Naturgy pierde 3.040 millones de euros hasta septiembre por registrar un deterioro de activos por valor de 4.900 millones

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Europa Press.– Naturgy registró unas pérdidas de 3.040 millones de euros en los nueve primeros meses del año como resultado del deterioro de activos de más de 4.900 millones de euros realizado en la primera mitad del año, según indicó la compañía a la CNMV. Excluyendo este impacto y elementos no recurrentes, el resultado neto recurrente creció un 38%, hasta 877 millones de euros, por la mayor actividad, menor amortización, y menores gastos financieros resultado de la optimización de la deuda del grupo.

A finales del pasado mes de junio, con motivo de la presentación de su nuevo plan estratégico, Naturgy ya anunció esta revisión del valor de sus activos llevada a cabo como consecuencia de la actualización de las principales hipótesis y proyecciones de los negocios, lo que motivó un deterioro contable de 4.851 millones de euros, que impacta significativamente y de forma extraordinaria en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del año. Así, el grupo indica que el resultado contable, «no comparable, queda distorsionado por la inclusión de este deterioro de activos contabilizado a cierre del primer semestre» de 2018.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó hasta septiembre en los 2.976 millones de euros, incluyendo los elementos no recurrentes. Sin considerar estos últimos, el Ebitda recurrente creció un 10.1%, hasta los 3.248 millones de euros, principalmente apoyado por la mejora en el negocio de Gas y Electricidad, así como en la estabilidad de los negocios de infraestructuras; lo que ha permitido a la compañía más que compensar el efecto negativo de los tipos de cambio por importe de 182 millones de euros. El crecimiento comparable y recurrente estuvo impulsado por la actividad en todas las unidades de negocio cuya contribución al Ebitda aumentó cerca de 500 millones de euros, excluyendo el impacto negativo por la devaluación de divisas.

Naturgy destacó que la implementación de su plan estratégico 2018-2022 empieza a dar resultados, ya que en sólo 3 meses se han simplificado tanto la estructura organizativa como la de gobierno corporativo y se ha llevado a cabo un proceso de revisión de activos; se han creado dos comités globales (opex y capex) con el objetivo de profundizar en los planes de eficiencia. Además, en este periodo el grupo ha renovado su principal contrato de suministro con la argelina Sonatrach, ha avanzado en la optimización de la estructura de capital con emisiones de deuda en moneda local en las filiales extranjeras y ha conseguido nuevas adjudicaciones de plantas de generación renovable en Australia y España.

En el periodo, el grupo invirtió 1.593 millones de euros, un 41,9% más, de los cuales más del 70% se destinó a proyectos de crecimiento orgánico que cumplen los estrictos criterios de creación de valor del grupo. La deuda neta ascendía en septiembre a 13.575 millones de euros, un 10,4% menos que en 2017. El grupo indicó que la caída en deuda neta/Ebitda a 3,5 veces, frente a las 3,9 veces de diciembre del 2017, junto con la mejora del Ebitda/coste de la deuda financiera neta hasta 7,4 veces, desde 6,4 veces del 2017, «pone de manifiesto el fortalecimiento de su solidez financiera durante los primeros nueve meses del año».

Por unidades de negocio, Gas&Power registró un Ebitda recurrente de 1.003 millones de euros, debido principalmente al negocio internacional de GNL y la comercialización de gas, como consecuencia de la renovación del acuerdo con Sonatrach y una mejora en los precios de comercialización. Mientras, el negocio de Infraestructuras EMEA se mantuvo estable durante los primeros meses del año con un incremento del Ebitda recurrente hasta los 1.357 millones de euros. Por su parte, el resultado del negocio de Infraestructuras América del Sur se vio afectado por la evolución negativa del tipo de cambio que impactó en 132 millones el EBITDA.

Por otra parte, el consejo de administración de la energética ha aprobado el pago de un segundo dividendo a cuenta de los resultados de 2018 de 0,45 euros por acción, que se abonará el próximo 27 de noviembre. La compañía avanza así en sus compromisos en cuanto a la política de dividendos, que marca el objetivo de un dividendo total de 1,3 euros por acción con cargo a este presente ejercicio, un 30% más que en 2017. Desde este 2018, la energética presidida por Francisco Reynés se ha comprometido a aumentar un mínimo del 5% anual hasta alcanzar los 1,59 euros por acción en 2022.

La CNMC propone recortar la retribución de redes eléctricas al 5,58% y de renovables al 7,09% para el período 2020-2025

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Europa Press.- Las compañías eléctricas consideran que la retribución para las redes que propone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «es insuficiente” después de que el organismo regulador haya propuesto una tasa de retribución para el periodo regulatorio 2020-2025 del 5,58% para las actividades de transporte y distribución de electricidad y del 7,09% para la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Esta propuesta supondría un recorte del 14,15% con respecto a la retribución actual del 6,5% para los negocios de redes y generación extrapeninsular y un 5,5% menos con respecto al 7,5% vigente para las renovables. No obstante, representa un recorte menor para estas actividades respecto a la propuesta inicial que había planteado el regulador cuando sacó a consulta pública su metodología, que dejaba la retribución a las redes en el 5,47% y a las renovables entre el 7,04% y el 7,18% para ese segundo periodo.

La principal novedad de la propuesta de la CNMC es que la metodología seguida se basa en el coste medio ponderado del capital (WACC en inglés), que es la metodología más comúnmente aplicada por los reguladores europeos dentro del ámbito de sus competencias para establecer la tasa de retribución de las actividades reguladas del sector energético. Competencia señala que la metodología propuesta es «consistente, reproducible y ampliamente utilizada, y proporciona tanto estabilidad regulatoria como seguridad jurídica a empresas y consumidores».

La metodología WACC refleja la realidad de los mercados de capital donde las empresas reguladas encuentran su financiación. Es decir, el WACC garantiza una rentabilidad razonable para que los proveedores de capital aporten sus fondos para la financiación de la actividad regulada. La utilización de esta metodología WACC, frente a la que fue establecida en la reforma eléctrica de 2013 de ligar la rentabilidad razonable para estas actividades al bono del Tesoro a 10 años más un diferencial de puntos básicos, ha sido bien recibida por la mayoría del sector.

Además, la CNMC indicó que esta metodología se adapta a los requisitos establecidos en la normativa sectorial para el cálculo de la tasa de retribución financiera; como son la duración del periodo regulatorio, la base de activos sobre la que aplica, una similar tasa para todas las sociedades que realizan la actividad, una similar tasa para las distintas tecnologías de generación, etc. Asimismo, en el caso de las redes, la regulación sectorial establece, entre otras cuestiones, que se debe considerar el coste de financiación de las empresas transportistas y distribuidoras comparables eficientes y bien gestionadas.

La CNMC lanzó a consulta pública en julio esta propuesta de metodología, con carácter previo a su aprobación y que respondía a la solicitud de informe realizada por el secretario de Estado de Energía, recibiendo en ese periodo un total de 38 documentos de alegaciones de empresas del sector energético, asociaciones empresariales y administraciones públicas. La CNMC indicó que estas alegaciones «han sido analizados y sus consideraciones tenidas en cuenta en la elaboración de la versión final de esta metodología».

Insuficiente para la patronal eléctrica

Por su parte, AELEC, la patronal centrada en las actividades reguladas que agrupa a las 5 principales compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo), considera que la retribución del 5,58% propuesta por la CNMC para las actividades de distribución de energía eléctrica a partir de 2020 «se aleja de los valores aprobados por los reguladores europeos y es insuficiente».

Fuentes de AELEC indicaron que el diferencial con respecto al bono del Estado se sitúa casi un 20% por debajo de la media de los países del entorno por lo que, si se consolide esta propuesta, «España competirá en inferioridad de condiciones para obtener los fondos e inversiones necesarios para la transición energética«. No obstante, la patronal valoró la metodología propuesta por el regulador, basada en el WACC, ya que es la que emplean casi todos los reguladores europeos y «se ajusta a un proceso ortodoxo de cómo debe fijarse la tasa financiera de rentabilidad».

AELEC subrayó que la transición energética necesita «un fuerte esfuerzo inversor en redes durante la próxima década», en el que la distribución va a jugar «un papel esencial» actuando como facilitador de este proceso de transición. Por ello, consideró que la contribución de las redes eléctricas de distribución será «crucial» para fomentar la electrificación de la economía y alcanzar los compromisos de descarbonización para 2030 y para 2050. Así, recordó que la distribución es una actividad intensiva en capital y con largos periodos de recuperación de las inversiones, «por lo que sin una rentabilidad suficiente, capaz de atraer el capital necesario para acometer dichas inversiones, será más difícil afrontar con éxito los retos y oportunidades futuras para descarbonizar la economía».

La factura de la luz se encarece un 4,2% en octubre

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Redacción / Agencias.– Un consumidor doméstico medio pagó 75,1 euros en su factura de la luz de octubre, por lo que esta factura se incrementó en un 3,2% respecto a los 72,07 euros de octubre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 3,03 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 75,1 euros abonados en los 31 días de octubre del 2018, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de octubre, 43,67 euros obedecen al consumo, 3,02 euros al impuesto eléctrico y 13,03 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

En el caso del precio medio del mercado eléctrico español, el conocido como pool, el nivel de octubre es un 14% más caro que los 56,77 euros por MWh de media que marcó hace un año. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El mercado mayorista funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para todas.

El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Para contrarrestar la espiral alcista de la luz en los últimos meses, el Gobierno aprobó en octubre un real decreto de medidas urgentes que contempla, entre otras medidas, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

Por ello, la factura de la luz de octubre bajó un 3,59% respecto al mes anterior, septiembre, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,42 euros en octubre respecto a los 2,51 euros de septiembre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. De esta forma, el recibo eléctrico corta la espiral alcista que le había llevado a encadenar 6 meses consecutivos de subidas.

Con esta subida interanual en octubre, el recibo de la luz cerró los primeros diez meses del año con una subida del 2,54% con respecto al mismo periodo de 2016. La subida de precios en octubre ha contribuido a que el recibo de los diez primeros meses del año se haya situado en 701,11 euros, 17,35 euros más frente a los 683,76 euros en el mismo periodo del 2017. En los primeros diez meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 150,82 euros por el término fijo, de 400,43 euros por el consumo, de 28,18 euros por el impuesto de electricidad y 121,68 euros por el IVA.

Repsol obtiene unas ganancias récord hasta septiembre al alcanzar los 2.171 millones de euros tras elevar un 37% su beneficio

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Europa Press.- Repsol obtuvo un beneficio neto de 2.171 millones de euros hasta septiembre, lo que representa un incremento del 37% con respecto al mismo periodo del año anterior y el mejor resultado en los 9 primeros meses de un ejercicio del grupo en los últimos 10 años, según indicó la compañía.

El resultado neto ajustado de la petrolera, que mide específicamente la marcha de los negocios, creció un 11%, hasta los 1.720 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 5.833 millones de euros, con una subida del 24%. La compañía presidida por Antonio Brufau destacó que su modelo de negocio integrado continuó en este periodo «demostrando su flexibilidad y fortaleza, y contribuyó, junto con las medidas de eficiencia y creación de valor implantadas, a lograr este resultado, el mayor al final del tercer trimestre de los últimos 10 ejercicios».

Estos resultados récord de la petrolera se registraron en un periodo marcado por los mayores precios del crudo, con el Brent cotizando a una media un 39% más alta que en la misma etapa de 2017, y los menores precios del gas, con un descenso del 8% en la cotización media del Henry Hub. La deuda neta del grupo se redujo un 63% respecto al cerrar 2017, hasta situarse en 2.304 millones de euros. Por su parte, la liquidez, ascendía a unos 9.300 millones de euros a finales de septiembre.

El Upstream duplica su beneficio

Por su parte, el negocio de Upstream (Exploración y Producción) registró un resultado de 1.015 millones de euros, que duplica el obtenido entre enero y septiembre de 2017 (487 millones de euros). La producción media del grupo alcanzó los 713.000 barriles equivalentes de petróleo diarios (bep/d), con un incremento del 4% y en línea con el objetivo que se ha marcado la compañía para 2018. Este aumento se debió, principalmente, a la puesta en marcha de proyectos orgánicos en Trinidad y Tobago, Reino Unido, Argelia, Perú y Malasia, así como a la mayor aportación proveniente de Libia y Noruega. Las inversiones en Upstream fueron de 1.423 millones de euros, lo que supone un incremento de 50 millones respecto a 2017.

Mientras, el área de Downstream (Refino, Química, Marketing, Lubricantes, Trading, GLP y Gas & Power) obtuvo un resultado de 1.098 millones de euros, frente a los 1.431 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. Los negocios industriales del grupo, Refino y Química, se vieron condicionados por un entorno internacional debilitado, a lo que se sumaron las paradas de mantenimiento y mejora acometidas en los complejos industriales de Puertollano, Tarragona y Sines (Portugal). La compañía destinó al negocio de Downstream inversiones por valor de 560 millones de euros en los primeros nueve meses del ejercicio, 115 millones más que en el mismo periodo del año 2017.

A finales de junio, Repsol alcanzó un acuerdo para la compra de los negocios no regulados de generación de electricidad de bajas emisiones de Viesgo y su comercializadora de electricidad y gas, que cuenta con 750.000 clientes. La compañía dispondrá de una capacidad total instalada de 2.950 megavatios (MW). Además, en el tercer trimestre del año adquirió el proyecto fotovoltaico Valdesolar, planificado en el municipio de Valdecaballeros (Badajoz) y que está en fase de tramitación administrativa. El proyecto contempla unas instalaciones con capacidad de generación de 264 MW. Con estas incorporaciones, el grupo alcanzará más del 70% de su objetivo estratégico de capacidad de generación eléctrica baja en emisiones, fijado para 2025 en 4.500 MW.

El Gobierno elaborará un estatuto para ayudar a la industria electrointensiva en la transición energética

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Europa Press.- El Gobierno elaborará un estatuto de la industria electrointensiva con el objetivo de ayudar a este tipo de empresas a superar el periodo de transición energética, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En este sentido, Ribera indicó que su objetivo será explorar «distintas herramientas y medidas para evitar que nos encontremos con situaciones no previstas». Este anuncio se produce en un momento en el que empresas como la multinacional Alcoa o Cemex han anunciado el cierre de varias plantas en España.

Las empresas de la gran industria vienen reclamando el pago de las ayudas que estaban previstas en los Presupuestos de 2018, pero que no se materializan. Además, cuentan con la interrumpibilidad, un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red eléctrica en casos de emergencia para el suministro o por cuestiones económicas. Por otra parte, Ribera se comprometió a traer «en breve» al Congreso de los Diputados una respuesta para los inversores que antes de 2013 invirtieron en renovables y se vieron afectados por los recortes aplicados por el Ejecutivo en aquella época.

Un inversor interesado en Alcoa

Por otro lado, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha trasladado en el Congreso a los trabajadores el interés de un inversor por una de las dos plantas españolas que la empresa Alcoa tiene previsto abandonar. Así lo ha asegurado el presidente del comité de empresa de Alcoa Avilés, Sergio Sobrido, que ha seguido junto a otros representantes de la plantilla la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, en la que la ministra ha sido preguntada por el PP y Unidos Podemos por las actuaciones del Ejecutivo al respecto.

En todo caso, Maroto no ha especificado por cuál de las plantas se habría interesado este posible inversor. Durante su intervención ante el Pleno, la ministra afirmó que «Alcoa no tiene por qué cerrarse, porque hay una viabilidad económica en alguna de las plantas». Al respecto, los trabajadores entienden que ambas plantas, la de Avilés y la de La Coruña, son viables económicamente y que deben continuar con su producción y mantener los puestos de trabajo que actualmente hay en ellas. La decisión de Alcoa supone prescindir de 692 empleos.

En todo caso, Sobrido ha reclamado que el Gobierno realice las gestiones pertinentes para garantizar que el 1 de enero las plantas de Avilés y La Coruña sigan en funcionamiento, y que ello debe pasar por que Alcoa acuda a la subasta de interrumpibilidad. De lo contrario, advierte, en el caso de que la empresa decidiera finalmente abandonar la actividad, la alternativa de un inversor que quisiera continuar con la producción perdería fuerza. «No puede haber interesados si no se garantiza que la planta sigue en funcionamiento en 2019», asevera.

Por ello, ha reclamado a la empresa que continúe con la actividad y que, en caso de que no siga interesada en mantenerla, inicie un período de diálogo con la plantilla y las autoridades con el fin de encontrar una solución que garantice tanto la producción como los puestos de trabajo en ambas plantas. Sobrido también mantuvo encuentros con PP, Unidos Podemos y Ciudadanos, de los que saca «valoraciones positivas», al constatar que las diferentes formaciones respaldan las reivindicaciones de la plantilla y «coinciden en la defensa de los empleos».

Eso sí, si bien Sobrido ha dicho que les «congratula saber que para la ministra de Industria es una situación importante», ha reclamado el mismo interés, «atención y énfasis» en la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Entendemos que es un problema que compete a ambas y ahora nos gustaría saber que va a poner todo su esfuerzo para el mantenimiento de la actividad industrial y los empleos», ha dicho.

Fomentar la electrificación de la economía y la fiscalidad ambiental son “claves” según el comité de expertos sobre transición energética

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Europa Press.- El presidente del Comité de Expertos sobre transición energética, Jorge Sanz, considera que promover la electrificación es la forma más barata de descarbonizar la economía y que para garantizar la seguridad energética en España es preciso reducir la demanda o «evitar que las centrales, sean las que sean» cierren, así como otras medidas que pasan por modificar la fiscalidad para que sea verdaderamente ambiental y no enfocada a la recaudación.

En la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados para presentar las conclusiones del documento, que analiza los distintos escenarios de cara al cumplimiento de los objetivos comprometidos por España en el marco del Acuerdo del Clima de París, Sanz indicó que promover la electrificación es «la forma más barata» de descarbonizar la economía frente a otras, como los biocombustibles, que asegura que son mucho más caras y son «a costa» de la deforestación en otros países.

Entre los escenarios analizados por el grupo, el presidente de la Comisión de Expertos advierte de que será «difícil» alcanzar los objetivos de renovables en la demanda final de energía si no se obtiene un nivel «suficiente» de electrificación de la economía ya que en la actualidad la electricidad es el 23% de la demanda final de energía en España.

En cuanto a la fiscalidad ambiental, plantea una «nueva definición» de los impuestos ambientales, que se dirija al pago por los costes ambientales y no a la mera recaudación, y ve la generación «muy importante» para la eficiencia energética. Por otro lado, Sanz ha añadido que el comité de expertos, creado en julio de 2017 a instancias del Ejecutivo del PP, ha denunciado que los impuestos «distorsionadores» son los que hacen que la energía en España sea más cara que en Francia, ya que «lo único» que hacen es subir el precio de la luz y no por motivos ambientales.

De ese modo, Sanz no ve tan «necesario» fomentar las interconexiones con Francia cuando la verdadera razón de ese alto coste de la electricidad son los impuestos, salvo que sea por razones de seguridad. Así, ha dicho que para garantizar la seguridad energética «lo interesante» es que las centrales españolas «sean las que sean, no cierren», porque se corre el riesgo de cerrar las plantas e importar electricidad de Francia.

Respecto a la energía nuclear, ha recordado su capacidad para garantizar la seguridad del suministro porque es una energía «síncrona», con inercia, que se mueve a 50 vueltas por segundo, cosa que en el caso de las renovables como la eólica o la fotovoltaica no ocurre y en caso de parada, una tarda mucho en dejar de producir electricidad frente a la segunda. Esto, según ha explicado, significa que no es lo mismo sustituir los 7.000 megavatios nucleares por una energía con inercia que sin ella. De modo que insiste en que «va a haber cambios» en la energía y que hay que tomar decisiones.

A ese respecto, ha añadido que sería bueno fomentar el fondo de eficiencia energética que gestiona el IDAE que, a su juicio, debe analizar dónde consigue sus objetivos con el mínimo coste porque ese «lo pagan los ciudadanos». En todo caso, recuerda que «hay que hacer cambios» pero es preciso conocer las consecuencias del escenario elegido porque «las decisiones no son gratuitas» y la sociedad ha de saberlo. «Todo hay que hacerlo progresivo, intentando amortiguar los efectos sobre los perdedores. Aquí va a haber impactos, hay que minimizarlos y la sociedad tiene que asumirlos», comenta.

Otra de las propuestas para descarbonizar la economía y que la industria internalice los daños ambientales sería proponer el establecimiento en la Unión Europea de aranceles al CO2 de los productos que se importen. Esto pasaría por eliminar algunos impuestos, como a los hidrocarburos, y crear un impuesto a las emisiones de CO2 y otro para las emisiones de otros gases contaminantes como el NOx o el SOx para que «todo el mundo» pague en función de lo que emita y contribuir así al principio de que «quien contamina paga«.

Sanz admite la incertidumbre pero señala que el futuro en el sector del transporte pasa por los vehículos eléctricos y que, por ejemplo, el gas será «importante» en el transporte marítimo. En todo caso, asegura que se producirán cambios y que corresponde al Gobierno tomar decisiones pero estas, en su opinión, deben ser trasladadas a la sociedad, que debe saber el coste que conllevan. «Va a haber cambios y al final ganará el más barato. Hágase con prudencia. No apostemos cantidades ingentes a un solo caballo no vaya a ser que el que acabe perdiendo sea el consumidor», ha advertido.

Durante la comisión, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha valorado el informe para abandonar las dicotomías políticas en un asunto que «va más allá de una legislatura» e incluso de una generación. A este respecto, destaca que el informe advierte de que la supresión «inmediata» de la energía nuclear tendrá como consecuencia un aumento del precio y de las emisiones contaminantes. Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Lucio, subraya que la transición energética es el gran reto y el objetivo prioritario es reducir las emisiones de CO2 para evitar el incremento de la temperatura global pero hacerlo en condiciones de seguridad de la red y coste eficiente.

Desde Unidos Podemos, el diputado Juan López de Uralde tiene «coincidencias sustanciales» con el informe del equipo de expertos en cuanto a que es «imprescindible reducir la demanda», introducir más renovables y establecer la electrificación de la demanda final para obtener un sistema energético flexible y porque deja claro que el carbón «no tiene un papel en un sistema sostenible y va a desaparecer en un periodo bastante corto». Eso sí, discrepa del respaldo al sistema de la energía nuclear durante la transición porque asegura que es posible, según estudios, prescindir del carbón y de la nuclear de forma simultánea.

Ribera afirma que las medidas adoptadas convierten al país en el que más ha caído el precio de la electricidad

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que las medidas adoptadas por el Gobierno, junto con la caída desde máximos del precio del CO2, han permitido a España «pasar de ser el líder» en Europa en los incrementos en los precios de la electricidad a «ser el país, junto a los nórdicos, en el que más ha caído el precio mayorista en octubre».

En comparecencia en Comisión en el Senado, Ribera valoró así las medidas urgentes adoptadas por el Ejecutivo a principios de octubre para combatir la espiral alcista en el precio de la luz de los últimos meses, aunque subrayó que no es suficiente y que «hay que seguir trabajando» y adoptando «medidas de fondo». El recibo de la luz vio cortada en octubre la tendencia alcista de los últimos meses y se abarató por primera vez desde mayo, mitigando así las subidas de agosto y septiembre.

Ribera indicó que combatir el alza en el recibo de la luz ha sido «uno de sus primeros mensajes» desde que llegó al Gobierno ya que la electricidad limpia y eficiente tiene «un inmenso futuro», aunque es necesario mantener unos «precios razonables y evitar sobrecostes que dificulten el periodo de transición«. Así, subrayó que desde marzo se ha vivido una espiral alcista de «subidas muy importantes y continuas no previstas por el Gobierno anterior». «El señor Nadal dijo que iba a bajar el precio por sus medidas, pero se le olvidó que el CO2 era un factor que existía y que iba a incidir en el precio de la energía».

Concesiones de las centrales hidroeléctricas

Además, Ribera indicó que «en las próximas semanas» se presentará una propuesta que afectará a la prórroga de las concesiones de las centrales hidroeléctricas que expiran en estos años ya que el agua para generación eléctrica existe en «un volumen limitado» y es necesario pensar «en las condiciones más acordes al siglo XXI». La ministra, que no entró en más profundidad al respecto, subrayó que el objetivo debe ser el de «garantizar un cierto precio para consumidores vulnerables y una cierta capacidad de almacenamiento y moderación de precios medios con un potencial que es público«.

Ribera también destacó ese real decreto de medidas urgentes para la Transición Energética y la Protección de los Consumidores, aprobado el pasado octubre, como un primer conjunto de señales en el camino que se quiere tomar, con medidas como el fin del impuesto al sol o los ajustes para asegurar que España «llegue con los deberes hechos» en materia de energías renovables o la eliminación de trabas que impiden el despliegue de la movilidad eléctrica.

«En todo caso, la señal más precisa consiste en la adopción del marco estratégico que ha de conducirnos a un camino distinto en los próximos años, ese puente que hay que construir entre la realidad actual y la realidad que queremos en 2030«, subrayó, remarcando que estarán recogidas en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa del Gobierno.

Concretamente, estima que son «piezas claves, irrenunciables y engarzadas entre sí», que fijarán «objetivos claros y ambiciosos» para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 y 2030, con sendas de descarbonización para 2050 revisables cada 5 años, tanto para la economía en su conjunto como para cada uno de los sectores de emisión. Asimismo, insiste en la necesidad de realizar presupuestos quinquenales de carbono y elaborar un informe anual que describa en qué y cómo se ha aplicado el fondo de carbono cada año e integrar el análisis de compatibilidad climática en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, en las memoras de planes, programas y normativas e incluir criterios verdes «obligatorios» en la contratación pública.

El Gobierno, Carbunión y los sindicatos del carbón rubrican el acuerdo para garantizar una transición justa para el sector minero

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Europa Press.- El Gobierno, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) han rubricado el acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027.

El acuerdo ha sido firmado en un acto que ha contado con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, así como distintos miembros de los sindicatos y patronal del carbón. Ribera destacó que con este acuerdo se resuelve «la primera tarea urgente» que se encontró encima de la mesa cuando llegó al Gobierno.

«Hemos trabajado con los agentes sociales para dar cumplimiento a la normativa comunitaria, encontrando a la vez la mejor respuesta posible a las necesidades de los trabajadores y de las comarcas. Nuestro propósito ha sido no dejar a nadie atrás«, añadió la ministra, que subrayó además que el compromiso del Gobierno «es a largo plazo» y que esta firma es «solo el comienzo del diálogo».

Mientras, Valerio consideró que el acuerdo es «una demostración de que el diálogo social funciona», aunque siempre sea «muy difícil conseguir el 100% para todos«. «De la negociación entre los agentes sociales y la Administración se pueden y se deben extraer las soluciones necesarias. Desde este Gobierno, nos esforzamos por dar respuestas a la altura que necesita nuestra sociedad», reivindicó.

En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores, así como un fondo de 250 millones de euros, repartidos en 5 años (de 2019 a 2023), para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras. Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa. Estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas.

El acuerdo da así respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión del Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de finalizar 2018. De esta manera, el pacto actualiza las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Así, este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. Mientras, el resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad. En cualquier caso, los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización.

El acuerdo contó finalmente con la rúbrica también de la patronal Carbunión, a pesar de no compartir al 100% su contenido. «Hemos firmado pese a que no se recogen nuestros planteamientos de futuro y también porque tenemos el compromiso firme del secretario de Estado de Energía para seguir buscando la continuidad de las empresas que siguen explotando el carbón, pero como empresarios no aceptamos el final del sector», señaló el presidente de Carbunión, Pedro Iglesia. En la misma línea se mostró el secretario general de la Federación de Industria de USO, Pedro Ayllón, que destacó que se firmó «el mejor acuerdo posible, pero no el acuerdo que hubiera querido firmar».

Mientras, el secretario general de CCOO de Industria, Agustín Martín, valoró que este acuerdo supone «superar una época de incumplimientos de gobiernos anteriores y de abandono de los trabajadores» y garantizar una transición energética que «debe ser justa». Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de UGT, Pedro Hojas, destacó que el pacto representa «un comienzo, no el final de nada».

Energía compromete un incentivo «adecuado» para mantener las plantas de cogeneración actuales más allá del final de su vida regulatoria

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Europa Press.- El Gobierno trabaja en un plan que garantice «un nivel adecuado de incentivo» para mantener las instalaciones de cogeneración actuales mientras se establecen unos mecanismos para la renovación de las plantas que vayan alcanzando el final de su vida regulatoria, según el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. En este sentido, Domínguez señaló que se tendrá «especial interés» en la renovación de las plantas de cogeneración en aquellas instalaciones que «maximizan la eficiencia y mitigan el impacto ambiental«.

La cogeneración lleva pidiendo desde hace años un marco normativo que facilite implementar una hoja de ruta para el sector con el fin de acometer las inversiones necesarias para la renovación tecnológica de sus instalaciones a través de un plan renove. Domínguez, que subrayó que la cogeneración «ha jugado un papel importante en el camino recorrido hasta ahora en la transición energética» y considera que debe «jugar un papel interesante en este tiempo de cambios rápidos», indicó que las reformas abordadas por el Gobierno del PP «contuvieron» la inversión en la cogeneración, lo que está materializándose en «una reducción progresiva de las instalaciones en funcionamiento«.

Asimismo, afirmó que afecta a más de 1.000 megavatios (MW) de cogeneración de los 6.500 MW que se instalaron. «Somos conscientes de que hay un envejecimiento de instalaciones que se aproximan al final de su vida útil. Por lo tanto, somos conscientes de que debemos actuar», añadió Domínguez, que subrayó que la factura de la cogeneración para el sistema eléctrico asciende a unos 1.000 o 1.200 millones de euros anuales, que podrían mantenerse si no se reduce el número de plantas. «El objetivo del Gobierno es mantener las instalaciones», sentenció.

Por otra parte, el secretario de Estado señaló que las subastas han provocado una reactivación de las renovables, lo que ha llevado a que en el primer semestre de este año las inversiones en el sector hayan ascendido a unos 1.200 millones de euros. Por ello, consideró que estamos «en un momento de recuperación de una situación que nunca debimos perder», por lo que apostó por el desarrollo de un marco regulatorio «sólido y estable» que regule esta transición energética.

En este sentido, Domínguez recordó que el Gobierno se comprometerá con una hoja de ruta a 2030, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que remitirá a Bruselas antes de finalizar 2018, para instalar 5.000 MW al año hasta 2030, con el objetivo de alcanzar el objetivo de una generación eléctrica del 70% renovable al final de ese periodo, lo que «nos obliga a la instalación del orden de 50 gigavatios (GW)», indicó.

Ribera plantea «repensar» las subastas de interrumpibilidad si Alcoa cierra sus plantas en España tras recibir 1.000 millones en ayudas

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Europa Press.- Alcoa recibió unos 1.000 millones de euros para rebajar los costes de su factura eléctrica en la última década a través de las subastas de interrumpibilidad, que paga a las empresas de gran consumo energético por su disposición a desconectarse en caso de necesidad para el sistema. En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha planteado la posibilidad de «repensar» este sistema tras el anuncio de Alcoa de cerrar sus factorías de Avilés y A Coruña.

Ribera ha destacado que esta empresa era una de las principales beneficiadas de estas subastas pues «sistemáticamente se lleva el 30% de la subasta», unos 90 millones de euros, e incluso ha abierto la puerta a retrasar la próxima convocatoria. «A lo mejor esto lo que nos hace es retrasar esta convocatoria para evitar una distorsión y que se pueden beneficiar las demás si deciden definitivamente cerrar», ha manifestado la ministra, que aseguró que los responsables de la empresa conocían los planes del Ejecutivo de convocar próximamente una nueva subasta.

«Ellos lo sabían y estaba diseñada para favorecer en primera instancia a las empresas más grandes. Evidentemente, con este anuncio, sabiendo que representan el 30% de ese beneficio, pues a lo mejor tenemos que repensar esas convocatorias, de manera que evitemos distorsiones y que puedan favorecer al resto de la industria», ha indicado. Por ello, la ministra ha instado a «entender cuáles otros motivos estructurales pueden estar detrás» de la decisión de cierre de esta empresa. «Entiendo que es una decisión empresarial. Además, de manera recurrente la venían anunciando a lo largo de los últimos años y, sin embargo, luego quedaban tranquilos, paliados, y esperaban a la siguiente vez», apostilló.

La ministra ha resaltado que «lo más llamativo ha sido lo inmediato del anuncio» pues «nadie lo sabía hasta el día anterior». Al conocerlo, Ribera ha asegurado que tanto la titular de Industria, Reyes Maroto, como la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, trataron de contactar con los responsables de la empresa pero «no se pusieron al teléfono». Por ello, la ministra para la Transición Ecológica ha instado a esperar a «entender mejor qué es lo que supone y hasta qué punto de verdad quieren salir» y que, si es así, el Gobierno pueda «encontrar otro industrial que tenga interés en producir aluminio en esas plantas».

Maroto exige mantener las plantas

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el Gobierno exigirá a Alcoa mantener las 2 plantas productivas de Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia) que la empresa ha decidido cerrar con el consecuente despido de 700 trabajadores alegando, como uno de los principales motivos, el alto precio de la electricidad que Ribera tildó como una “excusa y cortina de humo”. Reyes Maroto ha anunciado que el Gobierno se reunirá con Alcoa y los sindicatos para escuchar a la empresa, esclarecer las razones que le han llevado a tomar la decisión y así poder hallar cuáles son los escenarios en los que es posible trabajar, con el objetivo de mantener las plantas productivas.

«La decisión nos ha pillado sin conocimiento. Nosotros llevábamos trabajando con ellos desde nuestra llegada al Gobierno», ha explicado la ministra. Tras hablar con el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, así como con los alcaldes de los municipios afectados por las plantas cerradas, Reyes Maroto comprometió una reunión «al más alto nivel» entre administraciones para coordinar actuaciones.