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Miguel Arias Cañete visita Argelia y Marruecos esta semana para reforzar la cooperación en materia de energía

Europa Press.- El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, se desplazará a Argelia y Marruecos entre el 5 y el 7 de mayo para reforzar la cooperación en materia de energía y lucha contra el cambio climático.

El comisario y el ministro de Energía argelino, Youcef Yousfi, lanzarán este martes un diálogo de alto nivel ente la UE y Argelia en materia de energía con el objetivo de estrechar la cooperación en este ámbito. Se trata del segundo diálogo que lanza la UE de este tipo tras hacerlo con Turquía.

El Ejecutivo comunitario confía en que la iniciativa contribuya a fomentar la cooperación en gas y energías renovables y en materia de eficiencia energética. «La idea es facilitar las inversiones en nuevos proyectos de exploración y producción en el futuro del gas natural«, han precisado fuentes del Ejecutivo comunitario.

En el caso de Marruecos, el comisario tiene previsto lanzar con el ministro de Energía magrebí, Abdelkader Amara, tres nuevas plataformas euro-mediterráneas sobre gas, mercado eléctrico regional y renovables y eficiencia energética con la idea de facilitar acuerdos de asociación y reforzar la cooperación con los países de la Unión por el Mediterráneo.

En concreto, las plataformas se centrarán en contribuir a la integración del mercado, desarrollar nuevas tecnologías y eliminar barreras normativas, infraestructurales y de inversión en la región.

Arias Cañete copresidirá además el 7 de mayo la conferencia de alto nivel de la Unión por el Mediterráneo sobre el cambio climático que acogerá la ciudad marroquí de Skhirat, donde se espera discutir las contribuciones de los países de cara a lograr un nuevo acuerdo global auspiciado por la ONU para reducir las emisiones de CO2 que se espera lograr en la cumbre de París en diciembre.

El comisario también prevé reunirse con los ministros de Medio Ambiente marroquí y egipcio, Hakima el Haite y Jaled Fahmy.

Bruselas expedienta a España por no evaluar el impacto ambiental del proyecto para la línea eléctrica en el área metropolitana de Barcelona

Bruselas ha enviado un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento a infracción, en el que exige a las autoridades españolas responsables que cumplan la directiva de la UE sobre evaluación de impacto ambiental y garanticen que la línea eléctrica en cuestión «no plantea riesgos para el medio ambiente».

«El proyecto de línea eléctrica atraviesa una de las zonas más densamente pobladas de España, y puede tener un impacto considerable en el medio ambiente, por lo que la Comisión pide a España que establezca la necesidad de una evaluación medioambiental», ha dicho el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El dictamen motivado remitido este miércoles sigue a una primera carta de emplazamiento que se envió el 14 de julio de 2014, y cuya respuesta no ha satisfecho a Bruselas. España tiene ahora dos meses para actuar. En caso contrario, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión Europea investiga los mecanismos para garantizar el suministro de electricidad

En concreto, la Comisión Europea investigará en materia de ayudas estatales las medidas dirigidas a garantizar la disponibilidad constante de la capacidad adecuada para producir electricidad a fin de evitar apagones, informó en un comunicado.

La CE explica que un número creciente de Estados miembros está introduciendo mecanismos de capacidad para fomentar las inversiones en centrales eléctricas u ofrecer incentivos para que las centrales sigan funcionando, con el fin de velar por que el suministro de electricidad satisfaga en todo momento la demanda.

La Comisión reconoce que tales medidas públicas pueden estar justificadas en algunos casos y sus directrices de 2014 sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía incluyen por primera vez criterios para evaluar si los mecanismos de capacidad se ajustan a las normas sobre ayudas estatales.

Los Estados miembros tienen que demostrar que las medidas son necesarias y deben cerciorarse de que los mecanismos de capacidad estén pensados de tal manera que no distorsionen la competencia en el mercado único de la Unión Europea.

En concreto, no deben favorecer indebidamente a determinados productores o tipos de tecnología ni poner obstáculos que impidan el flujo de electricidad entre países de la UE.

La investigación sectorial, la primera con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, recabará primero información sobre una muestra representativa de once Estados miembros que ya aplican mecanismos de capacidad o que están estudiando hacerlo: Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal y Suecia.

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, señaló que los gobiernos «tienen un interés legítimo en garantizar un suministro eléctrico suficiente, porque ni los hogares ni la industria deben sufrir apagones».

No obstante, la CE debe «garantizar que las medidas públicas para apoyar las inversiones en electricidad no favorezcan indebidamente a determinados productores o tecnologías ni pongan obstáculos al comercio transfronterizo», agregó.

Por ejemplo, señaló, podría ser más eficiente en algunos casos invertir en la mejora de las conexiones de la red de electricidad entre los países de la UE que construir nuevas centrales eléctricas.

Los mecanismos de capacidad son medidas tomadas por los Estados miembros para garantizar que el suministro de electricidad pueda ajustarse a la demanda a medio y largo plazo. Están pensados para apoyar las inversiones dirigidas a colmar el déficit de capacidad y garantizar la seguridad del suministro.

Por lo general, los mecanismos de capacidad ofrecen remuneración adicional a los proveedores de capacidad, además de los ingresos obtenidos por la venta de electricidad en el mercado, a cambio de mantener la capacidad existente o de invertir en la nueva capacidad necesaria para garantizar la seguridad del suministro de electricidad.

Los mecanismos de capacidad no solo pueden apoyar la generación de electricidad, sino también medidas de respuesta a la demanda, por ejemplo, incentivos a los hogares y las empresas para reducir el consumo de electricidad en horas punta.

La CE enviará diferentes series de preguntas a determinadas autoridades públicas y participantes en el mercado, inicialmente en los once países de la UE ya mencionados.

A continuación, examinará las respuestas y recabará comentarios sobre sus conclusiones preliminares antes de finales de 2015, teniendo previsto publicar los resultados finales a mediados de 2016.

La UE aprueba limitar al 7% los biocarburantes elaborados a partir de cultivos de origen alimentario

El objetivo de esta directiva, que entrará en vigor en 2017, es iniciar la transición desde los biocarburantes tradicionales (producidos a partir de azúcar, almidón o aceites vegetales) a los de segunda generación (que se fabrican con residuos o algas), que permiten una mayor reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

De hecho, la directiva obliga a los Estados miembros a fijar, como muy tarde 18 meses después de su entrada en vigor, un objetivo nacional de uso de biocarburantes de segunda generación en el sector del transporte.

Con esta norma, la UE responde además a las críticas a su política de renovables por contribuir a la subida de los precios de los alimentos y a la deforestación. Bruselas admite que la producción de biocombustibles en terreno agrícola provoca una «reacción en cadena», ya que como siempre hay demanda de alimentos, algunos agricultores buscan nuevas tierras, lo que puede conducir a la deforestación y a un aumento de emisiones de CO2, que contrarresta los efectos positivos de los biocombustibles.

«Estos combustibles hacen más daño que bien al clima y las personas. La Unión Europea por fin empieza a frenar los agrocombustibles y reconoce frente al resto del mundo que no son una solución al cambio climático», ha dicho el portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, en un comunicado.

«Esta decisión pone fin a una década de debates sobre el impacto de los agrocombustibles, que han ocasionado hambre, aumento en el precio de los alimentos y acaparamiento de tierras», ha señalado González, que ha lanzado un llamamiento a los países de la UE para que pongan fin por completo a la producción de biocombustibles a partir de cultivos alimentarios.

La Eurocámara aprueba normas que exigen a armadores controlar emisiones de C02 de sus barcos

El pleno de la Eurocámara ha aprobado este martes la nueva normativa que introduce un sistema europeo para vigilar, notificar y verificar las emisiones de CO2 de los barcos de más de 5.000 toneladas y que es visto como un primer paso para que el sector contribuya a reducirlas.

Las normas, que se comenzarán a aplicar desde 2018, exigirán a los propietarios de barcos que utilizan los puertos de la UE a vigilar y notificar cada año las emisiones de C02 en el marco de viajes desde, hacia y entre puertos europeos, con independencia del país en el que están registrados.

La eficiencia de los barcos, que se medirá en relación la carga transportada, deberá ser notificada en todas las categorías de barcos, según la nueva normativa, que introduce además reglas específicas para cada una de ellas.

A los armadores cuyos barcos cumplan las normas sobre la notificación de emisiones recibirán un documento que así lo acredita tras una verificación independiente.

El barco deberá llevar dicho documento a bordo y éste podrá ser objeto de inspecciones por los Estados miembro, que deberán establecer penas para infracciones.

Los barcos de pesca o procesamiento, los buques militares o auxiliares, así como los barcos gubernamentales empleados por motivos no comerciales estarán exentos de las normas, al igual que los buques de madera primitivos y los buques carentes de propulsión mecánica.

«Lo que estamos viendo hoy es un primer paso para reducir las emisiones. La legislación es aplicable a todos los barcos que utilizan los puertos europeos y será una oportunidad para influir en las negociaciones en el seno de la Organización Marítima Internacional. Necesitamos garantizar que se mantiene la cooperación con nuestros socios internacionales y que estos pasos dan paso a un acuerdo internacional ambicioso», ha defendido el responsable de la normativa en la Eurocámara, el eurodiputado portugués liberal, José Inácio Faria.

«Si no se hace nada, las emisiones de los barcos aumentarán un 50 por ciento en 2030», ha avisado el eurodiputado, que ha recordado que el sector del transporte marítimo, que representa el 4 por ciento de las emisiones de CO2 en la actualidad, es el único no sometido en la actualidad a normas para reducirlas.

Las nuevas normas ya han sido acordadas de manera informal con los Gobiernos europeos, que prevén dar el visto bueno formal a las normas en su próxima reunión.

Los cogeneradores se reúnen con Cañete para exponer la situación del sector tras la reforma energética

Acogen explica que en el encuentro se repasó la situación actual de la cogeneración en Europa y en España, así como la aplicación de la directiva de eficiencia energética. Con cogeneración se produce el 11% de la electricidad y el 15% del calor consumido en la Unión Europea.

Acogen indica que las interrelaciones de la cogeneración con la actividad industrial hacen que su papel sea «clave» para alcanzar el objetivo de que el 20% del PIB de la Unión Europea sea industrial en 2020, ya que entre el 30% y el 40% del PIB industrial de la Unión Europea es susceptible de emplear cogeneración.

Ante esta circunstancia, considera que, acelerando las inversiones en cogeneración de las industrias, se lograría ahorrar el 2% de toda la energía que se consume en Europa para 2020 y dotar de un fuerte impulso a la competitividad industrial y su empleo.

Los cogeneradores también trasladaron a Cañete que la reforma energética ocasionó una fuerte caída del 20% en la producción de la cogeneración e hizo que su contribución pase del 12% al 10%.

Esta situación, señalan las empresas del sector, «perjudica a industrias clave para la economía», que han visto como sus costes energéticos se han disparado de media por encima del 5%.

La Comisión Europea quiere acabar con los precios regulados

En una conferencia organizada por el Club Español de la Energía, Cañete consideró que sería «deseable» que desaparezcan los precios regulados en el mercado eléctrico, ya que «son la principal distorsión que existen entre los países de la Unión Europea». Para ello, el comisario reconoció la necesidad de habilitar «sistemas de protección» para los consumidores «más vulnerables» pero «no en el marco de la política energética», como sucede con el bono social aplicado en España.

En total, Cañete cifró en 200.000 millones de euros anuales las inversiones necesarias para el sistema eléctrico europeo hasta el año 2020. Sin embargo, indicó que por el momento «no se generan inversiones suficientes» y agregó que el fondo europeo de inversiones estratégicas, el conocido también como Plan Juncker, que pretende movilizar una inversión de 315.000 millones de euros, contribuirá a un mayor acceso a la financiación de infraestructuras energéticas.

En gas, Cañete manifestó que «España está particularmente bien situada» en la «competición» para albergar un centro de distribución o hub gasista mediterráneo gracias a los gasoductos que conectan con Argelia y a sus siete plantas regasificadoras. Por ello, indicó que la Comisión se ha propuesto, con el objetivo de reforzar la seguridad energética, favorecer el establecimiento de nuevos «centros líquidos de gas» donde se fije un precio en condiciones de mercado. Así, «tiene que haber un hub mediterráneo» para diversificar el suministro de gas a Europa, que actualmente procede en buena parte de Rusia, y existe una «competición» para albergarlo en la que España parte con una buena posición.

Respecto a los pagos por capacidad, el comisario europeo aseguró que Bruselas sigue los debates que existen al respecto en todos los países miembros, aunque apuntó que es necesario ir hacia una convergencia, una armonización de los mecanismos de pagos por capacidad en aras de conseguir un mercado único de la energía, y que los pagos a través de ayuda nacional «no distorsionen la competencia».

El recibo le parece «incomprensible»

Además, el comisario europeo de Energía aseguró que la factura de la luz en España le resulta «incomprensible», algo que «siempre ha sido así«. Con estas palabras, Cañete se suma a los comentarios realizados recientemente por el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, quien dijo que el recibo de la luz no lo entiende nadie.

Lo que sí que hizo Cañete fue defender el despliegue de los contadores inteligentes, pero siendo «útiles». «Hay que ver cómo integrar más al consumidor en las decisiones responsables de la energía», indicó al respecto. No obstante, apuntó que la instauración de estos sistemas todavía es limitada y su despliegue conlleva un «problema de datos» que deberá resolverse con un sistema de protección «adecuado» de esa información de los consumidores.

José Manuel Soria dice que España será «la principal beneficiaria del fuerte impulso» dado por la Unión Europea a las interconexiones

En comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, Soria afirmó que todo ello permitirá «avanzar en la garantía de la seguridad de suministro, la competitividad y los menores precios, respetando los criterios de sostenibilidad y permitiendo una mayor integración de renovables en nuestro sistema eléctrico con menores costes de respaldo».

El ministro destacó también que la declaración de la cumbre sobre interconexiones eléctricas celebrada en Madrid el pasado mes de marzo, con la participación de los presidentes de España, Francia y Portugal y de la Comisión Europea, supone «un avance capital» para acabar con el aislamiento de la Península Ibérica.

Además, recordó que en octubre del año pasado el Consejo Europeo dio el mandato a la Comisión Europea para informar «regularmente» con el reto de llegar a un objetivo del 15% para el año 2030, principalmente mediante la implementación de proyectos de interés común.

A este respecto, Soria manifestó que lo que se necesita ahora «es voluntad política de los Estados miembros y todos los demás agentes para cumplir los objetivos».

Asimismo, el titular de Industria recordó que actualmente existe una interconexión eléctrica entre Francia y España del 2,8%, incluyendo la última inaugurada entre Santa Llogaia (Gerona) y Baixas (Perpiñán), y destacó que con el proyecto del Golfo de Vizcaya y otros dos proyectos por los Pirineos se llegará al 8%.

A este respecto, aseguró que el impulso a las interconexiones supondrá dotar de «mayor seguridad, sostenibilidad, competitividad y menores precios» al sistema eléctrico.

Por otra parte, señaló que las consecuencias de que la Península Ibérica sea un sistema eléctrico aislado «se ven agravadas» al introducir más renovables no gestionables, como la solar y la eólica, que dependen de las condiciones climatológicas.

El titular de Industria subrayó que esta situación genera costes al sistema eléctrico español como el aumento de mallado de la red; complicaciones en la operación del sistema eléctrico con el aumento de las renovables; obligación de disponer de generación de respaldo, y alta volatilidad en el precio de la energía.

Así, destacó que si en lugar de disponer de un nivel de interconexión con Francia de 2.200 megavatios (MW) se contará con 10.000 MW, estos costes serían evitados en gran parte, «por lo que es necesario aumentar el nivel de interconexión para la integración de la producción por fuentes renovables«.

Además, subrayó que un total de 12 estados miembros de la UE permanecen «por debajo» del objetivo del 10% de interconexión, siendo España el cuarto, tan sólo por detrás de Malta, Chipre y Polonia.

En lo que se refiere al gas, Soria afirmó que «es necesario» incrementar el nivel de interconexiones gasistas de la Península Ibérica con el resto de la UE, ya que «por su situación geográfica y su estructura logística, puede contribuir de manera muy significativa» a la seguridad de suministro a este respecto en toda la UE.

Con Argelia como principal suministrador de gas, con más del 51% del total -31,7 bcm de importaciones- Soria ha defendido la posición de España «como alternativa» al suministro de gas hacia Europa basándose en su diversificación geográfica de abastecimiento y las «importantes» infraestructuras del sistema gasista.

A este respecto, apuntó que la crisis de Ucrania ha supuesto «una nueva llamada de atención» para la UE en lo que se refiere a la seguridad de suministro de gas.

Por otra parte, durante su intervención en la Comisión, el portavoz socialista de Energía, José Segura, reivindicó la «herencia positiva» que el anterior Gobierno socialista dejó en materia de interconexiones eléctricas, y subrayó el papel fundamental de «intercambiador, receptor y suministrador» que España puede jugar en la consecución de un mercado único de la energía en Europa, particularmente en el ámbito del gas.

Mientras, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Josep Pérez Moya aseguró que ve con «decepción» el «paso atrás» que la Comisión Europea ha dado en sus objetivos estratégicos en materia de clima y energía, al fijar unos «mucho menos ambiciosos» en la última cumbre de los que estaban estipulados anteriormente.

Asimismo, la representante de CiU Inmaculada Riera se congratuló del nuevo escenario energético europeo, que «plantea grandes retos» pero también «grandes oportunidades» para España, que puede «revertir su histórico aislamiento» y garantizarse un «suministro seguro a un menor coste».