Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cree que España y la Unión Europea están en el camino para poder reducir «ya» un 45% las emisiones de gases efecto invernadero en 2030, 5 puntos más de lo comprometido, tal y como recomienda el informe del Panel de Cambio Climático de la ONU, pero asegura que ese no puede ser el techo, sino que la obligación es «reducir al máximo» las emisiones, pero sin poner en riesgo la equidad y el desarrollo sostenible.
Aunque el objetivo para 2030 de la Unión Europea es reducir en un 40% las emisiones, Ribera cree que Europa «en realidad ya va a cumplir» aquello a lo que se ha comprometido para lograr una reducción del 45% de las emisiones y celebra que la Comisión Europea ya esté planteando que esto «se materialice». Eso sí, insistió en que actualizar ese dato «no puede suponer un techo para la acción» y que no puede ser «la excusa» para no hacer más, sino un acicate para que la Unión Europea se plantee a partir de 2020 «subir su ambición» climática.
Tras la presentación de las conclusiones del informe del IPCC, ha destacado que la coexistencia con un aumento de la temperatura global del planeta «ya nos está afectando» en la realidad cotidiana por lo que Europa tiene que «tomarse en serio ese papel de liderazgo que preconiza». «Europa ha hecho cosas muy importantes, en materia de clima, tanto en las políticas domésticas como en la construcción de alianzas con otros países y la gran pregunta es si está a la altura de las circunstancias con su propio esfuerzo», ha manifestado.
La ministra ha precisado que España debe dotarse de un marco estratégico normativo dado por la futura ley de cambio climático, el paquete de energía y clima, una reforma del sistema eléctrico basado en el funcionamiento del mercado, una «corrección» del sistema fiscal, la potenciación de la capacidad de almacenamiento de energía porque la seguridad energética de la generación renovable no tenga que corresponderse «siempre» con la potencia térmica detrás y una variable social que se expresa para el Gobierno, según defiende, con la estrategia de pobreza energética que «falla».
En ese sentido, ha asegurado que espera poder presentar «en las próximas semanas» la estrategia de transición justa que evite daños a los colectivos que serán afectados por los «grandes cambios que se avecinan» y que se sabían desde 2010, en particular en el ámbito del carbón. «No podemos entender que no haya habido una voluntad de anticipación y de generación de oportunidades de futuro con los colectivos que se van a ver afectados», comenta.
A su juicio, los cambios que vienen para poder hacer frente «al reto» que incluyen el cambio de modelo energético, de la movilidad, la fiscalidad, los servicios ambientales y la forma de redistribuir la riqueza, de modo que observa que se trata de una «agenda completa» que debe promover «la equidad de la sociedad». Respecto a la regulación del autoconsumo y del nuevo bono social, son, en su opinión, las «primeras orientaciones de un cambio con implicaciones en otros usos finales. Si bien, admite que esto es «insuficiente» porque el cambio climático presenta «muchas incógnitas».
Así, ha incidido en que la «principal obligación» es reducir «al máximo» las emisiones de gases de efecto invernadero allí donde existe el conocimiento para hacerlo «sin poner en riesgo» el desarrollo sostenible, la equidad y la erradicación de la pobreza. A su juicio, en términos generales, «no se trata de parar un país sino al contrario, activar un modelo de desarrollo que resulte más equilibrado, más justo y orientado a abordar el desafío de la seguridad energética» o del futuro para las próximas generaciones sin olvidar el reforzamiento en materia de clima. «Todavía hay algunas incógnitas por despejar», admitió.
