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Villar de Cañas defiende el ATC alegando contra la ampliación de la zona protegida al emplear la Junta «documentación incorrecta»

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Europa Press.- Mientras otros ayuntamientos de la zona también quieren el Almacén Temporal Centralizado (ATC), el Ayuntamiento de Villar de Cañas, municipio donde está prevista la instalación del (ATC) de residuos nucleares, ha presentado alegaciones contra el proyecto del Gobierno de Castilla-La Mancha para ampliar el espacio Red Natura en la Laguna del Hito de 1.000 a 25.000 hectáreas, pues según señala el Consistorio, «bien por error, bien por mala fe» la Junta «ha empleado como base para su decisión documentación incorrecta«.

En sus alegaciones, el Consistorio subraya que la ampliación del espacio protegido se basa en un inventario «obsoleto» de Áreas de importancia para las Aves (IBA), elaborado por la Sociedad Española de Ornitología, y que no se corresponden «con la realidad actual». El Ayuntamiento explica que la Junta fundamenta su decisión en un inventario de 2008, mientras que el vigente, en el que la Sociedad Española de Ornitología revisó y actualizó los datos del IBA en 2010, «fija otros límites distintos en los que Villar de Cañas quedaría excluido». Así, el Ayuntamiento indica «que la documentación presentada por la Junta y que se puso a disposición del público es incorrecta«.

Al Consistorio le llama la atención que este «defecto de forma que invalida todo el proceso, lo es a pesar de las directrices para el intercambio de información que establece la Guía sobre procedimiento de comunicación de la información oficial de los espacios protegidos Red Natura 2000». Además, el Ayuntamiento señala que la Laguna del Hito «ya cuenta con un plan de gestión aprobado en 2012«. Acuerdo, para el que fue preciso» presentar planos y fichas normalizadas por la Comisión Europea y que estuvieron a disposición del público según regula ley», asegura el Consistorio. «Resulta significativo que en 3 años no se planteara modificación alguna y que ahora sí es necesario hacer una revisión», indicaron.

Sobre los lugares de importancia comunitaria (LIC) que fueron definidos por la Junta (comunidad de halófilas lagunares, albardinales con limonium, lythrum flexsuosum y grullas comunes), el Ayuntamiento deja claro que «no cuentan en su territorio con ninguno de estos elementos clave«. Los tres primeros, explica el Consistorio, se centran en exclusiva en la laguna de El Hito, mientras que con el cuarto «se incide en que las grullas duermen en la laguna y se alimentan en los cultivos aledaños, no a diez kilómetros». Finalmente recuerda que «ya existen normativas locales pensadas para la defensa del medio ambiente de la zona y que la Junta ahora se atribuye de forma errónea».

«Sólo quieren retrasar su construcción»

Por su parte, los alcaldes de una decena de ayuntamientos conquenses afectados por la ampliación de la zona ZEPA en el entorno de Villar de Cañas, impulsada por el Gobierno regional, consideran que esta decisión supone el «golpe definitivo a la economía de la zona», que «solo va a retrasar la construcción» del ATC de residuos nucleares y va a «perjudicar de manera evidente a los agricultores y ganaderos de la zona». De este modo, los regidores mostraron su «preocupación» ante una propuesta que llega «con la intención de frenar el desarrollo de este proyecto».

Un proyecto que, según argumentan, «ha sido capaz de dinamizar y generar oportunidades en un territorio en franco retroceso» y que es «totalmente compatible con los usos tradicionales de los agricultores y ganaderos y totalmente respetuoso con la flora y la fauna existente» en el entorno del ATC. Así, mostraron su «compromiso con el cuidado del medio ambiente», lamentando «la manera en que García-Page utiliza este tema para tratar de obstaculizar el proyecto«, con una decisión que «no solo afecta a su construcción, sino que condiciona severamente el trabajo en el campo y el de las explotaciones tradicionales». Asimismo, felicitaron al Gobierno central «por haber aprobado la mayor inversión realizada nunca en la provincia conquense».

El Ayuntamiento de Villar de Cañas contesta al Gobierno autonómico que su POM siguió «el procedimiento legal establecido»

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Europa Press.- El Ayuntamiento de Villar de Cañas (Cuenca) contestó a la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, que su Plan de Ordenación Municipal (POM) «ha sido aprobado por el órgano competente y siguiendo el procedimiento legalmente establecido» después de que De la Cruz señalara que desde su departamento tienen «ciertas sospechas» sobre cómo se ha tramitado el POM de Villar de Cañas, y que están estudiándolo ya que hay «varios puntos» que piensan «que no se han tramitado adecuadamente».

En esta línea, el Ayuntamiento destaca que los trabajos de elaboración del POM «se han venido desarrollando a lo largo de estos últimos años y que «el expediente está en el Ayuntamiento a disposición de cualquier interesado que quiera examinarlo», según el Ayuntamiento de la localidad. Asimismo, señalan desde el Consistorio que «es de sobra reconocida la integridad, el profundo conocimiento de la legislación urbanística de Castilla-La Mancha y la competencia profesional de los funcionarios del área de Urbanismo de los servicios periféricos de la Consejería de Fomento en Cuenca, así como tantos otros funcionarios de las distintas Consejerías que han intervenido en la tramitación y aprobación del Plan, avalada por numerosos años de experiencia».

En relación con el Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y en el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, el Ayuntamiento explica que se recabó la participación y remitió copia de los trabajos de formación del POM citado y del Informe de Sostenibilidad Ambiental (I.S.A.) a diversas administraciones, entidades y asociaciones.

Segura (PSOE) reivindica la «absoluta necesidad» de construir un ATC en España

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Redacción / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista registró en el Congreso, a través de su portavoz de Energía, José Segura, una proposición no de ley para su debate en pleno, por la que «se insta al Gobierno a actualizar el aún vigente desde 2006 VI Plan de Residuos Radiactivos (PGRR) que mandata la creación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el almacenamiento de los residuos radiactivos», para cuyo emplazamiento, construcción y explotación exige «condiciones óptimas». Mientras, Cristina Narbona, consejera del CSN a propuesta del PSOE, pide centrarse en cuestiones técnicas.

En nuestro área de documentos puede encontrar la proposición del PSOE completa: pulse aquí.

Los socialistas consideran que la actualización del vigente Plan de Residuos Radiactivos es «necesaria» dado que un ATC «se erige en una instalación absolutamente necesaria para España, dado el volumen de residuos radiactivos de alta actividad ya acumulados en el envejecido parque nuclear español«. En cualquier caso, el PSOE precisa que «la imperiosa necesidad» de un ATC «no implica sin embargo el apoyo a cualquier construcción de un ATC, dado que se trata de una instalación nuclear de alto riesgo potencial». «Las condiciones para su emplazamiento, construcción y explotación deben ser, por tanto, óptimas, tanto desde la transparencia y la calidad de los procesos regulatorios como de las garantías de seguridad y de los costes económicos», indica el portavoz socialista.

Los socialistas también muestran su «preocupación» por el hecho de que el pasado 27 de julio el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobara por mayoría, con el voto discrepante entre las consejeras propuestas por el PSOE, favorable de Rosario Velasco y contrario de Cristina Narbona, informar favorablemente sobre la propuesta de dictamen técnico para la solicitud de autorización previa de la instalación del ATC en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca). En este sentido, hacen alusión a informes independientes encargados por el CSN a la consultora URS, realizados entre 2014 y 2015, que certifican «numerosos y graves problemas» en los terrenos seleccionados.

Por otro lado, José Segura recuerda que en el vigente plan, aprobado en junio de 2006, se establece como opción prioritaria para el almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos de alta y media actividad de vida larga, «la construcción de un almacén centralizado que daría servicio a todas las centrales nucleares, tanto en operación como en desmantelamiento». Sin embargo, los socialistas consideran que el proyecto de ATC en Villar de Cañas se enmarca en «el anticuado y obsoleto» VI Plan General de Residuos Radiactivos, «cuyas previsiones han quedado superadas por la realidad» como, por ejemplo, la posibilidad de que el Gobierno prorrogue las centrales nucleares hasta los 60 años de vida útil, o los almacenamientos individuales construidos.

De hecho, los socialistas critican que el planteamiento actual del ATC en Villar de Cañas «no contempla ciertos supuestos», como el hecho de que, a la vista de posibilidades como la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares hasta los 60 años, no se prevé su ampliación futura, que podría ser necesaria debido al incremento del inventario de combustible gastado y de otros residuos de alta actividad, entre otros supuestos. El número total de elementos combustibles irradiados almacenados hasta diciembre en las centrales nucleares españolas fue de 14.306, de los que 7.821 elementos proceden de las centrales nucleares de agua a presión PWR y 6.485 son de las centrales en ebullición BWR, según datos recogidos por el PSOE.

Narbona exige un debate técnico

La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a propuesta del PSOE, Cristina Narbona, hizo un llamamiento «a centrar el debate» en si Villar de Cañas (Cuenca) es el emplazamiento más adecuado para ubicar un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. Así respondía Narbona al presidente del CSN, Fernando Marti, que lamenta la publicación del contenido del voto particular de la consejera, donde asegura que los informes técnicos consideran «inadecuados» los terrenos del ATC, antes de haberse aprobado el acta de la reunión, y sugiere la posibilidad de «falta de respeto» a la institución.

El CSN criticó que Narbona hiciera público su voto particular, a pesar de que más tarde lo modificó, a lo que la consejera responde que eliminó dos puntos de su texto, el 15 y el 19, a petición expresa de Marti. «Quité esos párrafos para evitar que nadie pudiera sentirse agredido, pero esas líneas no cambian en nada mi posición, mi postura no se ha modificado desde entonces», aclaró. Asimismo, la consejera reconoce haber solicitado a Marti que retirase de su voto particular que la decisión de Narbona tenía que ver con posiciones ideológicas. La consejera ha insistido en que va a tratar de «eliminar cualquier tentación de convertir esta cuestión en un enfrentamiento personal».

«Lo importante es centrar el debate en lo que nos ocupa, y lo que nos ocupa es, si a la luz de los informes técnicos, Villar de Cañas es la ubicación idónea para el cementerio nuclear», concluyó. El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el visto bueno a la ubicación del ATC en Villar de Cañas el pasado lunes por cuatro votos a favor y uno en contra de Narbona. Tras la decisión del CSN, el Gobierno podría aprobar en breve el inicio de las obras, aunque en este proceso se topará con el Gobierno de Castilla La Mancha que elevó una propuesta de conservación para la zona con el fin de incluirla en la Red Natura 2000.

Castilla-La Mancha irá los tribunales españoles y de la Unión Europea si el Gobierno declara el ATC de interés general

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El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, aseguró que si el Gobierno de España declara el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) como de interés general, el Ejecutivo regional irá «a los tribunales españoles y de la Unión Europea». Otros que irán a los tribunales serán desde el Ayuntamiento de Villar de Cañas, recurriendo la ampliación de área protegida medioambientalmente desarrollada por el Ejecutivo autonómico para impedir el ATC. Además, el CSN anuncia que escuchará a más técnicos.

La guerra entre administraciones acaba de comenzar: «cuando se pretende generar una infraestructura en un área protegida por las directivas de la Unión Europea se tiene que justificar que no hay otra alternativa y creemos que es difícil de justificar», indicó Martínez Guijarro. El vicepresidente afirmó que el presidente regional, Emiliano García-Page «está cumpliendo los compromisos que asumieron con los ciudadanos de Castilla-La Mancha» en referencia a la instalación del ATC que se pretende construir en Villar de Cañas (Cuenca).

También indicó que se está analizando el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas, ya que «su tramitación en tan solo 48 horas llama mucho la atención», indicó la Junta. Por último, ha recordado que los informes técnicos señalaban que la opción de la instalación del ATC en esta localidad conquense era la cuarta opción y la decisión de hacerlo aquí fue «un acuerdo político que se cerró entre Cospedal y Rajoy sin tener en cuenta estos informes».

Ampliar el área protegida medioambientalmente

Por su parte, la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca propondrá la ampliación de las 25.000 hectáreas que el Gobierno castellano-manchego quiere incluir bajo la protección de la Red Natura 2000 en el entorno de la Laguna del Hito (Cuenca), que incluirían el espacio donde está previsto el emplazamiento del silo nuclear de Villar de Cañas.La portavoz de la Plataforma, María Andrés, ha asegurado que «aunque se ha puesto el foco mediático en las especies de aves, en las 10.000 grullas, en la solicitud realizada por la Plataforma se recoge la presencia de valores naturales muy notables que merecen ser conservados«, según ha informado la Plataforma, como «las comunidades gipsícolas, las especies piscícolas o las Lagunas de Casalonga».

Finalmente, la portavoz de la Plataforma exigió que el alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, «debería explicar cómo se presentó la candidatura al ATC, en un pleno en el que el asunto no figuraba en el orden del día».También criticó que el ministro de Industria, José Manuel Soria, «ha repetido que los residuos nucleares se están enviando a Francia y que cuestan 60.000 euros diarios», alegando que «ambos argumentos son falsos«.»El órgano oficial de comunicación de Enresa reconoce que no se paga un solo euro por los residuos, puesto que la gran mayoría se encuentran en las propias centrales nucleares, bien en las piscinas anexas a los reactores o en almacenes individuales en seco«, explicó Andrés.

Villar de Cañas pide justicia

El Ayuntamiento de Villar de Cañas y los demás municipios y vecinos afectados por el acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado que recurrirán «a todas las instancias legales» la decisión del Ejecutivo autonómico ampliar la zona protegida de la Laguna del Hito ya que la considera «un fraude de ley». A su juicio, se está «intentando utilizar la legislación ambiental para fines distintos de los que contempla«. Según el Consistorio, el Gobierno regional «pretendía proteger terrenos que fueron excluidos por la Sociedad Española de Ornitología, como áreas importantes para las aves».

En concreto, según el Ayuntamiento, SEO/BirdLife estableció el 31 de diciembre de 2010 «que buena parte de los terrenos de Villar de Cañas y la zona de implantación del ATC en particular, no tienen el interés ni relevancia que pretende la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ni se ven afectados en absoluto, por la ocupación ni el paso de las aves«. En el mismo sentido se ha manifestado la Plataforma Sí Queremos el ATC en Villar de Cañas, que ha señalado que esto «invalida por completo las pretensiones de paralizar el ATC» con el acuerdo del Consejo de Gobierno.

El CSN atenderá dudas técnicas

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) analizará en una próxima reunión tras las vacaciones las «dudas e incertidumbres» planteadas sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) por los técnicos del área de Ciencias de la Tierra (CITI) del organismo regulador, según fuentes del regulador atómico. Estos técnicos expresaron sus reservas a través de una nota informativa conocida «con posterioridad a la redacción de la Propuesta de Dictamen Técnico (PDT) de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear» sobre el emplazamiento del silo. Esa nota estaba firmada por el jefe de área del CITI y los geólogos que integran el departamento. Destacaba los esfuerzos a realizar para superar la inestabilidad del terreno para construir el silo pero no así su construcción.

Según consta en las actas publicadas por el CSN sobre aquella reunión, la nota fue dirigida al director técnico de Seguridad Nuclear del CSN, Antonio Munuera, quien no la incluyó en el informe de evaluación, ni tampoco en la PDT; por lo que los consejeros del CSN desconocían su contenido el pasado lunes 27, momento en el que se debatía la primera autorización de emplazamiento del silo nuclear. Dado el desconocimiento de los consejeros, salvo Cristina Narbona que sí había tenido acceso a la misma a través de un medio de comunicación, se invitó a Munuera al pleno del CSN.

Ante los consejeros del CSN

En la reunión, Munuera explicó que decidió no incluir la información por su «carácter absolutamente anómalo y fuera de procedimiento», «que los firmantes califican de informativa» y que se «aparta de las categorías manejadas en los expedientes de evaluación técnica, normalmente notas interiores o de evaluación técnica firmadas por el autor y revisadas por su superior jerárquico». A su vez, Munuera argumentó que no le dio trascendencia técnica a dicha nota, ya que su objetivo era «poner en evidencia la necesidad de utilizar recursos desproporcionados para cumplir los límites y condiciones que contiene la PDT y que contestó a los signatarios de la nota que estas consideraciones estaban fuera de las competencias de esa área«.

El Gobierno baraja ordenar por ley que arranquen las obras del ATC de Villar de Cañas

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Europa Press.- El Gobierno baraja hacer uso del ordenamiento en materia de suelo que le permitiría conceder licencias para las obras del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas a pesar de la protección ambiental anunciada por el gobierno autonómico manchego, según el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que recuerda que así se construyó una piscina en la central de Trillo y cuarteles en Euskadi. Por otro lado, Enresadeberá reforzar su organización para construir el ATC y el CSN podrá paralizarlo si observa anomalías.

En este sentido, «si se atenta contra un interés superior, en nuestra legislación está previsto que el Gobierno pueda otorgar licencias que superen las autorizaciones autonómicas o municipales», indicó el ministro de Justicia, que precisó que este instrumento puede aplicarse cuando el Ejecutivo considera legítimamente que debe anteponerse el interés general a un interés particular de un territorio. Catalá recordó que esta prerrogativa ya se ejerció previamente cuando se autorizó la edificación de unas instalaciones; en concreto una piscina, en la central nuclear de Trillo, o cuando algunos ayuntamientos no daban licencias para construir comisarías o cuarteles de la guardia civil en el País vasco.

«Es el caso que podremos estudiar en este supuesto, en el que se está desarrollando un proyecto que parece que tienen todo el sentido y que lleva muchos años avanzando en esa dirección», avanzó. En su opinión, la decisión de un Gobierno autonómico no debería ser «exclusivamente suficiente» para impedir una política que supera, con mucho, sus competencias. «Como existe este mecanismo legal, veremos si conviene finalmente autorizar la continuación de esas obras», ha apuntado.

El ministro de Justicia ha recordado, además, que la decisión de construir el almacén nuclear partió del anterior Gobierno socialista. «Esta decisión no la ha tomado este gobierno, no es una ocurrencia reciente sino que, como digo fue el Ejecutivo anterior del PSOE quien empezó y avanzó en esta dirección, que además tiene todos los beneficios en términos económicos, de seguridad y de ser autosuficientes en política energética», insistió Catalá.

Además el titular de Justicia considera como «un poco paradójico» que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha dirigido por Emiliano García Page extienda ahora una zona de especial protección hasta 25 veces. En concreto, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el inicio del procedimiento de ampliación del espacio Red Natura en la Laguna del Hito de 1.000 a 25.000 hectáreas, en una zona que incluiría la ubicación del ATC, una ampliación que prohibiría «realizar actos en ese territorio que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno» y que provocaría que «no fuera posible continuar con el proceso de construcción del almacén nuclear en Cuenca».

Condiciones del CSN a Enresa

Enresa deberá reforzar su organización de cara a la construcción del ATC en Villar de Cañas y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) podrá paralizar las obras de infraestructuras preliminares en caso de observar anomalías. Estos son dos de los límites y condiciones que el regulador atómico ha impuesto en el informe favorable a la autorización previa para el silo, que el pleno del CSN aprobó el pasado lunes 27 de julio. En concreto, señala que la organización de Enresa para la fase de construcción deberá ser reforzada, previamente a la obtención de la autorización de construcción, para supervisar el desarrollo del proyecto y garantizar la calidad durante la construcción.

Además, el CSN podrá paralizar las actividades y obras de infraestructuras preliminares en caso de aparición de anomalías que afecten o puedan afectar a la seguridad nuclear y protección radiológica hasta tanto sean corregidas, pudiendo proponer la revocación de la autorización si dichas anomalías no fueran corregidas. Enresa es el titular de esta autorización previa para la construcción del ATC, que es considerada como una «instalación nuclear» para albergar los residuos de las centrales nucleares españolas, así como los que se encuentran en Francia procedentes de Vandellós I, los que no puedan ser tratados en el Cabril, así como aquellos residuos que se derivan de la actividad de la instalación.

El informe técnico sobre el que se basa el acuerdo del pleno del CSN concluye que los técnicos afirman que los estudios de caracterización sobre la geografía, demografía, geología, meteorología, geomorfología, hidrología superficial realizados por Enresa son «aceptables», así como que los estudios de caracterización sobre peligrosidad sísmica son «aceptables» y permiten un «diseño seguro» de la instalación. En cuanto a la caracterización hidrogeológica e hidrogeoquímica, consideran que Enresa desarrolló un modelo preliminar de flujo subterráneo de aguas que «deberá ser actualizado y completado» a lo largo del proyecto con la obtención de nuevos datos que permitan validar el modelo.

Además, entienden que el diseño de cimentación propuesta por Enresa es «adecuada» para su ubicación en el emplazamiento, teniendo en cuenta que es necesario adoptar una solución envolvente conservadora en el diseño de estas cimentaciones y desarrollar un «detallado plan de vigilancia del emplazamiento», tras identificar los riesgos potenciales en la caracterización geotécnica para evaluar la estabilidad del terreno. Como ya avanzó el CSN, el informe técnico agrega que del análisis normativo se deriva que las bases de diseño del ATC son dependientes del emplazamiento, es decir, las características del emplazamiento condicionan el diseño del ATC, y que las incertidumbres asociadas a la caracterización del emplazamiento recomiendan «complementar el diseño con criterios de seguridad intrínseca».

Filibusterismo y conflicto político por el ATC

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Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta para abordar la cuestión del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares es que España cuenta con un sistema de generación de electricidad diversificado en sus tecnologías, que permite, descontando excesos de la burbuja renovable, contar con un mix de generación eficiente. Esto incluye evidentemente el parque de generación nuclear, cuya función de energía base, sin emisiones contaminantes, participa en ese mix de manera decisiva.

La necesidad de que España cuente con un almacén de residuos nucleares es evidente. La operación del parque actual, del que nadie pide aumentar su número de reactores, lo requiere a la vista de la factura que podría suponer aumentar el grado de expatriación de este proceso. Por eso, es una desgracia enorme que una cuestión de estas características, la construcción del ATC se haya incrustado en la tragedia de la política politizada convirtiéndose en un campo de batalla, es decir, en otro de los conflictos en el ámbito de la energía que evidencian el forcejo institucional del país, hasta convertirse en una pelea de sumo teñida de polémica, por alineación de administraciones y partidos.

Llegamos así a uno de los elementos comunes de este Gobierno en energía: un diagnóstico correcto, pero una instrumentación y articulación pésima, basada en el enfrentamiento y la soberbia, carente de negociación y conducente al conflicto institucional, en el que todos cometen errores y excesos en sus respectivos afanes. Hagamos un repaso reciente de la escalada: las maquinarias se activan tras cuatro años de letargo. No pasa inadvertida la «agilidad” sobrevenida de repente en el CSN, la ocultación de un informe calificado de irrelevante (siendo irrelevante ¿por qué se oculta?), su contradicción sin explicación (qué no significa que sea inexplicable) con los informes geológicos y la existencia de informes pendientes aún, a pesar de lo cual el CSN se pronuncia.

A cuenta de ello se produce, con motivo de este dictamen, un enfrentamiento posicional entre dos consejeros del organismo, Fernando Castelló (favorable al ATC) y Cristina Narbona (desfavorable), agente doble y antinuclear confesa. A ello se suma la discrepancia de voto entre Narbona y la consejera Rosario Velasco, ambas propuestas por el PSOE. Conviene estar atentos a la proyección de Narbona y a su instinto y experiencia política, algo que puede acabar trayéndole de cabeza al presidente del CSN, Martí Scharfhausen, el ex secretario de Estado de Energía que nunca lo fue, que puede verse salpicado por la gestión de este asunto y la penalización de la propia credibilidad de este organismo regulador encargado de velar por la seguridad nuclear.

En la misma línea, de movimiento acelerado, el propio ayuntamiento de Villar de Cañas aprueba un plan urbanístico a uña de caballo para poner alfombra roja a la instalación, que está siendo observado con lupa por la Junta de Castilla La Mancha, que amplía la protección medioambiental de una laguna cercana a petición de una plataforma anti instalación, lo que ocasiona la chispa del conflicto jurídico y del choque de trenes que previsiblemente acabará en los tribunales como un conflicto de competencias con el Estado.

A declaración medioambiental demagógica de la Junta de Castilla-la Mancha, respuesta del titular de Justicia, Rafael Catalá, con anuncio de declaración de interés general. Por su parte, desde Industria se acude a la exageración y al maximalismo declarativo: José Manuel Soria considera que de no construirse el ATC, subiría un 30% la tarifa. En el campo de batalla, está también, cómo era lógico, todo el movimiento antinuclear muy bien engrasado.

Los detractores de esta tecnología saben que obstaculizar un proyecto así puede servir para encarecer severamente la operación nuclear en España y beneficiar a otras. Cobrarse esta pieza sería capital y redundaría en beneficios asociados. El Gobierno español se encuentra entre la necesidad de ser friendly ante las elecciones, la menesterosidad del descuido al habérsele echado el tiempo encima, más lo aguerrido de la forma de operar en cuestiones energéticas, jugando siempre a órdago, y no las tiene todas consigo.

Por eso, sin esconderlo, una de las argumentaciones es la formulación política de oposición a la energía nuclear, como reconocía el consejero autonómico de Medio Ambiente en una entrevista en Onda Cero a cuenta del filibusterismo jurídico que el gobierno regional empieza a ejercer contra el ATC de Villar de Cañas. Además de advertir de que los nuevos requerimientos del CSN incurrirían en un sobrecoste imprevisto al proyecto, destacaba su opción política por “otras fuentes de energía de carácter renovable”.

Por eso, también es cierto que la coartada medioambiental de la oportunista ampliación promovida por la Junta contra el proyecto, no resistía las preguntas de Carlos Alsina al consejero y sus grullas, lo que desenmascara a la vez un perfil muy político/politizado de la oposición al ATC que va a ejercer el nuevo gobierno regional de forma indisimulada. Narbona gana la partida en el PSOE.

A todo ello, Villar de Cañas, en medio de este conflicto entre Administraciones, teme que el proyecto se escape, con el empleo y desarrollo asociado al ATC, mientras recibe de su consejero autonómico, recién estrenado, promesas a cambio de la instalación del estilo de las mismas banalidades insustanciales e inconcreciones que prometió Zapatero para promover en su momento el cierre de Garoña una mañana de julio, con un argumentario menos improvisado, alejado de esquematismos y más elaborado desde la comunicación política.

La guerra ha comenzado.

Soria dice que el recibo de la luz subirá hasta un 30% si no hay un ATC en España

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Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, advirtió de que el coste de no tener un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en España podría derivar en un encarecimiento de hasta el 30% en la factura de la luz. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que el Estado sigue teniendo competencias para autorizar el ATC mientras que el PP manchego subraya que «deben ser los técnicos y no los políticos» los que decidan.

En este sentido, Soria aseguró que si no se pone en marcha el ATC se deberá detener toda la producción eléctrica nuclear que hay en España, que es un 20%, lo que «encarecería entre un 25 y un 30% el precio de la factura«. Así, Soria subrayó que el ATC es un almacén tanto para los residuos nucleares que se generan como para los que deberán volver de Francia en 2018, año para el que es necesario una solución, ya que el coste de su envío al país galo es de 22 millones al año.

Además, el ministro señaló que el objetivo de la Junta de Castilla-La Mancha con su decisión sobre la protección medioambiental de los terrenos para tratar de impedir la instalación del ATC en Villar de Cañas es «única y exclusivamente hacer ruido», ya que va «en contra de los intereses de los castellano-manchegos, del municipio y de todos los municipios que están en los alrededores, ya que el ATC es un proyecto que genera actividad«. De todos modos, el ministro descarta que esta decisión vaya a afectar a la ejecución o el desarrollo del proyecto, de manera que la empresa encargada de los residuos radioactivos (Enresa) podrá iniciar «en los próximos meses» los trámites pendientes para iniciar la construcción del proyecto.

Asimismo, Soria recordó que este proyecto, que supondrá una inversión de 900 millones de euros, era del anterior Gobierno socialista, «con muy buen criterio», y fue de los temas que su antecesor en el cargo, Miguel Sebastián, le pasó como una de las cuestiones «totalmente cerradas«. «El Gobierno socialista tuvo buen criterio cuando se embarcó en este proyecto y ahora al final, cuando ya está el proyecto, el mismo partido viene y dice que ahora no. Esto es muy poco serio», añadió Soria al respecto.

Soria destacó que, una vez que se cuenta con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al emplazamiento en Villar de Cañas, ahora el siguiente paso es la declaración de impacto medioambiental del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. «Solamente cuando haya esa declaración y sea favorable, entonces el Ministerio de Industria procederá a aprobar la autorización del ATC», dijo, añadiendo que este proceso podría completarse «a lo largo de los próximos meses».

El Gobierno sigue teniendo competencias

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró convencido de que el Estado sigue teniendo competencia para autorizar el primer permiso del proyecto de construcción del ATC pese al anuncio de la Junta de Castilla-La Mancha de ampliar la protección natural de la zona para impedir el proyecto. «Habrá que estudiar si tiene relevancia y tiene coherencia ampliar la Red Natura en ese espacio, pero, en todo caso, el Estado, en la legislación actual tiene competencias para conceder excepcionalmente algunas licencias cuando hay una causa de interés general que supera las competencias de una comunidad autónoma«, aseguró.

Según indicó el ministro, esa posibilidad existe dentro de la actual legislación, aunque Catalá reconoció que, para llevar a cabo esta medida, «tendrá que ser objeto de análisis, de estudio y de valoración» con el fin de determinar «cuál es el interés superior que pudiese concurrir en este caso». Catalá argumentó que, aunque parece que la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha de «utilizar una declaración medioambiental» para paralizar el ATC «puede estar dentro su ámbito competencial», el proyecto de construcción del ATC también «tiene que ver con la protección a los ciudadanos en el tratamiento de residuos nucleares«.

«Deben ser técnicos quiénes deciden»

El Partido Popular de Castilla-La Mancha cree que «deben ser los técnicos y no los políticos» los que decidan sobre la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).La diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso, ha lamentado que «a una zona muy deprimida» como la que rodea Villar de Cañas «se le niegue la posibilidad de tener capacidades para el fomento de riqueza y empleo». Igualmente, ha preferido esperar hasta conocer qué se plantea por parte del Gobierno autonómico para manifestarse sobre los terrenos que quieren incluir en la Red Natura 2000, aunque ha incidido en que esa cuestión debe decidirse «de manera técnica».

Fernández Vara, sobre el ATC: «En algún sitio habrá que poner las cosas»

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Servimedia / Europa Press.- Las discrepancias alcanzan al PSOE: el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, se pregunta, en referencia a la pretensión de Castilla-La Mancha de bloquear la construcción del ATC de Villar de Cañas, en qué lugar de España hay que poner aquellas cosas «que nadie quiere», porque «en algún sitio las habrá que poner». Mientras tanto, el PSOE pedirá la comparecencia del ministro de Industria, José Manuel Soria, y presentará distintas iniciativas, también en Castilla-La Mancha, demandando información.

El presidente extremeño recuerda que en su región ya hay dos reactores nucleares, Almaraz I y II, y que, en su momento, impidió a un pueblo de su comunidad que optara a ser la sede del ATC. Por ello, Fernández Vara sostuvo que no le puede pedir al presidente de Castilla-La Mancha que no haga lo que él hizo, si bien manifestó que eso conlleva hacerse «una reflexión»: «¿Qué hacemos para las cosas que nadie quiere y que un país necesita?». En este sentido, Fernández Vara se refirió, de manera irónica, a que «no vaya a ser» que creemos una comunidad autónoma para poner en ella «lo que no quiere nadie, porque en algún sitio habrá que poner las cosas».

En esta línea, apuntó que ello supone entender «que no ponerlas significa seguir pagando lo que se está pagando por llevar los residuos fuera». Por otra parte, señaló que «hay cosas del Estado de las Autonomías que las hemos llevado al esperpento» y abogó por encontrar en España un nivel de «consenso suficiente para determinadas cuestiones». A su juicio, el Estado de las autonomías no es ver «cómo troceamos España en 17 trozos», porque España «es mucho más que la suma de 17 regiones» y hay cuestiones que son asuntos de país y «no debían de estarse cambiando cada vez que hay cambios de Gobierno.»

El Gobierno manchego que preside el socialista Emiliano García-Page inició el procedimiento para ampliar la zona especial de protección para las aves (ZEPA) actual, el espacio reconocido como Red Natura de la Laguna del Hito que pasa de 1.000 a 25.000 hectáreas protegidas. De esta manera, protege los terrenos destinados para el ATC impidiendo su construcción en Villar de Cañas. Lo cierto es que de momento, según la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, el área que dirige no ha recibido aún la solicitud del gobierno de Castilla-La Mancha para ampliar la Red Natura en la zona de Villar de Cañas.

Competencia de las comunidades autónomas

Según el Ministerio de Agricultura, la declaración de los espacios Red Natura 2000 terrestres es exclusiva de las comunidades autónomas, en relación a la intención del Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha de iniciar el procedimiento para ampliar el espacio Red Natura en la Laguna del Hito. Fuentes del Ministerio explicaron que, en todo caso, la función de este departamento es la de dar traslado de la información de las comunidades autónomas, una vez que está completa, a la Comisión Europea.

PSOE pide explicaciones a Soria

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso va a pedir, de nuevo, la comparecencia del ministro de Industria, José Manuel Soria, para que dé explicaciones sobre el ATC de residuos nucleares de Villar de Cañas y va a presentar distintas iniciativas, que también realizará el PSOE en Castilla-La Mancha, solicitando «la información oportuna» sobre el silo. Así lo avanzó la portavoz regional del PSOE, Cristina Maestre, que confió en que el ministro Soria «no haga filibusterismo parlamentario» como intentó hacer «en la anterior ocasión» cuando protagonizó una «comparecencia sumamente evasiva».

Maestre indicó que, además, se va a pedir una auditoría del Tribunal de Cuentas sobre la construcción del ATC y la gestión que está llevando a cabo Enresa, preguntándose «qué interés general hay por ubicar en Villar de Cañas el basurero nuclear» y viendo una razón detrás «mucho más que oscura y radioactiva». Asimismo, la socialista, que lamenta que estén «engañando a los vecinos de Villar de Cañas», indicó que argumentos de expertos como los del Colegio de Geólogos «generan muchas dudas», sobre el silo y sobre la seguridad, y criticó que el Gobierno parece que «quiere dejar atada y bien atada la construcción del ATC» antes de las elecciones.

Por otro lado, preguntada por el voto a favor de la consejera socialista Rosario Velasco, en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Maestre afirmó que «ciertas reacciones en el CSN pueden responder a falta de información» porque el «Ministerio no está explicando la cantidad de zonas oscuras que hay en este proyecto». «De otra manera no podemos justificar ni entender cómo se puede votar a favor de la construcción de un basurero en terrenos que son sumamente inadecuados según los expertos«, concluyó Maestre.

Las organizaciones ecologistas dan por «paralizado» el ATC y amenazan con acciones legales si el Gobierno pretende empezar las obras

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Europa Press / Servimedia.- La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, Greenpeace y Ecologistas en Acción consideran «paralizado» el proyecto de construir un Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en la localidad de Villar de las Cañas, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha iniciara un nuevo Plan de Ordenación de la Recursos Naturales (PORN) con el objetivo de proteger la zona e impedir las obras.

Además, los ecologistas aseguran que si, tras la decisión del Ejecutivo manchego, el gobierno central autoriza el permiso provisional para la construcción del ATC en Villar de las Cañas, «emprenderán acciones legales» para paralizarlo, aunque indicaron que, a su juicio, quien debería hacerlo sería la Junta de Castilla-La Mancha. Según el portavoz de la plataforma contra el ATC, Carlos Villeta, la intención del Gobierno manchego con la tramitación del PORN es estudiar una ampliación del Espacio Red Natura de la Laguna del Hito de las 955 hectáreas que ocupa ahora a un total de 21.400 hectáreas, de modo que abarque la zona en la que se planea construir la instalación.

Villeta recordó que, conforme a la Constitución, las competencias en materia de protección del medio ambiente corresponden a los gobiernos de las comunidades autónomas y señaló también que, de acuerdo con la legislación, una vez iniciada la tramitación de un PORN, que entrará en vigor este jueves, «no se podrán realizar actos en esa superficie que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno». Por ello, asegura que ninguna administración fuera del gobierno regional tiene autoridad legal para revertir el procedimiento de ampliación de la zona de protección natural y, de este modo, «queda automáticamente paralizada» la posibilidad de iniciar el proyecto de construcción del ATC.

Los responsables de estas tres organizaciones aseguraron que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a la concesión del primero de los cinco permisos necesarios para la construcción de la infraestructura, aprobado este lunes, «no es vinculante«. Así, para que dicho permiso fuera efectivo, debería recibir la aprobación del Consejo de Ministros a petición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según explicaron.

Por otra parte, la responsable de Proyectos de Greenpeace, Raquel Montón, señaló que, una vez paralizado el proyecto, la propuesta de las organizaciones contrarias al proyecto de Villar de las Cañas pasa por un plan en «tres fases«. A su juicio, la primera necesidad consiste en la elaboración de un «séptimo Plan General de Residuos Radiactivos» que, a su juicio, debería contar con la participación de la sociedad civil y la aprobación por parte de la ciudadanía. «Hace prácticamente una década que se aprobó el sexto plan y la situación ha cambiado lo suficiente para necesitar una actualización«, han asegurado.

Además, Montón recordó que dicho plan establecía que la construcción del ATC debía estar finalizada en 2010 y que dicho proyecto estaba planteado para una vida útil de las centrales nucleares de 40 años, cuando «actualmente existe un proyecto del Gobierno para ampliar esa vida a 60». Una vez hecho esto, las organizaciones consideran que debería realizarse un nuevo planteamiento del proyecto a la luz del nuevo plan y en la que sociedad civil y organizaciones pudieran participar en la aportación de alternativas técnicas y económicas para su definición final.

Por otro lado, la responsable de Greenpeace explicó que la organización se ha puesto en contacto con más de 200 de los 217 ayuntamientos de Cataluña, Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura que, además de Villar de las Cañas, se verían afectados por el proyecto de construir el ATC en esta localización debido a que están en la ruta que deberían seguir los camiones que transportarían los residuos radiactivos hasta las instalaciones, desde las centrales nucleares. «Los municipios por los que pasarán estos transportes no están exentos de riesgos, y estos municipios deben saberlo», indicó. Por allí circularían unos 40 transportes nucleares por año, según los cálculos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Para Montón, quien defiende que antes de definir el proyecto para construirse un ATC debería abordarse un debate sobre la continuidad de la energía nuclear, el planteamiento de un proyecto centralizado al que derivar todos los residuos nucleares de las seis plantas que hay en España supone un «peligro» desde cinco perspectivas. En primer lugar, debido a que el transporte por carretera de estos residuos «no está exento de accidentes«. De hecho, ha asegurado que, en los últimos 50 años se han contabilizado en Estados Unidos un total de 58 accidentes en los que estaban implicados vehículos con residuos nucleares.

Además, Montón cree que las condiciones que se exigen para el transporte del material radiactivo «no son suficientes» desde el punto de vista de su resistencia a altas temperaturas en caso de un incendio. Por otra parte, cree que es un «riesgo innecesario» someter a las personas de las localidades por las que pasarán estos vehículos a una dosis de radiación adicional, pese a que ha reconocido que esto «no supondría un peligro fulminante» para nadie. Por último, cree que el efecto para estas poblaciones será la devaluación de sus productos naturales, y un incremento del «estrés» para los ciudadanos y conductores de la zona. Por ello les solicitaron que se sumen también a la petición de paralización del proyecto.

Las organizaciones antinucleares consideran que las actuaciones tanto del Ministerio de Industria, como del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en su conjunto, en especial del presidente y su vicepresidenta, atienden a criterios que no son los de la seguridad nuclear, según denunciaron los ecologistas. En este sentido, las organizaciones ecologistas criticaron que el Ministerio de Industria pidiera al CSN que anticipara la evaluación del impacto radiológico del ATC de cara a la formulación por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la instalación, y para ello envió un informe incompleto.

PNL del PSOE para actualizar el VI Plan de Residuos Radiactivos

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El grupo parlamentario socialista registró en el Congreso, a través de su portavoz de Energía, José Segura, una proposición no de ley para su debate en pleno, por la que “se insta al Gobierno a actualizar el aún vigente desde 2006 VI Plan de Residuos Radiactivos (PGRR) que mandata la creación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el almacenamiento de los residuos radiactivos”, para cuyo emplazamiento, construcción y explotación exige “condiciones óptimas”. Además, Segura reivindica la «absoluta necesidad» de construir un ATC en España.

Pulse en el siguiente enlace para ver la proposición completa: PNL PSOE Plan Residuos Radiactivos 31-07-2015