El PP propone un pacto de Estado en materia de energías renovables y clarificar el mix energético con más planificación

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Europa Press.- El secretario general del PP, Teodoro García-Egea, ha propuesto la necesidad de impulsar un pacto de Estado en materia de energías renovables para que en España no se cambie el modelo «cada 4 años» porque eso no ofrece seguridad jurídica ni al inversor ni al consumidor. Además, ha defendido «clarificar el mix energético» y cuánto se quiere de cada energía.

García Egea ha afirmado que hay que «apostar por las energías renovables» y que «puedan competir en igualdad de condiciones con el resto de energías», sin que ello implique que «deban estar primadas». Por ello, el número dos del PP ha asegurado que «hace falta saber exactamente cuál va a ser el mix energético y no cambiarlo continuamente». A su entender, la mejor política sobre energía renovable a futuro pasa por «clarificar el mix energético».

García Egea ha indicado que la «baja planificación del mix energético ha perjudicado más al consumidor que a las grandes empresas eléctricas porque «en la factura existen unos costes indirectos que están claramente no relacionados con la cuestión eléctrica«. Por eso, ha defendido abrir un debate sobre quién debe pagar esos costes indirectos y que hacen que España no pueda competir con otros países con el precio de la electricidad. «A todo eso habría que darle una pensada y abrir un pacto de Estado en materia energética para que todos esos costes no fueran directamente a la factura eléctrica y pudiéramos aumentar la competitividad de la factura eléctrica», ha manifestado.

A renglón seguido, García-Egea ha recalcado que «claramente es necesario impulsar un pacto de Estado en materia de energías renovables». «Lo que hemos visto durante todo este tiempo es un ejemplo de cómo se recorta a futuro», ha apostillado. Además, ha dicho que el Gobierno socialista no tiene «clara» cuál es la política de electrificación del transporte y ha apostado por impulsar planes de mejora, de forma que el «vector eléctrico sustituya al vector de combustión», lo que hará que los costes fijos del sistema «se repartan entre más consumidores, consiguiendo abaratar la factura eléctrica».

García Egea ha criticado que el Gobierno haya pactado «sin consenso» la composición del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), llegando a un acuerdo con Podemos, un partido que quiere la «desnuclearización en España», y «sin saber cuál va a ser el mix energético». También ha censurado anuncios del Gobierno como acabar con el diesel «en 10 o 15 años» algo que, a su entender, puede llevar a una recesión industrial.

En cuanto al plan Madrid Central que ha impulsado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, García Egea ha afirmado que «todos» están a favor de reducir la contaminación y de que haya menos tráfico, pero ha criticado «la forma de la izquierda» para llevarlo a cabo, ya que, a su juicio, apuesta por la prohibición en vez de «más libertad, más productividad». En este sentido, ha señalado que la solución pasa por electrificar la economía, mejorar el parque móvil y dar facilidades a aquellos que tienen que moverse en la almendra central para que puedan entrar y salir «sin generar colapsos de tráfico». Además, ha defendido medidas como un plan de renovación de calderas de carbón para reducir la contaminación.

Ribera y el economista Nicholas Stern piden «acelerar» las medidas contra el cambio climático porque estamos en «una carrera contrarreloj»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el economista Nicholas Stern, presidente del Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente, advirtieron de que hay que «acelerar» las actuaciones para hacer frente al cambio climático, porque estamos en «una carrera contrarreloj».

En su intervención, la ministra ha señalado que «no es suficiente» lo que se ha realizado hasta ahora y hay que «activar los mecanismos» para «avanzar» en la «eficacia» del Acuerdo de París sobre el cambio climático suscrito en 2015, que presenta un plan de actuación para limitar el calentamiento del planeta por debajo de 2 grados. Además, se ha referido a la «ambiciosa, transformadora y eficiente» propuesta del Gobierno central en su Marco estratégico de energía y clima, que «requiere del esfuerzo de todos».

También ha hecho alusión al «impacto» que la revolución digital ha tenido más allá del sector. «Está transformando la humanidad», ha subrayado, para añadir que «la siguiente revolución es la ecológica», que tiene que permitir «reconciliar nuestras expectativas de patrón de bienestar con los límites de la naturaleza». Además, ha advertido de que «esa transformación no puede hacerse trampa a la hora de hacer las cuentas», porque «lo que conservemos será el patrimonio en el que podremos seguir construyendo el tiempo que queda por venir«.

Por su parte, Stern considera que «hemos entendido lo que hay que hacer» para enfrentarnos al cambio climático, pero «tenemos que acelerar mucho». En este contexto, ha urgido un «cambio radical» de la manera de innovar y «tomar decisiones ya, porque las inversiones para dentro de 20 años se están decidiendo ahora«. Además, ha lamentado que «no estamos siendo consistentes» con ese objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados, como contempla el Acuerdo de París, “sabiendo lo que nos jugamos».

Por otro lado, Stern ha abogado por «descarbonizar todos los nichos de la economía, lo que implica encontrar sumideros de carbono». A su juicio, hay una «buena base» para ello, pero necesitamos «capital humano, físico, natural y social y unirlos», así como «políticas diferentes» y «gestionar mejor nuestros mercados de capital», así como crear «redes de electricidad, de transporte, que no funcionarán sin la Administración», aunque ello no significa que «todo tenga que ser público«.

También ha abogado por «compartir rápidamente la información» sobre cómo afectan ambientalmente nuestras acciones y ha recordado que en Reino Unido anualmente mueren «más de 30.000 personas por contaminación atmosférica, más del 20% de las que lo hacen por accidentes de tráfico, y no hay un clamor público al respecto«. Stern también ha reflexionado sobre el hecho de que hay que ser «productivamente flexibles» y «proteger los ingresos de la gente pobre y a los países pobres y utilizar el mercado del carbono para ello».

Europa debe unirse a Asia

Por otra parte ha destacado que «las grandes instituciones financieras deberían decir donde están canalizando sus fondos desde el punto de vista del riesgo climático, en tecnologías antiguas y peligrosas o en nuevas tecnologías». «Todos deberíamos ser capaces de saber eso no solo desde el punto de vista jurídico, sino político, para ir más rápido«, añadió. Finalmente, se mostró convencido de que «desde las finanzas y las políticas públicas se puede hacer mucho» frente al cambio climático pero «es el momento de que Europa se alce con una voz y se sume a China e India en una voz mundial».

Por su parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, también ha insistido en que hay que «correr» y «usar todas las tecnologías en nuestra mano» para afrontar el cambio climático, una tarea en la cual las energías limpias «pueden ser un aliado». Para ello ha apuntado que se requiere «de un marco claro que aporte estabilidad» al sector energético.

Tras subrayar la «apuesta» de Iberdrola por las renovables, Galán ha instado a «aprender de los logros y errores», como los «bloqueos» a su implantación por parte de los legisladores, para «avanzar en la transición energética«, algo que va a requerir también la movilización de «cuantiosísimas inversiones en los próximos años para acometer este cambio a un modelo plenamente descarbonizado».

En este sentido, ha opinado que también se necesitan «ejercicios de previsión, no improvisación», porque las empresas energéticas deben tomar «decisiones a 60 años», que requieren de «políticas que aporten claridad y certidumbre», con marcos normativos «conforme a objetivos ambiciosos a corto, medio y largo plazo», que sean «fruto de un consenso», estén basados en «principios de mercado» y sean acordes con las normativas europeas.

Sánchez Galán ha puesto en valor el «modelo basado en contratos bilaterales de compra venta de energías renovables» y ha aplaudido que, en estos momentos, España «está emitiendo una señal clara para ir a un modelo energético más sostenible y competitivo», a través del Plan Nacional de energía y Clima, que contempla «una participación del 70% de las renovables para 2030», entre otras medidas. «Empezamos a tener una foto bastante clara de qué hay que hacer en España para tener un suministro energético seguro», se felicitó, para añadir que «cuando hay claridad y predicibilidad se estimula la inversión» y así Iberdrola contempla «una inversión en España de más de 8.000 millones de euros para 2030».

Sánchez Galán se ha referido a las «grandes ventajas» que conllevará la transición energética, «ambientales y en otros ámbitos», ya que, a su juicio, por ejemplo, «evitará graves problemas de salud, reforzará la seguridad de suministro, la balanza de pagos con enormes ahorros«, además de «dinamizar el crecimiento y la competitividad» y crear empleo «en sectores de futuro». «El cambio de modelo es técnica y económicamente viable pero hay que aunar esfuerzos con todos los agentes para seguir avanzando», afirmó.

También ha advertido de que en ese camino hay que «evaluar los resultados reales», evitando el greenwashing, de manera que «las memorias se publiquen con datos reales de lo que hace cada sociedad en esta dirección». Finalmente destacó que Iberdrola ha suscrito un acuerdo con el Ente Vasco de la Energía (EVE) para el desarrollo conjunto de proyectos renovables, tanto eólicos como fotovoltaicos, en el País Vasco y «hacer cientos de megavatios» limpios en la comunidad autónoma vasca, algo que ha calificado de «oportunidad única».

Sánchez cree que la transición ecológica no supone «una amenaza» sino «una oportunidad sin precedentes» para la economía

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Europa Press.- El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, asegura que la transición ecológica no supone «una amenaza» sino «una oportunidad sin precedentes» para mejorar el sistema económico y crear empleo, al tiempo que ha defendido que en la lucha contra el cambio climático hay que actuar «juntos», porque la respuesta debe ser «global» y las instituciones deben «actuar al dictado de la ciencia».

A su juicio, «hay que cambiar la percepción que tenemos del cambio climático». «Es preciso cambiar nuestra mirada y acentuar el precio que podemos pagar si no lo hacemos como la ciencia dice que lo hagamos», ha asegurado, al tiempo que ha advertido de que «ésta no es una batalla ideológica», sino a favor de la ciencia. Sánchez ha puesto en valor la labor realizada por su Ejecutivo en esta materia con la creación de un Ministerio para la Transición Ecológica o el marco estratégico de energía y clima, porque el cambio climático es «una de nuestras prioridades más inamovibles».

Además, ha destacado que España está «a la vanguardia de lo que supone luchar contra el cambio climático». En este contexto, apuntó que la transición ecológica no es «una amenaza», sino que «todos ganamos si nos adelantamos» y supone «una oportunidad sin precedentes» para mejorar nuestro sistema económico y crear empleo. Sánchez ha abogado por la reducción de las emisiones y por huir del «negacionismo» del cambio climático como han hecho los «ignorantes», así como de «la vuelta de las arcadias felices». «Ninguna de las dos respuestas es tolerable», afirmó.

También ha señalado que, si se actúa contra el cambio climático, «tendremos riqueza, más salud pública y preservaremos la belleza del planeta». Por otro lado, Sánchez ha advertido de que el cambio climático «nos desafía y nos obliga a cambiar y actuar juntos para buscar «una solución global», que es «la única posible». «Todos estamos en esa tarea», ha aseverado.

«Los poderes públicos concertados tienen que actuar al dictado de la ciencia», incidió, al tiempo que exigió reflexionar sobre el modelo de sociedad y productivo que queremos, así como «hacer mucha pedagogía» para «explicar lo que supone el consumo irresponsable, el efecto de un modelo productivo que se ha mostrado depredador» e incluso sobre «un concepto de felicidad, ahora ligada al consumo y sin valores».

Vascos contra el cambio climático

Por su parte, el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, ha destacado el «alcance mundial» de los efectos del cambio climático y ha puesto en valor la Estrategia de Cambio Climático Klima 2050 del Gobierno Vasco con el «reto» de avanzar hacia la «neutralidad en carbono», es decir, «reducir las emisiones a la cantidad que pueda ser reabsorbida y proponer actuaciones para aumentar la resiliencia del territorio«.

También ha manifestado la apuesta de su Ejecutivo por reducir un 20% las emisiones invernadero para 2020. «La apuesta de Euskadi es firme y se concreta en la colaboración público-privada entre los distintos agentes sociales y económicos y entre todos los territorios», ha afirmado. Además, ha subrayado el «compromiso que crece de abajo a arriba» en la acción municipal a favor del medio ambiente y contra el cambio climático, a través de iniciativas como la Red Vasca de Municipios Sostenibles Udalsarea 2030, a la que ya se han sumado 75 municipios que han realizado inventarios de emisiones y 50 localidades con programas específicos de mitigación y adaptación al cambio climático.

A su juicio, hay que «avanzar en la conciencia social» ante el reto «global» del cambio climático, de manera que todas las personas sepan que «pueden hacer su propia actuación local para frenar el cambio climático y favorecer la sostenibilidad global». «Nuestra misión es cambiar el cambio», apuntó Urkullu, para el que supone dar «un paso al frente con el deseo de legar a las nuevas generaciones un futuro mejor».

Finalmente, el consejero vasco de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, ha afirmado que el Gobierno Vasco quiere «sumarse a la tarea que tiene la humanidad» para hacer frente al cambio climático “porque se nos acaba el tiempo«. El consejero de Medio Ambiente ha asegurado que el cambio climático «ha dejado de ser una hipótesis formulada por científicos y naturalistas para convertirse en una evidencia», y ha abogado por «cambiar las conductas» que lo producen en vez de «limitarnos a ser testigos» de este fenómeno. Finalmente, ha advertido de que «seríamos unos irresponsables si no hacemos nada para dar esta batalla por el futuro de la humanidad».

Ribera ve “muy lejos de la realidad” que Bruselas pida la devolución de las ayudas a Alcoa por la interrumpibilidad

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que la posibilidad de que la Comisión Europea vaya a reclamar a España que recupere las ayudas concedidas a plantas electrointensivas como las de Alcoa en las subastas de interrumpibilidad es «prejuzgar enormemente» el resultado final de las conversaciones entre Bruselas y el Gobierno y «está muy lejos todavía de la realidad«. «Pensar que esto pueda acabar en una devolución de ayudas está muy lejos todavía de la realidad», insistió Ribera.

El Ejecutivo comunitario y las autoridades españolas llevan un tiempo manteniendo contactos para «reorientar» estos mecanismos de capacidad a las normas europeas sobre ayudas de Estado. El dossier se remonta incluso a la etapa de Álvaro Nadal. Desde el Ministerio de Transición Ecológica, además, se recuerda que el Gobierno «está trabajando con cómo combinar opciones para el sector electrointensivo» que sean «compatibles» con las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.

Alcoa era el principal actor de las subastas de interrumpibilidad que ahora evalúan las autoridades europeas, puesto que abarcaba aproximadamente el 30% de ellas. En concreto, recibió unos 1.000 millones de euros para rebajar los costes de la factura de la luz en los últimos 10 años a través de dichas subastas. El Ejecutivo comunitario anunció en abril de 2015 una investigación sobre los mecanismos de capacidad que aplicaban algunos socios europeos. Concretamente, este análisis se centró en 11 Estados miembros, entre los que se encuentra España, que con 4 es el país con mayor número de mecanismos de capacidad.

En aquella investigación, cuyo informe final se publicó en 2016, la Comisión Europea identificó 28 mecanismos de capacidad existentes o previstos por estos 11 países, que se enmarcaban en 6 categorías (licitaciones de adjudicación de nuevas capacidades, reservas estratégicas, pagos de capacidad específica, modelos de comprador central, obligaciones descentralizadas y pagos de capacidad para todo el mercado). Los mecanismos de capacidad son remuneraciones que los Estados conceden a operadores de electricidad y otros proveedores para que estén disponibles en caso de necesidad, con el objetivo de garantizar el suministro. Al ser ayudas de Estado que pueden afectar a la competencia en el mercado único necesitan el visto bueno de Bruselas.

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro que podría afectar a todo el país. Desde el inicio de su investigación, Bruselas ha aprobado ya mecanismos de capacidad en Bélgica, Alemania, Polonia, Grecia y Francia, mientras que ha abierto recientemente una investigación sobre un mecanismo de capacidad de Reino Unido.

Impuesto propuesto a la aviación

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que el impuesto europeo sobre el sector de la aviación que han propuesto Bélgica y Países Bajos es «interesante«, pero al mismo tiempo pidió ser «prudentes» y hacer una evaluación para saber si es la mejor opción para incorporar la fiscalidad medioambiental en los regímenes fiscales nacionales.

«Con carácter general me parece que no solamente es legítimo, sino que es interesante que se planteen propuestas así. Pero a la hora de la verdad habrá que ser prudente al reflexionar sobre si ese es el mejor mecanismo, si hay otros y, si es el mejor mecanismo, hasta dónde y cómo se puede aplicar», ha expresado. La ministra ha afirmado que «todos somos conscientes» de que la fiscalidad medioambiental «tiene que tener más peso» en los sistemas fiscales, aunque ha recordado que «siempre ha sido muy complicado» que los países del bloque comunitario se pongan de acuerdo para incorporar nuevos impuestos a nivel europeo.

En cualquier caso, ha asegurado que es «interesante» que los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) debatieran en febrero a propuesta de Países Bajos un gravamen sobre el sector de la aviación y ha explicado que los responsables de Medio Ambiente mantuvieron un «intercambio» sobre la base de la propuesta de Bélgica. El Gobierno belga defiende que son necesarios «esfuerzos adicionales» para atajar el «continuado crecimiento de las emisiones» de gases de efecto invernadero de este sector y para evitar que otros sectores tengan que compensar este incremento.

«Un elemento importante de estos esfuerzos sería una tarifa justa y correcta al transporte aéreo», señala el documento, que añade a continuación que «en actualidad no están gravados ni el queroseno ni los billetes de avión a través del IVA». Además, Bélgica cree que en un futuro impuesto a la aviación debería tener en cuenta los costes externos, a través del principio de que «el que contamina, paga» y serviría para «restaurar una competencia justa con otros modos de transporte».

El Gobierno socialista aprobará antes de las elecciones la Estrategia de Pobreza Energética y el decreto de autoconsumo de electricidad

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Europa Press.- El Gobierno aprobará antes de que expire la legislatura la Estrategia de Pobreza Energética y el real decreto por el que se regularán las condiciones para el autoconsumo de electricidad, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que indicó que estas dos materias deben estar «en el frontispicio de un final raro de legislatura corta y enriquecedora».

La ministra explicó que cuando llegó al Gobierno existían medidas «puntuales» para facilitar el acceso al bono eléctrico pero subrayó que no existía «un análisis concreto» respecto a la pobreza energética. «Hay un espacio importante en el que hemos trabajado los últimos meses, en el que se pretende hacer un diagnóstico y una propuesta de introducir un enfoque más profesional a medio y largo plazo«, señaló. En el caso del autoconsumo, el pasado mes de octubre el Ejecutivo ya aprobó el real-decreto ley que, entre otros aspectos, eliminaba el conocido como impuesto al sol del PP para la energía autoconsumida.

La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 contempla un diagnóstico de la situación, establece una definición de pobreza energética y de consumidor vulnerable y objetivos de reducción a 2024. Además, el documento realiza un diagnóstico de la situación en España, determina ejes de actuación y fija objetivos de reducción de este problema social que afecta a entre 3,5 y 8 millones de personas, según el indicador que se analice. Asimismo, Ribera destacó que la transición ecológica es «una oportunidad» para el empleo en el mundo rural a través del impulso a las renovables y al turismo sostenible. De esta manera, afirmó que los convenios de transición justa son proyectos integrados de desarrollo territorial que deben ser «negociados y pactados».

La Estrategia, que se construye con un enfoque integral, con medidas paliativas y estructurales, y con actuaciones a corto, medio y largo plazo, parte de la necesidad de mantener y mejorar los sistemas prestacionales, compuestos en la actualidad por los bonos sociales de electricidad y térmico, que se conciben como «instrumentos de transición» que dejarán paulatinamente mayor protagonismo a «medidas estructurales que busquen afrontar el problema de raíz y a largo plazo». Así, el documento define la pobreza energética como «la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y/o de una vivienda ineficiente en energía».

También enumera manifestaciones de esta pobreza, como son la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar, el retraso en el pago de las facturas, un gasto energético excesivamente bajo o un gasto en suministros energéticos desproporcionado sobre el nivel de ingresos, conforme a los indicadores oficiales del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV). Asimismo, analiza las implicaciones de este fenómeno sobre la salud, el desarrollo personal, social y de igualdad de oportunidades. La definición de consumidor vulnerable se concreta en aquel «consumidor de energía eléctrica o de usos térmicos que se encuentra en situación de pobreza energética y cumple con las condiciones para percibir las medidas de apoyo establecidas por las administraciones».

El documento plantea objetivos de reducción en el periodo 2019-2024 que permiten evaluar el grado de efectividad y eficiencia de las políticas públicas. El marco de actuación de la Estrategia se organiza en torno a cuatro ejes. En el primero, se establecen medidas para mejorar el conocimiento sobre la pobreza energética a través de la puesta en marcha de un sistema robusto que permite el cálculo periódico de los indicadores de pobreza energética, mientras que el segundo está dedicado a mejorar la respuesta frente a esta situación, a través del análisis de los actuales bono social eléctrico y térmico e, incluso, articulando respuestas extraordinarias para situaciones meteorológicas extremas como la prohibición del corte de suministro.

El tercer eje se centra en el impulso de cambios estructurales para reducir la pobreza energética a partir del análisis del parque de viviendas y el cuarto plantea medidas de protección a los consumidores y conciencia social. El marco temporal de aplicación de la Estrategia será de 5 años, en el periodo 2019-2014, y para su ejecución se prevé el desarrollo de planes operativos. Se designa al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) como órgano encargado del seguimiento de esta estrategia, que estará regida por los principios de cooperación interadministrativa y la alineación de acciones.

Endesa gana 1.417 millones de euros en 2018 y supera sus objetivos establecidos para el año

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Europa Press.– Endesa obtuvo un beneficio neto de 1.417 millones de euros en 2018, lo que representa una caída del 3% con respecto al ejercicio anterior, aunque por encima de su objetivo de ganancias para el año de 1.400 millones de euros, según indicó la compañía.

La energética indicó que el beneficio neto se vio afectado por la dotación de pérdidas por deterioro para la central de Alcudia, decisión adoptada tras analizar las actuales condiciones regulatorias y de mercado que han afectado a la vida útil de la planta. Excluyendo esta dotación, el beneficio neto ordinario creció un 4%, hasta los 1.511 millones de euros. Los ingresos de la energética en 2018 ascendieron a 20.195 millones de euros, prácticamente en línea con los 20.057 millones de euros registrados el año anterior.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo se situó en 2018 en los 3.627 millones de euros, con un crecimiento del 2%, mientras que el beneficio operativo (Ebit) fue de 1.919 millones de euros, un 6% menos. Endesa alcanzó así los objetivos que había anunciado al mercado para el ejercicio 2018 de un beneficio neto en torno a unos 1.400 millones de euros y un Ebitda en torno a los 3.500 millones de euros.

La compañía señaló que ha alcanzado estos resultados en un contexto caracterizado por los elevados precios de las materias primas energéticas y el alza significativa de los precios del CO2, lo que ha dado lugar a altos precios en el mercado mayorista, a pesar de que la generación hidráulica ha alcanzado en España niveles superiores a la media de los 10 últimos años y de que la producción eólica se ha incrementado en un 40%.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, destacó que los resultados del ejercicio 2018 demuestran «la capacidad de la compañía para realizar una gestión eficaz de sus negocios». Asimismo, subrayó que Endesa ha puesto en este 2018 «las bases para mantener la solidez de su negocio en el futuro gracias, entre otras cosas, al esfuerzo inversor realizado en capacidad renovable». Además, el grupo intensificará este esfuerzo en 2019, con la puesta en marcha de 879 MW de nueva potencia renovable.

Por otra parte, la compañía propondrá a la próxima junta general de accionistas, prevista para el 12 de abril, el pago de un dividendo bruto con cargo al resultado ordinario neto del ejercicio 2018 de 1,427 euros por acción (payout del 100%), lo que supone incrementar un 3% el dividendo de 1,382 por acción con cargo a los resultados de 2017. Además, esta retribución será un 7% superior al dividendo mínimo de 1,33 euros comprometido.

Enagás, Naturgy, Iberdrola, Red Eléctrica y Endesa entre las empresas premiadas en el Anuario de la Sostenibilidad 2019 de RobecoSAM

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Europa Press.- Un total de 15 empresas españolas fueron premiadas en el Anuario de la Sostenibilidad 2019 de RobecoSAM. Al igual que en la edición anterior, este año aparece una veintena de compañías españolas mientras que aumenta el número de galardonadas, que asciende de 13 a 15.

En concreto, se han entregado 15 medallas (3 de oro, 7 de plata y 5 de bronce) a empresas españolas, repartidas entre Inditex, Enagás y Naturgy (oro); Melia, Iberdrola, Banco Santander, Red Eléctrica, Ferrovial, Socios Europeos de Coca-Cola PLC y Amadeus (plata) y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Telefónica, CaixaBank, Bankinter y Endesa (bronce). De este modo, España incrementa la proporción de empresas incluidas en el Anuario y aumenta el número de firmas españolas (15) distinguidas con medallas de oro, plata y bronce. Este año, España también ha destacado por tener la proporción más alta de empresas incluidas en el Anuario, en comparación con el número total de empresas españolas elegibles.

Este Anuario es la publicación más completa y exhaustiva sobre sostenibilidad corporativa que se publica anualmente y que, en esta ocasión, analiza 458 empresas de 36 países. En esta edición, el Anuario ha otorgado 236 medallas a las empresas que han logrado el mejor desempeño en sostenibilidad en sus respectivas industrias. Así, el Anuario muestra el desempeño en sostenibilidad de las compañías más grandes del mundo e incluye el 15% de las compañías más importantes en cada industria, premiando a las firmas que mejor lo han hecho con las medallas de Oro, Plata o Bronce.

Esta 16ª edición del Anuario se lanza bajo la marca SAM, para englobar las distintas actividades y servicios que se realizan en relación con la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (Corporate Sustainability Assesment). El Anuario está basado en los resultados de la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa. Con más de 2,4 millones de referencias de datos sobre los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) financieramente más relevantes en cada industria, el Anuario se constituye, un año más, en una completa guía con las empresas más grandes y con mejor desempeño en sostenibilidad en el mundo.

«Felicitamos a las 458 compañías que han logrado entrar en el Anuario de Sostenibilidad 2019. La Evaluación de Sostenibilidad Corporativa, la piedra angular del Anuario, ha seguido evolucionando desde que se estableció hace 20 años, afirmándose como una metodología líder en la evaluación del desempeño financieramente relevante de las empresas en la aplicación de los criterios ASG», ha asegurado el Co-CEO de RobecoSAM, Daniel Wild. «El Anuario se ha convertido en una fuente fiable de conocimiento sobre sostenibilidad corporativa. Con el fin de incrementar la transparencia del Anuario facilitamos, por primera vez, el acceso público a las clasificaciones de percentiles de todas las empresas evaluadas, lo que facilita la comparación dentro de la industria», detalló.

De este modo, por primera vez, las clasificaciones de percentiles de todas las empresas evaluadas estarán disponibles públicamente en el Micrositio del Anuario de Sostenibilidad 2019, facilitando el acceso a las clasificaciones ASG más recientes de las compañías, y se facilita el rango de percentil de cada empresa evaluada dentro de su industria, que brinda una visión general del rendimiento en ASG a nivel de la empresa y en relación con sus pares de la industria. La confidencialidad de la información entre RobecoSAM y las empresas evaluadas no se verá afectada ya que el objetivo pasa por avanzar en la divulgación, la transparencia y la toma de decisiones con respecto al desempeño de la sostenibilidad corporativa, según destacan sus impulsores.

El Gobierno lanzará un plan de incentivos para mejorar la eficiencia energética en empresas dotado con 307 millones de euros

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Europa Press.- El Gobierno lanzará un nuevo programa de incentivos para actuaciones de eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas (pyme) y la gran empresa industrial, dotado con 307,6 millones de euros provenientes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética de 2018 y de remanentes de años anteriores.

El Ministerio para la Transición Ecológica lo comunicó en la Conferencia Sectorial de Energía, principal órgano de colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de energía. El presupuesto de las ayudas cuenta, además, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Hasta el momento, el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial 2014-2020, que gestiona el IDAE, ha realizado dos convocatorias, dotadas respectivamente con 115 y 168 millones de euros.

Asimismo, la Conferencia acordó la propuesta de reparto de las ayudas del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), dotado con 45 millones de euros para 2019. En el encuentro también se informó de la próxima convocatoria de un programa de ayudas para proyectos singulares en materia de movilidad sostenible, que cuenta con 15 millones de euros, con lo que se eleva a 60 millones de euros la dotación para movilidad sostenible.

En concreto, el programa Moves está dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centro de trabajo. Pueden ser beneficiarios de las ayudas profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades públicas, las administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas de la Administración General del Estado.

Las comunidades y ciudades autónomas deberán ahora realizar la correspondiente convocatoria de ayuda en sus respectivos territorios. El presupuesto asignado deberá repartirse de acuerdo a los criterios establecidos. Así, entre un 20% y un 50% de la partida asignada irá a la adquisición de vehículos alternativos; y entre un 30% y un 60% a la implantación de infraestructuras de recarga. De este último porcentaje, un mínimo del 50% ha de dirigirse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida. Por otro lado, la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer ente un 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo pueden contar entre un 0% y un 10%.

El decreto también fija los importes de las ayudas para la adquisición de vehículos, que oscilan entre los 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 euros. En paralelo, como incentivo adicional para apostar por la movilidad sostenible, se exigirá a fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta un descuento mínimo de 1.000 euros en la factura, excepto para cuadriciclos y motos.

En lo que respecta a los incentivos para vehículos de gas, se reservan para camiones y furgones. En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 100.000 euros. Finalmente, se fija un límite de 200.000 euros de ayuda por beneficiario para la implantación de Planes de Transporte a los Centros de Trabajo con una ayuda del 50% del coste subvencionable.

En lo que se refiere a los 15 millones adicionales que el programa Moves dirige a proyectos singulares de movilidad sostenible en Ciudades Patrimonio de la Humanidad, municipios con alto índice de contaminación, municipios ubicados en islas o iniciativas de innovación en electromovilidad, el gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que en estos momentos se están preparando las bases del programa, que será gestionado por el IDAE en concurrencia competitiva a fin de poder incentivar proyectos piloto ambiciosos en las áreas descritas en la convocatoria.

Shellenberger (Environmental Progress) asegura que «el Gobierno debe prolongar la vida de las nucleares» para luchar contra el cambio climático

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Europa Press.- Michael Shellenberger, fundador y presidente de Environmental Progress, ha pedido al Gobierno español que prolongue la vida de las centrales nucleares instaladas en el país en lugar de cerrarlas como medida para combatir el cambio climático. El ecologista Shellenberger dio la conferencia ¿Por qué necesitamos energía nuclear para salvar el planeta?, organizada por Foro Nuclear.

«Si el Gobierno español quiere hacer algo sobre el cambio climático, debe prolongar la operación de las centrales nucleares; entiendo que es difícil hablar de construir nuevas centrales, pero deben prolongar la vida de las que ya existen, y apostar más por las renovables, pero no cerrar las nucleares», asegura este activista estadounidense. En concreto, asegura que por cada central nuclear que se cierra, la energía que deja de producir es remplazada por combustibles fósiles. De hecho, en el caso de España, el cierre de sus plantas nucleares supondría un aumento de las emisiones que equivaldría a agregar 14 millones de vehículos a la carretera.

Shellenberger ha comparado las consecuencias de ambos tipo de producción energética. Según ha apuntado, la energía nuclear es actualmente «la forma más segura de hacer electricidad fiable» ya que los muertos por accidentes relacionados con este tipo de energía «son muy pocos» en comparación con el número de fallecidos por culpa de la contaminación que generan los combustibles fósiles. Unas 7 millones de personas mueren anualmente en todo el mundo por la contaminación atmosférica, según la OMS. Sobre esta cuestión, destacó que el accidente de Chernóbil, «fueron el pánico y el miedo, no la radiactividad, lo que causó más daño».

Pero no solo es partidario de la energía nuclear frente a la quema de combustibles fósiles. También la defiende frente a las energías renovables. Según ha expuesto, la energía solar emite 40 veces más radioactividad por unidad de energía que la nuclear, debido a la minería de tierras raras que necesitan las renovables. Por ejemplo, los materiales requeridos para construir paneles solares son «enormes», desde cemento a vidrio y acero, mientras que los aerogeneradores utilizados para la eólica «matan más personas por unidad de energía» que la nuclear, así como especies amenazadas. Además, los paneles solares producen, según señala, de 200 a 300 veces más desechos tóxicos por unidad de energía que las centrales nucleares.

«Para crear mucha energía solar y eólica, necesito cubrir mucho de la naturaleza con colectores de combustible (viento, luz solar), que están muy diluidos», añade Shellenberger, que apunta que, por ejemplo, se necesita 413 veces más tierra para la energía eólica que para la nuclear. Uno de los puntos más controvertidos de la energía nuclear es los desechos que generan las centrales. Pero para Shellenberger, el tema de los residuos «está ya controlado»: «Todos los residuos jamás producidos en la Unión Europea caben en un campo de fútbol de 15 metros». «Me preocupo como ambientalista de las enormes islas de plástico en los océanos y de la contaminación del aire, son otras formas de residuos, pero en el ambiente», expresa.

Pese a todo ello, Shellenberger, firme en defender la energía nuclear por su bajo impacto en el medio ambiente y por su bajo coste, considera que existe un «problema» que hace que ni la sociedad ni los gobiernos vean los beneficios que tiene este energía. «El problema con la nuclear es muy simple, es el pensamiento de la gente», señaló.

En concreto, menciona tres razones por las que hay un temor generalizado hacia la energía nuclear. En primer lugar, señala que hay un «desplazamiento del odio y miedo», esto es, se asocia las armas (especialmente la bomba atómica) y los gobiernos autoritarios a este tipo de energía, cuando en realidad, también defiende que las muertes violentas han disminuido desde que se desarrollaron estas armas. En segundo lugar, considera que hay un «miedo» a que la energía sea «barata», tanto que entonces habría un exceso de producción energética, lo que provocaría una «explosión» de la población. «Demasiado energía, demasiadas personas», resume.

Por último, critica el «amor a las renovables», resultado de defender la «armonización con la naturaleza», cuando él prefiere sumar un elemento más para «salvaguardar la naturaleza»: «depender menos de ella». En este sentido, ha criticado a las grandes organizaciones ecologistas que se declaran antinucleares, pues piensa que sus objetivos no están marcados «para evitar el cambio climático, sino para establecer un tipo de sociedad», cuando él defiende que no hace falta una «revolución social«.

Aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para que España alcance su completa descarbonización en 2050

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Europa Press.- El Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que contempla la descarbonización al 100% de la economía española en 2050. El proyecto normativo es uno de los tres pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima, del que también forman parte el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa.

En este sentido, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha indicado que el paquete normativo es la «combinación de anhelo y realidad que quiere poner en marcha el Gobierno con este proyecto que está en línea con los objetivos de la Unión Europea». La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó el conjunto normativo para «facilitar y orientar» la descarbonización de la economía en 2050, de acuerdo con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático.

«Hemos visto el marco estratégico de energía y clima que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y es una apuesta para facilitar la modernización de la economía, el empleo en sectores y campos en los que tenemos gran potencial y que nos colocará en el porvenir», ha subrayado Ribera. Así, defiende que este es un marco «ambicioso, equilibrado, modernizador y plenamente factible» que permitirá la creación y «reposicionamiento» de la industria, las energías limpias y generará efectos positivos para el desarrollo del medio rural, el medio ambiente, la salud y la justicia social.

El anteproyecto de Ley plantea dos fases, a 2030 y a 2050. El primero de ellos, 2030, marca el objetivo de reducir al menos un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 1990; generar al menos el 70% de electricidad con energías de origen renovable; asegurar al menos el 35% del consumo final de energía procedente de renovables y mejorar la eficiencia energética en, al menos, un 35%.

Por tanto, Ribera ha indicado que reducir las emisiones un 20% respecto a 1990 en 2030 supondrá eliminar «una de cada tres toneladas de dióxido de carbono» y para llegar a una neutralidad de carbono en 2050 se deberán reducir las emisiones de CO2 en un 90% con respecto a 1990. Para alcanzar estas metas el Gobierno prevé aprobar subastas de por lo menos 3.000 megavatios renovables cada año y desarrollar un nuevo marco de retribución para la generación renovable que se base en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada y que se otorgarán mediante procedimiento de concurrencia competitiva y se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación.

Otras de las medidas contempladas en el anteproyecto es que solo se podrán dar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil si están «debidamente» justificados por motivos de «interés social o económico» o por la «inexistencia de alternativas tecnológicas». Además, se deberá elaborar un informe sobre el régimen fiscal que se apliquen a los productos energéticos de origen fósil, que incluirá un calendario para revisar estas ayudas. La Administración General del Estado y los organismos o entidades que forman el sector público estatal deberán desprenderse en dos años de todas las participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil esté ligada a la extracción, refinado o procesado de productos energéticos.

También se fomentarán los combustibles alternativos, como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno y en la aviación se promoverá el uso de biocarburantes avanzados y otros renovables de origen no biológico. Una vez que entre en vigor la ley no se darán nuevas autorizaciones para explorar, investigar hidrocarburos o nuevas concesiones ni en tierra ni en aguas territoriales, ni tampoco se podrán desarrollar proyectos de fractura hidráulica (fracking). Las prórrogas vigentes no podrán extenderse más allá de 2042.

Por otro lado, el anteproyecto contempla que para incentivar la economía baja en carbono, al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener un impacto positivo en el cambio climático y este objetivo se revisará al alza antes de 2025. A partir de 2020 los ingresos de las subastas de derechos de emisión de GEI se destinarán los objetivos de cambio climático y los Presupuestos podrán destinar, hasta el 30% de estos, a medidas de transición justa.

En general, la Administración General del Estado no podrá construir o licitar obras que no sean de consumo de energía casi nulo o de materiales no sostenibles y más allá de 2030 no podrá tener alquilados inmuebles que no dispongan de la consideración de «casi nulo» que establece el Código Técnico de Edificación. Otras de las medidas será desarrollada por el Ministerio de Educación, que deberá revisar los itinerarios de formación y habilitación profesional y elaborará un plan para impulsar en el empleo en los sectores «motor» del crecimiento en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono. El anteproyecto está sometido a información pública hasta el 22 de marzo.

AEE valora «positivamente» la «ambición»

Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) valora «positivamente» los planes climáticos del Gobierno por su «visibilidad a largo plazo» y su «ambición» en los objetivos medioambientales. La organización ve «necesario» que se aporten las herramientas regulatorias que permitan avanzar «de forma óptima», con un ritmo de crecimiento lineal de las tecnologías en los próximos años «que atraigan y aseguren las inversiones que se precisan para acometer la transición».

La AEE considera «coherente» el objetivo planteado de alcanzar una potencia instalada de 50.258 megavatios (MW) eólicos en 2030, frente a la actual potencia instalada de 23.484 MW, mientras avisa de que para cumplir con el objetivo de 50 gigavatios (GW) de aportación eólica al sistema en 2030 «es necesario instalar una media de 2.200 MW al año, lo que considera «factible«. Además, califica este hecho como una «oportunidad» para el sector, ya que «sabrá aprovechar y responder con éxito porque tiene la capacidad y tecnología que se requieren», además de una «enorme oportunidad» para el país desde el punto de vista de la competitividad, ambición ambiental, desarrollo industrial especializado, I+D+i, aportación a la economía española y creación de empleo.

La contaminación de los edificios

Por su parte, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) lamenta que el Plan no incida en la contaminación que generan los edificios, que «causan hasta un 40% de la contaminación que se registra en las grandes ciudades«. Según ha recordado al Gobierno, la contaminación y el volumen de emisiones nocivas para la atmósfera no se provocan solo por el crecimiento exponencial del tráfico rodado, sino que también influye «el elevado número de viviendas en las que se derrocha energía».

En España, según Andimac, más de la mitad de los inmuebles superan los 40 años de antigüedad y la mayoría de las edificaciones son «antiguas y no se ajustan a los nuevos estándares de la edificación sobre condiciones térmicas y energéticas». De hecho, según ha apuntado, los edificios españoles representan casi un tercio del consumo de energía total del país. El secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, ha resaltado la importancia de “apostar por la descarbonización de los edificios e invertir en su rehabilitación energética».