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El Gobierno retira el veto a la ley de Podemos/Equo para prohibir el fracking y se tramitará en el Congreso

Europa Press.- El Gobierno retiró el veto que presentó contra la proposición de ley de Unidos Podemos para prohibir el fracking como técnica de investigación y extracción de hidrocarburos, por lo que ahora se podrá tramitar en el Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo alegó en abril que la puesta en marcha de esta norma supondría «un impacto presupuestario de 625.000 euros» relacionados con el canon de superficie que exige la Ley del Sector de Hidrocarburos, y que se devenga por cada emplazamiento de sondeos en los permisos de investigación. Según confirmaron fuentes oficiales, finalmente el Gobierno ha retirado el veto a esta norma al entender que el coste de su puesta en marcha podría ser cero al no cobrarse la tasa.

Equo ya anunció en su momento que elevaría un escrito a la Mesa del Congreso para pedir la retirada del veto en el que, además, se pediría un informe a la oficina presupuestaria de la Cámara Baja. La coportavoz de la formación ecologista, Rosa María Martínez, acusó al Ejecutivo de «bloquear cualquier iniciativa legislativa de la oposición», ya que ya ha vetado iniciativas relacionadas con el autoconsumo y con el cierre de las centrales nucleares. La proposición de ley podrá continuar ahora su tramitación parlamentaria y la Mesa del Congreso abrirá un plazo de enmiendas para que el Pleno de la Cámara pueda debatir y votar su toma en consideración.

El Congreso, sin el PP, pide al Gobierno la reducción inmediata de la contaminación y una revisión del modelo energético

Europa Press.- El Congreso de los Diputados, con el voto en contra del PP, instó al Gobierno a tomar medidas para la reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético nacional. Entre ellas, una revisión de todas aquellas normativas actuales que impiden crecer a las energías renovables, el impulso de la rehabilitación de viviendas o la puesta en marcha de incentivos para aumentar el uso del coche eléctrico.

El texto votado, una moción consecuencia de una interpelación urgente a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, es una iniciativa del PSOE pactada con Unidos Podemos, en la que se llama al Ejecutivo a apostar por las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética eliminando las barreras administrativas y económicas que «impiden» transitar hacia un modelo energético de producción descentralizada, con la ciudadanía en el centro del proceso de producción y consumo de electricidad. «Todo ello, mediante incentivos y ayudas al autoconsumo, con el objeto de contribuir a la maduración del mercado fotovoltaico«, apunta la propuesta.

Otra de las medidas que plantea la moción es realizar cambios en los patrones de movilidad, apostando por el uso del transporte público y del vehículo eléctrico como «claves». En este sentido, se insta al Gobierno a impulsar la aprobación de una ley de movilidad sostenible; a desarrollar una estrategia industrial y de inversiones en I+D+i para el desarrollo de baterías y motores eléctricos y a consensuar medidas que reduzcan el tráfico de vehículos convencionales.

También en materia de transporte, se pide una «mejora y refuerzo del servicio ferroviario de cercanías y regionales y potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril», así como aprobar una ley de financiación del transporte público e incrementar la financiación del mismo, permitiendo un servicio de proximidad sin emisiones contaminantes, incluyendo actuaciones para la habilitación de BUS VAO en los accesos a grandes núcleos urbanos.

Por otra parte, se llama a implementar las medidas necesarias para impulsar planes de rehabilitación de viviendas: revisando las normas de edificación y aplicando requisitos máximos de consumo energético o mínimos de eficiencia energética en edificios. Además, se pide un plan de rehabilitación y construcción con criterios de eficiencia energética que permita fomentar la creación de empleo.También proponen la aprobación, durante el año 2017, de un Plan específico para la transición del modelo energético para la industria; el impulso de una fiscalidad medioambiental real próxima a la media europea; crear un informe anual de evaluación del aire; implantar de forma inmediata un calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares; o impulsar subastas de electricidad renovable, entre otras medidas.

Podemos negocia con el PSOE

Unidos Podemos condicionó su apoyo a la negociación de un texto transaccional. Entre las peticiones que la formación morada planteó, se encontraba la de exigir un «calendario real» para que España pueda llevar a cabo una «verdadera» transición energética, con potentes políticas autonómicas y estatales para que esta labor sea «más efectiva», según apuntó el portavoz de Energía de Unidos Podemos, Josep Vendrell. En la iniciativa original, el PSOE reclamaba al Ejecutivo que cumpla con las directivas europeas relacionadas con una atmósfera limpia en Europa y a colaborar con las administraciones que incumplen con esta directiva a tomar las decisiones necesarias para llegar a los niveles que se le exigen.

Además, se sugería el impulso a medio plazo a la incorporación de servicios energéticos avanzados en el marco de los planes de rehabilitación de viviendas; llevar a cabo campañas de concienciación; fomentar la reducción de consumo energético en los edificios de organismos públicos. La portavoz del PSOE en materia de energía, Pilar Lucio, ha exigido también que el Ejecutivo apueste, con incentivos fiscales, por el vehículo eléctrico. Para ello, el PSOE pide que se defina un modelo por el que se incentive la adquisición de coches eléctricos «a un precio razonable», según matizó Lucio, y que se facilite un sistema de recargas de acceso público.

Tras las peticiones socialistas, la portavoz del PP en esta materia, María Teresa de Lara, ha mostrado su «sorpresa» por esta iniciativa ya que «se insta al Gobierno a hacer lo que ya está haciendo» y «le obliga a cumplir lo que ya cumple«. Así, asegura que muchos de los puntos que se incluyen en la moción estarán dentro de la nueva Ley de Cambio Climático que ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate de investidura.

Finalmente, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, se mostró a favor de la moción del PSOE al considerar que recoge muchas de las necesidades que el país precisa en esta materia. Pero además, llama a crear un Pacto de Estado de Energía e insiste en la necesidad de un nuevo Plan Nacional del Aire y de una Ley de Cambio Climático. «Me abruma todo lo que necesitamos», reconoció ante el Hemiciclo, en donde ha defendido la educación en el medio ambiente «sin crear impuestos», sino en «las aulas y hablando con la sociedad» del tema.

Unidos Podemos pide que Nadal explique en el Congreso el futuro de Castor; Greenpeace espera que no se repita

Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace reclama protocolos para evitar «despropósitos» de alto riesgo medioambiental y económico como el del almacén de gas Castor. Mientras, En Comú Podem, a través de su portavoz de Energía en el Congreso de los Diputados, Josep Vendrell, ha solicitado la comparecencia en la Cámara Baja del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para que dé cuenta del informe elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard sobre Castor.

El estudio asegura que la inyección de gas que se realizó frente a las costas de Castellón y Tarragona generó los terremotos que desestabilizaron la falla de Amposta. Tras conocer estos resultados, Nadal anunció que el almacén no volverá a operar y que se realizarán estudios para conocer si sería viable un desmantelamiento de la plataforma. Desde la formación catalana denuncian que Castor fue un proyecto «especulativo» e «innecesario», además de «irresponsable» en su gestión, teniendo en cuenta que estaba ubicado en una zona sísmica.

Del mismo modo, denuncia que haya sido «la ciudadanía la que ha tenido que pagar el fiasco del proyecto Castor con 1.649 millones para indemnizar a la empresa constructora Escal UGS». «Se indemniza a las empresas pero no a las personas perjudicadas de los territorios de las Tierras del Ebro y de Castellón», apunta Vendrell. A su juicio, se trata de «un nuevo caso de rescate de una gran empresa» tal y como ha ocurrido «con los bancos, las eléctricas o los concesionarios de las autopistas». Por ello, Podemos también pedirá a Nadal, durante su comparecencia, que explique a quién pedirá responsabilidades así como los planes que tiene el Gobierno sobre Castor para el futuro.

Castor no volverá a operar

Por su parte, el diputado en las Cortes de la Comunidad Valenciana del grupo parlamentario Podemos, César Jiménez, ha mostrado su satisfacción ante el informe sobre el almacén Castor que «ha dictaminado que esta plataforma no podrá volver a operar». Jiménez celebra que los expertos hayan determinado que fueron las inyecciones de gas realizadas en el almacén las causantes de los centenares de movimientos sísmicos que se registraron en la zona, por lo que «el almacén no puede en ningún caso volver a ponerse en funcionamiento, y tampoco se debe intentar extraer el gas inyectado porque podría nuevamente causar movimientos en la falla de Amposta».

En este sentido, Jiménez ha resaltado que «por fin la población de la comarca del Baix Maestrat podrá dormir tranquila sabiendo que la plataforma Castor no podrá volver a poner en riesgo su integridad, ya que no podrá volver a operar». No obstante, ha lamentado que «la actuación del PSOE como impulsor del proyecto, y del PP, que aprobó en solitario indemnizar con más de 1.350 millones de euros a su propietaria, Escal UGS, además de poner en riesgo a la población de esta comarca, les ha dejado como legado algo similar a un Chernobil, ya que, según los expertos, ni se puede desmantelarni se puede volver a utilizar».

Jiménez recordó que Podemos impulsó en el Congreso de los Diputados, en coordinación con el grupo parlamentario de las Cortes de la Comunidad Valenciana, una iniciativa que fue aprobada hace un año por la Comisión de Industria del Congreso para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del proyecto de almacenamiento de gas Castor y para estudiar la posibilidad de «exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS, participada por ACS, cuya presidencia ostenta Florentino Pérez«.

La iniciativa también instaba a impulsar las actuaciones necesarias que permitan recuperar la cantidad retribuida a la empresa Escal UGS, en concepto de extinción de la concesión, al entender que la compañía «incurrió en dolo o negligencia imputable» y a establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa Escal UGS, «por los movimientos sísmicos consecuencia de la puesta en servicio del almacén». El parlamentario aseveró que Podemos considera «injusto que el fracaso de una iniciativa privada tuviera que ser asumido por la ciudadanía».

Greenpeace: que no se repita

Por otro lado, según estimaciones de Greenpeace, el coste del almacén de gas es «uno de los ejemplos más claros de despilfarro de dinero público» que se han vivido en España, consecuencia de un modelo energético basado en «energías sucias». Así, la organización ecologista subraya que la empresa constructora del proyecto, ACS, recibió 1.350 millones de euros de dinero público después de que fuera necesario clausurar el proyecto por provocar más de 400 seísmos. «Esta cantidad, sumada a los intereses a pagar por el Estado, supondrá un gasto de cerca de 4.400 millones de euros«, recalca, para añadir que con esta suma se podrían construir 40 hospitales de tamaño medio.

La organización añade que en abril de 2015 el Parlamento Europeo solicitó al Defensor del Pueblo Europeo una investigación sobre si el Gobierno español incurrió en una ayuda estatal prohibida al autorizar el pago. «Es necesario desmantelar la plataforma tan pronto como las condiciones lo permitan y evitar en el futuro que vuelvan a ponerse en marcha proyectos como este que acarrean riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas, y que suponen un gran desembolso para las arcas públicas, y para ello hay que revisar los procesos de evaluación de impacto ambiental con exhaustividad», ha advertido.

PSOE y Podemos piden cerrar las nucleares a los 40 años mientras el PP descarta alternativas porque subirían los precios

Europa Press.– PSOE y Podemos defienden el cierre progresivo de las centrales nucleares cuando éstas cumplan su vida útil de diseño, es decir, a los 40 años de vida, mientras que el PP asegura que, actualmente, no existe ninguna alternativa a la energía nuclear en España que permita “mantener la seguridad del suministro, la fiabilidad del mismo y con precios razonables«. Así lo expresaron durante su participación en un debate en el Congreso sobre El futuro de la energía nuclear en España.

El posicionamiento del portavoz de Energía del PP, Alberto Herrero, se ha centrado en el «lastre económico» que el cierre de las nucleares puede suponer para el país y señaló que esta situación llevaría a España a «un escenario negativo de incertidumbre y de improvisación» cuando, a su juicio, lo que se necesita es «seguridad y confianza» en el sistema eléctrico para el fortalecimiento de la industria. El popular recordó las actuales fuentes de energía que se utilizan para cumplir con el suministro, como la hidráulica, eólica, carbón, ciclos combinados y nuclear, un despliegue de opciones que, para Herrero, son «todas imprescindibles» para «caminar hacia la transición energética», a pesar de que algunas tengan «inconvenientes».

Tanto PSOE como Unidos Podemos se han mostrado contrarios a esta postura ya que, aunque reconocen que no se puede prescindir actualmente de la energía nuclear, no creen que sea «imprescindible» en un futuro próximo. En ambos casos abogan porque las centrales se cierren cuando los permisos de vida útil que están en vigor actualmente se terminen, es decir, que se vayan cerrando según vayan caducando sus licencias de actividad.

El portavoz de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde, defiende el cierre de las plantas «a través de planes ambiciosos de eficiencia energética» que, según ha señalado, también «pueden generar decenas de miles de empleos«. En contraposición a la postura del PP, para Uralde «no todo puede convivir» y, aunque reconoce que su propuesta de un plan energético basado al 100% en renovables «no es fácil», cree que se debería «empezar ya a trabajar para lograr llegar hasta ahí cuanto antes».

También el diputado del PSOE, Álvaro Abril, ha criticado el estancamiento en el que, a su juicio, se encuentra desde hace años el debate sobre la transición energética. «Son posiciones complicadas, pero hay que tomar una decisión en el Congreso teniendo en cuenta a la parte social, ecologistas y sindicatos, y decidir cuál es el modelo energético que se quiere«, ha apuntado el portavoz socialista.

Finalmente, el portavoz en la Comisión de Energía de Ciudadanos, Vicente Ten, considera que estas medidas que se están reclamando para avanzar en la transición energética del país se lleven a cabo ahora, «cuando el arco parlamentario es propicio» a que se puedan llevar a cabo acuerdos ante la falta de mayorías absolutas que, en su momento, «limitaron las decisiones». «Es bueno que la llegada de nuevos partidos al arco parlamentario dé estabilidad a la democracia interna», aseveró Ten, para llamar a lograr un Pacto de Estado en esta materia.

Asimismo, y aunque el diputado de Ciudadanos no se pronunció acerca de un calendario de cierre de las nucleares, sí que ha señalado que su postura en esta materia es confiar en los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Para ello, reclama una despolitización de este organismo público cuya imagen, a su juicio, no transmite confianza a la población.

El debate ha sido organizado a iniciativa del presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, el diputado de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, que, además, estará acompañado del presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Portugués, Pedro Soares. Ambos políticos han estado trabajando en los últimos meses sobre este tema debido a la preocupación del país vecino por la construcción del Almacén nuclear Temporal Individual (ATI) previsto junto a la central nuclear de Almaraz (Cáceres), a unos 140 kilómetros de Portugal.

En los últimos meses la energía nuclear ha estado presente en la actualidad del Congreso. El Gobierno comunicaba a la Cámara Baja su veto a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú para el cierre progresivo de las centrales nucleares, argumentando que su aplicación tendría importantes efectos presupuestarios. Del mismo modo, la Mesa del Congreso vetaba en marzo una visita de la Comisión de Energía al Parlamento de Portugal para tratar el tema de Almaraz.

Unidos Podemos reclama que Nuclenor «corra con los gastos» de cerrar Garoña ya que se ha enriquecido con su producción

Europa Press.- El diputado de Unidos Podemos por Burgos, Miguel Vila, exige que la empresa Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña, corra con los gastos del cierre ya que se ha enriquecido con la producción. El parlamentario por Burgos se ha entrevistado con la Plataforma contra Garoña para la presentación de enmiendas a los Presupuestos.

El diputado asegura que estará vigilante para que el coste del desmantelamiento de la central de Garoña recaiga «exclusivamente» en Nuclenor, sociedad formada por Endesa e Iberdrola. De esta manera quiere «evitar» que se el cierre definitivo se haga con el dinero de todos y «con garantía de seguridad». Vila recordó que no puede ser que la ciudadanía pague el desmantelamiento millonario de la nuclear cuando «la empresa propietaria ha ganado mucho dinero» durante la vida útil de la central.

El desmantelamiento de la central va a generar empleo, pero Vila ha recalcado que no se conforma con ello. Unido al proceso de cierre, que puede durar una década, cree necesario implementar un plan de reindustrialización para la zona pero basado en «un impulso del mundo rural sostenible que garantice empleo de calidad». «Una segunda pata estaría enraizada en la «revitalización del patrimonio histórico y natural que garantice la llegada de turismo sostenible», ha aseverado.

Unidos Podemos entiende que el dinero de que se invierta en la reindustrialización de la comarca de Las Merindades y en Miranda de Ebro, «debe ir a los ayuntamientos». El diputado alertó de que si no se hace así, puede ocurrir lo que ya pasó hace unos años con el Plan Reindus, cuando el dinero del Estado se fue «a la patronal con una total ausencia de mecanismos de control». 

El Gobierno veta la ley de Podemos para el cierre progresivo de las centrales nucleares por su efecto presupuestario

Europa Press.- El portavoz de Energía de Unidos Podemos y diputado de En Comú, Josep Vendrell, ha tildado de «arbitrario» y «tramposo» el veto planteado por el Gobierno a la tramitación parlamentaria en el Congreso de la proposición de ley del grupo parlamentario de Podemos sobre el cierre progresivo de las centrales nucleares. El Ejecutivo esgrime que su aplicación mermaría la recaudación fiscal en unos 250 millones y obligaría a aumentar el gasto para compensar a las empresas titulares de las centrales.

Con este escrito son ya 28 las iniciativas legislativas de la oposición y de parlamentos autonómicos que el Gobierno del PP lleva vetadas esta legislatura, acogiéndose al precepto constitucional que le permite negar la conformidad a propuestas que supongan alteración de los presupuestos en curso, sea por merma de ingresos o por aumento de gasto. La proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú pretende cerrar las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen, independientemente de que hayan cumplido 40 años en funcionamiento o no y hacer una apuesta clara por la transición hacia un modelo energético eficiente basado en las energías renovables y en la eficiencia energética.

En el escrito enviado al Congreso, el Gobierno alega que «la contribución tributaria total de la industria nuclear en España1 ascendió a los 1.141 millones de euros en 2013» y que el cierre de las centrales mermaría la recaudación fiscal sin que ello fuera compensado por la energía alternativa. Así, señala que la recaudación fiscal sufriría «una disminución muy notable» en relación con los impuestos específicos de la actividad nuclear (Impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado e Impuesto sobre residuos radiactivos), cifrando entre 210 y 280 millones de euros que se dejarían de recaudar.

En su opinión, una fuente de energía alternativa de sustitución no compensaría el hueco dejado por la nuclear dado que, en rigor, la nueva generación eléctrica sólo estaría sometida al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, que también soporta la generación nuclear en idénticas condiciones. Pero, además, el Gobierno argumenta que el cierre de las nucleares obligaría a aumentar los créditos ya que «podría generar la exigencia de responsabilidad patrimonial por los titulares de instalaciones que tengan solicitada, en este momento, una renovación de su autorización y que puedan haber incurrido en gastos e inversiones».

Tampoco le vale al Gobierno la prevención de Podemos, que había incluido una disposición antibloqueo para demorar la entrada en vigor de las medidas que supongan aumento de gasto o disminución de ingresos, pues advierte en esa cláusulas «serias dudas» en cuanto al principio de seguridad jurídica «toda vez que no podría saberse con certeza cuales son las disposiciones que adquirirían vigencia inmediata y cuáles la verían demorada». Pero, en todo caso, recalca que el derecho de veto del Gobierno por motivos presupuestarios «debe, cuando menos, entenderse referida a un escenario presupuestario plurianual, con vigencia para tres ejercicios, al que debe sujetarse la acción de gobierno, y éste a su vez en el objetivo de estabilidad presupuestaria con idéntica vigencia».

Un veto «arbitrario» y «tramposo»

Vendrell ha denunciado que lo que pretende el Gobierno del PP es «preservar la energía nuclear y que el Congreso, que es la representación de la ciudadanía, no pueda decidir sobre la política energética». Por eso, su grupo intentará buscar el apoyo del PSOE y de Ciudadanos para levantar el veto.Desde su punto de vista, se trata de un veto «arbitrario» porque, en contra de lo que mantiene el Ejecutivo, la proposición de ley «no afecta al presupuesto en vigor ni a los siguientes ejercicios presupuestarios». El Gobierno alega en su escrito de veto que no le basta con que demoren un año la aplicación de las medidas que implican coste porque la contención del déficit abarca un trienio.

Además, añade que el veto «no se ajusta a Derecho» porque tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como los servicios jurídicos del Congreso han dejado claro que la capacidad de del Gobierno de impedir tramitaciones sólo rige sobre proposiciones de ley «que afecten al ejercicio presupuestario en vigor» y no a «presupuestos futuros».Sin embargo, Vendrell asegura que se trata de un veto «tramposo» porque los objetivos de estabilidad presupuestaria ratificados por las Cortes afectan a 2017, 2018 y 2019, pero no al 2020 que es cuanto, según la proposición de ley se cerrarían las centrales de Almaraz y de Vandellós. Por tanto, agrega, la proposición de ley no afecta los objetivos de estabilidad presupuestaria.

En su opinión, al intentar frenar la tramitación de la iniciativa de Podemos, el Gobierno pone de manifiesto que son las empresas las que deciden la política energética de este país y no la ciudadanía a través de sus representantes en las Cortes.»La energía nuclear es cara y peligrosa. El Gobierno no tienen en cuenta los enormes costos de la gestión de los residuos, de los riesgos en la seguridad y que ya existe una alternativa renovable para sustituir a las nucleares», denuncia Vendrell.

Podemos y Compromís registran una ley para derogar los cambios de retribución a los inversores en energía fotovoltaica

Europa Press.- Unidos Podemos-En Comú y Compromís han registrado en el Congreso una proposición de ley para asegurar la inversión de los productores de energía renovable y evitar que la revisión de estas retribuciones programada para 2020 pueda llevar a la ruina a más de 62.000 familias que invirtieron sus ahorros en este negocio.

La iniciativa legislativa consta de un solo artículo que modificaría la Ley 24/2013 para garantizar que el valor de la rentabilidad razonable no se modificará, ni se revisará durante la vida útil de las instalaciones. Según denuncian estas formaciones, las reformas de 2013 y 2014 en la producción de energía eléctrica a través de renovables permitió la revisión periódica de la totalidad de los parámetros, por lo que no es posible conocer la retribución de los proyectos más allá de un horizonte de tres años.

Ambas formaciones estuvieron acompañadas en la presentación de la iniciativa por la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (ANPIER) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que advirtieron que la próxima revisión de los parámetros, en 2020, puede reducir hasta un 25% la rentabilidad actual, ya revisada anteriormente y por la cual debieron refinanciar su deuda. Los representantes de las asociaciones denuncian que desde el impulso dado a la producción de energía fotovoltaica en 2007 se han producido hasta 9 cambios retroactivos que han modificado las condiciones inicialmente pactadas con el Estado.

Los principales afectados, advierten, son aquellos productores con menos recursos, sin posibilidades de poder alcanzar a nuevos acuerdos de refinanciación. «La parte social desaparecerá fulminantemente y seguirá el camino que llevamos desde hace unos años, que es acabar en manos de fondos buitre o de grandes compañías», ha lamentado Miguel Ángel Aroca, presidente de ANPIER. «El futuro va a ser renovable, de eso no hay duda. La gran incertidumbre es saber si va a ser social», indicó el director de ANPIER, Rafael Barrera, que critica que las incertidumbres «expulsan» a los pioneros en la producción energética a través de renovables.

Para Ignasi Candela (Compromís), esta proposición de ley trata de «avanzar en la democratización de la producción de la energía», en la que espera sumar al PSOE, al que cree «comprometido en este proceso», y a Ciudadanos, al que ve más «dubitativo». Por su parte, Josep Vendrell, de En Comú, ha reclamado que esta legislatura sea la de la «transición energética» ante los «obstáculos» que plantea, ha dicho, el Gobierno y su ministro de Energía, Álvaro Nadal. Ante la posibilidad de que el Gobierno pueda presentar un veto para evitar la calificación de la propuesta, Vendrell asegura que en este caso no hay afectación presupuestaria. 

López de Uralde (Equo / Unidos Podemos): “Ya no quedan excusas para reabrir la central nuclear de Garoña”

EFE.- El portavoz de Equo y diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, asevera que «ya no quedan excusas para reabrir» la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña y ha pedido al Gobierno de España que decrete de forma inmediata su cierre. López de Uralde ha recordado que en las últimas semanas la oposición política y social contra Garoña «no ha dejado de ampliarse y manifestarse» y añade que además ahora se sabe que su continuidad «económicamente es inviable».

«Las afirmaciones de representantes de Nuclenor, propietaria de la central, reconociendo que la continuidad de Garoña es inviable económicamente debería ser justificación concluyente para el cierre definitivo de la instalación», considera López de Uralde. Varios diarios han informado de que Nuclenor, sociedad compartida al 50% por Iberdrola y Endesa, debería asumir una inversión de 205 millones añadidos a los 330 millones inyectados desde 2013 para volver a reabrir la central, lo que hace «inviable» la operación económicamente. López de Uralde ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que «no dilate más» la situación de Garoña y cierre definitivamente esta central.

Endesa advierte a los diputados que suprimir las centrales nucleares pondría en riesgo la seguridad de suministro

EFE.- El director general de energía nuclear de Endesa, Juan María Moreno, subrayó en el Congreso que no es posible prescindir de la energía nuclear a corto o medio plazo sin poner en riesgo la seguridad del suministro. Durante su comparecencia, a puerta cerrada, Moreno aseguró que prescindir anticipadamente de las nucleares supondría también un aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y una subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, según fuentes que asistieron a su exposición.

A juicio del directivo de Endesa, no es posible atender la punta de demanda en el sistema eléctrico sin contar con la energía nuclear, sobre todo por el menor peso paulatino del carbón nacional por motivos medioambientales. En su opinión, el cierre del parque nuclear reduciría el índice de cobertura por debajo del 1,1 aconsejado e incluso de la unidad. Además, ha explicado Moreno, la sustitución de la energía nuclear por centrales térmicas (de carbón o gas natural) supondría un incremento cercano al 50% en las emisiones de CO2, unos 28 millones de toneladas al año, un efecto que ya se aprecia en Alemania, que renunció a las plantas nucleares tras el accidente de Fukushima (Japón) en marzo de 2011.

El directivo de Endesa subrayó que es posible sustituir las centrales nucleares por energías renovables, pero no en un periodo de tiempo corto. Según Moreno, además de los 30.000 megavatios renovables necesarios para cumplir los objetivos medioambientales hasta 2030, la supresión de los 7.573 megavatios nucleares exigiría la instalación de 22.000 megavatios eólicos, 7.000 megavatios fotovoltaicos y 21.000 megavatios de baterías adicionales, un esfuerzo que no sería viable ni técnica ni económicamente en una década.

Moreno ha explicado que la eliminación de la energía nuclear elevaría el precio de la electricidad en el mercado mayorista en más de 10 euros por megavatio hora, lo que supondría una subida del 26% y un sobrecoste anual en el sistema de más de 2.500 millones. Moreno ha asegurado que, en contra de lo que se dice, las centrales nucleares de Endesa no están amortizadas, ni a efectos contables ni financieros. Según Moreno, una auditoría realizada por Ernst&Young ha mostrado que la rentabilidad de las nucleares no ha sido suficiente para recuperar la inversión.

El directivo de Endesa ha precisado que el inmovilizado neto pendiente de amortizar al cierre del pasado ejercicio asciende a 3.039 millones. Esta cifra tan elevada se debe, según Moreno, a las fuertes inversiones realizadas desde la puesta en operación de las nucleares. Desde 1997, la inversión en las plantas de Almaraz, Ascó y Vandellós asciende a 3.656 millones de euros en moneda de 2016, casi un 60% del coste inicial de las centrales. Sobre el papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Moreno ha dicho que, en ocasiones, plantea un exceso de regulación y tiene un enfoque demasiado prescriptivo, lo que se obliga a las plantas a un esfuerzo excesivo para cumplir los requisitos.

Operar hasta los 60 años

Según algunos diputados, los directores de energía nuclear de las empresas Endesa e Iberdrola (Francisco López), operadoras ambas de centrales atómicas, mostraron su convencimiento de que habrá alargamiento de la vida útil de las plantas hasta «al menos» los 60 años. «Han dado por sentado que explotarán las centrales como mínimo hasta los 60 años», ha señalado la portavoz de Energía del PSOE, Pilar Lucio, que indicó que ambos responsables empresariales han abierto incluso las puertas, en respuesta a las preguntas planteadas por los diputados, a operar las centrales más allá de esos 60 años.

Según lo relatado por el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, el director de energía nuclear de Iberdrola, señaló en esta ponencia que están «convencidos de que las centrales pueden operar 60 años». Ambas empresas han reclamado a los parlamentarios «certeza regulatoria en un horizonte temporal amplio para poder hacer sus inversiones«. Las centrales nucleares españolas, en la actualidad hay 5 plantas operativas y 1 en parada segura (Garoña), fueron diseñadas con una vida útil de 40 años, sin embargo, la legislación no establece un calendario de cierre de las plantas a medida que vayan cumpliendo esos años.

La Ley de Economía Sostenible que aprobó el Gobierno socialista en 2011 estuvo a punto de recogerlo, pero finalmente acabó eliminando la referencia temporal e indicando que las nucleares podrán funcionar mientras pidan prórrogas y el CSN lo avale, que es lo que ocurre actualmente Respecto a la reapertura de Garoña, central operada por Endesa e Iberdrola al 50%, los representantes de ambas empresas han señalado que están pendientes de la autorización del Gobierno para tomar una decisión. Según las mismas fuentes, los portavoces de las empresas también han manifestado a los parlamentarios que les gustaría participar en el próximo plan de residuos nucleares que tiene pendiente elaborar el CSN.

También compareció el director de la central de Garoña, Miguel Ángel Cortés, quien ha dicho que «los informes de todas las evaluaciones a las que se ha sometido la planta en los últimos diez años ponen de manifiesto que no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la central«. Cortés ha recordado que el regulador, el CSN, «ha aprobado la viabilidad de las instalaciones para operar con seguridad hasta 2031 con determinadas condiciones tras una rigurosa y exhaustiva evaluación». Según Uralde, el director de Garoña les ha relatado que la central trabaja tanto para un escenario de continuidad de las operaciones como de cierre.

Ha comparecido también Marcel Coderch i Codell, exvicepresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y experto en energía nuclear, quien señaló respecto a la afirmación de Endesa de que las centrales no están amortizadas, que «eso depende de lo que incluyas en la amortización». Coderch i Codell aseveró que las nucleares son un buen negocio para las eléctricas en tanto que ni tienen que asumir la gestión de los residuos ni los costes de un potencial accidente nuclear.

Manuel Rodríguez Martí, nombrado por el Gobierno nuevo secretario general del CSN, toma posesión con la «exigencia de no defraudar»

Europa Press.– El técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Manuel Rodríguez Martí, ha tomado posesión de su cargo como secretario general del regulador nuclear, tras ser nombrado recientemente por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y en ese acto ha prometido «no defraudar».

El acto de toma de posesión se ha celebrado en la sede del CSN, de acuerdo con el Real Decreto 280/2017, publicado en el BOE con fecha de 17 de marzo de 2017. Al acto han asistido los miembros del pleno del CSN así como técnicos del regulador, del sector y varias autoridades del Estado. El presidente del CSN, Fernando Marti Scharfhausen, ha agradecido el trabajo desempeñado por la anterior secretaria general del regulador, María Luisa Rodríguez, y ha manifestado la «completa confianza» en su sucesor por sus conocimientos técnicos así como por su experiencia en el funcionamiento del CSN.

Por su parte, Rodríguez ha agradecido su nombramiento ya que para él supone «todo un honor y orgullo» convertirse en secretario general del CSN, donde lleva 32 años trabajando, prácticamente la totalidad de su vida profesional. En este mismo sentido ha querido destacar que se trata de una gran ocasión pero al mismo tiempo de una gran responsabilidad, ya que es la primera vez que un técnico del organismo regulador ocupa este puesto. Finalmente, ha manifestado que es consciente de todos los retos que afronta y ha prometido todo su entusiasmo y su dedicación en la «exigencia de no defraudar».

Una vida en el CSN

Rodríguez Martí, nacido en febrero de 1959, es Ingeniero Industrial y pertenece a la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Se incorporó al CSN en 1985, donde ha ocupado varios puestos técnicos en el ámbito de la seguridad nuclear y la protección radiológica, entre ellos el de jefe de Proyectos de la Central Nuclear de Trillo (Guadalajara), el de jefe de Gabinete de la Dirección Técnica, y el de subdirector de Protección Radiológica Operacional. Desde 2013 era subdirector de Instalaciones Nucleares del Consejo de Seguridad Nuclear.

El Pleno del CSN acordó por unanimidad su nombramiento en noviembre para suceder a María Luisa Rodríguez, quien solicitó su cese por motivos personales. Así, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda digital elevó la propuesta al Consejo de Ministros, que a su vez lo remitió a la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados. El nombramiento salió adelante con el voto en contra de Podemos y la abstención del PSOE, Ciudadanos y ERC frente al PP, que votó en favor de la propuesta.