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Energía ya ha remitido el informe del IGME sobre Doñana a Gas Natural mientras Izquierda Unida exige que se publique

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Europa Press.- La diputada de Unidos Podemos en el Congreso Eva García Sempere (IU) exige al Gobierno una copia del informe elaborado por el Instituto Geológico Minero de España (IGME), cuyas conclusiones alertan de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla en Doñana tiene un riesgo de inundación «más elevado del inicialmente admitido». En este sentido, la Dirección General de Política Energéticas y Minas, perteneciente al Ministerio de Energía, ya ha remitido a Gas Natural el informe.

Al parecer, el informe advierte de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla al borde del Parque Nacional de Doñana supone un mayor riesgo por inundaciones del inicialmente admitido por la empresa lo que, unido a las nuevas restricciones legales para usos del suelo, arroja dudas sobre la viabilidad del almacén conocido como Marismas Occidental.

Fuentes del Ministerio han explicado que la resolución de la Dirección General de Política Energéticas y Minas de marzo de 2016, en línea con los requerimientos del IGME sobre Marismas Occidental, señala que «con anterioridad a la solicitud del acta de puesta en servicio el promotor, en este caso Gas Natural, deberá realizar una serie de estudios complementarios, necesarios según el IGME para la operación de la instalación, pero no para la fase de construcción».

Gas Natural ya presentó los citados estudios, que fueron remitidos al IGME. A su vez, el IGME emitió un informe al respecto el pasado diciembre donde se realizan «una serie de observaciones de carácter técnico». Tras esto, Energía ya ha remitido este informe a Gas Natural y «le ha indicado que procedan según lo indicado por el IGME» o, en su caso, «formulen las observaciones oportunas». En estos momentos, según las fuentes consultadas, el Ministerio de Energía se encuentra «a la espera de la contestación del promotor«. Por otro lado, las fuentes ministeriales recordaron que, según lo previsto en la autorización, este no podrá funcionar en tanto el IGME «no dé su plena conformidad «.

IU pide paralizar los proyectos

Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha pedido a la Comisión Europea que paralice «de inmediato» los proyectos que afectan al Parque Natural de Doñana y avisa de que «podemos estar ante un nuevo caso Castor«. Esta ha sido también la línea seguida por Sempere en el Congreso de los Diputados, que además de una copia del informe del IGME ha solicitado al Gobierno una valoración del documento así como la «posible paralización cautelar del proyecto gasístico».

Sempere detalló que, según el informe filtrado, en la zona del proyecto conocida como Marismas-3, Gas Natural atribuye «peligrosidades por inundaciones de carácter baja o media», mientras que los técnicos del IGME consideran la zona «al límite de lo establecido por inundaciones peligrosas para las personas«. Igualmente, el informe señala que el nuevo Reglamento del Dominio Público Hidráulico introduce restricciones que pueden afectar al proyecto de Gas Natural en Doñana.

En lo que se refiere a Bruselas, Albiol, en una nueva pregunta sobre Doñana a la Comisión Europea, ha puesto sobre la mesa el informe del IGME y también el del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que en julio del año pasado «alertó del riesgo sísmico en la zona que acarreaba el proyecto gasístico». «Además del daño medioambiental irreparable, nos tememos que estamos ante un nuevo caso Castor, ante un nuevo favor del Gobierno a las empresas que financian al PP y que luego se lo devuelven vía sobres», denunció.

Unidos Podemos quiere que el inspector de la nuclear de Almaraz explique en el Congreso su cese desde el CSN

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Europa Press.- Unidos Podemos ha solicitado en el Congreso la comparecencia del exinspector residente de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), Carlos García, que fue cesado hace un mes por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), para que explique en sede parlamentaria las razones de su actual situación. Según ha explicado el portavoz de Medio Ambiente de la formación morada, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, esta petición llega ante la «preocupación» que le genera la seguridad de la planta.

Fue en diciembre cuando el CSN decidió cesar de su cargo a García «sin dar ninguna explicación al respecto», según denuncia Unidos Podemos. A juicio de la formación, tampoco aclaró esta situación «de forma convincente» el presidente del regulador, Fernando Martí, cuando fue interpelado sobre este tema por el propio Uralde durante la Comisión de Energía de la Cámara Baja. El diputado advierte de que la central nuclear de Almaraz es la siguiente, tras Garoña, que cumple los 40 años y debe renovar su licencia. «Por este motivo Unidos Podemos considera necesaria la comparecencia del Inspector residente recién cesado», apunta.

«Nos preocupa la seguridad de la planta, y por eso consideramos necesario conocer los motivos del cese del inspector residente. La historia reciente del CSN nos hace pensar que podría haber una intención de silenciar las advertencias sobre posibles fallos de la central puestos de manifiesto precisamente por el inspector, y eso nos preocupa mucho» ha señalado López de Uralde. En concreto, en 2016 las denuncias realizadas giraron en torno a tres temas: la falsificación de rondas de vigilancia contra incendios, los fallos en las bombas de agua de servicios esenciales y las pruebas del cambiador del sistema de componentes.

Unidos Podemos pregunta en el Congreso por la subvención del proyecto de Gas Natural en Doñana y reclama su paralización

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Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado una nueva pregunta en el Congreso respecto al proyecto de almacenamiento gasista de Gas Natural en Doñana en la que ha pedido explicaciones al Gobierno por la última subvención concedida a Gas Natural. El coportavoz federal de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha tildado de «disparate» que no se frene el proyecto y se subvencione con dinero público. «Por supuesto que pedimos explicaciones y reclamamos de nuevo su paralización», ha sentenciado.

Así, Unidos Podemos ha vuelto a llevar al Congreso el proyecto que Gas Natural pretende poner en marcha en Doñana, preguntando esta vez por «los 6,3 millones de euros que el Gobierno ha concedido a la empresa para sufragar el almacenamiento de gas en el subsuelo del espacio natural». La formación ha instado al Gobierno a pronunciarse sobre si «conoce el informe del Defensor del Pueblo que desaconseja el almacenamiento de gas en Doñana» y sobre el motivo para mantener esta subvención, «teniendo en cuenta la oposición y los informes existentes en contra del proyecto«.

Por su parte, la coportavoz andaluza de Equo, Carmen Molina, aprovechó para volver a pedir a las distintas administraciones, y en especial a la Junta de Andalucía, «contundencia a la hora de dejar claro que el proyecto no se llevará a cabo». Molina ha reclamado que «se acabe con la incertidumbre» y se diga ya «abiertamente» que este proyecto «no se materializará de ninguna de las maneras». «Aunque se agradece que la Junta de Andalucía esté de parte de quienes nos oponemos al proyecto, dejando atrás esa etapa en la que otorgaba autorizaciones ambientales a esta empresa, son necesarias más acciones y menos palabras», indicó.

Para Unidos Podemos, con esta nueva subvención el Gobierno «vuelve a primar los intereses de una empresa extractiva y contaminante» en lugar de elegir «apostar por pequeñas empresas y cooperativas de energías renovables». Así lo señala el también coportavoz andaluz de Equo, Francisco Sánchez Molina, quien ha criticado que el Ejecutivo del PP «no aprenda del pasado». «El proyecto Castor es otro ejemplo de cómo el Gobierno central va de la mano de un oligopolio energético altamente contaminante y destructivo con el medio natural», ha denunciado, al tiempo que ha explicado que «estas empresas se lucran con la connivencia de los gobiernos centrales y autonómicos«.

Con todo, la formación ha insistido en «no bajara la guardia» porque con esta subvención el Gobierno «avala el interés general de un proyecto al que multitud de colectivos, partidos y ciudadanía» han mostrado su «más profundo rechazo». Por ello, ha reiterado que la prioridad «debe ser escuchar al CSIC y al IGME para evitar consecuencias» como la de Castor, porque si «hay que esperar a que la Justicia resuelva, damos tiempo a Gas Natural y al PP para culminar un proyecto inviable para Doñana».

“La subvención es una barbaridad”

Por su parte, la diputada por Huelva de Unidos Podemos, Isabel Franco, ha criticado que «esta barbaridad del Gobierno central de nuevo demuestra que gobierna para Gas Natural», indicando además que «con esta partida y otra en el anterior año, ya ha recibido esta empresa, que quiere utilizar Doñana para almacenamiento de gas, un total de 12,6 millones en concepto de peaje y cánones», estimó. En este sentido, lamenta que el Gobierno «haga oídos sordos» ante todas las denuncias que van contra este proyecto tanto de vecinos, ayuntamientos, Unesco, UICN, ONGs, organizaciones ecologistas, instituciones e incluso el Defensor del Pueblo.

Por otra parte, ha criticado que el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), al que hace referencia el Defensor del Pueblo, «no esté publicado y sea accesible a la ciudadanía y las instituciones«, y asegura encontrarse a la espera de las respuestas a las preguntas registradas en el Congreso para conocer «por qué ocultan dicho informe y cuándo estará accesible su información».

Por su parte Jesús Romero, parlamentario autonómico por Huelva de Podemos Andalucía, calificó de «irresponsables e inmaduras las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, al afirmar que el odio nubla la razón de Podemos al obviar que el PP es responsable del proyecto de gas en Doñana«. Romero recordó que en 2010, cuando el Gobierno era presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se dio la primera declaración de impacto ambiental al proyecto y «ningún diputado ni en el Parlamento ni en el Congreso manifestaron queja ninguna ni emprendieron ningún procedimiento para impedirlo, ni del PP, ni del PSOE».

Por ello, Romero ha criticado «la inacción continua del Gobierno andaluz, incluso cuando en 2013 y 2014 la Unesco advertía de los peligros de Doñana» y ha recalcado que la Junta «sólo comienza a posicionarse en contra del proyecto y tomar alguna medida en 2015 tras las movilizaciones de la plataforma Salvemos Doñana junto con acciones en el Parlamento andaluz de organizaciones políticas como Podemos«.

En ese mismo año, según asegura Romero, «Fiscal hablaba de la seguridad del proyecto y alababa su completa legalidad, lo cual denotaba que seguían con la inercia de la irresponsabilidad», a la par que ha advertido de «la falta de evaluación de impacto sísmico del proyecto, aún estando en la zona del golfo de Cádiz con alta actividad sísmica y que sabemos, como ocurrió con el proyecto Castor, que la inyección provoca aún más actividad«.

El Gobierno garantiza coherencia entre el futuro de las nucleares y el Plan de Energía y Clima que reclama Bruselas

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Europa Press.- El Gobierno ha asegurado que cualquier decisión que tome en relación a la continuidad o al cierre de las centrales nucleares españolas será «coherente» con los plazos fijados en el seno de la Unión Europea para la presentación del Plan de Energía y Clima, que se presentará a Bruselas antes de que termine el año.

En respuesta a una pregunta del portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, el Ejecutivo se ha mostrado «comprometido» con el desarrollo de la política energética europea «orientada a promover una transición energética ordenada hacia una economía baja en carbono«. «Por tanto, las decisiones relativas a la participación de las distintas fuentes en el mix energético debe ser coherente con los objetivos energéticos y de cambio climático que defina el Plan de Energía y Clima de la Unión Europea», apunta el Gobierno.

Dicho esto, también señala que se debe tener en cuenta que la energía nuclear contribuye a la consecución de los compromisos medioambientales asumidos por España, ya que no emite CO2. El Gobierno destaca en el documento que «la energía nuclear en 2016 supuso el 21,7% de toda la generación eléctrica a nivel nacional, siendo la tecnología con mayor participación en el suministro eléctrico». «Asimismo, contribuye al abaratamiento del precio de la electricidad, y a la seguridad y estabilidad del suministro, siendo tanto más necesaria cuanto mayor sea la participación de las energías renovables en la cobertura de la demanda», apunta.

Para el Ejecutivo es «necesario aprovechar al máximo» los recursos disponibles, impulsar la competitividad, promover un desarrollo territorial equilibrado que contribuya a fijar población en el medio rural y a crear empleo. Para ello, según apunta, es necesaria la presencia del carbón en el mix de generación eléctrica más allá del 2020 ya que “se trata de una fuente de energía primaria que permite reducir los riesgos de una elevada situación de dependencia energética, a la vez que contribuye al correcto funcionamiento del sistema eléctrico”.

Podemos pide a la Junta de Andalucía que explique qué tipo de residuos llegan al almacén nuclear de El Cabril

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Europa Press.- Podemos Andalucía ha presentado una solicitud de comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, «para que dé explicaciones en sede parlamentaria sobre cómo pueden afectar a la salud de las personas y al medioambiente los residuos que están llegando al cementerio nuclear de El Cabril».

El parlamentario andaluz de Podemos por Córdoba, David Moscoso, ha demandado al Gobierno andaluz «que haga pública la información de la que dispone, para que los vecinos de Córdoba puedan saber a qué riesgos se les está exponiendo con la llegada de nuevos residuos de alta toxicidad». Podemos ha alertado de que, «según un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), desde 2013 se ha almacenado en el Cabril dióxido de uranio, un emisor de radiación para el que el almacén nuclear no está preparado».

Por este motivo, Podemos ha advertido de la posibilidad de que «vayan a parar a este cementerio nuclear», situado en Hornachuelos (Córdoba), «todos los residuos tóxicos procedentes del desmantelamiento de una generación completa de centrales nucleares, que ya ha comenzado con el cierre de Garoña«. Ante esto, el diputado nacional de Unidos Podemos por Córdoba, Manuel Monereo, ha anunciado que solicitará la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el Congreso de los Diputados «para que dé cuentas sobre la gestión de las instalaciones que Enresa tiene en Córdoba».

Pablo Iglesias anuncia la ley de Cambio Climático de Unidos Podemos para principios de 2018 y asegura que será «histórica»

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Europa Press.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que la proposición de ley de Cambio Climático que prepara su grupo parlamentario en el Congreso estará lista para principios de 2018 y ha señalado que la norma será «histórica» y marcará «un cambio de época».

Así lo ha puesto de manifiesto en el Foro Social por una ley eficaz contra el Cambio Climático que ha sido organizado por Unidos Podemos y en el que han participado diferentes actores relacionados con esta materia. Al término de las exposiciones, que ayudarán a redactar el texto definitivo, Iglesias ha vuelto a convocarles para debatir la propuesta ya redactada.

Para el líder de la formación morada, la participación social es la que «da sentido» a la actividad parlamentaria y ha agradecido a todas las asociaciones, sectores y sindicatos que han pasado por esta jornada por su colaboración. «Queremos hacer una ley, pero no de partidos, ni de técnicos, sino debatida por los colectivos de la sociedad civil», ha señalado.

En este sentido, llamó a la sociedad a movilizarse para presionar en la tramitación del futuro texto. Un documento que, a su juicio, es «necesario sacar adelante» para responder al «reto político y social» que supone para el futuro del planeta. «Hay quien nos dice que somos catastrofistas, pero nos estamos jugando el futuro de la humanidad, porque si el planeta se va al garete, no habrá posibilidad de que la vida siga existiendo», afirmó.

Iglesias se ha congratulado de que «cada vez hay una conciencia mayor sobre lo que significa» el cambio climático, porque la gente «se empieza a sorprender por las numerosas olas de calor en verano, por las sequías o porque haya desaparecido prácticamente el otoño». «Creo que es importante que seamos capaces de colocar esto en primer plano y que seamos capaces de que haya una conciencia cada vez mayor y acabar con los primos de Rajoy y los científicos que lo negaban», apuntó Iglesias, quien ha indicado que estas personas ya han «perdido la credibilidad».

El líder ha defendido ante los asistentes al foro que el objetivo de Podemos es conseguir un «nuevo modelo de productividad» y «un nuevo modelo de país» hablando, por ejemplo de «transición energética, de economía circular o justicia climática«. «Si somos capaces de sacarla adelante, lo que implica un acuerdo con otros grupos, estaremos dejando un legado para el futuro y las bases de un nuevo modelo de país», insistió.

Así, Iglesias ha criticado que España esté actualmente «a la cola de los que hacen algo por el cambio climático» ante un acuerdo del clima de París que, a su juicio, ha sido de mínimos. Su objetivo, según ha apuntado, es también evitar que el Ejecutivo siga recortando en esta materia en los presupuestos generales o que el Gobierno siga dependiendo de las empresas energéticas.

«Hay que señalar una cuestión, por la que nos tacharán de radicales, y es que la lucha del cambio climático es incompatible con que haya sentados expresidentes y exdirigentes de partidos en consejos de administración de empresas energéticas, porque lo que hacen cuando sientan a esos exministros, algunos muy progresistas, es comprarlos para que defiendan sus intereses», ha denunciado Iglesias.

El Congreso reclama al Gobierno que abarate la interrumpibilidad y ajuste la potencia subastada a iniciativa de Podemos y PSOE

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Europa Press.- La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso ha aprobado una proposición no de ley de Unidos Podemos y el PSOE en la que piden abaratar la interrumpibilidad y ajustar la potencia subastada a las necesidades del sistema eléctrico.

Este mecanismo, a través del cual se recompensa a las grandes industrias por detener su producción en momentos de tensión en el sistema eléctrico, ha sido cuestionado por Podemos En Marea, cuya portavoz, Yolanda Díaz, denuncia que España, a pesar de tener menor riesgo de colapso en su sistema eléctrico, recurre a la interrumpibilidad casi tanto como Italia (el país que más lo hace), pero abonando mucho más que Francia, Alemania o Italia juntas. La iniciativa fue respaldada por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV, mientras que los diputados del PP votaron en contra.

La propuesta pactada por Unidos Podemos y PSOE apuesta por modificar la regulación de la interrumpibilidad para que esta «responda estrictamente a las necesidades derivadas de la seguridad del sistema eléctrico español, reduciendo el volumen de potencia interrumpible en la subasta a 90 MW, aumentando así la presión competitiva en la subasta y limitando el valor máximo de la retribución por la prestación del servicio«. Asimismo, la propuesta reclama desarrollar una metodología de necesidades de cobertura y flexibilizar las condiciones de ejecución de la reducción de demanda «de forma que sea efectivamente un sistema de gestión de la demanda además de cubrir situaciones de emergencia».

Por otro lado, reclama garantizar «por un período razonable» la retribución máxima y los volúmenes de potencia interrumpible «para favorecer la seguridad jurídica», que la adjudicación del servicio se realice con carácter anual, mensual o semanal, y mecanismos para que los adjudicatarios de potencia interrumpible puedan recomprar sus obligaciones de reducir la demanda. El texto también exige que todos los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos y se publique información sobre la asignación y uso efectivo del servicio de interrumpibilidad, para conocer la utilidad del servicio «de forma equivalente a la proporcionada sobre los servicios de ajuste del sistema«.

La propuesta incluye también un mandato al Gobierno para establecer en los Presupuestos una línea de ayudas directas a la industria, de carácter trienal, dentro del marco comunitario de ayudas estatales para la protección del medio ambiente y energía 2014-2020. Por último, tras pactar el texto con el PSOE, la propuesta incluye un último punto que insta a publicar, a la mayor brevedad posible, la orden de convocatoria de ayudas para la compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables.

Unidos Podemos denuncia ayudas encubiertas a la industria con la interrumpibilidad y pide abaratar su coste y limitar la potencia

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Europa Press.- Unidos Podemos ha propuesto en el Congreso limitar el valor máximo de las retribuciones de la interrumpibilidad, fórmula por la cual las grandes industrias detienen su producción en momentos de tensión en el sistema eléctrico, así como reducir el volumen de potencia interrumpible. En este sentido, la portavoz de Podemos En Marea, Yolanda Díaz, destaca que el coste de la interrumpibilidad en España es «a todas luces exagerado» y con un volumen de potencia «innecesario».

Durante toda la iniciativa, Díaz realiza una comparativa entre la gestión que realizan de este recurso países europeos por cuyo tamaño España debe compararse, como Francia, Alemania e Italia, concluyendo que España, a pesar de tener menor riesgo de colapso en su sistema eléctrico, recurre a la interrumpibilidad casi tanto como Italia (el país que más lo hace), pero abonando mucho más que el resto de países de su entorno.

Díaz señala que si en 2016 en España se adjudicaron 2.895 megavatios (MW), con un coste de medio de 173.920 euros/MW, y un coste total de 503,5 millones de euros, los consumidores españoles pagaron por este recurso más que los abonados por Alemania, Francia e Italia juntas. Así, señala que la máxima retribución en Alemania en 2016 hubiera supuesto 39 millones de euros, en Francia 96 millones y en Italia 297 millones. Sumados todos juntos contabilizan 432 millones de euros, casi 100 millones menos que los 503,5 millones que España desembolsó en concepto de interrumpibilidad.

Todo ello a pesar de que, según sostiene en la iniciativa Yolanda Díaz, España contrate un mayor volumen de potencia que todos los países, menos Italia, a pesar de registrar puntas de demanda inferiores (40,5 GW frente a los 87 GW en Alemania, los 88 GW en Francia o los 54 GW en Italia). «Resulta sorprendente que el sistema eléctrico español necesite el doble de potencia interrumpible que Francia o Alemania, con puntas de demanda muy superiores, y solo algo menos que Italia, con una punta de demanda superior», destaca.

Realizando una comparativa entre la punta de demanda anual y la potencia instalada, aunque sin tener en cuenta la disponibilidad de las diferentes tecnologías, se «da una idea de la probabilidad de tener que recurrir» a la desconexión por la falta de energía, España ocupa el último puesto en este coeficiente de riesgo. Todo ello lleva a la diputada a concluir que el sistema de interrumpibilidad no deja de ser una forma de compensar a las industrias electrointensivas. «La causa última de estas distorsiones está en que es, en realidad, una mezcla de herramienta técnica y de ayuda a la industria general, pero de forma particular a la electrointensiva», argumenta.

Unas ayudas de las que, si bien Díaz no rechaza su existencia, critica que se carguen sobre los consumidores. Por ello, aboga por que se establezcan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, con carácter trienal, al amparo de las directivas europeas sobre ayudas a la protección medioambiental, y con el fin de compensar el apoyo a la energía renovable y a la colaboración con la transición energética condicionadas, eso sí, en determinados supuestos.

También llama a reformar la gestión de la interrumpibilidad con el fin de que «responda estrictamente» a necesidades derivadas de la seguridad del sistema, flexibilice las condiciones de ejecución para que, además de cubrir situaciones de emergencia, «sea efectivamente un sistema de gestión de la demanda», y habilitar mecanismos de recompra para que los adjudicatarios de potencia puedan cancelar sus obligaciones de reducir la demanda.

Por otro lado, pide que la adjudicación se pueda realizar con carácter anual, mensual o semanal, se garantice la retribución y volumen de potencia máxima por un período de 3 años, y que todos los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos. Aunque el resto de países también cuentan con un mecanismo de subasta, España es el único donde esta subasta es presencial, sin que esta circunstancia se justifique en la normativa que regula estas subastas, gravándose su coste, con el consiguiente despliegue de instalaciones, equipos y desplazamiento a la sede de la subasta, a la factura de los consumidores.

Izquierda Unida reclama al Congreso que deje de contratar con las principales compañías eléctricas y busque un suministro «100% renovable»

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Europa Press.- Izquierda Unida ha planteado en el Congreso que la Cámara Baja deje de contratar con comercializadoras «del oligopolio» y apueste por compañías pequeñas, basadas en la economía social y que suministren energía «100% verde«. Así, registró una proposición con la que buscan que el Congreso declare «su compromiso de primar la electricidad ecológica cuando adjudique el contrato de suministro de energía eléctrica para sus edificios».

Esta actuación se encuadra dentro de la campaña lanzada por esta formación bajo el nombre de Cambia de Bando, con la que anunció que daría de baja sus contratos con grandes compañías en sus 262 sedes, y animaba a sus militantes y simpatizantes a hacer lo mismo. La iniciativa, firmada por el portavoz de esta formación en el Congreso, Alberto Garzón, también busca que el Congreso reconozca «el carácter de servicio público del modelo energético y la necesidad de cambiarlo para superar la dependencia energética, favorecer el interés general y contribuir a la sostenibilidad ambiental».

Para Garzón, «el cambio de modelo energético es condición necesaria para avanzar hacia un nuevo modelo productivo» que, a su juicio, «ha de ser incompatible con el capitalismo neoliberal, causa de la agudización de las injusticias y las desigualdades en y con el planeta». En el caso de España, critica que el modelo se apoye en el uso de combustibles fósiles, a pesar de no ser un territorio productor, y «el control» del mercado eléctrico «por parte de un oligopolio».

Aun reconociendo que el cambio a comercializadoras más pequeñas y de la economía social «sería un gesto» que no supondría «un cambio del modelo en su conjunto», Izquierda Unida destaca que «desconectarse de las comercializadoras del oligopolio» permitiría «introducir en el debate público el papel que juega el oligopolio energético». Por su parte, la responsable federal de Estrategias para el Conflicto, Sira Rego, impulsora de Cambia de Bando, señala que tratan de «promover una migración desde las grandes comercializadoras del oligopolio hacia aquellas más pequeñas basadas en la economía social».

Medio Ambiente anticipa a la oposición los ejes de la nueva Ley de Cambio Climático, que prevé aprobar en primavera

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Europa Press.- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha presentado ante diputados y senadores los principales bloques de los que constará la nueva ley de Cambio Climático y Transición Energética que, según explicaron fuentes parlamentarias, el departamento que dirige Isabel García Tejerina espera tener lista para el primer semestre de 2018.

Las mismas fuentes han señalado que el Ministerio tiene perfilados estos bloques atendiendo a los principales temas que se han aportado en el concurso de participación, que se abrió el pasado 18 de julio. En total, se han recibido más de 300 aportaciones; la participación de España en las cumbres del clima, los objetivos que se va a poner en cuanto a emisiones, la adaptación a las políticas europeas en materia climática, la financiación o el modelo de transición energética que llevará el país son algunos de los puntos más comentados que el Ministerio deberá desarrollar en los próximos meses.

García Tejerina anunció en la Cumbre del Clima de Marrakech (COP22) la elaboración de este texto. También hubo una proposición no de ley por la que los principales grupos en el Congreso, PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, solicitaban al Gobierno que impulsara esta norma. La iniciativa planteaba la necesidad de «integrar y armonizar» en una ley todas las estrategias y protocolos existentes en materia de cambio climático, para que España pudiera cumplir los compromisos asumidos en esta materia. Además, llamaban a introducir objetivos concretos y a largo plazo en materia de reducción de emisiones.

Esta reunión de Medio Ambiente con los representantes parlamentarios llega después de una temporada de críticas por parte de algunos partidos de la oposición. El PSOE, aprovechando una moción con medidas para la lucha contra los incendios forestales, apremiaba al Gobierno a poner en marcha la ley de Cambio Climático, al que culpaban, en gran parte, del aumento de fuegos durante este año. Por su parte, Unidos Podemos ha anunciado que presentará su propio texto y esperan llevarlo al Pleno para su aceptación a trámite.