importante para nosotros, equitativa. Y vamos a recorrerlo juntos. Sin más tardanza. Llevamos mucho tiempo esperando este momento», ha concluido.

Al acto asistieron también el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el presidente de Enagas, Antonio Llardén; el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas; el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales y el presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, entre otros representantes del sector empresarial. Al mismo tiempo han estado también presentes representantes del ámbito ambiental, de las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF.

Sánchez certifica el 2040 como fecha límite para la venta de coches que emitan CO2 mientras Ribera reivindica su trabajo

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Europa Press.- Mientras la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pide mantener el debate sobre su propuesta para la transición ecológica tras las elecciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático recogerá 2040 como fecha límite para permitir la matriculación y venta de coches que utilicen combustibles que emitan CO2 (diésel y gasolina e híbridos), ya que el objetivo será llegar a 2050 con un parque de turismo y vehículos comerciales ligeros descarbonizado.

En la presentación del paquete de medidas de energía y clima, con el que el Ejecutivo quiere sentar las bases para la modernización de la economía española y posicionar España «como líder en las energías y tecnologías limpias» que dominarán la próxima década, Sánchez afirmó que no se está «proponiendo nada caprichoso, sino necesario». El presidente del Gobierno aseguró que este objetivo de un parque de vehículos sin emisiones constituye «una enorme oportunidad» para la industria automovilística, que debe «liderar este cambio». «Es una industria importantísima para nuestro país», subrayó.

Así, afirmó que es necesario «adoptar un marco claro» para que sea la industria del automóvil en España, «la que está ubicada en nuestro país y nuestros trabajadores, la que se beneficie de esta ola de cambio». Desde que se conoció el borrador de anteproyecto de la Ley, en el que venía ya recogida esa fecha límite de 2040, tanto el sector del automóvil como las petroleras han rechazado esa prohibición al considerarla «excesiva» y que «socavaba los principios de libertad y progreso». Asimismo, el sector petrolero demanda que se respete la neutralidad tecnológica para abordar la transición energética, ya que el vehículo eléctrico no es una «solución única» para alcanzar los objetivos de descarbonización.

La ministra reivindica su propuesta

Por su parte, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, ha cuestionado la tardanza del Ejecutivo en presentar una norma de Cambio Climático que había prometido para antes del pasado mes de agosto. En su intervención, López de Uralde se ha cuestionado el por qué el Gobierno presenta este marco ahora, ya en campaña electoral, cuando «ha tenido 8 meses» para trabajar en el texto. El diputado preguntó, entonces, por posibles «presiones» de algunos sectores que hayan frenado que se aprobara esta nueva norma.

«No hay pactos ocultos, no hay manos negras», aseguró la ministra, quien ha indicado que su trabajo ha sido «serio» y, por tanto, ha incluido la transformación y la petición de cambios en otros departamentos como los de Energía, Agricultura o Educación, necesarios para «transformar el conjunto de la economía» del país. Según ha apuntado, este trabajo llega en la fecha «prevista» y pidió que su debate «se mantenga» para poder trabajar en el Congreso con el resto de grupos y se pueda «enriquecer». Así, ha llamado también a que este Plan del Ejecutivo socialista sea tenido en cuenta por el «siguiente Gobierno» y que éste cuente «siga con la secuencia» dejada por su Ministerio.

«El debate está lanzado la sociedad y la sociedad lo entiende. Y este paquete protagonizará el debate público que está por venir en los próximos meses», ha indicado, para señalar que este texto se llevará a la Cámara para su debate «en cuanto quede constituida a partir de las elecciones de abril». Durante su intervención, ha adelantado algunos puntos que han marcado la propuesta para la transformación ecológica y económica de España, como que se espera una creación anual de empleo de más de 200.000 personas, especialmente en sectores de la industria y la construcción, y ha asegurado que «reducirá los riesgos» de carácter ambiental.

«Es imposible pensar en cómo transformar económicamente el país si no contamos con un plan sólido y flexible para integrar las ventajas en el proceso», ha indicado, para añadir que «este es el propósito de la esta estrategia». También ha destacado que se ha contado con todos los marcos posibles, en cuanto a la implicación de las diferentes administraciones en políticas relacionadas con el cambio climático. Esta, según la ministra, también ha sido uno de los motivos que ha retrasado la presentación de esta iniciativa.

López de Uralde ha urgido un nuevo modelo energético «ambicioso» y ha reprochado a la ministra que no haya habido diálogo con los grupos sobre el calendario de cierre de centrales. En este sentido, ha acusado a la ministra de realizar un diálogo monodireccional con las eléctricas. El diputado de Equo también ha cuestionado a Ribera sobre el decreto ley del Gobierno que facilita el autoconsumo y le ha pedido que se apruebe en Consejo de Ministros. «Honestidad y claridad», exigió a la ministra, antes de recordar que tienen la «obligación» de dejar un planeta mejor a las nuevas generaciones.

La matriz italiana Enel relevará a Borja Prado como presidente de Endesa en la próxima junta de accionistas de abril

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Europa Press.- Borja Prado dejará la presidencia de Endesa, después de casi una década al frente de la compañía, en la próxima junta de accionistas de la compañía eléctrica, que se celebrará el próximo 12 de abril, día en el que se nombrará a un nuevo presidente.

Según indicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la italiana Enel, máximo accionista de Endesa con un 70,1% de su capital, ha informado al consejo de administración de la compañía de su intención de proponer una adaptación de la normativa interna a la limitación, por razones de buen gobierno corporativo, del período máximo en que una persona puede ejercer el cargo de presidente. Esta modificación supondría la propuesta de no reelección de Borja Prado como presidente de Endesa, tras 10 años en el cargo y 2 más anteriores como consejero, que será llevada al consejo de administración que celebrará la compañía el próximo 11 de marzo, así como la propuesta de los candidatos a consejero.

Enel ha subrayado que valora «muy positivamente la excelente trayectoria que ha seguido Borja Prado Eulate en el ejercicio de sus funciones como presidente de la compañía a lo largo de todo ese periodo». El actual consejero delegado de Endesa, José Bogas, que fue renovado en su cargo el pasado año, seguirá en su puesto. De esta manera, Enel buscará un nuevo presidente para Endesa, que todavía no ha sido decidido y no se sabe si mantendrá o no la condición de ejecutivo, que será nombrado en el consejo de administración que se celebrará en abril, el mismo día de la junta general de accionistas.

Prado, consejero de la compañía desde 2007, accedió a la presidencia de Endesa en 2009, relevando en el cargo a José Manuel Entrecanales, después de que la italiana Enel se hiciera con el 92% de la compañía tras adquirir a Acciona el 25% que poseía. A lo largo de estos años, Prado ha compartido la gestión con Rafael Miranda, consejero delegado en la época ya de Manuel Pizarro, con Andrea Brentan y con José Bogas.

Según adelanta El Confidencial, Borja Prado ha pactado con Enel su salida de Endesa con una indemnización que ascenderá a unos 13 millones de euros. En 2018, Prado percibió como presidente de Endesa 3,18 millones de euros en 2017. Además, el grupo realizó aportaciones por importe de 281.000 euros a sus planes de ahorro a largo plazo, que acumula fondos por 2,29 millones de euros.

Según consta en el informe anual sobre remuneraciones de Endesa, tanto en caso de mutuo acuerdo como de cese por voluntad de la empresa, el presidente de Endesa tendría derecho a recibir una indemnización cifrada en 2,86 veces su último salario anual, al margen de las cantidades acumuladas por pensiones y seguros, más otra de 0,95 veces la retribución anual en concepto de pacto de no competencia por dos años.

El déficit eléctrico asciende a 1.420 millones hasta diciembre, 899,7 millones menos de lo previsto, a falta de dos liquidaciones

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.420 millones de euros hasta diciembre del pasado año, 899,7 millones menos de lo previsto, según indicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

A pesar de ser la duodécima liquidación, esta cifra no es definitiva ya que, dado que las liquidaciones se realizan en función de los consumos y que el consumo total de un año no se conoce hasta dos meses después de haber finalizado el ejercicio, se producen 14 liquidaciones provisionales acumulativas a cuenta. Así, antes de diciembre de este año se efectuará la liquidación definitiva.

Este desajuste inferior a lo previsto, que sitúa el déficit provisional un 0,7% por debajo del mismo periodo del 2017, se debió, fundamentalmente, a la retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares, que fue 423 millones de euros inferior a lo previsto, y a la retribución de la actividad de la distribución, que resultó 294,5 millones inferior a lo previsto. El consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 228.166 gigavatios hora (GWh), un 1,6% superior al valor promedio observado en años anteriores. La CNMC indicó que esta demanda se estima que representa el 94,5% de la prevista para el conjunto de 2018.

Por otra parte, se han liquidado 63.650 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en 2018, asciende a 7.148 millones de euros (antes de IVA). Así, dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, con un resultado del 90,17%, que se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. Como consecuencia de aplicar el coeficiente de cobertura, resulta una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 447,3 millones de euros (antes de IVA).

Mientras, la liquidación provisional correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asciende a 72,6 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente. En la fecha de cierre de esta liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 5,7 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

En lo que respecta al sector gasista, el déficit provisional se situaba a cierre de diciembre en los 350 millones de euros, con una disminución del 9,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos liquidables declarados por las empresas al sistema liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones fue de 2.692 millones de euros. Esta cantidad es un 4,1% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior, debido al incremento de los ingresos por facturación del peaje de transporte-distribución.

Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la orden por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén Castor afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2017.

AsÍ, la retribución total acreditada a las empresas ha sido de 2.716 millones de euros, que es un 0,02% inferior a la del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 87,1% de la retribución acreditada. La demanda nacional de gas en 2018 facturada hasta diciembre fue de 315,6 teravatios hora (TWh) incluida carga de cisternas desde plantas (10,7 TWh). Esta cantidad es 1,6 TWh superior a la del mismo periodo de 2017, lo que supone un incremento del 0,5%.

Ribera defiende la neutralidad tecnológica, pero advierte que eso no significa «que valga todo» en el camino hacia la descarbonización

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Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defiende que en el proceso de transición energética hacia la descarbonización debe haber neutralidad tecnológica aunque advierte de que eso no debe significar «que valga todo» y que se deba permitir «hacer trampas en el solitario«. Ribera, tras señalar que la transición energética debe hacerse «con honestidad», afirmó que es «fundamental» estar abiertos» a la innovación, por lo que consideró que sí es necesaria la neutralidad tecnológica.

No obstante, aseguró que debe siempre primar el objetivo principal, que es la descarbonización, por lo que hay que tener claro que hay una obligación de llegar a unos resultados en materia de emisiones de CO2 de «cero». Ribera confirmó que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima recoge «las oportunidades de inversión, de empleo y de mejora de la balanza comercial» que representa esta transición energética, integrando los elementos «que nos hagan más fácil la toma de decisiones».

«El objetivo último es facilitar y demostrar que aquello que ponemos sobre la mesa es congruente con el objetivo marcado a 2050», afirmó, añadiendo que el texto, que es «complejo y sólido», suscitará «interés y debate», aunque pidió no caer en «la demagogia, el paternalismo y la política de avestruz». Así, afirmó que no es posible resolver «una ecuación tan compleja» como la de la hoja de ruta hacia la descarbonización «con una hoja Excel» y aseguró que el Gobierno propondrá «la senda más coste-eficiente«.

Ribera indicó que el paquete de energía y clima del Gobierno socialista es la base de una propuesta «congruente» para alcanzar ese objetivo de la descarbonización que es una obligación «aceptada y ratificada por unanimidad por el Parlamento». De todas maneras, la ministra se mostró flexible y subrayó que en esa transición energética «no hay nada escrito en piedra» y añadió que por el camino deberán «aprender todos». Por otra parte, la ministra valoró el papel que deben jugar las energías renovables en esta transición energética y destacó que, muestra de ello, es que las inversiones de este sector en España se han multiplicado por 7 en 2018, hasta alcanzar los 6.600 millones de euros.

El Club Español de la Energía (Enerclub), celebró sus XXIX Premios de la Energía, en los que fueron premiados los periodistas José María Camarero (Colpisa), Carmen Monforte (Cinco Días), Miguel Ángel Patiño (Expansión), Juan Cruz Peña (El Confidencial) , Laura Ojea (El Periódico de la Energía) y Stephen Dunne (ReNews). Además, se reconoció la trayectoria profesional de Maite Costa, expresidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y actual consejera de Red Eléctrica (REE).

Elvira Romera, Pilar Lucio, Francisco Castejón y José María Serena, propuestos como consejeros del CSN con el rechazo del PP

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Europa Press.- El PP se ha desmarcado de los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar 4 plazas del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuya negociación se achaca a PSOE, Unidos Podemos y PDeCAT, y ha acusado al presidente Pedro Sánchez de «abusar de su posición» en el poder hasta «el último minuto«. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de nombramientos de Elvira Romera Gutiérrez, Mª Pilar Lucio Carrasco, Francisco Castejón Magaña y Josep Mª Serena i Sender.

La propuesta responde a la voluntad del Gobierno de reflejar en la composición del pleno del regulador nuclear el actual reparto parlamentario. El Gobierno podrá nombrar a los candidatos mediante un decreto aprobado en el Consejo de Ministros. De acuerdo con el artículo 5 del Estatuto del CSN, el presidente y los consejeros serán designados entre personas «de conocida solvencia en las materias encomendadas al Consejo, como las especialidades de seguridad nuclear, tecnología, protección radiológica y del medio ambiente, medicina, legislación o cualquier otra conexa con las anteriores, así como en energía en general o seguridad industrial, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio».

Según refleja el Gobierno, Elvira Romera es catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Granada. Tiene una amplia trayectoria docente, investigadora y de gestión desarrollada desde 1992. Desde 2014, es directora del Instituto Universitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional. Pertenece, entre otros, al Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, a su Comisión de Investigación y al Consejo Asesor del PAIDI de la Junta de Andalucía.

Por su parte, María Pilar Lucio es diputada y portavoz de Energía del PSOE en el Congreso de los Diputados. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y master en Consultoría Estratégica de las Organizaciones y Estudios de postgrado en Gobierno y Administración Pública por la misma Universidad. Desde 2014 ocupa la Secretaria Federal de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE y se especializó en regulación energética y en la regulación de la seguridad nuclear y de la protección radiactiva.

Por su parte, Francisco Castejón, es propuesto por el grupo de Unidos Podemos. Es doctor en Física por la Universidad Complutense de Madrid. En CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) fue científico titular desde 2004 hasta 2015, año en que pasó a ocupar la posición de investigador titular. Actualmente es director de la Unidad de Teoría de Fusión y líder del proyecto Stellarator Optimization: theory, development and Engineering, dentro de EUROFUSION. Además, es el portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción.

En cuarto lugar, se propone a Josep Mª Serena, doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) y diplomado en Ingeniería y Gestión Ambiental por la Universitat Politècnica de Catalunya. Entre 1993 y 2018 fue presidente y consejero delegado de Auma Consultores en Medio Ambiente y Energía, y anteriormente ostentó diversos cargos en el Área Metropolitana de Barcelona y en la Corporació Metropolitana de Barcelona. Actualmente, preside la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña.

Los nuevos consejeros podrán permanecer en el cargo 6 años y podrán optar, mediante el mismo procedimiento, a un segundo periodo de igual duración. Los cargos de presidente y consejeros no pueden ser ostentados por personas mayores de 70 años. Precisamente, por edad cesó el 2 de febrero Jorge Fabra, quien sustituyó a Cristina Narbona cuando fue elegida presidenta del PSOE, y que desde finales de diciembre estaba en situación de prórroga. En la actualidad el presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, está también en situación de prórroga desde diciembre y otros dos consejeros desde finales de febrero. Se trata de la vicepresidenta, Rosario Velasco, y el consejero Fernando Castelló.

El PP contra el PSOE

Por su parte, el portavoz parlamentario popular en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha explicado que su formación «no ha participado» en la negociación de estos nombres y que el Gobierno de Sánchez ha preferido apoyarse en Podemos. Como resultado de estos acuerdos, según denuncia, la propuesta aprobada está formada por un grupo «claramente sesgado» y «prejuicioso» en materia de energía nuclear. En concreto, el diputado pone en duda la apuesta de los morados, el miembro de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, un antinuclear declarado. Mariscal ha recordado que en los 6 años que dura el mandato de los miembros del CSN, éstos deberán enfrentarse a la posibilidad de cierre o renovación de la vida activa de varias centrales nucleares.

El portavoz popular cree que esta decisión entra en la «línea habitual del PSOE» de «politizar las tecnologías«. Además, ha criticado que estas propuestas lleguen ante la “inmediata disolución» de las cámaras. «Sánchez está abusando de su posición hasta el último minuto», ha insistido. «Así que los candidatos serían elegidos con un Gobierno en funciones», ha lamentado Mariscal, que alerta de que con esta medida el PSOE ha «garantizado su presencia mayoritaria» en esta institución durante «los próximos 6 años».