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La Unión Europea fija un objetivo de eficiencia energética del 32,5% para 2030 con posible revisión al alza en 2023

Europa Press / EFE.- Los Gobiernos de la Unión Europea y la Eurocámara alcanzaron un acuerdo para fijar un objetivo de eficiencia energética del 32,5% en 2030, así como para introducir una cláusula de revisión al alza en 2023, para cumplir el acuerdo de París. Además, los negociadores han llegado a un segundo acuerdo para establecer los mecanismos de trabajo para la Unión de la Energía y crear un marco en el que los Estados miembro puedan operar y cumplir con los objetivos europeos.

Este acuerdo provisional obliga a los países a incrementar su ahorro energético un 0,8% anual durante el periodo 2021-2030, lo que «podría impulsar la renovación de edificios y el uso de tecnologías más eficientes» para la climatización. Además, cada Estado miembro deberá presentar cada 10 años un «plan nacional integral de energía y clima» para avanzar en esa transición energética e introduce «flexibilidad» para respetar las «especificidades nacionales», según la Comisión Europea. El informe incluirá objetivos nacionales, contribuciones, políticas y medidas para cada una de las 5 dimensiones de la Unión de la Energía: descarbonización, eficiencia energética, seguridad, mercado interior e investigación, innovación y competitividad.

El plazo de entrega del primer plan es el 31 de diciembre de 2019 y la primera fase de los planes cubrirá hasta 2030, teniendo en cuenta también la perspectiva a largo plazo que determinará su visión política hasta 2050. Para cumplir con los objetivos, el acuerdo pide a los gobiernos nacionales que utilicen todos los instrumentos de cooperación regional.

Además, por primera vez se introduce la obligación de que los países destinen una parte de la eficiencia energética a ayudar a los clientes vulnerables, como aquellos afectados por la pobreza energética. Por tanto, los planes nacionales deberán incluir un recuento del número de hogares que la sufren y, si es una cifra significativa, medidas y políticas sociales para reducirla.

La Comisión será la encargada de evaluar estos planes energéticos y climáticos y hacer recomendaciones o adoptar medidas para enmendar los problemas si considera que el país no ha hecho suficientes progresos. Según el vicepresidente de la Comisión para la Unión de la Energía, Maros Sefcovic, esta nueva gobernanza «reforzará la transparencia para beneficio de todos los actores e inversores. Simplificará la monitorización y notificación de las obligaciones bajo la Unión de la Energía, priorizando la calidad sobre la cantidad».

Paquete europeo de transición energética

Este acuerdo, alcanzado tras una larga negociación entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos, el llamado trílogo, llega después del que fija un objetivo vinculante de 32% en el uso de energías renovables para 2030. También hay un objetivo de reducción de emisiones de gases contaminantes. En el marco del acuerdo de París, la Unión Europea se comprometió a reducir sus emisiones contaminantes al 40% en 2030 respecto a los niveles de 1990.

«Después de pactar sobre las energías renovables, este acuerdo es otro gran logro en nuestra transición hacia la energía limpia», ha señalado el comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete. «Europa es la mayor importadora de energías fósiles en el mundo. Ponemos fin a esto. Nuevo objetivo de eficiencia energética para 2030», destacó en Twitter. Estos acuerdos provisionales deberán ahora ser refrendados por el Pleno del Parlamento Europeo y por los ministros de los Estados miembro.

La organización ecologista WWF se mostró escéptica ante el acuerdo, que considera insuficiente, aunque celebra que «finalmente la Unión Europea está despertando ante el reto del cambio climático», expresó la responsable de Cambio Climático y Energía de la ONG, Imke Lübbeke. Desde Los Verdes europeos, el eurodiputado húngaro Benedek Jávor, portavoz energético, consideró que las medidas «no son suficientes para cumplir los compromisos» de París pero celebró que «pese a la falta de ambición de los gobiernos nacionales» se ha logrado el objetivo de reducción del 32,5%, por debajo de la meta inicial del Parlamento Europeo pero superior a la propuesta de la Comisión Europea.

Según Jávor, esto «abre la oportunidad a la creación de miles de puestos de trabajo en torno a la economía verde, oportunidades muy necesarias en gran parte de Europa». También reaccionaron al pacto los socialistas europeos, que consideraron que es «un buen acuerdo por los ciudadanos, que generará importantes reducciones en el consumo de energía, reduciendo así las facturas y mejorando la salud y el bienestar, y ayudando a combatir la pobreza energética«, defendió el eurodiputado del grupo Miroslav Poche.

En Comú (Unidos Podemos) exige a Ribera que frene el gasoducto MidCat entre Francia y España a través de Cataluña

Europa Press.- En Comú Podem ha exigido a la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la paralización del proyecto MidCat de interconexión energética a través del gasoducto entre España y Francia, tras el informe remitido a la Comisión Europea que cuestiona su viabilidad económica y su impacto sobre el medioambiente.

Para ello, el diputado Josep Vendrell ha registrado una proposición no de ley para su debate tanto en el Pleno del Congreso como en la Comisión de Energía, en la que reclama al Gobierno rechazar esta interconexión. Asimismo, Vendrell pide al nuevo Ejecutivo que promueva reuniones con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para que rechace la solicitud de inversión de Enagás, recordando que en junio del año pasado el regulador condicionaba la entrada de este proyecto en el sistema gasista a su aprobación definitiva, y esta a las decisiones que se tomaran, de forma coordinada, entre España y Francia.

«Ante la no idoneidad del proyecto demostrada por el análisis independiente coste-beneficio desfavorable entregado a la Comisión Europea, el propio regulador debería rechazar las solicitudes de inversión de Enagás», considera Vendrell, que señala que la propia Comisión de Regulación de la Energía de Francia informó de que el proyecto aumentaría los precios de la energía, sin que la infraestructura incidiera en la seguridad de suministro.

MidCat, gasoducto que uniría Francia con España a través de 450 kilómetros en su tramo por territorio español, está reconocido como Proyecto de Interés Común (PIC) por parte de la Comisión Europea, una condición que la formación catalana de Unidos Podemos busca revisar. Así, pide al Gobierno que solicite a la Comisión que no proporcione fondos públicos a este proyecto.

En su iniciativa, Vendrell se apoya en el último informe realizado por la consultora Pöyry en el que, critica, no queda acreditada la posible reducción de las tarifas y se cuestiona la viabilidad económica. Es más, sostiene que la consultora «explicita que el proyecto obedecería, en todo caso, a intereses de Francia, y que la apuesta por combustibles fósiles tendría para España un importante impacto sobre el territorio«. Por otro lado, también apunta a la «contradicción» que supone, a su juicio, la apuesta por un mayor peso de las energías renovables y apoyar infraestructuras gasísticas.

Además, Vendrell incide en la división del proyecto original, ya que primero se desarrollaría el denominado STEP I, que uniría España con Francia, y después se conectaría la parte sur de Francia con el norte del país, con el proyecto STEP II. Un «troceo» que Vendrell critica porque «dificulta los controles y trámites administrativos” y el riesgo que expone a España ya que la posibilidad de que la segunda fase no se desarrolle «dejaría un agujero económico y medioambiental que volvería a ubicar a España en la vanguardia de Estados con infraestructuras en desuso y abandono» que, además, acabaría repercutiendo en la correspondiente factura energética.

El sector renovable ve con esperanza el futuro tras el objetivo del 32% fijado a nivel europeo para 2030

EFE.- Los promotores de renovables y las industrias ligadas al sector en España miran con esperanza al futuro tras el acuerdo alcanzado para que la cuota de renovables en la Unión Europea en 2030 sea del 32%, cuyo cumplimiento requerirá grandes inversiones.

Las renovables españolas encaran un horizonte más despejado después de los años de moratoria que el Gobierno del PP impuso a la instalación de nuevas renovables a partir de 2012 y que duró hasta enero de 2016, cuando se rompió con la convocatoria de una primera subasta de 700 megavatios (MW) a la que luego siguieron en 2017 otras dos.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea cerraron un acuerdo que superaba el conservador objetivo del 27% de renovables que defendían inicialmente los países pero que tampoco llegaba al 35% propuesto por la Eurocámara, aunque con la posibilidad abierta de que en 2023 se revise al alza. España e Italia, que estrenaron recientemente nuevos Gobiernos, fueron claves en el cambio de postura de los países, al defender unos objetivos más ambiciosos. También el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, veía factible ampliar la cuota renovable al 30%.

Según los datos facilitados por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) referidos a 2016, en España las renovables aportaron unos 8,5 millones de euros al PIB ese año, un 3,3% más que en 2015 al reactivarse algunos sectores tecnológicos por la celebración de las subastas de nueva capacidad. El sector de las renovables perdió, no obstante, en 2016 un total de 2.760 puestos de trabajo. Empleó ese año a 74.566 personas, cifra que es casi la mitad de las que trabajaban en 2008, cuando empleaba a 142.940 personas.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que apostó por el objetivo del 35% defendido por el Parlamento Europeo, destacaba al conocerse el acuerdo que se abría una gran oportunidad para los profesionales e industrias de un sector que tuvo que explorar nuevas vías fuera de España en los «momentos más duros de la crisis y la recesión antirenovable».

También agentes del sector esperan que la directiva de renovables dé un nuevo impulso ya que se requerirán inversiones para llegar a ese mínimo del 32% en 2030, aunque el objetivo sea vinculante a nivel comunitario. Por ejemplo en la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), su director general, José María González Moya, estima que el objetivo fijado del 32% podría suponer unas inversiones en España de entre 80.000 y 100.000 millones de euros.

En el sector, organizaciones como APPA o la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) confían en que la cuota de renovables para 2030 pueda verse ampliada al 35% en la revisión que se haga en 2023. Antes de ello, en España tienen que estar ejecutados los 8.000 megavatios (MW) renovables adjudicados en subastas y que deben estar terminados antes de finalizar 2019 y con los que el anterior Gobierno consideraba que prácticamente alcanzaría el objetivo de 2020 de que las renovables sean el 20% del consumo final de energía en el país.

La concentración en poco espacio de tiempo de la ejecución de todas esas instalaciones va a poner a prueba la capacidad del sector en España, aunque la ministra para la Transición Ecológica espera que se cumpla el objetivo del 20%. No obstante, ha subrayado que habrá que repasar con detalle en qué situación está España y detectar las «lagunas» que habrá que cubrir en un plazo «relativamente corto» para cumplir con los objetivos a 2020.

Ribera califica el objetivo de renovables del 32% de «buena noticia para España y su industria» tras defender un 34%

Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado el acuerdo alcanzado en Bruselas entre los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento para fijar un objetivo de energías renovables del 32% para 2030 de «fantástica noticia», ya que supone una «muy buena noticia para España y su industria«. Ribera subrayó que el acuerdo recoge «facilidades importantes» y destaca «el peso que deben tener los sistemas de autoconsumo en la contribución y constitución de un modelo energético diferente».

Los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo para fijar ese objetivo vinculante de energías renovables del 32% para 2030 e incluir una cláusula de revisión al alza en 2023, aunque no han conseguido establecer una meta en el caso de las eficiencia energética. Así, la ministra de Transición Ecológica se mostró confiada en que España está preparada para cumplir con esos objetivos a 2030, aunque añadió que para ello «hay que repasar al detalle dónde estamos en este momento» y las «lagunas» que hay que cubrir en un plazo «relativamente corto» para poder cumplir con los objetivos a 2020.

Además, consideró que hay que ser «lo suficientemente inteligentes» para plantear las premisas que permitan alcanzar esos objetivos a 2030 de renovables en la energía final consumida y mirar más allá, con un reto a 2050 de «un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable«. A este respecto, Ribera destacó “el entusiasmo» y la dedicación de la industria, de los emprendedores, de los trabajadores o de los innovadores, «que han estado dedicándose a explorar nuevas vías fuera de España en los momentos más duras de la crisis, en la recesión antirrenovables, pero que saben hacer y entienden que se abre antes ellos una gran oportunidad».

UNEF: un 35% en 2023

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera muy positivo el acuerdo pero espera que se alcance el 35% que proponía el Parlamento Europeo cuando se efectúe la revisión prevista del objetivo en 2023. En este sentido, el director general de UNEF, José Donoso, expresó la satisfacción de su organización por ese acuerdo teniendo en cuenta que los países de la Unión Europea pedían inicialmente que el objetivo para 2023 fuera de un 27%. Donoso ha dicho que también se alegran de la participación española en esa elevación de la cuota de renovables a partir de la defensa próxima al 35% que hizo la ministra para la Transición Ecológica.

Ha subrayado el protagonismo que cobra así España en el ámbito de las renovables y ha mostrado la satisfacción de UNEF de que el acuerdo afirme el principio de que hay que respetar el autoconsumo, y considera una victoria que se reconozca el derecho de los ciudadanos a generar y consumir energía limpia sin cargos hasta 2026 con la eliminación del denominado impuesto al sol.

Cargos al autoconsumo en 2027

El texto también recoge que a partir de 2027 los Estados miembro podrán revisar este aspecto solamente en el caso de que puedan demostrar, con un análisis coste-beneficio, el impacto negativo en el sistema eléctrico de la exención de los peajes. A este respecto, Donoso destacó que esta posible futura revisión no afectará a las instalaciones de autoconsumo de menos de 25 kW, que seguirán exentas de peajes, por lo que este blindaje «permite establecer una senda de crecimiento sostenido».

Por ello, UNEF, espera que el desarrollo del autoconsumo, «que supone el abaratamiento del coste de la energía para todos los consumidores y la generación de empleo y riqueza, unido a la progresiva reducción de los costes de la tecnología fotovoltaica, anime al Gobierno en ese momento a seguir apoyando el sector como motor clave del desarrollo de nuestra economía y de la transición energética».

Además, UNEF considera un paso adelante que el texto final de la directiva establezca los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad, pues dará un marco estable para las inversiones e impedirá que se apliquen medidas de recorte retroactivas en las retribuciones de las instalaciones, como las sufridas en España. Por ello, Donoso cree que este cambio representa «un paso adelante en la normalización del sector y demuestra un claro reconocimiento de su importancia». Donoso espera que esta revisión se produzca «para que a nivel europeo se pueda seguir impulsando la descarbonización y avanzar, en este sentido, en el cumplimiento de los objetivos acordados en el Acuerdo de París».

Recelo en los sindicatos mineros

Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT en Teruel recibieron con recelo el acuerdo de la Unión Europea porque supone un varapalo más para el futuro del sector del carbón y con él, el de las zonas mineras. Para el secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve, no es una buena noticia, pero al tratarse de una tasa global dependerá de la «conciencia política» de los gobernantes de cada país dar más o menos peso a las renovables en el mix energético nacional.

Sobre los fondos anunciados para la reconversión de las zonas mineras, teme que «si llegan en 2020 o 2025 puede ser tarde» si, como en el caso de Teruel, la central térmica de Andorra cierra por falta de inversiones para adecuarse a la normativa ambiental, porque hasta ahora «no ha llegado absolutamente nada» que haga pensar en su continuidad. De producirse esta situación, el líder sindical y trabajador de la central vaticina una drástica bajada de población en la comarca.

La llegada de la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no genera buenas expectativas en el sector del carbón. Según Alejo: «esperábamos todos que entrase un partido de izquierdas» para que se produjeran cambios positivos. Pero no creen que serán buenos para el sector minero, ya que la ministra «habla de transición energética, pero no habla hasta qué años», ha dicho. En ese sentido, ha criticado que se ponga de fecha de fin al carbón en la Unión Europea entre 2030 y 2035 pero que haya países como Alemania que han firmado el futuro del sector hasta 2050.

El delegado de CCOO en la central térmica de Andorra, Antonio Planas, ha dicho que este anuncio de la Unión Europea se enmarca en una «crónica de una muerte anunciada», y critica que no se hayan puesto remedios. «Queremos una transición justa», ha señalado, pero hasta ahora han recibido «palmadas en la espalda» pero no soluciones en forma de empresas que creen trabajo y eviten el éxodo de la población de las zonas mineras. Andorra, capital minera de la provincia de Teruel, cuenta ahora solamente con la central térmica. «Endesa lleva 60 años en Andorra y se ha llevado muchos beneficios», recuerda Planas, quien cree que «algo tiene que revertir».

Optimismo en Castilla y León

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha considerado que es positivo el acuerdo de la Unión Europea para apoyar a las renovables y la creación de un fondo para dar salida a las cuencas mineras del carbón. La consejera ha pedido a la nueva ministra «menos prisa» en llevar a cabo la transición de la minería de carbón a otro tipo de energía al fijar como tiempo límite el 2025, cuando la Unión Europea ha concedido hasta el 2030. Pilar del Olmo ha indicado que la transición a otras fuentes de energía debe ser «justa y ordenada».

Por eso, ha afirmado que es «positivo» la creación de un fondo para una transición ordenada y ha señalado que la Junta quiere fondos para proyectos vinculados a la biomasa, tras lo que ha recordado que ya apoya a una empresa que lleva a cabo la construcción de una central de biomasa en Cubillos del Sil, en la provincia de León. Del Olmo ha recordado que ha pedido una entrevista con la ministra de Transición Ecológica ante lo que ha considerado «una precipitación» al fijar 2025 como el tope para dar una salida a la minería del carbón, y espera que «pronto» tengan una reunión.

Iberdrola celebra el acuerdo europeo de renovables y la patronal APPA habla de una inversión de 100.000 millones en España

Europa Press / EFE.- El director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, augura que la cuota del 32% de renovables que fijó la Unión Europea para 2030 podría suponer unas inversiones en España de entre 80.000 y 100.000 millones de euros. Por su parte, Iberdrola ha aplaudido «la ambición» demostrada por los países europeos y considera que representa una «muy buena noticia para la industria y la economía española y europea».

La energética también valora el compromiso de los países para «desplegar mecanismos y decisiones concretas» para avanzar en el proceso de descarbonización y electrificación de la economía y aprovechar «todas sus oportunidades». Subraya que con este acuerdo, alcanzado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea sobre la directiva de renovables, «se abren nuevas oportunidades en términos de generación de empleo y riqueza en un sector en el que las empresas españolas y europeas están muy bien posicionadas«.

Además, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán considera que el objetivo mínimo del 32% de energía renovable para 2030 es «alcanzable y está sustentado en la evolución que han experimentado las tecnologías renovables, que ha hecho posible disponer de una energía competitiva, segura y asequible«. Para Iberdrola, decisiones como esta «permiten actuar contra los efectos del cambio climático, apoyar una transición justa y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que se reduce paulatinamente la dependencia energética exterior de nuestra economía».

APPA ve bien el objetivo

Al margen de la millonaria inversión prevista en España, González Moya ha indicado que para APPA el acuerdo es una «muy buena noticia», así como que se haya conseguido antes de que cambiara la presidencia de la Unión Europea, que actualmente ostenta Bulgaria. El responsable de APPA ha considerado un «éxito» la negociación, aunque cree que se podía haber sido «un poquito más ambicioso», ya que el 32% acordado se sitúa entre el 27% que pedían inicialmente los países y el 35% que reclamaba la Eurocámara, si bien en 2023 podrá ser revisado al alza.

Por eso, ha señalado que APPA está «razonablemente» satisfecha con el acuerdo y ha añadido que ahora habrá que ver cómo se asume por los países ese objetivo medio de un mínimo del 32% para la Unión Europea en 2030, para lo cual habrá que esperar a los planes nacionales de energía y clima que los países tendrán que presentar antes de que acabe el año. No obstante, ve esa cuota como un «buen empujón» para la industria nacional de renovables, pues a partir de ahora todo lo que se haga en energía será renovable.

«Insuficiente» para la Fundación Renovables

Por su parte, la Fundación Renovables ha valorado «el esfuerzo negociador» del Parlamento Europeo para aumentar el objetivo de renovables al 32% para 2030, desde la propuesta de partida «ridícula y exigua» del 27%, aunque ha considerado que el acuerdo finalmente adoptado por el trílogo se trata de «una meta poco ambiciosa e insuficiente para combatir el cambio climático y la dependencia energética en la Unión Europea». La Fundación señala también que, al no ser un objetivo vinculante, cada Estado puede aumentar el porcentaje indistintamente de esta meta, «ya que al final lo que contará es un cómputo de la cobertura con renovables en el conjunto de la Unión Europea».

En este sentido, considera positivo que el texto aprobado por el trílogo introduzca una cláusula de revisión exclusivamente al alza en 2023. Asimismo, insiste en que es «imprescindible» actuar sobre la demanda electrificándola de manera generalizada y en un objetivo de que el 80% de la electricidad en España se genere con renovables para el 2030, lo que permitirá cumplir el objetivo acordado en la Unión Europea de alcanzar el 32% de cobertura de demanda final de energía prácticamente sólo a través del consumidor eléctrico.

2021 sin cargos al autoconsumo

Por otra parte, la Fundación Renovables aplaude que el texto de la revisión de la directiva de renovables incluya la eliminación de los peajes de acceso (cargo fijo y cargo transitorio), el impuesto al sol que en España se aplica a las instalaciones de autoconsumo mayores de 10 kW, si bien abre la puerta a un posible establecimiento a futuro de un peaje para autoconsumos de más de 25 kW.

Además, la Fundación Renovables agradece la labor realizada por el eurodiputado José Blanco, ponente de la propuesta de revisión de directiva de renovables del Parlamento Europeo, así como el trabajo desempeñado por el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. Finalmente, valora «el último impulso» que ha supuesto el cambio de posicionamiento del Gobierno con la incorporación de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La Unión Europea se fija un objetivo de energías renovables del 32% para 2030 y contempla su revisión en 2023

Europa Press / EFE.- Los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo para fijar un objetivo vinculante de energías renovables del 32% para 2030 e incluir una cláusula de revisión al alza en 2023, según los avances tecnológicos que puedan acelerar la transición energética, aunque no se logró establecer una meta en el caso de la eficiencia energética. El objetivo del 32%, no obstante, es inferior al 34% que recetaba la Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA).

El objetivo pactado del 32% se sitúa así en un punto intermedio entre las pretensiones de la Eurocámara, que abogaba por situarlo en el 35%, y de los Estados miembros, cuya postura oficial era del 27% aunque había países más ambiciosos alineados con la postura de los eurodiputados, como España. «Este acuerdo es victoria duramente trabajada para desbloquear el verdadero potencial de la transición de Europea hacia una energía limpia. Esta nueva ambición nos ayudará a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y se traducirá en más empleos, facturas energéticas más baratas para los consumidores y menos importaciones de energía», celebró el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete.

Por su parte, el eurodiputado del PSOE José Blanco, responsable del informe de la Eurocámara sobre esta cuestión, ha remarcado que el acuerdo pone a la Unión Europea «en sintonía» con el Acuerdo de París para avanzar en el proceso de descarbonización de la economía e impulsar una transición energética. También ha subrayado que es un «gran acuerdo» para España porque garantiza un mínimo del 15% de interconexiones y crea un fondo para ayudar a las regiones carboníferas a sumarse al «impulso de las renovables«. «Gracias a todos los que nos ayudaron a hacerlo posible», declaró en las redes sociales.

El pacto eleva el nivel del 20% de renovables que la Unión Europea tiene marcado para 2020 y supone casi el doble de la cuota del 17% de energía solar, hidráulica, eólica y la biomasa alcanzada por la Unión Europea en 2017. La revisión de la directiva europea sobre renovables forma parte del paquete de invierno, una gigantesca revisión de la legislación comunitaria para cumplir con el Acuerdo de París. Ese pacto internacional busca limitar las emisiones contaminantes al menos en un 40% para 2030.

El acuerdo sobre energías renovables ha llegado en la quinta reunión que han mantenido los negociadores de la Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea (la institución que representa a los Estados miembros) desde que comenzaran las conversaciones a principios de año. También ha llegado después de que los nuevos Gobiernos de España e Italia elevasen la ambición de ambos Estados en este asunto en la última reunión frente a países con gran dependencia del carbón, como Polonia, más conservadores. En concreto, la delegación española, encabezada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, abogaba por cerrar un objetivo de renovables del 34%.

Los negociadores de las instituciones comunitarias, sin embargo, no fueron capaces de alcanzar un acuerdo sobre el objetivo de eficiencia energética para 2030. Sobre este asunto, el comisario español ha pedido al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que sean «flexibles» y que busquen un «compromiso». Además del objetivo y la cláusula de revisión al alza, la nueva directiva de renovables reconoce el derecho al autoconsumo y derechos como generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de almacenaje y recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red.

El texto pactado también recoge la enmienda reclamada por la Eurocámara por la que no se podrán aplicar cargos al autoconsumo, como el famoso impuesto al sol en España, aunque esta prohibición sólo se extenderá hasta diciembre de 2026. «La muy buena noticia es que hemos matado el nefasto impuesto al sol«, declaró el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, quien consideró «muy positivo» que «la ciudadanía europea» y demás agentes sociales puedan «producir, consumir y almacenar su propia energía renovable».

A partir de 2026, los Estados podrán recurrir a una de las tres alternativas que la directiva contempla para justificar la imposición de estas tasas. Concretamente, podrán gravar el autoconsumo de instalaciones con potencia instalada superior a los 25 kW, de autoconsumidores que reciben ayudas si el impuesto no sea superior al apoyo recibido o si un estudio concluye que la inexistencia de un impuesto amenaza la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema eléctrico (en caso de que las instalaciones de autoconsumo representen más del 8% de la potencia total instalada de un país).

Otro aspecto importante del acuerdo es una tasa de 14% de energía renovable en el sector del transporte para 2030, que se prevé que impulse el vehículo eléctrico. El pacto también prevé reducir progresivamente el empleo de aceite de palma para producir biocombustibles destinados al transporte hasta 2030 y limitar sus importaciones, que provienen de Indonesia y Malasia. También se congela la producción europea de biocombustibles de primera generación, como el etanol, en los niveles de producción que alcance cada Estado en 2020 y se fija un objetivo del 3,5% para los de segunda generación, generados a partir de cultivos no alimentarios como la madera.

Organizaciones ecologistas como Greenpeace, que no consideran el acuerdo general sobre renovables suficientemente ambicioso, han sido especialmente críticas con los biocombustibles al considerar que supone «una amenaza para los bosques europeos» pues permitirá que «más árboles y cultivos se quemen como energía» y es «un ejemplo terrible para el resto del mundo». Los negociadores, sin embargo, fracasaron a la hora de alcanzar un compromiso en el ámbito de eficiencia energética, pese a que acercaron posturas.

El Gobierno de Navarra propone una mayor colaboración entre el sector público y privado para impulsar proyectos de energía sostenible

EFE.- El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, propone establecer una mayor colaboración entre el sector público como motor, las operadoras y empresas del sector y las entidades financieras en el impulso compartido a proyectos de energía sostenible. Estos proyectos deberán estar alineados con la estrategia de transición energética impulsada desde la Agenda Urbana de la Unión Europea, según el Ejecutivo Foral.

«El sector público está tirando y las empresas están aportando proyectos y soluciones creativas; ahora falta que pongamos todo este conocimiento e innovación en contacto con los agentes financiadores para que la energía sostenible y las políticas de eficiencia energética puedan transformar, lo están haciendo ya, nuestras ciudades«, ha explicado Ayerdi. De esta forma se ha pronunciado sobre la plataforma público-privada EnerInvest, de la que forma parte junto con otras ocho entidades públicas y empresas de servicios del sector energético.

El vicepresidente ha destacado el plan energético Navarra 2030 y el proyecto europeo SustaiNAVility de rehabilitación energética de edificios liderado por Nasuvinsa como dos iniciativas clave en el proceso de transición energética, aunque ha subrayado que «el éxito pasa por involucrar al sector privado y a las entidades financieras que vean en la energía sostenible una nueva ventana de negocio».

Destacó que Navarra, habiendo sido durante los últimos 25 años una referencia en materia de energías renovables, ha emprendido durante estos dos últimos años «un importante giro para dar un salto cualitativo en un proceso de transición energética hacia un sistema de eficiencia y reducción progresiva de consumo, más integrado y menos dependiente de importación de energías de origen fósil«.

En ese sentido ha resaltado el proyecto SustaiNAVility, que hará extensiva a otros barrios de la comunidad y edificios dotacionales del Gobierno la exitosa experiencia de rehabilitación energética integral emprendida por Nasuvinsa en la Txantrea, una intervención urbanística basada en envolventes térmicas de edificios, renovación de infraestructuras y redes de calor o medidas de regeneración del tejido urbano de barrio. Asimismo, Ayerdi citó «la audaz apuesta por la edificación sostenible y la implantación de los Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN), que contribuirá a transformar el mundo de la edificación y el urbanismo» o la participación de Navarra, junto con otras nueve ciudades y regiones europeas, en el grupo Energy Transition de la Unión Europea.

Ribera dice que buscará «soluciones justas» para las regiones del carbón mientras Castilla y León cuestiona tal concepto de justicia

EFE / Europa Press.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, confía en dialogar con la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para ponerse de acuerdo en lo que se considera como una «transición energética justa» después de que Ribera insistiera en su intención de que España se aleje del carbón como fuente de energía, para lo que aseguró que el Gobierno buscará «soluciones justas» para la reconversión de la estructura productiva de las regiones afectadas.

«Confío en que podamos encontrar soluciones justas y que podamos reforzar el mensaje de que estamos con la gente, de que no hay ningún tipo de conflicto, y que con esas regiones que hoy se sienten preocupadas, inquietas, al revés, tenemos que ponernos manos a la obra generando oportunidades para las personas«, afirmó la ministra. Ribera se expresó en ese sentido en el marco de un consejo de ministros de la Unión Europea sobre Energía. «Es muy importante entender que no es posible facilitar un cambio, modernizar la política energética, obviando a las comarcas y a las personas más afectadas por ese cambio», señaló Ribera.

Además, Ribera destacó que «España está de vuelta» en la Unión Europea a través del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, así como que el Ejecutivo socialista quiera «contribuir» a que el bloque comunitario responda «de manera positiva» a sus desafíos. «El mensaje más importante es: España está de vuelta. España es un actor fundamental en la construcción europea, es un actor de progreso. Entiende que en este mundo completo e interdependiente en el que vivimos, posicionar a Europa de manera progresista y sólida, construyendo confianza entre sus ciudadanos pero también fuera de los límites europeos sobre un modelo económico social y ambiental para el siglo XXI, es capital», ha afirmado.

«Queremos contribuir en este año tan crítico para Europa a responder a los desafíos que tenemos por delante», afirmó la ministra, que añadió que «el Gobierno está comprometido con la gente, con las comarcas». «La transición justa debe de formar parte de ese proceso», agregó la ministra, quien aseguró que abogará por «la generación de empleo» y pedirá «el respaldo de una sociedad solidaria a un proceso de cambio que conlleva la generación de nuevos empleos, de nueva riqueza y de nuevos procesos industriales«. Ribera, que lamentó el «tiempo perdido» en el pasado para acelerar ese proceso, insistió en que esa transición «requiere de una participación de los directamente afectados».

¿Qué es una transición justa?

Castilla y León acepta el concepto de transición justa pero Del Olmo sostiene que habrá que ver que entiende cada parte al respecto. Asimismo, ha defendido que Castilla y León tiene una gran cantidad de energía a través de renovables, más de la que necesita, por lo que no ha admitido que el carbón sea el problema de contaminación en el país, donde hay «muchos coches y otras cosas». Asimismo, la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha reclamado de la nueva ministra de Transición Energética que decida qué porcentaje va a otorgar al carbón en el «mix» energético nacional y el papel en la estrategia nacional que se va a conceder a las plantas térmicas.

España e Italia presionan en la Unión Europea para elevar los objetivos en renovables y eficiencia energética para 2030

EFE / Europa Press.- Los nuevos gobiernos de España e Italia presionaron en el consejo de ministros de Energía de la Unión Europea para revisar al alza la posición de los países de la Unión Europea en materia de renovables y eficiencia energética. «Cambiamos de posición. España deja de ser un lastre en materia de cambio climático y se alinea con aquellos países que tienen vocación de progreso, vocación de futuro y progresista en este campo», declaró la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La cita debía servir para que los Estados negociasen sus planteamientos en la revisión de dos directivas europeas sobre energía renovable y eficiencia energética para cumplir con los objetivos adquiridos con el Acuerdo de París. Hasta ahora, la posición consensuada por los países antes de la negociación con el Parlamento Europeo del próximo miércoles en Estrasburgo pasaba por defender una tasa mínima del 27% en renovables en 2030 y un objetivo de mejora del 30% en eficiencia energética. Este objetivo de eficiencia energética podría incrementarse hasta el 33%, según trasladaron desde fuentes diplomáticas. «Vamos a ver cuánto más podemos mover esta posición», indicó Ribera, que cree que el acuerdo debe cerrarse «inmediatamente» para «poder hacer operativa toda la política energética».

La Eurocámara, por su parte, reclamaba como punto de partida el 35% en ambas materias, posición que fuentes parlamentarias desvelaron que podría rebajarse a un 34%, en línea con lo que receta la Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA). Sin embargo, existe «una división potente, muy clara entre países» y hay que «evitar las minorías de bloqueo» en la negociación final. Luxemburgo, Suecia, Lituania, Portugal, Italia y España abogan por un objetivo del 35% tanto en renovables como en eficiencia, salvo Lisboa, que en eficiencia pide un 31%. «Creo que las posiciones defendidas en la Eurocámara son las más solventes: un 35% en materia de renovables y un 35% en eficiencia energética», apuntó Ribera.

«El mensaje más relevante que traemos es que España viene a decir que dejamos de arrastrar los pies. Necesitamos alinearnos con los objetivos más ambiciosos en materia de renovables y de eficiencia energética porque es la única manera de hacer viable el Acuerdo de París», señaló Ribera, que elevó la cifra del 30% en renovables y eficiencia que defendía el anterior Ejecutivo. Un segundo bloque de países se sitúa en «más del 30%», entre los que se cuentan Francia, Holanda, Dinamarca o Austria; un tercero con Reino Unido, Irlanda y Estonia pide un 30% y el resto de países no se definen, entre los que se cuentan Polonia o Rumanía.

Ribera agregó que en materia de gobernanza, España intentará que «se refleje una cláusula de revisión al alza de los objetivos». En este contexto, remarcó que «los objetivos de renovables y eficiencia energética no pueden introducirse como un tope sino como un indicador o un referente que anime a esa transición energética». Por eso, ha apuntado que es «fundamental» introducir una «cláusula de revisión al alza». «Probablemente, las curvas de aprendizaje, las tecnologías, la caída de los precios… haga mucho más rentable y eficiente ir más allá de lo que acordemos ahora», señaló la ministra.

Ribera también añadió que España defenderá la «propuesta que introdujo el Parlamento Europeo de eliminar, prohibir, que cualquier Estado introduzca dificultades al autoconsumo de los pequeños productores». Ribera coincidió con el comisario de Energía Miguel Arias Cañete, a quien conoce de etapas previas. Preguntados sobre los procedimientos de infracción en curso contra España, el comisario señaló que trabajara para lograr una «solución concertada» que evite acabar en los tribunales europeos. Por su parte, Ribera ha expresado que forma parte de las «aspiraciones» del Gobierno resolver estos asuntos «cuanto antes y de la mejor manera posible«.

La negociación del miércoles se antoja dura y podría prolongarse hasta entrada la madrugada porque «va a ser un ejercicio muy complicado este trílogo», señaló el comisario de Energía y Clima, quien agregó que «es bueno que haya un cambio de posición de algunos países hacia una mayor ambición», refiriéndose a España e Italia. Asimismo, Arias Cañete es optimista sobre la posibilidad de «alcanzar un compromiso esta semana» en materia de eficiencia energética en la negociación a tres bandas entre Consejo, Parlamento y Comisión Europea. En materia de renovables pidió «un esfuerzo final», si bien precisó que el reto «no es sólo acordar un objetivo, sino también todas las flexibilidades», es decir, los pequeños detalles legislativos que permiten ciertas compensaciones.

«El mensaje que he transmitido a todos los Estados miembros es que estamos en una transición energética irreversible que hay que entender como una oportunidad y no como una carga, que ésta es una ocasión de tener crecimiento económico, creación de empleo, liderazgo mundial energético, reducción de la dependencia energética y que, por lo tanto, hay que analizar a la hora de fijar la ambición todos los efectos positivos que supone una transición energética más ambiciosa», ha manifestado Arias Cañete.

La ministra de Energía búlgara, Temenuzhka Petkova, cuyo país ejerce este semestre la presidencia de turno de la Unión Europea, concedió que el acuerdo final sobre ambos puntos se logre «probablemente en la presidencia austríaca», es decir, durante la segunda mitad de 2018. «Hace falta elevar el nivel de ambición tanto de eficiencia como de renovables en línea con la propuesta del Parlamento Europeo. No solo es realista, sino deseable», agregó el delegado italiano. Las dos directivas en cuestión forman parte del paquete de invierno, una extensa revisión de la normativa comunitaria para cumplir con los compromisos de la Unión Europea en el Acuerdo de París y reducir un 40% sus emisiones contaminantes en 2030.

Ribera se estrena en el consejo de Energía de la Unión Europea con una cita clave contra el cambio climático

EFE / Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se estrena este lunes en el plano internacional con un consejo de ministros de la Unión Europea en Luxemburgo en el que se perfilarán aspectos clave de la legislación comunitaria contra el cambio climático para 2030. Los ministros debatirán una modificación en su posición conjunta sobre los objetivos comunitarios en eficiencia energética y en renovables para ese horizonte, baremos que luego los Estados del Consejo Europeo deberán negociar con el Parlamento Europeo.

Inicialmente, los 28 Estados miembros de la Unión Europea defienden un objetivo de mejorar un 30% la eficiencia energética y de alcanzar una tasa del 27% para renovables, frente al 35% para ambos casos que pide de entrada la Eurocámara, con metas vinculantes para los países. Pero los equilibrios podrían variar tras los recientes cambios de Gobierno en España e Italia, dos de los grandes países del club comunitario cuyos nuevos Ejecutivos tienen un discurso más ambicioso en sus proyectos de transición energética. «Espero que un cambio de posición de España pueda arrastrar a un cambio de posición en el Consejo del resto de países», asevera el eurodiputado socialista José Blanco, ponente del Parlamento Europeo en materia de energía renovable.

Desde que ambas instituciones cerraron sus posiciones sobre este asunto han tenido lugar cuatro reuniones entre sus negociadores y la próxima está prevista para el 13 de junio. Por tanto, la incógnita es saber si los Estados miembros aceparán subir la proporción de renovables para 2030 para facilitar un acuerdo con la Eurocámara. De hecho, la Eurocámara está dispuesta a flexibilizar su postura y dejar el objetivo «en torno al 34% como mínimo», en línea con la recomendación de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), explicó Blanco, quien apuntó que en el Consejo (que representa a los países) también se habla ya de un «31% o 32%» en renovables.

Más allá de los escaños del Parlamento Europeo, entre las organizaciones ecologistas también esperan que España salga del grupo de los países más conservadores en la negociación, que se identifica con las tesis de Polonia, un país con una alta dependencia energética en el carbón. Fuentes de organizaciones ecologistas sitúan junto a Polonia en el vagón de cola a países como Alemania, Hungría y Rumanía. Entre los que más presionan por un acuerdo osado citan a Francia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Portugal, Luxemburgo, Suecia y, ahora, España, de la que esperan esté a la cabeza del grupo en ambición, apostando en la negociación por el 35%.

«En los últimos años, hemos visto más retroceso que progreso en las políticas sobre clima y energía en España», resaltó el director para Europa de la Red de Acción Climática (CAN), Wendel Trio. Esa organización espera que «Ribera, con su rica experiencia previa, ahora puede impulsar que el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea para 2030 sea mucho mayor que el 40%». Para los ecologistas, solo así la Unión Europea podrá cumplir con sus compromisos para alcanzar el objetivo global de limitar el aumento de la temperatura media mundial a final de siglo por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, recogido en el Acuerdo de París.

En ese sentido, el consejo europeo servirá también para que los ministros debatan sobre el reglamento para la gobernanza de la Unión de la Energía, que debería ser el instrumento para garantizar una estabilidad y certidumbre que favorezca las inversiones financieras en el área de la energía limpia. «La alianza entre los países más progresistas con capacidad de transformar las cosas es la única manera de hacer creíble e ilusionar y de gestionar algo tan complejo», agregó Ribera, quien subrayó que «España tiene que estar a la cabeza en la construcción europea» en términos de transformación de su modelo económico, aunque reconoció la dificultad de «salir de un modelo en el que hay una serie de inversiones, de intereses creados».

Otro de los puntos de debate sobre la mesa es el borrador legislativo para renovar las competencias de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), que se encarga de garantizar el buen funcionamiento del mercado único del gas y la electricidad. Por último, los Veintiocho debatirán sobre los temas energéticos que se abordarán durante el segundo semestre, periodo en el que Austria asumirá la presidencia de turno de la Unión Europea.