Teoría de la contradicción y los derechos de emisión

La campaña electoral prosigue. Los debates se suceden y la retórica electoral se va instalando, avanzando como una termite devorada de todo lo que toca. Desde el punto de vista de lo que se denomina ‘agenda política’, uno de los temas que forma parte del discurso es el ‘medio ambiente’. Parece no obstante que no ha llegado a tener ese carácter de protagonista que adquiere el terrorismo o la economía, pero también sirve para azuzar la controversia electoral desde las posiciones de cada una de las formaciones políticas. Por otra parte, estos tiempos de comunicación política, también sirven para dotar del suficiente carácter de relativismo a los programas, pese a esa fórmula retórica de programa, programa y programa utilizada por algún líder político en nuestro país.

Tradicionalmente, e incluso ideológicamente, parece que quien se desenvuelve mejor en el discurso medioambiental es el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Sus propias afinidades políticas con los grupos y formaciones ecologistas definen una ‘sensibilidad especial’ con todas estas cuestiones. Las encuestas que identifican valores con los partidos políticos actuales, señalan la correspondencia sociológica entre educación, medioambiente, sanidad, con el PSOE y, por el contrario, la economía, la seguridad o el orden público, con el Partido Popular. Luego viene la actuación política, la realidad y la capacidad política en un caso y en otro. Esa vinculación entre el medioambiente y la política es mucho más intensa con Izquierda Unida, en su propia condición de coalición de partidos, dónde hay formaciones netamente ecologistas.

Por ello, la cuestión de los derechos de emisión, dentro de la política medioambiental, leída con atención y globalidad en el discurso político no deja indiferente y de asomar resquicios entre el discurso y la actuación política. Entre la realidad y la controversia partidista. El resultado es que todas las versiones tienen parte de razón en su formulación teórica o en su diagnóstico, pero en su traslación práctica es dónde las cosas hacen agua, por los más inescrutables caminos.

Así, por ejemplo, con una situación como la existente de clara superación de los objetivos de emisiones de nuestro país deja evidente el fracaso de doce años de política medioambiental (además, con una moderación de las emisiones de carbono en el año 2006 con motivo de unas condiciones metereológicas favorablesy de más generación nuclear, la interpretación en clave política no deja ver el bosque). En condiciones más o menos comparables, siguen aumentando las emisiones de carbono y el déficit de las mismas. Y, eso cualquiera que sea el discurso político que lo ampare.

En medio de todo ello, parece que los errores se van sucediendo. Desde la primera negociación de objetivos de derechos de emisión (cuyos términos resultantes eran anormalmente bajos para nuestro país), hasta la definición de los Planes Nacionales de Asignaciones (cuyo objetivo no es la reducción de emisiones, contra lo que podría parecer, sino que nada cambie para que todo permanezca igual). La introducción de inseguridad jurídica en el sector renovable, consecuencia de las actuaciones regulatorias recientes.

Otra cuestión es la detracción de derechos de emisión de la tarifa eléctrica, de forma igualitaria para todas las instalaciones, emisoras o no. Esta fórmula, cuando es explicada por sus promotores (la actual administración) o por sus defensores, recuerda más a una justificación de la teoría de las rentas (repartir el impacto de la contaminación entre empresas contaminantes y no contaminantes, por su presunto efecto en los precios de las ), que de una política medioambiental. Justificación que también sirve para atribuir el triple de derechos en el Plan Nacional de Asignaciones a las tecnologías del carbón frente a las tecnologías de ciclo combinado (gas), que se de cuenta la Comisión Europea y sospeche de la existencia de ayudas del estado y que todos los países.

En todo caso, se trata de una solución patria se trata de vestir una decisión habitual ya en el sector eléctrico (el que concentra gran parte de los derechos de emisión por su actividad): la articulación de mecanismos de regulación económica (con la coartada de los derechos de emisión), para incidir en otro problema más agudo: la incapacidad política de ajustar la tarifa eléctrica a los costes reales y su reducción o erosión. Por ello, las posibilidades de incorporación a la política medioambiental de la acción contra los gases efecto invernadero son pervertidas por su utilización en la práctica. Pero entre otras contradicciones, también se manifiesta la del principal partido de la oposición que reconoce por un lado que esta detracción, es un mecanismo erróneo, pero, por otro, se abstiene en la votación en el Congreso, junto con otras formaciones políticas (justificando, en parte una medida tomada por la vía excepcional del Real Decreto Ley)

En casi todos los grandes epígrafes de los programas electorales sería sano la existencia de un pacto de Estado. Y, en el caso del cambio climático, seguro que también, partiendo de las evidencias en materia de cambio climático y de la necesidad de generar una verdadera política de reducción de emisiones. Aunque sólo sea para que gobierne quien gobierne, lo haga con políticas que se correspondan con los discursos políticos.

Por lo menos, para no encontrarnos a un presidente jactándose de reducir incidentalmente las emisiones en 2006 (gracias a la climatología y a las nucleares que tiene previsto cerrar) y a Rajoy esperando que no le miente a la familia fuente de su inspiración medioambiental. Todo lo demás es retórica, apretones de mano con Al Gore, primos y melancolía.